• Encuentro también alcanzó tópicos como la herramienta informática “Decisor” y la mejora del servicio público a partir de reportes de la Contraloría de Servicios.  

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, reunió a su órgano asesor, el viernes 10 de noviembre, para profundizar en el Instructivo 02-IG-2023: “Implementación de medidas para reforzar el cumplimiento de la función del Ministerio Público”, el cual fue comunicado a todo el personal a inicios de noviembre.  

Según el jerarca, ante la grave realidad que vive el país por el aumento de la violencia y de la criminalidad, desde la Fiscalía General de la República tomamos con la máxima seriedad estos hechos, y estamos comprometidos a abordar este desafío de manera decisiva, considerando que la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad fundamental”. 

El instructivo indica que se implementarán medidas concretas para redoblar esfuerzos “en miras de cumplir con la misión del Ministerio Público (MP), que se resume en requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria”.

Uno de los nueve puntos que destaca el documento señala que el personal fiscal adjunto de todo el país, en conjunto con las jefaturas regionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debe fijar objetivos de persecución a partir de la incidencia criminal que se presente en cada zona y de la lesividad social causada, en los hechos que se enmarquen en las delincuencias más presentadas en la actualidad, como delitos contra la propiedad, contra la vida, sexuales, los incluidos en la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres, delitos informáticos, armas y drogas.  

“En esos casos se les dará prioridad en su trámite para procurar la resolución en el menor tiempo posible”, agregó el fiscal Díaz Sánchez.  

El jerarca explicó a su órgano asesor que, en infracciones a la ley de psicotrópicos y en los procesos que se declaren como delincuencia organizada, donde se haya utilizado armas de fuego y grave violencia sobre la víctima, el personal fiscal debe oponerse a la sustitución de la pena de prisión, en caso de que se haya aplicado una pena diferente a la solicitada no viable para la efectiva ejecución de la sanción penal.

“Por ende, deberán presentar el recurso de apelación correspondiente, expresando de forma motivada las razones por las cuales no procede la sustitución, así como el agravio causado”, sostuvo.  

En el encuentro, la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables, Mayra Campos, expuso algunos hallazgos registrados por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, sobre inconformidades de las personas usuarias, con el fin de que el personal se involucre más con ese despacho y se logre mejorar constantemente la calidad del servicio público brindado.

El mejoramiento al ambiente laboral también fue un tema abordado en el Consejo Fiscal, presentado por las encargadas del Área de Valoración Psicosociolaboral del MP, quienes expusieron el trabajo que pueden desarrollar para contribuir a mantener espacios de trabajo equilibrados.  

Durante la jornada, la fiscala subrogante y adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Karen Valverde, entregó un reconocimiento a Francisco Fonseca Ramos, fiscal adjunto del III Circuito Judicial de San José, por el cierre de su ciclo en el Ministerio Público.  

Decisor y FAEDO. Durante el encuentro, dos asesores operativos de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, Leonardo González y José Parra, presentaron a los fiscales adjuntos y fiscalas adjuntas la herramienta Decisor.

“Si bien es cierto, aunque Decisor es una herramienta que ya estaba implementada en el país desde hace varios años, al entrar en funcionamiento la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada, esta fue mejorada para permitir identificar, determinar, clasificar y valorar cuáles casos verdaderamente tienen esa complejidad para poder someterlos dentro de esa jurisdicción especial”, explicó Parra, jefe de esa dependencia de la OPO.

El funcionario afirmó que anteriormente no se tenía una ruta que permitiera determinar de manera objetiva cuáles procesos penales eran complejos, y aseguró que, para lograr un funcionamiento óptimo, se requiere que el OIJ y el MP tengan una importante articulación para determinar las complejidades de las estructuras delincuenciales.

Javier Valerio, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) y Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, expusieron las funciones que ha asumido ese despacho y las colaboraciones que han ofrecido a otras oficinas, en la resolución de expedientes complejos.