La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público impartió el curso “Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: un acercamiento a las formas en que se manifiesta esta criminalidad”. 

 Esta capacitación pretende que 24 personas funcionarias de Fiscalías, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y del Organismo de Investigación Criminal (OIJ) desarrollen competencias mejorar el abordaje de la investigación de estos delitos, en cuanto a la normativa nacional e internacional, así como de los protocolos relacionados con este tema. De tal manera que se brinde un trato preferencial y humanitario a las víctimas de estos delitos. 

La fiscala adjunta de la Fiscalía contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Eugenia Salazar Elizondo, también facilitadora del curso, señaló que “el delito de trata de personas es considerado, en la actualidad, una forma moderna de esclavitud y uno de los más severos modos de violentar los derechos humanos, por lo que el abordaje de estos delitos requieren un enfoque diferenciado y especializado, donde se integren las diferentes disciplinas y se adopten estrategias y metodologías de investigación eficientes y efectivas”. 

Por otra parte, la investigadora de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito del Migrantes del OIJ, Jacqueline Valverde Valverde, indicó que esta capacitación le generó gran expectativa debido a que participan personas investigadoras, personal fiscal y de la OAPVD, por lo que habrá una dinámica de un intercambio de opiniones, donde se expondrán las facilidades y dificultades que enfrentamos en el abordaje de estos delitos. 

El desarrollo de este curso busca cumplir el compromiso de brindar capacitación constante al personal en temas sensibles, entre ellos, el acceso a la justicia en general y de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

La actividad formativa se realiza de manera presencial, tiene una duración de 32 horas y finaliza el próximo 7 de noviembre de 2022.

Un total de 26 fiscalas y fiscales participaron del curso "Aspectos prácticos y teóricos de los medios de impugnación de la sentencia penal". La capacitación inició el 14 de octubre anterior y tendrá una duración de 32 de horas.

El curso pretende desarrollar conciencia acerca de la importancia de la utilización de los medios de impugnación, en general, y de la fase de impugnación de sentencia, así como las competencias, conocimientos y habilidades, para una formulación adecuada y técnica de los recursos que se ejercen contra una sentencia penal.

Asimismo, se ahondará en temas como el correcto abordaje de los recursos presentados por las demás partes del proceso penal, además de la participación en las audiencias orales a fin de que la participación del fiscal o la fiscala en esta etapa sea efectiva, con el fin de obtener resultados conforme a los intereses procesales del Ministerio Público.

El facilitador de la actividad, Edgar Barquero Ramírez, señaló que considera indispensable mantener una actualización constante del personal fiscal sobre el correcto abordaje de los medios de impugnación, para comprender lo principales aspectos teóricos y sobre todo prácticos, así como la forma más adecuada de identificar errores y solicitar la corrección de resoluciones penales, al tiempo que se fortalecen las habilidades de argumentación y desenvolvimiento en audiencias orales. "Todo con el fin de mejorar el desempeño diario, dar cumplimiento a las leyes y disposiciones internas y en definitiva brindar un mejor servicio público", reclacó.

La Fiscala Adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, indicó que "la actividad es esencial para las personas funcionarias del Ministerio Público, ya que es necesario que, a través de la utilización de los remedios procesales, el órgano fiscal haga valer sus pretensiones y ello amerita el conocimiento, una técnica específica y capacidad argumentativa que se pone en práctica a través los medios de impugnación.

Esta actividad finalizará el 28 de octubre y es facilitada por las fiscalas Natalia Hidalgo Porras y Greysa Barrientos Núñez; y los fiscales Edgar Barquero Ramírez y Julián Martínez Madriz.

El pasado 21 de setiembre, la Fiscalía de Pococí finalizó la ejecución del Programa de Formación Integral, el cual forma parte del Proyecto de Descongestionamiento (Capacitación In Situ). La actividad formativa estuvo dirigida a personal fiscal y técnico del despacho. 

Esta capacitación buscaba establecer mecanismos y buenas prácticas, desde la perspectiva jurídica y psico laboral a fin de mejorar el trámite y tiempo de resolución, así como el ambiente laboral dentro de las fiscalías para un adecuado abordaje de los casos, en aras de fortalecer la confianza en labor que realiza el Ministerio Publico. 

La fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, mencionó que “este esfuerzo institucional busca la mejora en la calidad del servicio, ya que se identifican posibles riesgos en la tramitación, se aprovechan las oportunidades de mejora, proporcionando herramientas efectivas para prevenir o disminuir los mismos”. 

Por su parte, la especialista en contenidos de la UCS, Cindy Carpio Obando, mencionó que “este espacio de capacitación, que forma parte y está íntimamente relacionado con la labor del Proyecto de Descongestionamiento, se torna valioso e importante a fin de hacer un repaso de las diligencias de investigación en los delitos que presentan mayor cantidad de rezago a nivel nacional y además poder gestionar de una mejor manera los circulantes de los diversos despachos en aras de cumplir con el deber de otorgar a las personas usuarias un servicio público de calidad”. 

Este Programa se ha ejecutado de manera satisfactoria en las Fiscalías de Puriscal y Tarrazú, mediante la modalidad de curso auto formativo por las particularidades de dichos despachos. También se ha desarrollado en Fiscalías de Turrialba, Alajuela y Puntarenas, mediante la plataforma Microsoft Teams. 

Un total de 35 fiscalas y fiscales de zonas regionales se recibieron una vídeoconferencia sobre delitos aduaneros. La actividad se desarrolló el 07 de octubre anterior, bajo modalidad. 

En este caso, participaron personas funcionarias del II y III Circuito Judicial de Alajuela, I y II Circuito Judicial de Guanacaste, y de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas. 

El fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, Christopher Moreno Chaves, facilitador de la capacitación, dijo que la lucha contra el delito de contrabando, no solo atañe a los miembros de los cuerpos policiales que día a día se encuentran en carretera realizando labores de inspección de las unidades de transporte que ingresan a territorio nacional, o bien, los investigadores que realizan las indagaciones sobre la comisión presunta de este ilícito. 

“Esa lucha también le corresponde realizarla al Ministerio Público y, para ello, la charla que fue compartida por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos y la Unidad de Capacitación y Supervisión busca actualizar el conocimiento en los participantes, del tratamiento que se le debe dar a este tipo de delito, las diligencias que son oportunas realizar en las primeras fases del proceso y la forma en que debe ser direccionada funcionalmente la policía, a efectos de recabar la mayor cantidad de elementos de prueba que nos permitan, desarticular bandas que se han organizado para introducir a Costa Rica, todo tipo de producto, eludiendo los controles aduaneros y afectando con ello al Erario Público, bien jurídico tutelado por medio del cual, el Estado Costarricense, mediante la recaudación de estos impuestos, buscar poder alcanzar metas planteadas para bien de la sociedad”, recalcó. 

El pasado 07 de octubre, se realizó la vídeoconferencia "Aplicación de la Ley de Promoción de la Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte Penal Internacional No. 9570: Cooperación en Protección de Víctimas y Testigos". Esta se desarrolló mediante la plataforma de Microsoft Teams y estaba dirigida a 38 personas funcionarias del Ministerio Público. 

El objetivo general de esta actividad es brindar al personal fiscal y de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito (OAPVD) nociones generales acerca de las funciones y competencias de la Corte Penal Internacional en marco de la ley N°9570: Cooperación en Protección de Víctimas y Testigos.

Para el diplomático Norma Lizano Ortiz, embajador de Costa Rica en Brasil y docente invitado de esta actividad académica, Costa Rica como parte del Estatuto de Roma tiene una obligación convencional de cooperar con la Corte.

“Así lo estamos haciendo con la promulgación de la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Debido a todas las obligaciones que allí se establecen para todo el aparato judicial costarricense, es esencial que los fiscales del país conozcan las acciones que eventualmente deberían desempeñar en una situación que se requiera la ayuda del país”, enfatizó. 

Para la Fiscala Adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Mayra Campos Zúñiga, esta actividad formativa permite al personal participante comprender qué es la Corte Penal Internacional, cuáles son los casos sometidos a su jurisdicción, el procedimiento que realiza en el marco de sus funciones, asimismo, las acciones vinculadas al tema de protección de víctimas y la función del órgano requirente y la oficina encargada de la protección de las víctimas y testigos.

Mediante la modalidad virtual, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló la vídeoconferencia regionalizada “Ecosistemas Forestales y Vida Silvestre (Enfoque Jurídico Penal)”. 

La actividad se realizó el pasado 30 de setiembre y estaba dirigido a 32 personas funcionarias del Ministerio Público (MP), las cuales se desempeñan en zonas regionales de las Fiscalías Adjuntas de Heredia, I Circuito Judicial Alajuela, I y II Circuito Judicial Zona Sur. 

Según la fiscala de la Fiscalía Adjunta Ambienta, Silvia Solís Dávila, “el recurso forestal y la vida silvestre son dos de los elementos principales para el mantenimiento de los ecosistemas y del ambiente, por lo que su protección es de vital importancia”. 

La fiscala señaló que los delitos forestales y contra la vida silvestre se encuentran dentro de los de mayor incidencia en nuestro país y, en la actualidad, ambos se han colocado dentro de los 10 delitos que genera más dinero ilícito a nivel mundial. “Por esta razón, se requiere una respuesta de nuestra institución ante este fenómeno que va en avanzada”, puntualizó. 

Por otra parte, la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, mencionó que esta acción formativa es parte de las actividades para regionalizar la capacitación y el compromiso de abordar temas de impacto social, con la finalidad de mejorar la persecución penal y procurar una efectiva protección de estos bienes jurídicos de primer orden. 

Las personas facilitadoras de esta acción de capacitación fueron las fiscalas especializadas en temas ambientales, Silvia Solís Dávila y Scarleth Izquierdo Thames. 

Con el fin de garantizar el acceso a la justicia, el pasado 04 de octubre, el Ministerio Público se trasladó hasta el pueblo Cabécar del territorio indígena de Bajo Chirripó, propiamente a la escuela ubicada en la comunidad de Palmera. 

Durante la actividad se desarrolló un taller sobre el tema de las drogas, en el cual se procuró la interiorización de las consecuencias originadas por el abuso de estas. Dicha charla fue dirigida a estudiantes y padres de familia de la Escuela La Palmera. 

La señora Marcelina López López dijo “me gusta mucho el taller en los dos idiomas, me pareció muy importante porque nadie nos viene a aconsejar o guiar sobre estos temas, me gustaría que se realizaran más talleres como de violencia doméstica, me sentí muy feliz con el taller”. 

Por su parte, el señor Leonel García Segura mencionó que “estas capacitaciones son muy importantes para la zona, ya que muchos desconocen la labor del Poder Judicial. Nos guía a cómo poner una denuncia y saber a quién se puede acudir al respecto” 

De la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) asistieron los fiscales Daniel Villalobos Araya y Eduardo Camacho Rodríguez, así como la técnica judicial, Esteisi Pérez Herrera. Asimismo, participó el fiscal de Bataan, Luis Segura Ulate; y la trabajadora social de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Myriam Fajardo Chaves.