En el marco del aniversario 49 del Ministerio Público (MP), un grupo de estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica presentó los resultados de un estudio realizado sobre datos institucionales del periodo 2018-2023.
El informe se denominó "Vistazo del estado de la atención delictiva en Costa Rica", el cual correspondía al proyecto final del curso Análisis de Datos, impartido por el profesor Jorge Umaña, con la supervisión de la Directora de la Escuela de Administración Pública, Angélica Vega.
La exposición fue presentada este lunes 01 de julio, con la participación de personas funcionarias del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, entre otras oficinas del Poder Judicial.
Durante la actividad, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, agradeció al grupo de estudiantes por el trabajo y reconoció la importancia de contar con estos datos, ya que permiten observar la situación de cada despacho y así tomar decisiones para mejorar la función del MP.
El análisis permitió establecer que los casos de mayor ingreso son los relacionados con delitos contra la propiedad, ilícitos contra la vida, cibercrimen y los establecidos en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
El estudio reveló cuáles son las provincias con mayor incidencia de casos, los meses en los que aumentaron esos hechos y las Fiscalías tuvieron mayor resolución.
Para finalizar la actividad, el profesor Umaña, mencionó la importancia de recordar que detrás de cada número o dato se encuentra una persona, a la cual se le debe garantizar el derecho a la justicia.
El caso de Fabio Ochoa, un miembro del Cartel de Medellín, juzgado en Florida, y el de Álvaro López Tardón, un narcotraficante español capturado en el mismo Estado norteamericano, fueron expuestos por los fiscales que dirigieron ambas investigaciones en la Fiscalía de Miami. La audiencia fue un grupo de al menos 170 fiscales costarricenses y personal técnico.
El motivo: la celebración del 49 aniversario del Ministerio Público. La Embajada de los Estados Unidos y la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, hicieron posible contar con la presencia de Ricardo Del Toro, quien hace un mes se retiró de sus funciones en el Departamento de Justicia de los EE. UU. donde laboró por más de 25 años como Fiscal Federal de la Fiscalía de Miami.
Juan Antonio González fue otro de los expositores traídos al país para el encuentro con personal del MP. En la actualidad, él es abogado litigante principal en el Grupo de Trabajo del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad, y fue el primer Fiscal Federal Adjunto para el Distrito Sur de Florida.
En una jornada que acaparó la mañana del 2 de julio, en el auditorio Pablo Casafont, del Colegio de Abogadas y Abogados, Del Toro ofreció la conferencia denominada “Combate contra el crimen organizado transnacional: estudio de un caso exitoso Estados Unidos vs Fabio Ochoa”, mientras que González compartió su ponencia “Estados Unidos vs Álvaro López-Tardón: “Sigue el dinero”.
Los expertos dejaron a la vista las ramificaciones del crimen fuera de las fronteras, pues para la resolución y posterior condena en ambos expedientes, tuvieron que recurrir a la coordinación con las autoridades de Colombia y España, hasta lograr la cooperación internacional que se requería para incorporar prueba válida a las causas penales.
Durante ambas conferencias, los exfiscales contaron detalles de cómo fueron construyendo los casos, de las circunstancias que se fueron encontrando en el camino y de la investigación que hicieron para descifrar lo ocurrido en las dos naciones donde ocurrió parte de los hechos delictivos.
Al finalizar la conferencia internacional, siete fiscales hicieron preguntas a los expositores.
El Ministerio Público conmemoró el 02 de julio su aniversario 49, en un acto que reunió a personal de todo el país en el Colegio de Abogados y Abogadas. El fiscal general, Carlo Díaz, reconoció el trabajo que se desarrolla en cada oficina de la institución, en medio de una época con “desafíos sin precedentes”, por el actual aumento de la criminalidad.
“La dedicación, el compromiso y la integridad de cada uno de ustedes son la esencia de nuestra institución. Por eso, sigamos adelante con la firme convicción de que, aunque los retos sean grandes, nuestra determinación y esfuerzo colectivo son aun mayores, recordando que nuestra labor se mide en la mejora de nuestro país y con esto la confianza que restauramos en nuestra comunidad”, afirmó.
Durante la jornada estuvieron presentes la embajadora de los Estados Unidos, Cinthia Telles, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, así como cuerpos diplomáticos, magistrados y magistradas, y representantes de organizaciones públicas.
El jerarca del MP reconoció que el trabajo que hace la institución no es fácil, pero sí de vital importancia, y pidió a su equipo sentirse orgulloso por el papel que desempeña en la sociedad.
