Mónica Álvarez Pérez

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En el marco de la presentación del informe de resultados de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, la Fiscalía Ambiental celebró 30 años de su creación, espacio en el que participó el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, los fiscales adjuntos José Pablo González Montero y Paula Guido Howell, así como personal fiscal de dicha oficina.

La actividad se llevó a cabo el 14 de junio, en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito.

En 1993, durante la administración de José María Tijerino Pacheco, exfiscal general de la República, fue creada la Fiscalía Ambiental, como un despacho encargado de establecer políticas de persecución penal para investigar los delitos que violenten el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Desde sus inicios, la Fiscalía Ambiental ha sido liderada por José Pablo González Montero, fiscal adjunto, quien propuso una línea de trabajo compuesta por cinco funciones principales que aún se mantienen vigentes, las cuales son:

• La capacitación al personal del Ministerio Público e instituciones vinculadas con la materia.
• Propuesta de las políticas de persecución de los delitos ambientales para la figura del fiscal general.
• Promoción de la coordinación interinstitucional para potenciar las capacidades de la oficina y de las demás instituciones, así como la colaboración con ONGs, grupos o comunidades organizadas.
• Investigación, resolución y atención de audiencias y debates en los casos más complejos e importantes del país (en aplicación de las 205 conductas por delitos ambientales contenidos en 83 artículos de 13 leyes).
• Propuesta de nuevas leyes o reformas legales.

Para González Montero, la fiscalía ha evolucionado para dar mayor énfasis a temas como la delincuencia organizada, ente rector en el ámbito nacional, desarrollo de indicadores para la toma de decisiones, apoyo a la Fiscalía General y a otras oficinas, diseño de manuales y protocolos para apoyar la labor del personal fiscal, investigador, entre otros.

En la actualidad, la fiscalía cuenta con ocho fiscales especializados, quienes están ubicados en San José, Golfito, Guanacaste y Pococí, zonas de alta incidencia en delitos ambientales.