El 18 de junio se realizó la octava y última Jornada Informativa del Ministerio Público (MP), la cual estuvo dirigía a 65 personas facilitadoras judiciales, que permitió abordar el tema “Justicia Restaurativa”.

En esta ocasión, la exposición estuvo a cargo de la fiscal coordinadora de la Oficina de Rectora de Justicia Restaurativa, Michell Mayorga Agüero. Además, estuvieron presentes la jefa de la Columna de Fiscalías de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga y la profesional de Fiscalía General, Rosibel Barboza Elizondo.

Durante la actividad, Campos mencionó que los aportes de las personas facilitadoras judiciales enriquecen el conocimiento y refuerzan la confianza de quienes recurren a los servicios del MP.

“Recalcan la importancia del diálogo para resolver los conflictos con participación activa de la comunidad. Estos esfuerzos conjuntos, entre CONAMAJ, Fiscalía General, Columna de Vulnerabilidades y el programa de Facilitadoras y Facilitadoras judiciales nos ha permitido, por tercer año consecutivo, concluir con éxito estas jornadas de inducción”, señaló.

Asimismo, la expositora agradeció el espacio brindado, pues considera que el acercamiento a la comunidad es clave.

“No solo por el importante papel que tienen en Justicia Restaurativa, sino también para informar sobre la labor que realizamos en la resolución alternativas de conflictos penales, penales juveniles y contravencionales; los resultados obtenidos, el impacto en la vida de las personas y la promoción de la paz social”, destacó.

Las personas facilitadoras judiciales agradecieron el empeño del Ministerio Público y CONAMAJ por ofrecer el ciclo de ocho jornadas informativas.

La actividad se realizó el 18 de junio, vía plataforma Microsoft Teams.

Por segundo año consecutivo, la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz logró obtener el primer lugar en el concurso de reciclaje de tapas plásticas, organizado por la Subcomisión Ambiental de los Tribunales de Justicia de esa zona.

En esta ocasión, el despacho logró recolectar 59 kilos de cierres para botellas, las cuales fueron entregadas a la Municipalidad de Santa Cruz.

“Esto es un trabajo arduo de seis meses, en el que todo el personal de la Fiscalía demuestra que hay un compromiso con el reciclaje. No solo lo hacemos con lo que consumimos en el trabajo, si no que, además, recolectamos las tapas con la colaboración de nuestros familiares y así cumplimos con la meta”, señaló Aymee Caravaca, fiscala adjunta de Santa Cruz.

Según la funcionaria, estas tapas son utilizadas en la creación de rampas de acceso a las playas, las cuales buscan beneficiar a la población con discapacidad.

La Fiscalía Adjunta de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, reunió a estudiantes de segundo ciclo del Liceo Antonio Obando Chang de la localidad de Barranca, con el fin de enseñarles sobre la importancia de proteger su privacidad y seguridad en la utilización de las redes sociales.

El personal explicó al grupo que, al compartir información personal, mediante estas herramientas, podrían dar acceso a su información privada a desconocidos y estos utilizarla para intimidarlos o estar expuestos a contenido inapropiado como violencia, contenido sexual infantil o mensajes de odio.

En ese sentido, se les dio información importante para que, ante esas circunstancias, sean conscientes de su privacidad y ser selectivos con la información que comparten, puedan ser críticos de la información que encuentran en línea y que, en caso de presentarse algún problema con sus redes sociales, conozcan cómo denunciar de manera inmediata.

Como parte de la visita, también se capacitó al personal docente de dicha institución, sobre el deber de denunciar en aplicación del interés superior de la persona menor de edad, con el propósito de prevenir daños en la salud mental y física.

Se reforzó que la denuncia oportuna permite a las autoridades competentes tomar las medidas pertinentes para investigar y procesar a los responsables de realizar cualquier tipo de conducta delictiva en perjuicio del menor.

La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) de Coto Brus, la Unidad de Protección y Atención a la Víctima del Delito y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se trasladó al territorio indígena de La Casona, el cual se ubica a 40 minutos de ese cantón, con el fin de acercar los servicios de justicia a las personas de esa comunidad.

