Sharon Hernández C.

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Un equipo profesional de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito (OAPVD) participó como facilitador en la actividad académica “Elementos teóricos y operativos de la legislación que regula la atención y protección de las personas víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal”.

La capacitación estuvo dirigida a 12 personas funcionarias de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se realizó entre el 15 y 19 de enero anterior, en la Escuela Judicial.

La actividad buscaba brindar a las personas agentes de protección los conocimientos jurídicos básicos y operativos, para que desempeñen sus funciones de la mejor manera, reconociendo los derechos y deberes de las personas usuarias.

De esa manera, se ejecutó dicha capacitación con el fin de generar conocimientos de la normativa nacional e internacional aplicable, así como los principales procesos operativos que regulan los procesos de atención y protección a las personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.

El grupo facilitador del Ministerio Público estaba conformado por el coordinador de la OAPVD, Saúl Arce Brenes; el sociólogo de esa Oficina, Danny Guzmán Esquivel; y el Jefe de la Unidad de Protección a Personal Judicial, Allan Moya Castro.

Asimismo, estuvo presente personal del Área de Trabajo Social, Psicología, Criminología y Derecho de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas.
“Esta actividad se enmarca dentro del esfuerzo conjunto emprendido por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, con el propósito de contar con personas debidamente capacitadas en la Unidad de Protección del OIJ, para cumplir de una manera eficaz, eficiente y con una vocación de servicio público, las competencias que conlleva el puesto de trabajo”, detalló Arce Brenes.

El coordinador de la OAPVD explicó que la labor del equipo de agentes de protección está predominantemente caracterizada por el desarrollo de labores policiales y de seguridad, los cuales permiten salvaguardar la vida e integridad física, la libertad y demás derechos de las personas protegidas que se encuentren en una situación de riesgo, como consecuencia de su intervención en la investigación de un hecho delictivo.