UCS. Con dos charlas virtuales, el personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) fortaleció sus conocimientos en contenidos como liderazgo e Inteligencia emocional.
El espacio fue coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).
Las acciones formativas fueron expuestas por el psicólogo del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, Mynor Garbanzo Garita, quien, el 18 y 25 de noviembre, presentó las charlas “Liderazgo” e “Inteligencia Emocional”, respectivamente.
En relación con el tema liderazgo, la formación tuvo como finalidad desarrollar y fortalecer las habilidades, competencias y actitudes necesarias para que las personas lideren de manera efectiva, inspirando y guiando a otros hacia el logro de objetivos comunes, así como buscar preparar líderes para enfrentar desafíos, tomar decisiones estratégicas, fomentar la colaboración y promover un entorno de crecimiento tanto individual como organizacional.
La charla Inteligencia Emocional procuró desarrollar la capacidad de comprender, manejar y expresar las propias emociones de manera saludable, además de reconocer y responderlas adecuadamente buscando mejorar tanto las relaciones personales, como el desempeño profesional y el bienestar en general.
Según Mynor Garbanzo, los contenidos expuestos durante ambos días resultaron importantes e imprescindibles para el desarrollo efectivo de las funciones del personal judicial.
“Estos conocimientos fortalecen no solo el ámbito personal, sino también las competencias técnicas con herramientas prácticas que contribuyen a una gestión más eficiente, ética y alineada con los principios de justicia y equidad. Su aplicación garantiza un desempeño profesional que responde a las necesidades de cada oficina y a las exigencias del sistema judicial”, indicó.
De acuerdo con Saúl Arce Brenes, abogado de la OAPVD, “la temática impartida fue de gran relevancia para las personas participantes que fueron seleccionadas por desempeñarse como coordinadoras de los equipos de trabajo, pues hoy en día se requiere desarrollar habilidades de liderazgo siendo crucial que el talento humano de esta oficina se enfoque en diferentes áreas como, la comunicación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el manejo del tiempo. La comunicación efectiva es esencial para transmitir ideas, escuchar los -puntos de vista de los demás- y construir relaciones sólidas entre los equipos interdisciplinarios”.
Arce resaltó que, por el servicio público que brinda la OAPVD y la imperiosa necesidad de desarrollar competencias en el campo de la inteligencia emocional, permite que actividades formativas como esta, pongan el foco de atención en pro de la felicidad y el éxito, con mayor impacto en las habilidades internas e interpersonales, más que en el coeficiente intelectual de cada persona profesional de la oficina.
UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Adjunta Ambiental, la Conservación Internacional-Costa Rica (CI-CR) y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, ejecutó el curso “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para desincentivar la pesca ilegal y mejorar la respuesta operativa y de cumplimiento de la normativa pesquera nacional en el Golfo de Nicoya y Caribe".
En la actividad participaron 17 personas funcionarias públicas, entre ellas personal fiscal, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Guardacostas.
El curso abordó temas relacionados con la normativa internacional aplicable al contexto de la pesca y conservación de recursos marinos en el Golfo de Nicoya / Caribe, la situación actual de dichos recursos y el impacto de la pesca en el área, entre otros.
Doyle Delgado Androvetto, fiscal auxiliar de Santa Cruz, indicó que “la pesca ilegal prohibida o no permitida, ha impactado negativamente a pequeña, mediana y gran escala, los recursos marítimos y la población pesquera, sobre todo a aquellos pescadores artesanales que obtienen su sustento de forma legal gracias a esta labor y, a quienes esta delincuencia, ha venido a cercenar el acceso a dichos recursos marinos”.
“Estos cursos son muy importantes pues para la población judicial, el Servicio Nacional de Guardacostas y otros cuerpos policiales, es sumamente necesario tener conocimiento de la forma correcta de abordar estos delitos, para poder dar una respuesta más efectiva, defender los recursos pesqueros y darle un aprovechamiento correcto, a los mismos”, destacó.
La participante Lara Anderson Rana, funcionaria del SINAC, afirmó que “la capacitación sobre el manejo adecuado de situaciones relacionadas con la pesca ilegal nos brindó un valioso aprendizaje, especialmente en el perfeccionamiento de nuestros procedimientos. Para nosotros, como personas funcionarias del SINAC, esta experiencia ha sido especialmente enriquecedora, al permitirnos interactuar directamente con el personal fiscal. Este intercambio nos facilitó un análisis más profundo de los casos complejos y nos preparó mejor, para enfrentar nuevas casos”.
Finalmente, el señor José Pablo González Montero, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta Ambiental reseñó que, “una vez más, la UCS y la Fiscalía Ambiental, con el invaluable apoyo de la organización CI-CR, con quienes estamos muy agradecidos, al igual que con charlistas del Servicio Nacional de Guardacostas, logramos culminar otro curso de capacitación para distintos actores en el tema ambiental”.
