UCS. Con el objetivo de formar a profesionales en derecho que puedan asumir nombramientos interinos en puestos de fiscala y fiscal auxiliar, el viernes 14 de abril inició la tercera fase del proceso de selección, que se extenderá hasta el próximo 2 de mayo. 

Este primer proceso de formación es realizado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, cuenta con 31 participantes que, previamente, aprobaron la primera fase de examinación, así como las pruebas técnicas selectivas (psico-laboral, sociolaboral y una investigación de antecedentes), el cual fue posible ejecutar con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

Durante este curso, se abordarán temas como el derecho constitucional, penal sustantivo y derecho procesal penal. Asimismo, se estudiarán los procedimientos especiales, como flagrancia, tramitación compleja y el procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad, ejecución de la pena, apelación, entre otros.

De igual manera, el curso permitirá promover la práctica de cada una de las actuaciones del personal fiscal, dentro de las distintas etapas del proceso penal. Así se construirán las competencias necesarias para investigar y tramitar de manera adecuada las causas, conforme los principios de celeridad y desnormalización.

Por otra parte, se transmitirá a las personas oferentes las técnicas propias de la función fiscal para un correcto desenvolvimiento en las diferentes etapas del proceso penal.

Al inicio del proceso formativo, el equipo de personas facilitadores dio la bienvenida al primer grupo de oferentes, mediante un acto de apertura, en el que compartieron las expectativas del curso y discutieron sobre la importancia de desarrollar las competencias necesarias para ejecutar la función fiscal con una perspectiva humanista, con conciencia social y la gran responsabilidad ciudadana. 

En la apertura del curso, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, reflexionó sobre la importancia del conocimiento para el cumplimiento del deber de objetividad dentro de la función fiscal y que el proceso de aprendizaje nunca termina y siempre debe ser constante.

El curso es facilitado por las fiscalas Arlena Abarca Villalobos y Geannina Gutiérrez Herrera; y el fiscal Omar Jiménez Madrigal. Se contará con la colaboración de personal fiscal experimentado de las diferentes materias especializadas, como la Oficina de la Defensa Civil de la Victima y la Oficina de Atención y Protección de la Victima.

Mónica Álvarez Pérez

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Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, visitó las Fiscalías de San Ramón y de San Carlos, con el objetivo de observar, conocer y evaluar el trabajo que desarrollan las distintas oficinas, así como exponer su modelo de gestión.

En la gira, realizada el 31 de marzo anterior, el jerarca se acompañó de los fiscales adjuntos Mauricio Boraschi, Javier Valerio y Martha Brenes.

Fernando Arguedas Rojas, fiscal adjunto de San Ramón, dijo que la visita del jerarca permitió que el personal conociera a los fiscales adjuntos que tienen a cargo el trámite de casos contra miembros de los Supremos Poderes, narcotráfico y crimen organizado, quienes manifestaron su disposición de colaborar en la obtención de los objetivos y brindar apoyo en aquellos contenidos necesarios de abordar.

“Durante la reunión se dio a conocer la visión, objetivos y prioridades de la Fiscalía General y se alentó a todo el personal a cumplirlas” resaltó.

Por su parte, el fiscal adjunto de San Carlos, Luis Enrique Quesada Brenes, manifestó que el encuentro con el fiscal general implicó una presentación de las nuevas ideas de trabajo en temas importantes y un reconocimiento a la labor que ha desarrollo ese despacho.

Personal técnico, fiscal y profesional, destacados en ambas fiscalías, participaron en las reuniones convocadas por el jerarca del Ministerio Público.

El caso de la desaparición de la menor Keibril Amira García Amador, y los delitos de violación en perjuicio de su madre, me ha ocupado desde que ocurrió. Por agenda previamente establecida, la semana anterior me encontraba fuera del país, participando en la sesión del Comité Especial encargado de elaborar una Convención Internacional Integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones con fines delictivos, un instrumento que facilitará el combate en contra de la cibercriminalidad y la cooperación internacional en la atención de estos asuntos.