“Nuestro objetivo es claro: contribuir con la paz social y el fortalecimiento de la institucionalidad. Por eso, cada esfuerzo adicional, cada hora extra invertida, cada obstáculo superado nos acerca a una Costa Rica más justa y segura. Su dedicación incansable es lo que nos permitirá enfrentar y superar los desafíos de la criminalidad”, aseguró Díaz.
“Ser fiscal o fiscala no es solo desempeñar una profesión, es una vocación que nos llama a proteger a los vulnerables, a buscar la punición de los culpables y con ello a mantener la paz social. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio ser los guardianes de la ley”, añadió.
Refiriéndose al futuro, el fiscal general mencionó que observa un MP pujante y comprometido con su función, pero advirtió que, como institución, debemos mejorar nuestras prácticas, mantenernos actualizados en conocimientos, formándonos continuamente de la mano de la tecnología y aprovechando herramientas disponibles como la inteligencia artificial”.
Premiación
Durante el acto se realizó la premiación a nueve despachos del MP, por diferentes iniciativas y logros destacados en el servicio de justicia.
En la categoría “Gestión del despacho” se reconoció el trabajo de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de San José, por la implementación de planes de trabajo para la reducción, resolución y control de circulante, permitiendo que la persona usuaria reciba un servicio más célere y de calidad.
En la categoría “Aumento en la formulación de acusaciones y atención del rezago” en materia de penalización de violencia contra las mujeres y delitos sexuales, se destacó la labor de la Fiscalía Adjunta de Género, por el incremento de 1,638 asuntos acusados en el 2023, respecto al 2022.
La categoría “Dirección Funcional por objetivo criminal” reconoció el trabajo de tres distintos despachos: la Fiscalía Adjunta de Limón, por la investigación contra dos organizaciones criminales de gran escala en la provincia de Limón, conocidas como “la T” y “la H”.
La Fiscalía Adjunta de Heredia fue reconocida por la investigación del caso “Plataformas”, por el homicidio de cuatro conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros, así como siete robos agravados y un homicidio en grado de tentativa.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico también fue premiada por la implementación y ejecución del Plan Escudo, para la desarticulación de ventas de droga terminales.
Otra de las categorías establecidas fue “Sentencia condenatoria de caso relevante bajo el procedimiento especial de flagrancia”. El primer premio lo obtuvo la Fiscalía Adjunta de San Ramón, por el resultado obtenido en un juicio por sicariato resuelto en solo mes y medio, fomentando el principio de justicia pronta y cumplida, y logrando la sentencia de dos hombres a 21 años, por tentativa de homicidio.
En la misma categoría, pero diferenciada por ser una sentencia en materia ordinaria, se reconoció el trabajo de la Fiscalía Adjunta de Liberia, por la investigación innovadora y el resultado obtenido en juicio del “caso Bitcoins-Morphos”, que implicó la comisión de un homicidio para la sustracción violenta de criptomonedas, y que permitió la condena de 60 años al líder de la organización.
“Ejecución de sentencia en la vía civil” fue otra de las categorías propuestas, cuyo premio se entregó a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, por el resultado obtenido en juicio en la recuperación de viviendas en favor de víctimas de fraudes registrales.
Finalmente, se otorgó una mención de honor a la Fiscalía de Nicoya en la categoría “Acceso a la justicia”, por acercar cada semana el servicio público de calidad a los poblados de Bahía Gigante y el distrito de Lepanto.
Los reconocimientos fueron recibidos por la fiscala o fiscal adjunto de cada despacho, que se hizo acompañar por personal de sus oficinas.
UCS. Para conmemorar el Día Mundial de la Persona Refugiada, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAPVD), la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) organizaron la charla “Trazando rutas de acceso a la justicia: Derecho Internacional de las Personas Refugiadas”.
Esta actividad estuvo dirigida al personal fiscal y técnico del MP y se desarrolló el 20 de junio.
La mesa principal estuvo conformada por Andrés Celis Neira, representante de la ACNUR, la fiscala adjunta de la UCS y fiscala subrogante, Karen Valverde Chaves, la directora de CONAMAJ, Sara Castillo Vargas y el fiscal adjunto de la OAPVD, José Ángel Peñaranda Chaverri.
La actividad contó con el testimonio de una persona refugiada de origen nicaragüense que se desempeña como facilitadora judicial en el Poder Judicial, quien narró su situación personal y familiar y las dificultades que ha enfrentado en este proceso, cargado de múltiples eventos discriminatorios en su perjuicio.
