La Fiscalía Adjunta de atención de hechos de violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) y la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) participaron activamente en el evento oficial de la presentación de la “Política Nacional de Niñez y la Adolescencia 2024-2036”. La actividad se realizó el martes 23 de abril, en las inmediaciones de la Antigua Aduana.
Durante la presentación, tanto la FAI como la FANNA tuvieron un estand, en el que distribuyeron información valiosa y atractiva para niñas, niños y adolescentes, con pertinencia cultural.
Asimismo, se pudo compartir con personal de instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, sector académico, entre otras personas invitadas a participar en esta actividad, la cual, además, pretende generar alianzas estratégicas en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Una de las acciones presentadas por el MP evidenció el compromiso con la niñez y adolescencia costarricense y consistió en la “Estrategia preventiva sobre los derechos humanos”, la cual fue realizada en el curso de Especialización en Asuntos Indígenas, como producto evaluativo.
De esa manera, se desarrollaron proyectos sociales, tales como el juego didáctico “¿Conozco mis derechos?” El fin de este consiste en orientar a la población menor de edad indígena para que acudan al sistema judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violentado, a fin de disminuir la incidencia criminal y contribuir a la paz social en las poblaciones indígenas.
Dichos proyectos han sido liderados por la FANNA y FAI, con la asesoría curricular de la UCS.
En el proceso de construcción de esta nueva política, la FANNA estuvo en diversas sesiones de trabajo durante el 2023, como parte de los órganos del Poder Judicial comprometidos con la población menor de edad y con las instituciones que velan por la protección a la niñez y la adolescencia. Lo anterior, con el fin de responder de manera eficiente y oportuna en garantía de esta población.
Esta política nacional orientará las acciones del país en los próximos 12 años para promover, respetar, garantizar y cumplir los derechos humanos de las personas menores de edad. De igual manera, se busca crear y fortalecer un entorno protector integral de participación para un desarrollo efectivo interseccional.
“Todas estas acciones realizadas de manera conjunta, contribuyen a mejorar la prestación de un servicio público que debe ser siempre de calidad, conforme los principios de un verdadero acceso a la justicia. Debemos velar por el trato especial y diferenciado a la población vulnerable, brindando información fiable y oportuna, participación activa en los procesos judiciales, entre otros. Esto definitivamente permite dar una respuesta célere en los procesos penales o, en su defecto, prevenir y evitar que las personas menores de edad se conviertan en víctimas o victimarios”, indicó Rocío de la O Díaz, fiscala adjunta FANNA y FAI.