Un equipo de la Fiscalía General (FG) y de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) recibió una capacitación sobre el modelo de contratación en declaratoria de emergencia y por riesgo inminente en materia de infraestructura.

Este espacio se dio con motivo del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliencia de Infraestructura (PROERI), el cual representa un crédito otorgado al Estado por $700 millones. 

La formación estuvo a cargo de la Contraloría General de la República (CGR) y contó con la participación de representantes del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME).

“Con esta capacitación se pretende tener insumos para comprender las competencias de la Comisión Nacional de Emergencias, formas en el que el Estado responde ante emergencias y forma en el que se va a implementar el PROERI”, explicó el fiscal especializado en materia de anticorrupción, Diego Maroto.

El funcionario detalló que, en este momento, no se cuenta con investigaciones abiertas al respecto. Sin embargo, el interés de las Fiscalías es vigilar la transparencia en la ejecución de fondos públicos y que se garantice el acceso a la información, en torno a las eventuales investigaciones penales, que se pueda requerir ante órganos de control y de auditoría, como LANAMME, CGR y las propias de cada institución.

“Para la institución es importante comprender todo lo relacionado con el PROERI, para tener un mejor panorama en la eventual responsabilidad penal que pudiera recaer en las instancias encargadas de la administración, ejecución, supervisión e implementación de los fondos provenientes del crédito”, destacó.

El taller se desarrolló el 8 de julio y se capacitaron 10 fiscales, dos de ellos de la FG, así como dos técnicos jurídicos y tres técnicos judiciales de FAPTA.