De igual manera, se tuvo la intervención de la coordinadora del Programa de Participación Ciudadana de la CONAMAJ, Daniela Guevara Walker, quien expuso el marco jurídico nacional e internacional de protección de derechos de personas refugiadas.
Esta fecha designada por las Naciones Unidas y tiene como propósito enaltecer el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones, fomenta la sensibilización y empatía hacia grupos en condición de vulnerabilidad y es una importante oportunidad para divulgar sus derechos.
La especialista del ACNUR en Costa Rica, Alejandra Bogarín Rojas, tuvo a cargo una ponencia, en la cual desarrolló los conceptos básicos del Derecho Internacional y lideró una actividad de análisis grupal de casos, que permitió la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por las personas participantes.
Según datos estadísticos de la ACNUR, Costa Rica se constituyó en la tercera nación que recibió más solicitudes individuales de asilo en el mundo, con un total de 129.500 casos en el 2022, por lo que el fortalecimiento de las capacidades del personal del MP es clave para que cuenten con herramientas para el efectivo abordaje de casos de personas con necesidades de protección individual.
La psicóloga de la OAPVD y participante de la actividad, Nohemy Acuña Segura, resaltó la importancia de la sensibilización en esta materia. “Aunque exista un marco legal nacional e internacional de protección es responsabilidad de las personas funcionarias públicas derribar los muros de la discriminación y favorecer a quienes sueñan con volver a tener una vida digna”, mencionó.
“Si no existe calidad humana y trato sensibilizado en la prestación del servicio, las barreras entre la persona refugiada y el acceso a sus derechos seguirán levantándose”, recalcó.
Por su parte, la fiscala de la UCS, Mariela Calderón Ramírez, consideró que la actividad tuvo un fuerte impacto a nivel humano, pues aumentó su comprensión sobre la angustiante situación de las personas refugiadas que salen de sus países en busca de seguridad, bienestar y una mejor calidad de vida.
“Este acercamiento educativo nos enseñó cuáles son los requisitos para obtener la condición de refugio y las instituciones que brinda asesoría y ayuda a estas personas. A partir de este curso, tengo el conocimiento adonde puedo referir a las personas que buscan refugio en nuestro país”, dijo.
UCS. El 12 y 13 de junio, en Paso Canoas, Corredores, se desarrolló el segundo encuentro entre representantes del Ministerio Público (MP) y fuerzas policiales, con la finalidad de planificar una estrategia operativa y coordinar acciones de respuesta a situaciones de tráfico Ilícito de personas migrantes.
En el taller participó personal fiscal de Coto Brus, Corredores y de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del MP, profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, investigadores del Organismo de Investigación Judicial, personas funcionarias de la Policía Profesional de Migración, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, y de la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT).
La acción formativa abordó temas sobre crimen organizado transnacional, tendencias y desafíos, tráfico ilícito de migrantes, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
También se conversó sobre casos con enfoque de derechos humanos y enfoque de género, los programas de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, la Ley General de Migración y Extranjería y funciones de la CONATT.
La fiscala adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Eugenia Salazar Elizondo, manifestó que el encuentro tenía dos objetivos.
El primero es el académico, el cual genera un conocimiento común, en un espacio donde convergen actores claves para la identificación, detección, derivación e investigación del tráfico ilícito de personas migrantes, mientras que el segundo es la obtención de insumos para la construcción de un documento que será una guía para la tramitación de este delito.
La actividad se realizó gracias al apoyo técnico y financiero de las agencias de Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y en el marco del programa conjunto “Fortalecimiento de las capacidades de los organismos de orden público y justicia penal para coordinar e intercambiar información para investigar y perseguir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes”, ejecutado por ONU MUJERES y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés UNODC.
El tercer encuentro está programado para los días 17 y 18 de julio, en Liberia, Guanacaste.
FISCALÍA DE OSA IMPARTIÓ CHARLA EN COLEGIO DE LA ZONA SOBRE FUNCIONES DEL MP Y PREVENCIÓN DEL DELITO
La Fiscalía de Osa impartió una charla a 50 estudiantes del Liceo La Uvita, con el fin de brindarles información general sobre las funciones del Ministerio Público y prevención del delito. La actividad se realizó el 14 de junio y convocó a quienes cursan niveles entre octavo y undécimo.
La conferencia estuvo a cargo del fiscal coordinador de la zona, William Soto, quien abordó también los temas de Ley de Justicia Penal Juvenil, relaciones impropias y uso adecuado de las redes sociales.
