• Fiscales, policías e investigadores se unen en encuentro de tres días para fortalecer conocimientos en la persecución de uno de los fenómenos criminales que más violencia genera en las comunidades del país.

02 de octubre del 2024. Este 1 de octubre se inauguró el Taller “Hacia una efectiva y oportuna persecución penal del narcomenudeo y sus ganancias”, con la participación de 116 fiscales, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD).

El encuentro se desarrolla desde ayer en el Hotel San José Palacio, gracias al auspicio de la Embajada de los Estados Unidos de América. 

En la apertura de la acción formativa estuvieron presentes Lisa LeSage, gerente del Programa de Justicia para la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos; el fiscal general, Carlo Díaz; el subdirector del OIJ, Michael Soto, y Juan José Arévalo, subdirector de la PCD. 

Durante el evento de apertura, el jerarca del Ministerio Público señaló la importancia de la unión interinstitucional, para combatir uno de los problemas que más afectan a Costa Rica: el narcotráfico, fenómeno que, enfatizó, va en aumento y se ve reflejada en el crecimiento de hechos de violencia. 

En su discurso, Díaz mencionó la importancia de fortalecer las estrategias de trabajo que permitan atacar este fenómeno, mencionando el Plan Escudo, como una ambiciosa propuesta puesta en marcha que busca atacar el microtráfico de drogas.

"La semana anterior participé en un taller patrocinado por la DEA, en Grecia, donde nos exponían la problemática que ya enfrenta Estados Unidos con las drogas sintéticas y que está afectando gravemente la salud. Nosotros tenemos que visualizar que eso también nos puede afectar, por eso tenemos que trabajar juntos", mencionó.

Del mismo modo, LeSage destacó la necesidad de trabajar estos temas como un solo equipo, para así obtener mejores resultados. "Nadie ha ganado ni ha logrado nada solo, siempre es acompañado", dijo.

El subdirector del OIJ también recalcó la importancia de estos espacios, ya que permiten actualizar métodos de investigación y conocer las nuevas formas en las que se desarrolla esta actividad ilícita. 

La jornada se extiende hasta el jueves 3 de octubre, con el abordaje de temas relacionados con estrategias de investigación, análisis de casos de interés, legitimación de capitales, capitales emergentes, criptomonedas y Plan Escudo.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Adjunta de Justicia Restaurativa organizaron el curso “Introducción a la Justicia Restaurativa 2024”, con la intención de desarrollar las competencias y conocimientos del personal y promover la sensibilización sobre la importancia de aplicar el procedimiento de Justicia Restaurativa.

En la actividad que se desarrolló los días 9, 16, 23 y 30 de agosto, en forma bimodal, con el cual se analizó este proceso complementario al proceso penal ordinario y las alternativas de participación conjunta de las personas interesadas en el conflicto, para que construyan de manera integral una efectiva reparación del daño y promover así la paz social.

La participante Carol Madrigal González refirió que, desde su perspectiva de técnica judicial, con estas herramientas logró incrementar sus conocimientos sobre los requisitos de admisibilidad y viabilidad de los casos, comprender mejor el trabajo colaborativo de varias entidades y visualizar las tareas de seguimiento estricto a los compromisos pactados. “Este procedimiento fomenta la paz social e invitó al personal de la institución a matricularlo en futuras ediciones”, agregó.

El fiscal auxiliar Ovidio González Cruz resaltó la importancia de la actividad formativa, pues, históricamente, el personal fue formado con el resabio de que el MP tenía que ser siempre un ente implacable que no promoviera salidas alternas, sino que asegurara juicios y consecuentes condenas.

“Al haber recibido la capacitación, pude constatar la capacidad técnica y humana del personal que trabaja en esta materia y que muchas ocasiones resulta más provechosa para las partes la aplicación de la justicia restaurativa que una condena, sobre todo cuando la comunidad puede participar activamente en la solución”, enfatizó.

Por su parte, el equipo facilitador y fiscal especializado integrado por Christopher Medina Núñez, Mariela Alvarado Otárola y Fabián Madrigal Méndez, así como las personas gestoras Priscilla Elizondo Hernández y Edgar Barquero Ramírez, reafirmaron el compromiso institucional para promover la capacitación y la búsqueda de nuevos modelos de intervención jurídico-penal que repercutan en nuevas formas de solución de los conflictos sociales.

Este 24 de setiembre se realizó la reunión bimensual con las fiscalías especializadas que integran Columna de Atención de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas penal juvenil.

En la sesión se evaluó el avance y logros alcanzados con los recursos dados para este año, el alcance del Proyecto de descongestionamiento en delitos vinculados con la violencia de género y delitos sexuales del Ministerio Público, abordaje de crimen organizado penal juvenil, circulante de relevancia en niñez y adolescencia, casos con personas intervinientes indígenas y personas en ejecución de la pena.

La actividad integradora estuvo a cargo la profesional Andrea Tristán Guido de la oficina de AVAL del Ministerio Público, quien desarrolló una dinámica para reforzar el trabajo de equipo, la solidaridad, la cooperación y el compañerismo, para lograr las metas propuestas en la Columna.

El tema Personas Refugiadas y Migrantes estuvo a cargo del fiscal Edgar Barquero, de la Unidad de Capacitación y Supervisión, quien expuso sobre lo qué es la Agencia de Naciones Unidas para las personas Refugiadas, así como conceptos generales de esta materia, derechos, principios de confidencialidad, entre otros.

Por último, la jefatura de la Columna, Mayra Campos Zúñiga; y las fiscalas adjuntas Debby Garay, María Gabriela Alfaro y Rocío de la O, así como el fiscal adjunto Carlos Montenegro expusieron sus planes de trabajo, con acciones concretas, seguimiento y metas alcanzadas con los recursos otorgados por la Fiscalía General y el Consejo Superior.

El personal destacó los logros a la fecha, tales como, el aumento de las acusaciones en materia de género y delitos sexuales, la disminución del rezago en dicha materia y, en penal juvenil, en niñez y adolescencia. Y la continuidad del trabajo en materia indígenas y ejecución de la pena para garantizar el acceso a la justicia y protección de derechos humanos.

Al cierre de la actividad se agradeció y despidió a la funcionaria Andrea Bermúdez Castillo por el apoyo incondicional y de excelencia a las actividades de la Columna.

La actividad se llevó a cabo en el III Piso de la Corte Suprema de Justicia, lugar donde se compartió un desayuno con las personas participantes. 

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, participó esta semana en la Conferencia internacional sobre la lucha contra las drogas, organizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en Atenas, Grecia.

En el encuentro también estuvo presente el director de la policía judicial, Randall Zúñiga. Ambos jerarcas sostuvieron una reunión con Anne Milgram, administradora de la DEA y exfiscal general de Nueva Jersey.

Milgram “nos expuso la necesidad de trabajar de manera coordinada las acciones de persecución contra el narcotráfico en nuestro país”, afirmó Díaz.

El jefe del Ministerio Público (MP) también aprovechó el encuentro para reunirse con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el procurador general de Panamá, Javier Enrique Caraballo, para tratar temas de persecución del crimen.

“La delincuencia nos ha mostrado de manera basta que no tiene fronteras, por eso debemos de fortalecer los lazos de cooperación internacional con los diferentes países, en este caso con dos naciones muy cercanas a Costa Rica”, mencionó.

La conferencia internacional se llevó a cabo entre el 24 y el 26 de setiembre. 

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la organización Humane Society International (HSI), desarrolló el curso “Especialización en Derecho Penal Ambiental”, en el cual participaron 22 personas funcionarias judiciales, entre ellas personal fiscal, de la judicatura y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El curso abordó temas relacionados con las políticas de persecución penal en materia ambiental, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, así como la pesca ilegal, el recurso forestal, entre otros.

El espacio académico procuró sensibilizar a las personas participantes y dotarlos de herramientas que les permitan investigar los delitos ambientales, de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente, haciendo un manejo sistemático de los hechos, las pruebas y el derecho.

Para José Rafael Bolandi Piedra, juez penal de Turrialba, el curso constituye una capacitación sumamente completa, integral y rica en detalles. “Amalgama perfecta para un conocimiento adecuado, que debería de hacerse llegar cada día más a cada una de las personas que de una u otra manera tiene algún roce con los temas vistos, para que así se puedan tomar decisiones que realmente generen un impacto positivo y se forje la consciencia para proteger los bosques, especies marinas y terrestres”, enfatizó.