De esa manera, se logró atender a 270 estudiantes del pueblo ngäbe, en las instalaciones del Colegio Académico Indígena La Casona, el 11 de junio. En esta ocasión, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Cinthya Cárdenas y la técnica judicial Kenia Baltodano.

Durante la actividad, el personal impartió charlas sobre la atención especializada que se ofrece a la población indígena, la ayuda económica que pueden recibir las personas durante el proceso penal, la protección a víctimas y testigos, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ciberbullying y las relaciones impropias.

El director del centro educativo, Heiner Araya Vargas, agredió a la FAI, al OIJ y a la Unidad de Protección agradeció al equipo por el espacio. “Fue muy provechosa la charla y esperamos seguir coordinando nuevas visitas al centro educativo”, destacó.

El funcionario a cargo señaló la importancia de que el personal judicial evacuara las dudas de los estudiantes en cada tema abordado.

“Definitivamente fue una gran oportunidad para acercarnos a la población del territorio indígena de La Casona, y hacer posible que conozcan qué es la Fiscalía, así como informar sobre los alcances de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Relaciones Impropias”, señaló la fiscal de la FAI.

Cárdenas destacó que esta visita fue una gran experiencia que no solo permitió brindar atención a la población ngäbe de dicho territorio, sino conocer y acercarse aún más a estas personas indígenas.

Durante la sétima jornada informativa del Ministerio Público, 67 personas facilitadoras judiciales recibieron la capacitación “Estafas a través de medios tecnológicos: medidas preventivas”.

La exposición estuvo a cargo del fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, Alejandro Solano Ujueta y se realizó el 4 de junio, por medio de la plataforma Microsoft Teams, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

“La jornada representó una valiosa oportunidad para que los participantes profundizaran en el conocimiento de diversos fenómenos vinculados al fraude notarial y registral. Considero que se logró generar conciencia sobre las graves consecuencias que estos actos delictivos pueden acarrear, así como la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan reconocer señales de alerta, protegerse adecuadamente e incluso evitar ser víctimas de este tipo de delitos”, destacó el funcionario.

Durante la actividad, estuvieron la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga; el profesional de la Comisión Nacional de Mejoramiento y Acceso a la Justicia (CONAMAJ), Gabriel Salas Gutiérrez; y la profesional de Fiscalía General, Rosibel Barboza Elizondo.

Campos señaló que el conversatorio sobre fraude registral y protección al patrimonio aborda un tema de actualidad, ante el incremento del fenómeno criminal en algunas ocasiones vinculado a crimen organizado.

“Generalmente, sus autores son personas profesionales y con conocimiento tecnológico, dejando en indefensión a los ciudadanos con respecto a su patrimonio, por lo que se deben tomar las acciones para minimizar dicha afectación, como fue abordado por el fiscal especializado”, destacó.

Las personas facilitadoras judiciales se mostraron muy interesados en el tema expuesto y relataron vivencias, tanto personales como familiares, sobre estafas a través de medios tecnológicos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) participó en el VIII encuentro de la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción, el cual se desarrolló entre el 4 y 6 de junio, en la Fiscalía General de Brasil.

Durante la jornada, las personas participantes abordaron temas relacionados con la cooperación internaciones e interinstitucional en la atención de casos de corrupción transnacional.

La fiscala adjunta de FAPTA, Natalia Villalta, representó al Ministerio Público en la actividad y destacó el compromiso de este despacho en el trámite de los casos.

“Lo que buscamos es actuar con diligencia, transparencia y firmeza, garantizando la justiciar y el trabajo articulado entre diferentes organismos y Ministerios Público a nivel internacional”, enfatizó.

Villata añadió que la FAPTA busca alianzas estratégicas para la investigación y el procesamiento de casos. “Estas acciones reafirman la determinación de la Fiscalía en su lucha contra la corrupción y en la promoción de la integridas institucional”, señaló.