"La importancia de esta charla radica en la necesidad de tener un acercamiento con jóvenes adolescentes, para brindarles, de primera mano, información de calidad, con el fin de prevenir la posible comisión de delitos por parte de esta población", señaló el funcionario.
El fiscal mencionó que las personas estudiantes mostraron interés en que se realice otro conversatorio, para conversar sobre temas de drogas, difusión de pornografía, agresión con armas, entre otros.
Soto señaló que, con el fin de acercar los servicios institucionales a la población estudiantil, en otras ocasiones también ha recibido a grupos de centros educativos de la localidad en las instalaciones de la Fiscalía, con el propósito de que estos conozcan más de cerca el trabajo que realiza el MP.
En agosto, la Fiscalía realizará una visita al Liceo Pacífico Sur, en Ciudad Cortés.
UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó la charla virtual “Derechos humanos y acceso a la justicia para población LGBTTIQ”. El espacio que convocó a personal fiscal, técnico y profesional en métodos de enseñanza, y se desarrolló el 24 de mayo.
En la capacitación se abordaron los temas Política Respetuosa de la Diversidad Sexual, funciones y áreas de trabajo de la Secretaría Técnica de Género, sexualidades disidentes y derechos humanos, el valor supraconstitucional de las Convenciones, Tratados de Derechos Humanos y de la jurisprudencia internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Opinión Consultiva OC-24-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros
La coordinadora de la Subcomisión contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la institución, Xinia Fernández Vargas, fue expositora y manifestó que la Política de no discriminación aprobada por Corte Plena en el 2011 reafirma el compromiso del Poder Judicial con la erradicación de cualquier forma de discriminación y violencia contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.
“De las personas usuarias que laboren en la institución se deriva la aprobación de las reglas de acceso a la justicia para poblaciones en condición de vulnerabilidad en las cuales, la institución identifica y busca soluciones a los obstáculos que esta población enfrenta para su efectivo acceso a la justicia”, manifestó.
Por su parte, el psicólogo Federico Monge Aguilar, también expositor, indicó que, desde un enfoque basado en Derechos Humanos, es preciso comprender e incorporar el hecho de la diversidad humana, para fortalecimiento de la sociedad. “Reconocer al seno del Poder Judicial que somos seres diversos y que, por lo tanto, dar el mismo trato puede ser discriminatorio, son premisas fundamentales, que permiten la implementación de intervenciones y soluciones que se adapten a dicha diversidad”, dijo.
El profesional amplió que, en materia de sexualidad, tampoco las personas son iguales, por lo que aplican los mismos principios de equidad y no discriminación.
“La normativa nacional e internacional dan cuenta de la obligación del
estado en el respeto y protección a la población LGBTI. La discriminación por orientación sexual e identidad de género debe ser erradicada en la prestación de los servicios públicos, así como en la garantía del acceso a la justicia, sin ninguna diferencia”, enfatizó.
La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, resaltó la necesidad de que las personas funcionarias del MP reconozcan los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales para la protección de los derechos de la población LGBTTIQ+, y para garantizar su derecho al acceso a la justicia.
UCS. Un grupo de 90 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participó en la conferencia “Síntesis de técnicas de litigación oral, alegatos e interrogatorio”. La actividad fue coordinada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), y se desarrolló el 31 de mayo.
La conferencia tenía como objetivo brindar herramientas para fortalecer las habilidades del personal, en el área de la argumentación jurídica y las técnicas de litigación penal, para la mejora en el ejercicio de sus funciones.
Esta acción formativa contó con la exposición de los juristas Javier Llobet Rodríguez y Francisco Javier Pascua Olguín, personas con amplia trayectoria en la materia.
El profesor Llobet Rodríguez tituló su charla ¿Interrogatorio, contrainterrogatorio y proceso acusatorio en Costa Rica?
Su participación planteaba la finalidad de cuestionar la aplicación de este sistema en nuestro proceso penal o si por el contrario se rige por normativa y prácticas judiciales del modelo mixto, con las consecuencias para las garantías orgánicas dentro del debido proceso.
Posteriormente, el fiscal y especialista argentino, Pascua Olguín, abordó temas esenciales para un correcto desempeño en audiencias orales por parte del personal fiscal.
Mediante una exposición interactiva, el jurista internacional destacó elementos esenciales para la litigación en el juicio oral, entre ellos, la preparación previa, competencias cognitivas y emocionales, capacidad de observación y escucha, así como la capacitación permanente. Además, resaltó la importancia de atender las técnicas aportadas en los diferentes momentos de intervención: alegatos de apertura, interrogatorio y alegatos de cierre.
