UCS. En el marco del Día de la Persona Indígena Costarricense, el 19 de abril, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó la apertura del curso de Especialización en Asuntos Indígenas 2024.

La actividad convocó a personas expertas en la materia, a personal fiscal y técnico, así como a profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La capacitación es bimodal y tiene como finalidad desarrollar las competencias necesarias para el abordaje especializado de los procesos penales de casos con personas intervinientes indígenas, para brindar una atención con enfoque intercultural.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la formación en materia indígena es un tema que se transversaliza en los contenidos académicos del MP, para que las personas que adquieran estos conocimientos y puedan compartirlos en sus despachos y mejorar así la tramitación de casos.

“Brindamos un servicio público de calidad encaminado a garantizar los derechos fundamentales de la población usuaria. La acción penal debe ejercerse con objetividad para brindar una tutela judicial efectiva y usar las herramientas que nos proporcionen el conocimiento, por ejemplo, la capacitación constante. Se debe ofrecer un trato apegado a la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos”, destacó.

La Fiscala Adjunta de Asuntos Indígenas, Rocío De la O Díaz, resaltó que “la materia especializada en asuntos indígenas es de grandes retos y desafíos. Esta población espera que, en el momento de acercarse a la institución, se le respeten sus derechos y para eso hay que conocer su cultura, su cosmovisión, idioma y costumbres. La exigencia de nosotros como funcionarios es formarnos en la materia, para que así puedan recibir un trato oportuno y la atención que ellos requieren”.

Por su parte, Edgar Barquero Ramírez, gestor de la formación, indicó que las personas que laboran en el MP deben ser sumamente sensibles y empáticas con las personas usuarias indígenas y con una actitud proactiva, escuchar con atención y respeto las necesidades que se les plantean, sin intentar imponer su propia formación e ideas preconcebidas.

“El Poder Judicial y el MP han emitido políticas para garantizar el acceso a la justicia y un trato igualitario, por lo que es necesario contar con personal sensibilizado y conocedor de la cosmovisión indígena para efectuar abordajes con enfoque intercultural. En marco de este esfuerzo institucional se realiza este curso de especialización, para dotarles de las herramientas e información necesaria que permita conocer y aplicar los derechos especiales de los pueblos indígenas y el sustento normativo que brinda tal tutela jurídica”, señaló.

Para Carlos Sandoval Durán, participante del curso, la capacitación permite conocer los aspectos culturales, la cosmovisión y estructura jerárquica de los pueblos indígenas de Costa Rica, y conocer su historia y tradiciones da la apertura de brindar un servicio oportuno para así respetar sus derechos fundamentales.

“Me siento muy entusiasmado de participar en esta especialización, tengo una gran expectativa de aprendizaje para luego reproducir lo aprendido con los demás compañeros de la OAPVD y así crear un espacio de concientización al momento de atender algún asunto con una población tan importante para nuestro país, pero lamentablemente tan olvidada”, dijo.

Los contenidos iniciales del espacio formativo fueron presentados por Steven Picado Gamboa, Líder del Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; Geyner Blanco Acosta, integrante de dicho equipo; Sara Mayorga Villanueva, abogada de la OAPVD; Leila Rodríguez Soto, especialista en Antropología y Demografía; y Sandy Pérez Ugalde, fiscala de Asuntos Indígenas de Buenos Aires, Puntarenas.

Los temas expuestos abarcaron las generalidades de la población indígena costarricense, la política institucional de acceso a la justicia, la utilidad y pertinencia de la gestión del peritaje cultural antropológico y un exhaustivo análisis de la medida cautelar 321-12 de pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica.