En el marco de la Política de Acceso a la Justicia, el Ministerio Público de Costa Rica cumple con su compromiso de garantizar sus servicios a toda la población.

Para ello se cuenta con una plataforma de Fiscalías Especializadas, Políticas de Persecución Penal, directrices internas, y la capacitación continua del personal técnico y profesional, permitiendo brindar un servicio público de calidad a todos los grupos vulnerables y poblaciones vulnerabilizadas, velando por cumplir lo establecido en los Tratados Internacionales, Acuerdos, Reglas y Protocolos de diferentes Organismos de Derechos Humanos, visibilizando las necesidades de estas poblaciones, entre ellas: niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, población LGBTTTIQ, pueblos indígenas, población afrodescendiente, migrantes y refugiadas, privadas de libertad, personas con discapacidad, personas menores de edad investigados en procesos Penales Juveniles y víctimas del delito.

Como parte de este compromiso, el Ministerio Público forma parte distintas Comisiones a nivel del Poder Judicial, Interinstitucional y Regional, que velan por el resguardo de los derechos y garantías de estas poblaciones.

El Ministerio Público de Costa Rica, aporta así el conocimiento técnico para lograr que el abordaje, tratamiento e investigación, de las causas donde figure una persona vulnerable o vulnerabilizada, cumpla con el respeto al principio de dignidad humana, dando el trato diferenciado necesario para estas poblaciones, contando con la preparación y sensibilización del personal, permitiendo con ello una labor eficiente y eficaz en los procesos penales.