• Jerarca del Ministerio Público destaca cooperación internacional para fortalecer investigaciones contra el cibercrimen en Costa Rica.
• En enero del 2018, la Fiscalía General fue designada como autoridad central encargada de la cooperación judicial en materia penal, por Decreto Ejecutivo.

28 de noviembre del 2019. La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, participó, la semana anterior, en la 22va Reunión Plenaria del Comité del Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia, en la cual presentó el informe correspondiente a los desarrollos clave en esa materia. La jerarca también participó de la Quinta Reunión Plenaria de Redacción del Protocolo al Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia, así como de la Conferencia Octopus 2019: Cooperación contra el Cibercrimen.

Las actividades se llevaron a cabo entre el 18 y el 22 de noviembre, en las instalaciones del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia. La jerarca del Ministerio Público participó a propósito de ser la autoridad central para el Convenio de Budapest, un tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos, mediante la mejora de técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre los países miembros. Los gastos totales por concepto de viaje y estadía fueron asumidos por la organización del evento, mientras que el Consejo Superior autorizó la participación de ella.

El Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia fue incorporado en el ordenamiento jurídico costarricense mediante Ley 9452, del 26 de mayo de 2017, y entró en vigencia el 1° de enero de 2018. Mediante el Decreto Ejecutivo 40814, se designó a la Fiscalía General, a través de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, como autoridad central encargada de la cooperación judicial en materia penal y red 24/7, lo que significa que está disponible para garantizar la cooperación inmediata en caso que se requiera en las investigaciones de los delitos vinculados a sistemas y datos informáticos.

La conferencia Octopus 2019: Cooperación contra el Cibercrimen, tuvo lugar entre el 20 y el 22 de noviembre. En esta oportunidad, la Fiscala General fue invitada para emitir un discurso durante la sesión de apertura del evento, en instalaciones del Consejo de Europa.

“Costa Rica cree en el trabajo articulado, está aprendiendo pero está dispuesta a apoyar, intercambiar buenas prácticas y coordinar, y cree firmemente que el Convenio de Budapest es la herramienta más valiosa en el marco normativo y en la construcción de las estrategias para esta lucha en común, que tiene mucho camino avanzado y nos permite, en este momento a todos los países miembros y a los que se integren en el futuro cercano, combatir la ciberdelincuencia de una manera actual y eficaz”, manifestó la fiscala.

La jerarca agradeció el apoyo y las iniciativas del Consejo de Europa y del Proyecto Acción Global sobre Cibercrimen GLACY+, para capacitar de manera constante, durante este año, a personal del Ministerio Público, pues señaló que eso ha permitido abordar, investigar y resolver los casos adecuadamente.

“Los delitos cibernéticos representan un reto constante para las autoridades de justicia. Como todo reto, implica el desarrollo de estrategias para avanzar y superar los obstáculos diarios, que, en el caso de los cambios tecnológicos, sabemos que la evolución es constante y cambiante. Esta dinámica nos motiva y nos obliga para que nuestras estrategias sean conjuntas a nivel nacional e internacional, porque si el crimen organizado no tiene fronteras, nosotros no debemos tenerlas tampoco en materia de cooperación; los límites solo deben existir para los ciberdelincuentes”, dijo.

En la gira de trabajo, también participó el fiscal adjunto 3 de la Fiscalía General, Juan Carlos Cubillo Miranda, quien presentó un informe sobre los desarrollos clave en la materia, durante la Séptima Reunión del Comité Directivo del (GLACY+), donde se evaluó la efectividad de la estrategia de dicho Proyecto, del cual forman parte Costa Rica, República Dominicana, Chile, Marruecos, Senegal, Cabo Verde, Ghana, Nigeria, República de Mauricio, Siri Lanka, Filipinas y Tonga.

“Expusimos  detalladamente el estado de la legislación costarricense, directrices emitidas por el Ministerio Público para el abordaje en ciberdelitos, el fortalecimiento institucional con la creación, a partir de enero del 2020, de la Unidad contra el Cibercrimen del Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen. Además, el desarrollo de dos modelos de cursos sobre Ciberdelincuencia y prueba electrónica, la creación de la guía didáctica de la Fiscalía Rectora y la futura inclusión del tema en los cursos de inducción”,  informó el Fiscal Adjunto.  

“También se puntualizó en el fortalecimiento de los canales de comunicación y cooperación interinstitucional con otras entidades nacionales vinculadas a la Ciberseguridad y Ciberdelincuencia, así como la participación en las actividades de capacitación y del grupo de redacción del segundo protocolo de la Convención  de Budapest”, agregó Cubillo Miranda.

Los eventos de la semana anterior fueron coordinados por el Consejo de Europa y el Proyecto GLACY+.