Asimismo, el funcionario Alonso Castro Umaña señaló “el curso se imparte desde un punto de vista de concientización, es brindado por expertos expositores en cada materia, de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, que en conjunto con la práctica en clases y de campo, permite interiorizar y absorber mejor el conocimiento. Desde mi función como fiscal auxiliar, aprendí a identificar la amplia gama de delitos ambientales tipificados en nuestro ordenamiento, su abordaje, los requisitos de los diferentes tipos penales, contactos importantes de otras instituciones, entre otros aprendizajes”.

Finalmente, José Pablo González Montero, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental dijo que “es impresionante el impacto que, a simple vista, se puede percibir de este curso de especialización en derecho penal ambiental, por el simple hecho de que se diseñó pensando en crear una experiencia vital interactiva y no sólo entregando un cúmulo de teoría. Es así como, se puede ver a las personas fiscales, juezas, investigadoras y funcionarias del MINAE, buscando promover un cambio en sus propios ambientes y áreas de trabajo, con una nueva visión e internalización de esta importante materia”.

La capacitación se desarrolló durante agosto e inicios de setiembre del presente año, en las instalaciones de la UCS y contó con dos giras de campo en las localidades de Puntarenas y en la Fortuna, San Carlos.

La gestoría del curso fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien indicó que estos espacios de capacitación resultan importantes, pues tienen como resultado personas funcionarias debidamente capacitadas para el manejo de las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento de casos de alto impacto para el país, como lo son en la materia ambiental.

Este esfuerzo académico se realizó como parte de un proyecto financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América (INL por sus siglas en inglés) y administrado por HSI Latinoamérica, con el propósito de mejorar la capacidad de Costa Rica, en el combate contra el tráfico de vida silvestre. 

Reducción en la cantidad de expedientes en trámite y mayor coordinación con cuerpos policiales para trazar estrategias de persecución del delito, fueron dos de los esfuerzos destacados en la presentación de resultados que hicieron las fiscalías adjuntas de San Ramón, Alajuela y San Carlos, en un acto público que convocó a la comunidad y a instituciones públicas.

En el auditorio de la Universidad de Costa Rica sede Occidente, el viernes 20 de setiembre, el fiscal general expuso a los participantes estadísticas que reflejan el trabajo que desempeñó el Ministerio Público en el 2023. El jerarca también compartió indicadores de la gestión de las tres fiscalías.

“Vemos un excelente trabajo de los despachos, que lograron resolver más expedientes de los que les ingresó durante ese año. Eso significa que el personal hizo un gran esfuerzo para tramitar los casos que tenían a su cargo y darles la resolución que correspondía en el menor tiempo posible”, afirmó el jerarca.

En el acto estuvo presente la fiscal adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables, Mayra Campos.

“La rendición de cuentas nos permite no solo informar de los resultados obtenidos por el trabajo realizado sino una oportunidad para escuchar a las personas usuarias y promover oportunidades de mejora. Cabe destacar el esfuerzo realizado en la atención de materias sensibles como violencia de género y delitos sexuales, con una coordinación interna entre las fiscalías se logró una importante disminución del circulante, lo que evidencia el compromiso con la protección de los derechos la población vulnerable y vulnerabilizadas”, señaló.

Incidencia delictiva y proyección comunal

Los fiscales adjuntos de las tres fiscalías reportaron que los delitos contra la propiedad se convirtieron en los ilícitos con mayor incidencia, pues, por la relativa cercanía, se comparte el fenómeno criminal que se presenta.

Fernando Arguedas, fiscal adjunto de San Ramón, señaló que casos por robos, hurtos y estafas ocuparon los primeros lugares de incidencia y, en materia de violencia contra las mujeres, el delito de maltrato fue el que más se denunció.

“En flagrancia, la mayor cantidad de procesos corresponde a conducciones temerarias, portación de armas permitidas, daños y hurtos”, pero destacó un caso resuelto en menos de dos meses mediante esta vía expedita.

Se trató de dos tentativas de homicidio en la modalidad de sicariato, tramitado en San Ramón. Los dos acusados recibieron una condena de 21 años de prisión, convirtiéndose en uno de los casos resueltos con mayor impacto social, debido a la gravedad de los hechos y al contexto actual que vive el país.

En Alajuela, su fiscal adjunto, Alejandro Araya, informó que las conductas más recurrentes recayeron en delitos de hurto y robo simple, con un ingreso total de 1650 expedientes, 378 menos con respecto al 2022.