El fiscal reconoció que la coordinación interinstitucional es uno de los temas más valiosos, por cuanto permite a las personas funcionarias de las distintas instituciones actuantes, el poder conocerse, comenzar nuevas alianzas y relaciones de trabajo, que facilitarán la investigación, acusación y juzgamiento de los delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura que les corresponde gestionar.
La gestoría del curso fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien señaló que estos espacios de capacitación resultan importantes, pues tienen como resultado personas funcionarias debidamente capacitadas para el manejo de las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento, de casos de alto impacto para el país, como lo son aquellos que afectan nuestros recursos marinos.
La capacitación se desarrolló el 21 y 22 de noviembre, en el Hotel Puerto Azul, en Puntarenas.
La Fiscalía Adjunta de Alajuela impartió una capacitación a 28 oficiales de la Policía de Vigilancia Aérea, Migración y Policía Turística, quienes laboran en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Con el taller, el equipo fiscal buscaba hacer un repaso de los temas de abordaje, detención, atención de delitos, dirección funcional y cadena de custodia de los casos que se atienden dentro de la terminal.
Para la actividad, se contó con la participación de 12 fiscales y fiscalas de Alajuela, quienes estuvieron a cargo de impartir los temas, incluyendo el de las detenciones en flagrancia y tráfico internacional de drogas.
El fiscal Carlos Eduarte Hernández puntualizó sobre la importancia de realizar estas capacitaciones y señaló que se continuarán desarrollando, con el propósito de evitar errores en el trámite de las investigaciones.
La reunión se realizó el 29 de noviembre, en el Aeropuerto.
UCS. Como parte de sus funciones de rectoría, la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público impartió el 08 de noviembre la charla “Criptomonedas y Prueba Digital” a 25 personas funcionarias de la Unidad de Descongestionamiento y Resolución de Rezago de la Unidad de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS).
Para el desarrollo del espacio académico, se contó con la intervención del fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas.
Aguilar indicó que es relevante la capacitación, ya que el personal juega un papel clave en la atención de planes de descongestionamiento de otras fiscalías y en la formación de fiscales, sobre las reglas y criterios necesarios para obtener, presentar y valorar pruebas digitales.
Asimismo, abordó el uso de la tecnología Blockchain en actividades delictivas, destacando ambos contenidos como ejes transversales en la investigación de cualquier delito, independientemente de su especialidad, en un contexto de acelerado avance tecnológico.
De acuerdo con la fiscala Grettel Rosales Hidalgo, la charla logró establecer la importancia de la evidencia digital, pasando por las diversas etapas, desde su obtención, preservación, análisis, y hasta su presentación en juicio.
“La capacitación permitió adentrarnos en el mundo de las criptomonedas, su trazabilidad y las novedosas formas de investigación de los ciberdelitos vinculados con ellas. Finalmente, comprendimos la importancia de la cooperación internacional, puesto que el ciberdelito no conoce fronteras. Agradezco al compañero Esteban por su tesón y entusiasmo que contagian a quienes estamos llamados a ser eternos estudiantes” resaltó.
UCS. Como parte del programa de regionalización, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, desarrolló, el 07 de noviembre, el taller virtual “Planificación de la Investigación Penal”, y el 15 de noviembre, la formación “Actos conclusivos e imputación”, ambos dirigidos al personal fiscal y técnico judicial de la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón.
La primera capacitación tuvo como eje principal desarrollar competencias y destrezas que permitan al personal fiscal realizar investigaciones de calidad en el desempeño de sus funciones, acordes con los principios de objetividad, legalidad y eficiencia en el servicio.
Por su parte, la segunda permitió brindar herramientas para la elaboración de la acusación fiscal cumpliendo con las exigencias normativas para un adecuado ejercicio de la acción penal, así como comprender la estructura de la acusación.
Para la ejecución de estos espacios, se contó con las intervenciones del personal fiscal de la UCS, Cindy Carpio Obando, Geannina Gutiérrez Herrera y Omar Jiménez Madrigal.
Según manifestó la expositora Carpio, "esta actividad busca refrescar y generar conocimientos básicos acerca de la planificación de la investigación penal y la dirección funcional, los cuales, son temas de fundamental importancia en la labor diaria de todos los fiscales y las fiscalas, en aras de procurar se realicen investigaciones de calidad en apego a los principios de objetividad y legal y que además, se pueda realizar una adecuada gestión del tiempo, para poder dar una respuesta más rápida a la persona usuaria".
Por su parte, el facilitador Jiménez, indicó que el ejercicio de la función fiscal impone la obligación de perfeccionar una serie de competencias que le permitan representar de la mejor manera tanto a la víctima del proceso penal, como al Estado mismo. Una de las competencias más cruciales es la de la formulación de requerimientos fiscales conclusivos, este nodo crítico del proceso define en gran medida la posibilidad que tiene el MP de tener éxito en la representación de los intereses de la víctima y compulsar adecuadamente la Acción Penal.
“Es por lo que la UCS ha impulsado la acción formativa, para brindar a las personas fiscales un espacio para mejorar sus competencias, conocer buenas prácticas y determinar vicios y malas prácticas en la formulación de actos conclusivos, así como compartir los últimos criterios jurisprudenciales y doctrinarios en relación con este importante tema, todo buscando cumplir con la obligación de representar tanto a la Víctima como al Estado costarricense, de le mejor forma posible.”
Para la ejecución de los cursos, se dividieron los grupos entre la primera y segunda audiencia, modalidad que permitió impartir los contenidos a todo el personal, sin afectar el servicio que brinda la fiscalía.
- Encuentro permitió aprobar el Protocolo Modelo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual.
El Ministerio Público de Costa Rica formó parte, la semana pasada, de la VI Reunión Plenaria de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia, y reunió a representantes de 15 países de Latinoamérica, así como España y Portugal.
Debby Garay Boza, fiscala adjunta de Género, ejerció la representación del país en el encuentro, que se desarrolló entre el 18 y el 21 de noviembre, en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Garay destacó que, a través de la REG, se trabaja en iniciativas que promuevan unidad y coherencia en los lineamientos que se crean para apoyar la investigación de delitos sexuales y de violencia de género.
Precisamente, uno de los principales resultados de la plenaria fue la aprobación del Protocolo Modelo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual, el cual será conocido por los fiscales generales en la próxima Asamblea General de la AIAMP.
“Formar parte activa en este tipo de reuniones permite al MP compartir conocimiento, intercambiar experiencias y participar en la producción de materiales como este”, amplió la fiscala adjunta.
La actividad también permitió el abordaje de otros temas, como violencia digital, el abordaje de casos de violencia contra personas LGBTIQ+, y el impulso para que los ministerios públicos cuenten con guías o protocolos para la investigación de femicidios.
UCS. El 05 de noviembre se desarrolló el taller de vocería 2024, con la finalidad de dotar al personal fiscal de las herramientas teóricas y prácticas para el correcto desempeño en la atención de medios de comunicación. La actividad fue desarrollada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), en coordinación con la Oficina de Prensa (OP) del Ministerio Público (MP).
La acción formativa se dividió en dos segmentos, el primero era teórico e inició con la ponencia “El arte de transformar mensajes claves para una vocería exitosa”, la cual fue presentada por el periodista de la OP, Daniel Quesada Artavia.
La coordinadora del programa Interferencia en Radio UCR, Hulda Miranda Picado, fue invitada y tuvo a cargo la exposición “El Ministerio Público como fuente periodística”.
La periodista explicó la relevancia de contar con una vocería que emita un mensaje claro y entendible a la ciudadanía.
De igual manera, la jefa de la OP, Tatiana Vargas Vindas, se refirió a los temas “Lenguaje corporal y técnicas de expresión oral” y “El manejo de la entrevista”.
Posteriormente, Vargas concluyó su intervención con el segmento práctico, el cual consistió en realizar ejercicios para que se pusiera en práctica lo aprendido por el personal. Concluida la dinámica, se abrieron espacios de retroalimentación con enfoque constructivista.
De acuerdo con Kenia Álvarez Álvarez, fiscal participante, el curso permitió conocer más de cerca la posición de la prensa nacional, ante noticias judiciales y cómo enfrentar de la mejor manera dicho abordaje.
El taller se desarrolló bajo modalidad presencial en el aula #4 de la Biblioteca Joaquín García Monge de la Universidad Nacional, Heredia, y contó con la participación de personal fiscal, así como profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas de Alajuela, Heredia, Sarapiquí, San Joaquín de Flores y San José.
UCS. Un grupo conformado por 23 personas peritos judiciales del Departamento de Ciencias Forenses (DCF) y del Departamento de Medicina Legal (DML) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participó de la actividad académica “Interrogatorio y contrainterrogatorio para personas peritos judiciales”.
La capacitación fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y se desarrolló en cinco sesiones de trabajo del 21 al 25 de octubre, en modalidad presencial, en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, Heredia.
Las personas facilitadoras de la acción formativa fueron el fiscal adjunto de Pococí, José Francisco Mena Castro, y la subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, Vanessa Villalobos Montero.
Esta actividad tuvo como propósito desarrollar en las personas participantes las competencias, habilidades y destrezas relacionadas con su rol dentro de los procesos penales, básicamente para ejercer la actividad pericial especialmente en la fase de juicio, para lo cual, se abordó desde la naturaleza jurídica, su fundamento, objeto y límites de la peritación con la finalidad de aplicar los conocimientos al momento del interrogatorio y contrainterrogatorio de la persona que ejerce el puesto de perito judicial.
