La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS), en conjunto con la Fiscalía Ambiental y la organización Humane Society International (HSI), efectuaron el Curso de Especialización en Derecho Penal Ambiental, en el cual participaron 17 personas.
La formación se realizó como parte de un proyecto financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América (INL, por sus siglas en inglés) y administrado por HSI Latinoamérica, con el propósito de mejorar la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre.
Esta actividad buscaba que las personas participantes pudieran investigar los casos de delitos ambientales según la normativa local e internacional relacionada con la materia, con un manejo sistemático de los hechos, las pruebas y el derecho.
El fiscal adjunto Ambiental, José Pablo González Montero, mencionó que la única forma de luchar contra la impunidad en los delitos ambientales, así como contra la criminalidad organizada en este ámbito, es que existan personas funcionarias debidamente capacitadas para manejar las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento de los casos.
Esta es la tercera vez que se imparte el curso, el cual fue diseñado con técnicas didácticas novedosas y contenidos actualizados, incluyendo ejercicios prácticos de realidad virtual que fortalecen el aprendizaje.
Además de las personas fiscales, se extendió la invitación a personas juzgadoras, y personal del Organismo de Investigación Judicial, MINAE, SINAC, Servicio Nacional de Guardacostas y de otras instituciones que trabajan de la mano con el Ministerio Público en este tema.
La directora ejecutiva de HSI Latinoamérica, Andrea Borel, mencionó que el tráfico de vida silvestre se ha convertido en una grave amenaza para especies de todo el mundo, incluidas aquellas en peligro de extinción, ya que no solo se trafican como especímenes vivos, sino también sus partes y derivados son comercializados ilegalmente.
Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló la importancia de estas acciones formativas por la especialización de la materia, la diversidad de delitos en perjuicio del ambiente y las particularidades probatorias, que requieren actuaciones articuladas con los diferentes actores, para desarrollar procesos penales en pro de una atención adecuada.
La capacitación se desarrolló en las instalaciones de la UCS y contó con dos giras de campo en Puntarenas y la Fortuna de San Carlos, respectivamente.