El Ministerio Público participó en la VII Jornada de Inducción dirigida a personas facilitadora judiciales, con el objetivo de colaborar en la ampliación de conocimiento de estas sobre las funciones de la institución.

En esta ocasión, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción desarrolló la exposición “Corrupción y mecanismos de denuncia”, la cual estuvo a cargo de la fiscala coordinadora, Melissa Quirós Rodríguez.

Durante su intervención, la funcionaria resaltó la importancia de que las personas facilitadoras judiciales conozcan las herramientas necesarias para interponer denuncias, así como la necesidad de contar con pruebas necesarias para el respectivo trámite.

En la actividad también asistieron la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga y el profesional de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Acceso a la Justicia (CONAMAJ), Gabriel Salas Gutiérrez.

La facilitadora judicial, Sonia Esquivel, mencionó la importancia de denunciar cualquier acto de corrupción, para buscar un mejor funcionamiento de las instituciones pública. “Alentemos a otras personas a denunciar, de lo contrario, se seguirá apoderando la corrupción”.

La actividad se realizó mediante la plataforma Microsoft Temas, el 23 de octubre.

UCS. A través de charlas dialogadas, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con el National Center For State Courts (NCSC), desarrolló el taller “Guía para el diseño, la capacitación y la construcción de una fiscalía con enfoque comunitario”. La actividad se realizó el 24 y 25 de setiembre y convocó a las fiscalas adjuntas y fiscales adjuntos de todo el país.

El espacio estuvo a cargo del consultor de NCSC, David Martínez Amador, quien explicó de la existencia de una guía que permita construir fiscalías que comprendan las realidades comunitarias.

“Construir fiscalías de corte comunitario requiere el diseño de toda una estructura modular de capacitación, que le permita al Poder Judicial comenzar a entrenar a los y las fiscales en el complejo mundo de las realidades socio comunitarias y, para que se complemente esta labor, es necesario concientizar al personal la relación con diferentes elementos de las ciencias sociales”.

Karen Valverde Chaves, quien para ese momento ocupaba el cargo de fiscala subrogante, realizó la apertura del primer día del taller y se refirió sobre la creación de la guía y su aplicación como una necesidad de comienzo a los canales de diálogo efectivo y un acercamiento directo del MP con la población.

La introducción del segundo día de curso la realizó la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga, quien señaló que, la guía busca a través de la interacción una justicia comunitaria, que trascienda el trabajo ordinario de las fiscalías, siempre dentro del marco de la legalidad.

“Esta guía, la cual se encuentra consolidada, permitirá fomentar los espacios para que la institución no solo dé a conocer su labor, sino fortalecer su credibilidad y nos ayude en comprender el enclave comunitario”.

Para la ejecución del curso, se contó con la colaboración de Juan Carlos Astúa, Valeria Jiménez, Megan Hernández y Danny Herrara, personal de NCSC.

El taller se ejecutó bajo modalidad presencial, en la UCS.

UCS. Un grupo de 29 fiscalas y fiscales de todo el país participó de la actividad académica “Importancia de las Ciencias Forenses y Medicina Legal en la labor del órgano fiscal, Parte II”, espacio que estuvo coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).

Se trata de personal de las fiscalías de Nicoya, Corredores, Santa Cruz, Liberia, Batán, Puntarenas, Cartago, Heredia, San Ramón, Atenas, Pococí, Penal Juvenil, Impugnaciones, II Circuito Judicial de San José, Desamparados y de la UCS.

El propósito de la actividad fue desarrollar competencias y conocimientos teórico–prácticos con los medios oficiales a nivel institucional y el cumplimiento de los requisitos, acorde a las necesidades de cada caso y del personal.

De esa manera, se procura disminuir los tiempos de confección y el gasto innecesario de recursos en la elaboración de pericias que realizan las diferentes secciones del Departamento de Ciencias Forenses.

Con esto se prevé utilizar el conocimiento general de la medicina legal sobre los diferentes mecanismos de trauma y lesiones provocadas a través de la actividad delictiva, aunado a la existencia de padecimientos mentales o consecuencias psicológicas en las víctimas, para realizar una correcta investigación con una adecuada interpretación de la prueba, incluidos los dictámenes periciales y su uso de una manera óptima para sustentar la teoría del caso. 

