Mónica Álvarez Pérez
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Aumentar competencias en la trazabilidad y seguimiento de los activos digitales y financieros que provienen del cibercrimen, fue el fin del taller que se desarrolló del 26 al 28 de abril, dirigido al personal fiscal, del Organismo de Investigación Judicial que investiga causas relacionadas con criptoactivos, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas y de la Oficina Nacional de Interpol.
Para el fiscal de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, la actividad permitió incrementar el conocimiento de las personas participantes en la investigación de causas penales en donde exista de por medio algún movimiento de criptoactivos, además de descartar mitos relacionados con las criptomonedas y conocer las posibilidades de seguimiento de las transacciones que utilicen estas divisas, con la finalidad de procurar la posible identificación de los criminales, mejores prácticas y cooperación internacional.
“El Ministerio Público procura formar al personal fiscal para que pueda brindar una respuesta óptima ante el uso de esta tecnología en hechos criminales, con el objetivo de transmitir ese conocimiento a los jueces y juezas penales que conozcan las respectivas causas, y así lograr que, de acuerdo con los principios de legalidad y libertad probatoria, se les brinde a los indicios obtenidos el debido valor probatorio”, dijo Aguilar.
Según Juan Carlos Cubillo Miranda, subjefe del Ministerio Público, a medida que el uso y la dependencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se vuelven más generalizadas en la sociedad costarricense, los delitos que involucran a las computadoras y dispositivos tecnológicos han crecido rápidamente tanto en número como en sofisticación.
“Los delincuentes se están aprovechando cada vez más de la protección que le proporcionan los sistemas financieros desconocedores de los actos ilícitos. Las criptomonedas y los activos virtuales proporcionan anonimato en la recopilación y ocultación de los ingresos delictivos de varios delitos. Estas nuevas tendencias en el lavado de dinero nos plantean desafíos significativos”, apuntó.
Esta actividad, en colaboración con INTERPOL, permitió a las personas encargadas de investigar estos delitos identificar objetivos comunes, entre los cuales destacó la relevancia de la regulación del agente encubierto digital y el cyberpatrullaje.
La formación se realizó de manera presencial en la Torre Judicial y se desarrolló con el asocio de la Fiscalía General, la Interpol y el Consejo de Europa mediante el Programa Glacy+.