“El despacho experimentó una reducción de ingreso de causas de esta naturaleza, fundamentalmente por las acciones desarrolladas por las policías y en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, para la aprehensión y posterior imposición de medidas cautelares de prisión preventiva a objetivos de persecución en este tipo de delincuencia”, dijo.

Luis Quesada, fiscal adjunto de San Carlos, confirmó que el segundo lugar de incidencia delictiva presentada en la zona lo ocupan los ilícitos incluidos en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que registraron 655 casos, así como los delitos sexuales, con un ingreso de 185 expedientes.

Según Quesada, las estafas informáticas, las ordinarias y las relaciones sexuales con personas menores de edad son otras de las conductas más denunciadas.

El funcionario destacó que, desde diciembre del 2023, se inició el proyecto de atención a las personas usuarias del cantón de Río Cuarto, adonde se desplaza personal de la Fiscalía de San Carlos los primeros y terceros viernes de cada mes, en instalaciones de la Asociación de Desarrollo Comunal de la localidad. Al mismo tiempo, señaló el refuerzo de lineamientos para hacer más efectiva la atención de casos derivados de la extracción de material minero en Crucitas, creando alianzas importantes con otras entidades en procura de solventar las dificultades y los retos que se presentan.

Arguedas, por su parte, reportó que, entre el 2023 y el 2024, su circuito participó en las mesas de trabajo “Sembremos Seguridad”, en todos los cantones de Occidente: San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia, Sarchí y Zarcero, con el fin de rendir cuentas ante las demás instituciones del Estado ahí representadas y mejorar la seguridad de todas las comunidades.

El fiscal adjunto informó que se planea acercar el servicio de justicia a Zarcero durante días específicos al mes, en virtud de que la población debe trasladarse hasta la Fiscalía de Grecia, que tiene una distancia considerable, para poder hacer trámites en el despacho.

Al finalizar la exposición de los jefes de las fiscalías, se abrió un espacio para preguntas de los asistentes.

UCS. Un total de 22 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participaron de la actividad académica “Procedimiento Abreviado y Fundamentación de la Pena”, la cual fue desarrollada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), durante el 04 y 11 de setiembre.

Esta pretendía brindar herramientas para la participación en procedimientos abreviados para comprender el origen, aspectos a considerar y reconocer prácticas incorrectas en su tramitación, considerando también la correcta fundamentación de la pena.

El equipo facilitador estuvo conformado por Andrea Severino Mora, fiscala de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena; Mariela Alvarado Otárola, fiscala de la Oficina de Justicia Restaurativa; Julián Martínez Madriz, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones; y Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS.

Severino indicó que, durante el curso, se logró analizar aspectos relacionados a dicho procedimiento, desde su negociación, la fase recursiva, hasta la etapa de ejecución penal, centrándose en la visión de que las prácticas adecuadas desde un inicio favorecen el rol del MP en las subsiguientes etapas del proceso penal.

Por su parte, Martínez recalcó que se logró compartir con personal fiscal dos días de capacitación, lo que posibilitó el intercambio de ideas y fundamentos para fortalecer no solo la importancia de las buenas prácticas en estos temas, sino el trabajo en equipo dentro del MP.

El funcionario resaltó lo relevante de contar con estos espacios para el crecimiento profesional, tanto para quienes comparten su experiencia de tantos años en la institución, como para las nuevas generaciones que se muestran con total apertura para este tipo de oportunidades.

Según la expositora Mariela Alvarado, el modelo de la Justicia Restaurativa en el Procedimiento Especial Abreviado es novedoso y se ha aplicado en el país a raíz de la vigencia de ley 9.582, manteniéndose los fines de dicho modelo, y que consiste en la reinserción de la persona ofensora, la reparación de la comunidad y en la restauración de los daños causados a la víctima.

Para la fiscala adjunta de la UCS, este tipo de acciones formativas permiten reforzar la obligación del debido cumplimiento de la sanción penal por parte de la Administración de Justicia Penal y para lo que el personal fiscal debe mantener una posición activa y motivada al momento de negociar la aplicación del procedimiento especial.

La primera sesión se realizó bajo la modalidad virtual sincrónica por medio de la plataforma Microsoft Teams y la segunda se ejecutó de manera presencial en el aula #3 de la UCS.