La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, destacó el compromiso que debe tener cada persona funcionaria y la obligación institucional en el proceso de formación constante e idóneo, para garantizar un servicio público de calidad.
“Esto conlleva adquirir conocimientos jurídico penales, así como habilidades para su aplicación al caso concreto, que conlleve la adecuada presentación ante la autoridad jurisdiccional”, recalcó.
Al finalizar la conferencia, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, resaltó la importancia de estos espacios de capacitación, los cuales permiten al personal actualizarse y mejorar su desempeño.
El jerarca enfatizó que se trata de un proceso desarrollado con la experiencia, la retroalimentación y el trabajo en equipo.
La acción formativa se impartió presencial en el Auditorio de la UCS y se transmitió de manera simultánea por medio de la plataforma Microsoft Teams.
UCS. Con la finalidad de cumplir con el programa de capacitación de temas generales para las personas funcionarias del Ministerio Público (MP), la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló la charla “Reglamento de regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial”. La actividad se desarrolló de manera presencial, el 23 de mayo.
La acción formativa fue impartida a 25 personas técnicas judiciales de la Unidad de Descongestionamiento de la UCS, con el objetivo de comunicar y reflexionar sobre la normativa que contiene el reglamento y cómo aplicarlo si se presenta un posible caso de conflicto de interés.
Para el espacio académico se contó con la intervención de la fiscala coordinadora de la UCS, Mayela Pérez Delgado, quien explicó la regulación que tiene el reglamento de conflicto de interés en el Poder Judicial, sus prohibiciones y funciones.
La participante de la charla Raquel Esquivel Sánchez indicó “desde mi punto de vista fue una gran experiencia de la cual se obtuvo las herramientas necesarias para poder afrontar cuando se está ante una situación de conflicto de interés. Saber cuáles panoramas debemos de mantenernos al margen, así como también de informar a nuestras jefaturas inmediatas en caso de encontrarnos en un escenario incómodo, ya que nosotros somos la imagen de nuestra institución”.
Por otro lado, la fiscala adjunta de la UCS, destacó que “esta charla es esencial, ya que permite que el personal conozca el reglamento institucional sobre los Conflictos de Interés, asimismo concientizar y aplicarlo como un deber de transparencia y probidad en las funciones que se realizan a diario”.
El fiscal general, Carlo Díaz, reunió a su órgano asesor, compuesto por fiscalas y fiscales adjuntos, para tratar temas de interés institucional, con el fin de fortalecer la mejora constante del servicio que se brinda al público. El Consejo Fiscal se llevó a cabo el viernes 17 de junio, en el auditorio de la Unidad de Capacitación.
A lo largo de la jornada, se presentaron las exposiciones “Generalidades del proceso de ambiente laboral”, a cargo de Nancy Solano, del Área de Valoración Psicosociolaboral; “Dispensas y señalamiento de notificaciones en Fiscalía de Impugnaciones”, de la fiscal adjunta de ese despacho, Greysa Barrientos; y “Estado de la criminalidad en Costa Rica”, impartida por el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto.
El fiscal Díaz otorgó un espacio a las fiscalas adjuntas del II Circuito Judicial de San José y de Puntarenas, respectivamente, Natalia Sarkis y Dayana Suárez, y a los fiscales adjuntos Henry Meza, de Limón, y Fernando Arguedas, de San Ramón, con el objetivo de que hicieran una presentación sobre causas penales que se tramiten en sus oficinas, relacionadas con organizaciones criminales de narcotráfico, homicidios por sicariato, delitos relacionados con armas prohibidas y casos de criminalidad organizada, que hubieran impactado de manera positiva en las divisiones territoriales correspondientes.
De acuerdo con el jerarca, el exceso de trabajo genera que las jefaturas de las fiscalías no puedan compartir los esfuerzos que realizan en la persecución del delito en los diferentes lugares del país, por lo que dispuso que en el próximo Consejo Fiscal se conocerán las exposiciones de otros fiscales adjuntos.
Durante el encuentro también intervinieron las fiscalas adjuntas Karen Valverde, de la Unidad de Capacitación; Mayra Campos, de la Columna de Poblaciones Vulnerables; y Fabiola Luna, fiscal de la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías, con aportes sobre nombramientos, tratamiento de casos de género y flagrancias.
El fiscal general también cedió un espacio al fiscal adjunto de Pococí, José Francisco Mena, para que presentara su libro “La prueba indiciaria: un enfoque heurístico del fenómeno indicio”.