El día de hoy me incorporé nuevamente al despacho. Sin embargo, durante mi ausencia designé a un equipo de trabajo para que apoyara a los fiscales encargados del caso que se tramita por la sustracción de la niña y los eventuales ilícitos perpetrados en contra de su madre; también para que estudiara las actuaciones de los representantes del Ministerio Público, en las causas denunciadas en abril y en octubre del 2022, ante la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago y la Fiscalía Adjunta de Cartago.

Después de recabarse los datos de los expedientes, con el ánimo de informar a la opinión pública lo que legalmente procediera, y actuando bajo el principio de transparencia, se elaboró un comunicado, donde erróneamente se generalizó que el Ministerio Público no había sido alertado por parte de ninguna institución sobre la sospecha de que una persona mayor de edad estaba involucrada con la agresión sexual a la adolescente madre.

No obstante, luego se constató que, efectivamente, en la denuncia sobre los hechos presentada por un funcionario del Ministerio de Educación Pública, el 27 de abril del 2022, se hace referencia que “(…) se sospechaba del padrastro de la estudiante”. 

Verificada esa lamentable falencia, y con el fin de que no se repita en ninguno de los procesos que se tramitan y se tramitarán en el Ministerio Público, de manera inmediata se tomaron medidas correctivas de acatamiento obligatorio de todo el personal fiscal, para que se cumpla rigurosamente con todos los protocolos de abordaje y atención de las víctimas de delitos sexuales, en resguardo de la integridad de estas personas.

En ese sentido, en el caso concreto, giré la instrucción de que se enrumbara la investigación en confirmar o descartar esa tesis, mediante la utilización de la prueba científica de ADN y cualquier otra que se considere oportuna. Además, ordené que la Inspección Fiscal investigue cuál fue la actuación de los representantes del Ministerio Público en cada una de las causas y así determinar si hubo negligencia en la atención de este asunto, que amerite la aplicación del régimen disciplinario.

Sabemos que no basta con encontrar el error, sino con que este no se repita. En ese sentido, instruí a los fiscales adjuntos para que cumplan e implementen estrictamente los protocolos de actuación que ya existen, con el fin de que se garantice un abordaje correcto, certero y oportuno, en cualquier lugar del país donde se presente un hecho similar, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas, principalmente los de las personas menores de edad.

Asimismo, he reiterado la necesidad de que las fiscalías adjuntas con responsabilidad en estas materias supervisen de manera especial y constante la tramitación de este tipo de casos e investigaciones, que involucran a poblaciones altamente vulnerables. Lo anterior, a efectos garantizar que las decisiones y las conclusiones fiscales sean oportunas y correctas.

La Fiscalía General reitera una vez más el compromiso absoluto en la investigación respecto a la lamentable desaparición de la menor de edad y las agresiones sexuales en contra de esta adolescente madre, así como de todos aquellos casos de esta naturaleza. No escatimaremos recursos hasta poder establecer las responsabilidades penales de la persona o personas que resulten involucradas.

Carlo Díaz Sánchez

Fiscal General de la República

UCS. Integrantes de la Oficina de la Defensa Civil de la Victima (ODCV) formaron parte del taller “Trabajo en Equipo”, espacio que convocó a 22 personas, en el primer grupo de tres capacitaciones que se impartirán con el mismo contenido.

Esta actividad académica busca describir los componentes del trabajo en equipo y su aplicabilidad, dentro de las áreas de desempeño de los participantes, a fin de fortalecer la habilidad directiva en el personal de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, así como brindar herramientas de trabajo en equipo a los participantes y promover un ambiente laboral saludable.

La facilitadora de la actividad, Priscila Elizondo Hernández, señaló que, “el trabajo en equipo es considerado una habilidad blanda esencial de promover o fortalecer en las organizaciones, debido a que implica la coordinación de varias personas orientadas al alcance de objetivos comunes. Asimismo, concientiza a los participantes de los componentes de esta habilidad y su aplicabilidad dentro de las áreas de desempeño y del esfuerzo que cada miembro debe aportar para la realización de la meta propuesta”.

La fiscala adjunta de la ODCV, Ana Daisy Quirós Barrantes, indicó que, “en aras de promover la sinergia en su equipo de trabajo, coordinó para el año 2023 con la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, la implementación de tres talleres, -para enfatizar el trabajo en equipo y la fortaleza de habilidades operativas-, con el objetivo de conservar un sano ambiente laboral, con alto nivel de confianza y cooperación entre las 15 sedes de la entidad”.

La capacitación se desarrolló bajo la modalidad presencial el 27 de marzo.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) del Ministerio Público, en coordinación con el Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial, realizó el 28 de marzo un simulacro sorpresa en su sede del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón), bajo el escenario de indisponibilidad tecnológica.

La actividad se desarrolló por un espacio de dos horas y consistió en simular un evento que podría interrumpir los procesos de la Oficina de manera parcial o total, con el objetivo de validar el funcionamiento de los procedimientos vigentes, familiarizar a las personas involucradas en el proceso y verificar la capacidad de respuesta del despacho, ante una situación que impida el uso de la tecnología y que podría extenderse por varios días, incluso, semanas.

El fiscal adjunto de la Oficina, José Ángel Peñaranda Chaverri, destacó que, “desde la OAPVD estamos comprometidos con este tema tan importante como lo es mantener la continuidad del servicio a las personas usuarias, en caso de algún evento que nos limite el uso de la tecnología, para lo cual, es vital hacer este tipo de pruebas que preparan al personal y nos permite autoevaluarnos sobre cómo estamos preparados. Este es el primero de varios simulacros que realizaremos este año”.

Por su parte, la profesional del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, Arlette Zúñiga Lizano, indicó que es fundamental el impulso que la OAPVD le ha estado dando al tema, ya que demuestra su compromiso y disposición para con la continuidad de los servicios a las personas usuarias e insta a otras oficinas a replicar la iniciativa tomada por la Oficina.

Para la verificación del cumplimiento del plan de continuidad, participaron en representación de la OAPVD el fiscal adjunto Peñaranda; la Subjefa, Verónica Castro Molina; la abogada Alexa Gómez Herrera; y el técnico judicial, Andrés Quirós Solano.

Por parte, del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, asistieron las profesionales Arlette Zúñiga Lizano y Flora Cascante Arias.

UCS. Profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) fortalecieron sus conocimientos mediante el curso sobre delincuencia organizada, impartido por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS).

La actividad abordó aspectos generales y novedosos de la normativa que regulará el procedimiento de la delincuencia organizada ante la Jurisdicción Especializada, así como fortalecer las habilidades y conocimientos de los participantes para que puedan ponerlas en práctica a la hora de conocer los casos vinculados a este delito.

José Peñaranda Chaverri, fiscal adjunto de la OAPVD, indicó estar complacido con la capacitación brindada al personal del despacho a su cargo, a través de la cual se logra una actualización de conocimientos en cuanto a la configuración de este tipo de delitos.

“Es un insumo importante para implementar estrategias que nos permitan brindar una mejor atención y protección a nuestras personas usuarias. La delincuencia organizada no descansa y, por ende, las víctimas deben tener un abordaje específico, que solo se logra con la formación y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo" resaltó.

Por su parte, Juan Carlos Carrillo Mora, fiscal y facilitador, refirió que, ante la aprobación de la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, se hace necesario e indispensable que el Ministerio Público capacite al personal, respetando los diferentes perfiles competenciales de puestos, en aras de alcanzar los objetivos propuestos con la nueva Jurisdicción Especializada.

La capacitación se desarrolló el 28 de marzo, bajo la modalidad virtual.