Como parte del encuentro, se realizó un plan de trabajo, el cual traza una ruta de los objetivos a cumplir en el periodo 2025-2027.

• Un total de 2.467 personas fueron capacitadas en el año anterior.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) presentó los resultados de su trabajo del 2024, durante un acto de rendición de cuentas. La actividad se realizó el 23 de mayo y convocó a personal de la institución, el Poder Judicial en general, academia, así como representantes de instituciones públicas y privadas.

Las palabras de apertura las realizó el magistrado de la Sala Penal, Gerardo Rubén Alfaro, quien agradeció al MP por ser una institución que promueve y fortalece las rendiciones de cuentas en todas sus fiscalías y resaltó la importancia de esos espacios.  “Constituyen un mecanismo para prevenir la corrupción e instaurar una cultura institucional basada en la probidad e integridad ética que debe prevalecer en el funcionariado, destacó.

“El MP tiene una labor fundamental para defender la democracia y tiene que hacerlo de la mejor manera y para que se realice, se necesita personal comprometido y capacitado, bien formados, ya que no se pueden enfrentar a una causa compleja, sino se tiene buena formación”, añadió.

El fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, también estuvo presente en la rendición de cuentas y señaló que la UCS, como oficina rectora en capacitar al personal del MP, tiene que impartir formaciones que le permita al personal ser mejores profesionales.

Durante su intervención, también solicitó a la Unidad que se incluyan temas en liderazgo y nuevas tecnologías, contenidos que refuercen la labor de las personas funcionarias.

“En relación con el proyecto de descongestionamiento, esta Unidad ha venido colaborando con las diferentes fiscalías del país y el buen resultado que tuvo el MP el año anterior en la resolución de los casos, fue gracias a la intervención de esta Unidad”, mencionó también.

El jerarca se refirió al proyecto de Supervisión, el cual coadyuvará en mejorar el desempeño del ente acusador y detectar aquellas áreas que deberán de ser fortalecidas con acciones académicas.

Resultados. Los datos del trabajo de la UCS fueron expuestos por un grupo de profesionales que laboran en las áreas de Capacitación, Supervisión, Reclutamiento y Selección, Proyecto de Descongestionamiento.

Asimismo, se presentaron proyectos que, por su temática, permitieron coordinar esfuerzos para mejorar la atención de personas usuarias (internas y externas) y lograr un sistema de gestión de calidad que opere de manera eficiente y transparente en la UCS.

Con respecto al Área de Capacitación, se detalló que se llevaron a cabo 121 procesos formativos, que comprendieron cursos y talleres. La cantidad total de cupos en acciones formativas fue de 2.467, es decir, se capacitaron a 1.366 fiscales y fiscalas, y a 1.101 personas de otros puestos.

Otra área que cumplió su objetivo fue la de Supervisión, ya que culminó el año con el 100% de las supervisiones programadas, las cuales se realizaron en las fiscalías de La Unión, Tarrazú, Puntarenas, Puerto Jiménez, Golfito, Alajuela, Quepos y Parrita.

La finalidad de las supervisiones consiste en la mejora de la calidad del servicio público que se brinda, mediante la estandarización de los procesos en todas las fiscalías del país.

De acuerdo con el Proceso de Reclutamiento y Selección, la convocatoria 2023-2024, 168 personas realizaron el examen escrito para ocupar puestos de fiscal, de las cuales, 23 de ellas aprobaron el proceso completo.

Mediante la convocatoria 2024-2025, que aún se encuentra vigente, 152 personas matricularon el examen oral, pero solo 118 oferentes aprobaron la prueba.

El año anterior, el Programa de Descongestionamiento y Resolución de Rezago abordó 4.619 expedientes gestionados en condición de rezago y 6.582 de contingencia, tramitando un total de 11557 causas.

De ese total, 8.567 causas finalizaron con los respectivos actos conclusivos.

