UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó la charla virtual “Derechos humanos y acceso a la justicia para población LGBTTIQ”. El espacio que convocó a personal fiscal, técnico y profesional en métodos de enseñanza, y se desarrolló el 24 de mayo.
En la capacitación se abordaron los temas Política Respetuosa de la Diversidad Sexual, funciones y áreas de trabajo de la Secretaría Técnica de Género, sexualidades disidentes y derechos humanos, el valor supraconstitucional de las Convenciones, Tratados de Derechos Humanos y de la jurisprudencia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Opinión Consultiva OC-24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros
La coordinadora de la Subcomisión contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la institución, Xinia Fernández Vargas, fue expositora y manifestó que la Política de no discriminación aprobada por Corte Plena en el 2011 reafirma el compromiso del Poder Judicial con la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.
“De las personas usuarias que laboren en la institución se deriva la aprobación de las reglas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad en las cuales, la institución identifica y busca soluciones a los obstáculos que esta población enfrenta para su efectivo acceso a la justicia”, manifestó.
Por su parte, el psicólogo Federico Monge Aguilar, también expositor, indicó que, desde un enfoque basado en Derechos Humanos, es preciso comprender e incorporar el hecho de la diversidad humana, para fortalecimiento de la sociedad. “Reconocer al seno del Poder Judicial que somos seres diversos y que, por lo tanto, dar el mismo trato puede ser discriminatorio, son premisas fundamentales, que permiten la implementación de intervenciones y soluciones que se adapten a dicha diversidad”, dijo.
El profesional amplió que, en materia de sexualidad, tampoco las personas son iguales, por lo que aplican los mismos principios de equidad y no discriminación.
“La normativa nacional e internacional dan cuenta de la obligación del
estado en el respeto y protección a la población LGBTI. La discriminación por orientación sexual e identidad de género debe ser erradicada en la prestación de los servicios públicos, así como en la garantía del acceso a la justicia, sin ninguna diferencia”, enfatizó.
La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, resaltó la necesidad de que las personas funcionarias del MP reconozcan los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de los derechos de la población LGBTTIQ+, y para garantizar su derecho al acceso a la justicia.