Otro de los puntos a destacados en el curso fue la importancia de las ciencias forenses y medicina legal en la gestión diaria que realiza el personal fiscal en el trámite de una investigación, así como una correcta valoración de los estudios periciales para fundamentar las gestiones pertinentes de acuerdo con la etapa procesal en la que se encuentra.

Según la facilitadora Laura Priscilla Quirós Abarca, especialista en medicina legal, señaló que la relevancia de adquirir conocimientos sobre aspectos básicos en los temas expuestos, ya que es crucial para el MP, pues proporcionan herramientas científicas y técnicas que ayudan en la investigación y el enjuiciamiento de delitos.

“Esto permite un enfoque integral en la investigación de delitos, no solo para fortalecer los casos en el tribunal, sino también para asegurar que se haga justicia de manera científica, efectiva y equitativa”, dijo.

Por otra parte, Geannina Gutiérrez Herrera, fiscala participante del curso, indicó que, “las funciones que se realizan en el Departamento de Ciencias Forenses son de gran importancia para la investigación criminal, ya que trabaja de manera coordinada con el Departamento de Medicina Legal, el Departamento de Investigaciones Criminales y el MP, de modo tal que, en la función fiscal, se hace necesario el aprendizaje, entendimiento y aplicación de los dictámenes emitidos, para poder realizar una correcta interpretación de los diferentes indicios recolectados, y estos sean posteriormente presentados ante un tribunal”.

Finalmente, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, recalcó la importancia de este tipo de capacitaciones y que buscan el trabajo colaborativo entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, bajo el principio de objetividad.  Además, señaló que se busca un mejor y mayor aprovechamiento de la herramienta de las Ciencias Forenses y Medicina Legal para dotar a la investigación penal de la calidad de este tipo de conocimientos, todo para la mejora del servicio público que se brinda.

La capacitación se desarrolló en siete sesiones de trabajo, durante el 16, 23 y 30 de agosto; 06, 13, 26 y 27 de setiembre, en modalidad presencial, en la Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores y en la UCS-MP.

18 de octubre del 2024. Un hombre de apellidos Molina Gamboa fue sentenciado a 20 años de prisión, luego de que la Fiscalía Adjunta de Limón comprobara que es responsable de cometer el delito de tentativa de homicidio. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la provincia, ayer.

Los hechos ocurrieron el 04 de diciembre del 2023, en horas de la noche, en Valle de La Estrella, Limón. Según la pieza acusatoria, el imputado portaba un arma de fuego calibre 38 y sorprendió a la víctima, un hombre de apellido Barquero, quien conducía una motocicleta.

El Ministerio Público demostró que el imputado obligó al ofendido a detenerse, con el fin de apoderarse de los bienes de este. De esa manera, el hombre logró sustraer un celular y la motocicleta del ofendido.

Durante la etapa de juicio, la representante fiscal evidenció que, una vez con las pertenencias del afectado, Molina apuntó a la cabeza de la víctima y disparó, sin embargo, esta logró esquivarlo y luego se puso a salvo.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado debe permanecer en prisión preventiva.

La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV), en cumplimiento con el mandato constitucional de rendir cuentas, presentó, el 27 de setiembre anterior, el resultado de las labores realizadas durante el 2023. La actividad tuvo lugar en el auditorio del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicado en Barrio Escalante.

El evento convocó a representantes de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, jefaturas del Ministerio Público (MP), personal profesional y administrativo de la institución, así como personas ciudadanas.

Mabiz Vargas Sandí, abogada coordinadora de la ODCV, expuso los resultados estadísticos y destacó que los casos terminados fueron de 2,363 y los señalamientos atendidos, a nivel nacional, sumaron un total de 4,065.

La profesional también refirió que la ODCVD presentó 1,293 acciones civiles, dos procesos de salvaguardia, siete procesos de sucesión y 67 demandas de ejecución, en representación de las personas víctimas que delegaron el ejercicio de la acción civil o ejecución en el MP.
Al igual que otras rendiciones de cuentas, esta actividad fue desarrollada mediante la metodología de mesa de diálogo, la cual es un espacio donde se promueve la participación ciudadana, de instituciones, organizaciones y la oficina, en la cual se exponen temas de interés, y se da un espacio de interacción entre los presentes.

Los profesionales que participaron como panelistas de la ODCV que participaron fueron Andrés Villavicencio Arroyo, María Isabel Argüello Carvajal y Ricardo Vega Solano, quienes expusieron sobre como las ubicaciones a nivel nacional de la oficina, la Unidad de Ejecuciones de Sentencia, el Fondo de Ayudas Económicas, y los resultados obtenidos durante el año 2023.

Otros datos. Uno de los contenidos destacados, durante el 2023, fue que la ODCV logró, por liquidación en compensación al daño, como resarcimiento económico en la etapa penal para las personas actoras civiles, un total de ¢5,697,265,591.30, de los cuales ¢1,692,360,520.14 fueron efectivamente recibidos por estas.

Además, por los procesos en etapa de ejecución de sentencia civil, las personas actoras recibieron un total de ¢111,498,429.48.  Asimismo, producto de la gestión de la entidad, se brindaron 136 ayudas económicas, representando la suma de ¢8,060,950.77.
Ana Daisy Quirós Barrantes, fiscala adjunta de la ODCV, recalcó las acciones realizadas para mejorar el servicio que brinda la oficina, como las capacitaciones, divulgación de servicios, atención de poblaciones en vulnerabilidad, y la promoción de reformas legales en el artículo 40 del Código Procesal Penal y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para la protección de los derechos de la persona usuaria.

“Se hizo énfasis en la empatía al momento de representar a las personas víctimas que procuran una compensación económica producto del daño y secuelas que les ocasiona el delito, además del compromiso en la búsqueda del efectivo resarcimiento”, afirmó Quirós.
De igual manera, María Isabel Argüello, profesional de la ODCV, mencionó que “la rendición de cuentas y mesas de diálogo fortalecen la confianza de la ciudadanía sobre la gestión institucional y su resultado; proveen transparencia en la administración de recursos económicos, materiales y humanos.

Por su parte, el abogado de la ODCV, Andrés Villavicencio, señaló que “la rendición de cuentas no solo fortalece la confianza pública en las instituciones, sino que también promueve una cultura de integridad, al exigir que las acciones y resultados se alinee con el bienestar común y el marco legal.”

De igual manera, el abogado Ricardo Vega señaló que, “mediante las rendiciones de cuenta, no solo se cumple el principio constitucional, sino que también, hay un acercamiento con la comunidad, donde se puede mostrar la labor que se ejecuta; y al mismo tiempo, brindar información sobre los servicios que la oficina”.

Para mayor detalle de los contenidos expuestos, puede ingresar al Informe Anual 2023 de la ODCV, el cual, puede acceder a la siguiente dirección: https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/

UCS.  Bajo la coordinación de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), el personal fiscal y técnico judicial recibió la charla “Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de las Personas Afrodescendientes”, la cual se impartió el 10 de octubre, a través de la aplicación de Micorsoft Teams.

La capacitación estuvo a cargo de Melissa Benavides Víquez, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, quien abordó la historia de los pueblos afrodescendientes y afrocostarricenses.

La profesional destacó el aporte de personas como el doctor Quince Duncan, escritor sobre la cultura afrodescendiente.

Benavides recalcó el concepto de la interseccionalidad que está presente en instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

“La interseccionalidad es una herramienta útil para comprender las subjetividades que convergen en una persona, como por ejemplo las personas afrodescendientes quienes se podrían posicionar en varias agendas políticas y marcos de protección especial. Por ello es importante conocer como las desigualdades estructurales históricas y el racismo tienen efectos permanentes sobre esta población”, enfatizó.

Durante la capacitación, la funcionaria también se refirió a la normativa interna que prohíbe la discriminación, tales como, la Constitución Política, Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en los Eventos Deportivos, las Reglas de Brasilia, así como la Política Institucional para el acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes del Poder Judicial y su plan de acción.

La fiscala de la UCS, Mayela Pérez Delgado, resaltó el compromiso del Poder Judicial costarricense al aprobar las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad, la Política Institucional para el acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes del Poder Judicial y su Plan de Acción.

“Estos constituyen instrumentos jurídicos que promueven el acceso a la justicia de las personas afrodescendientes. Añadió que las personas funcionarias judiciales deben erradicar las prácticas discriminatorias que vulneran los derechos de las personas afrodescendientes”, dijo.