El fiscal adjunto Mena destacó que el curso tuvo como objetivo concientizar al personal sobre la relevancia de su rol en los procesos penales, especialmente en la fase de juicio, donde su intervención es de gran importancia para ayudar a formar la convicción de la persona juzgadora sobre los hechos puestos a su conocimiento.
“El espacio buscó fortalecer competencias específicas para el ejercicio pericial en juicio, que abarcan aspectos relacionados con la naturaleza jurídica, los fundamentos, el objeto y los límites de la peritación”, señaló.
Por otra parte, la funcionaria indicó que “este curso fue planeado para brindar a las personas expertas en diferentes ciencias la información necesaria para poder comprender su rol dentro del proceso penal, y especialmente en el momento del juicio, siendo necesario para ello reforzar también esas habilidades para expresar de la manera más asertiva los resultados que se plasman en un dictamen, lo que nos lleva a hacer una revisión de las formas de comunicación y como estas hacen que quienes nos escuchan comprendan de manera clara y sencilla lo que técnicamente se quiere comunicar, jugando acá un papel muy importante esa capacidad para gestionar las emociones que la situación pueda derivar en nuestra participación”.
Finalmente, la fiscala coordinadora de la UCS, Geannina Gutiérrez Herrera, recalcó que, “dentro de las herramientas con las que cuenta el MP en el ejercicio de la acción penal, está la realización de pericias, que permiten acreditar o descartar las hipótesis fácticas de los casos que se tienen a cargo”.
De modo que, contar con las declaraciones de los peritos en la etapa de juicio, resulta esencial para llegar a un mejor entendimiento de la pericia, facilita la toma de mejores decisiones y de una mejor fundamentación en la petición punitiva”.
Para la actividad se contó con la colaboración de la fiscala y fiscales de Pococí, Yorleny Ching Cubero, Louise Dixon Villalobos, y Carlos Andrés Chaves Méndez, así como de la supervisora del Departamento de Trabajo Social y Psicología de San José, Anneth Arroyo Sánchez, quienes integraron el Tribunal Evaluador en el ejercicio de simulación de interrogatorio y contrainterrogatorio.
UCS. La Fiscalía Adjunta de Cartago fortaleció conocimientos en el ejercicio de la acción civil en el proceso penal y en la tramitación conjunta de casos penales, entre el personal técnico y fiscal. La actividad fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público.
La finalidad del curso era mejorar la tramitación conjunta del personal, con una especial atención al acceso de poblaciones vulnerables, para fortalecer el trabajo en conjunto y la atención diferenciada para cada población, así como generar espacios que permitan un trabajo coordinado entre el personal para obtener el máximo rendimiento laboral y brindar un servicio de calidad.
El primer taller, titulado “Procedimiento práctico de la Acción Civil en el Proceso Penal”, se impartió el 23 de octubre, y contó con la exposición de Jennifer Vanegas García y Mariela Rivera Volio, ambas abogadas de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV).
El espacio permitió desarrollar competencias para asumir la doble acción (penal y civil) durante los diferentes señalamientos del proceso penal, en ausencia de una persona abogada de la ODCV, así como de aplicar los lineamientos institucionales y el procedimiento para el ejercicio de la acción civil resarcitoria en sede penal.
De acuerdo con Jennifer Vanegas, el taller recalcó la importancia en que las fiscalías conozcan que es la Acción Civil Resarcitoria, cual es el fin de esta y su tramitación, con el fin de que la persona usuaria pueda conocer sobre el proceso que se lleva en la oficina y que puedan encontrar la manera de ser resarcidos.
Al día siguiente, el fiscal de la UCS, desarrolló el tema “Tramitación conjunta de casos penales entre el personal técnico y fiscal y atención de personas en condición de vulnerabilidad”.
Barquero señaló que la labor coordinada entre el personal técnico y el fiscal es indispensable para desarrollar investigaciones penales útiles y efectivas, pues no solo es necesario el conocimiento técnico de las diversas áreas del conocimiento, sino que debe trabajarse sobre la base del respeto mutuo y de trabajo en equipo, con miras a mantener la excelencia y brindar un abordaje integral de acuerdo con las necesidades de la persona usuaria.
“La actividad académica permitió crear conciencia sobre estos aspectos y valorar que necesariamente debemos mantener buenas relaciones humanas basadas en el autocuidado, para transmitir esas cualidades en el trato con la ciudadanía, sobre todo cuando presentan alguna condición de vulnerabilidad y sea necesario un enfoque diferenciado” indicó.
Ambos cursos se realizaron en los Tribunales de Justicia en Cartago.