Una delegación de la Misión de diagnóstico sobre desafíos y repuestas en materia de armas de fuego ilícitas en Costa Rica, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reunió con el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, para conocer acerca de ese fenómeno criminal y la persecución de ese delito, el pasado 8 de noviembre.  

Simonetta Grassi, jefa de la Sección de lucha contra el tráfico de armas de fuego de la UNODC, explicó que el objetivo de la visita a nuestro país fue realizar un diagnóstico del contexto actual en materia de armas de fuego, incluyendo el marco legislativo, e identificar las áreas de asistencia conforme a las necesidades y prioridades actuales del gobierno, con miras a desarrollar conjuntamente una hoja de ruta que permita hacer frente a las amenazas de las armas, su tráfico y uso criminal en el país.  

El jefe del Ministerio Público externó que el tráfico de armas es un tema sumamente grave e importante, porque, en la actualidad, de la evidencia recolectada en los homicidios, se desprende que esos delitos son cometidos, en su mayoría, con armas que son de uso prohibido en el país.  

El jerarca también destacó que esa delincuencia tiene relación directa con el tráfico de drogas.  

Grassi se interesó en conocer si había alguna oficina especializada en criminalidad organizada, a lo que el fiscal general confirmó la existencia de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, que pueden tramitar asuntos de esa naturaleza.  

En un comunicado, la funcionaria destacó que las armas que han sido objeto del tráfico ilícito suelen ser un denominador común y catalizadores que agravan el impacto y el daño producidos por otros delitos, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas o incluso terrorismo. 

“Los vínculos entre sí de estas amenazas para la seguridad ciudadana y el desarrollo acentúan el carácter transversal que tiene el uso ilícito de armas de fuego y la importancia de abordar este problema de manera integral”, dijo.  

Como líder de misión, Grassi fue acompañada por Roberto Rodríguez Codesal, oficial de prevención del delito y de justicia penal y por Lucía Gomez Consoli, coordinadora regional del Programa Mundial sobre Armas de Fuego, ambos de la UNODC, así como Christopher Sánchez Morales, oficial del Departamento de desarme, terrorismo y crimen organizado de la Cancillería, y Marcela Zamora Ovares, Jefe DTCO de esa misma institución.