Otros temas que fueron destacados en la rendición de cuentas correspondieron a proyectos como el juego didáctico “¿Conozco mis derechos?”, dirigido a la población menor de edad indígena; Mesas de trabajo, el cual permitió coordinar esfuerzos para mejorar la atención de personas usuarias migrantes, refugiadas o apátridas, mediante actividades de capacitación, elaboración de material informativo, entre otros.

Durante la exposición, se señaló que, en noviembre del 2024, la UCS fue sometida al proceso de verificación, por CEGECA, para optar por la reacreditación en ambos sellos, logrando obtenerlos con una calificación de 100.

Sobre el proyecto de Sistematización de Circulares del MP, se orientó a elaborar los parámetros atinentes para diagnosticar el estado actual, la eficiencia, utilidad y conformación del registro de circulares, y como resultado se identificaron aproximadamente 524 circulares, y la entrega de productos de diagnóstico y metodología.

Por último, el Proyecto de Supervisión de Sentencias examinó un aproximado de 145 fallos (orales y escritos), así como las resoluciones posteriores que anularon o confirmaron dichas sentencias, esto con la finalidad de valorar las buenas prácticas y oportunidades de mejora en la labor fiscal.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, comentó que los resultados obtenidos en el 2024 se debieron al trabajo en equipo y compromiso del personal que conforma la Unidad, además que los proyectos son herramientas útiles para el MP, ya que buscaron una labor efectiva para la institución.

“Estamos atentos a la mejora y continuamos con la labor de fortalecer las capacidades de todo el personal del MP, para que puedan desarrollar un trabajo eficiente y continuar ofreciendo un servicio público de calidad, que respete y valore los derechos de la población”, resaltó Valverde.

Durante el evento, se contó con la presentación de la actriz Andrea Valerín Arroyo, quien a través de su interpretación con el personaje “Chencha”, resumió la labor fundamental que realiza la UCS.

Antes de concluir la actividad, personas invitadas comentaron experiencias que han tenido con la UCS, el aporte en el ámbito académico y las necesidades de futuras capacitaciones en temas de interés. 

Del 01 de abril al 20 de mayo, se realizó la actividad formativa “Especialización Competencial en Delincuencia Organizada para personal de apoyo y profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público”, en la cual participaron 17 personas funcionarias de oficinas de todo el país. 

La formación, organizada por la Unidad de Capacitación (UCS) y Supervisión del Ministerio Público (MP), tuvo como propósito desarrollar competencias especializadas que le permitan a las personas participantes adquirir los conocimientos, fortalecer habilidades y poner en práctica las actitudes necesarias, para la representación del MP en todas las fases del proceso penal de los casos de delincuencia organizada.

Este espacio formativo tuvo una duración de 92 horas y se realizó de manera bimodal, es decir, conjugando actividades virtuales sincrónicas (vía Microsoft Teams), asincrónicas por medio de la plataforma Moodle, así como presenciales.

El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, Christian Quirós Alfaro, destacó que, “debemos ser conscientes de que el país nos necesita, la sociedad hoy más que nunca requiere una respuesta más que oportuna ante la actividad criminal que nos aqueja y en especial la necesidad de combatir el crimen organizado; por eso el compromiso, la responsabilidad, la honradez y la probidad que debemos tener desde el momento en que decidimos formar parte de esta fiscalía especializada es muy grande, para evitar defraudar al sistema judicial y al pueblo de Costa Rica.  Debemos trabajar muy fuerte para dejarle un país mejor a las futuras generaciones y parte de ello es especializarnos y ampliar el conocimiento en estos temas”.

La fiscala de la UCS, Mayela Pérez Delgado, tuvo a cargo uno de los contenidos de la capacitación, específicamente el de conflictos de interés, por lo que recalcó que la normativa contenida en el Reglamento Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial brinda las herramientas necesarias para que cada persona funcionaria pueda reconocer y prevenir estas situaciones.

“Es importante tener presente que debemos cumplir con las funciones que nos han sido conferidas por Ley, teniendo como norte la satisfacción del interés público, apegados a la Constitución Política y a la ley”, señaló.