UCS. Durante los días 08, 22 y 29 de agosto, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) impartió a todo el personal fiscal especializado en materia penal juvenil el curso “Jornadas de Derecho Penal Juvenil Especializado 2024”, cuyo objetivo fue actualizar los conocimientos de las personas funcionarias y desarrollar competencias para un mejor abordaje de casos en todas las fases del proceso penal. Este equipo de trabajo labora bajo el liderazgo de la fiscala adjunta de Penal Juvenil, Gabriela Alfaro Zúñiga.
En la primera jornada, las facilitadoras Annette Arroyo Sánchez y Deborah Rivera Romero, funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, expusieron sobre el desarrollo neurológico de niñas, niños y adolescentes, así como, los contenidos y alcances de las pericias psicosociales emitidas por dicha oficina.
El segundo día de la actividad se contó con la visita de Johanna Ramírez Chacón, fiscala auxiliar de la Unidad de Cibercrimen del MP, quien compartió su amplia experiencia en el abordaje de este tipo de casos y también en delitos ordinarios con evidencia digital.
El curso finalizó con una charla magistral de Gustavo Nájera Picado, fiscal coordinador de Narcotráfico y Delitos Conexos, quien ahondó el proceso de solicitud y trámite de intervenciones telefónicas y su aplicación en materia penal juvenil.
Hazel Castrillo Quirós, fiscala penal juvenil de Pérez, comentó que este tipo de actividades de capacitación son sumamente enriquecedoras para el personal fiscal. “Nos dan insumos actualizados para afrontar los delitos con que nos afrontamos y así poder darle un servicio de calidad a las personas usuarias”, indicó.
Por su parte, Edgar Barquero Ramírez, gestor de la UCS, consideró que, ante los retos que conlleva el combate de la criminalidad penal juvenil, es indispensable desarrollar actividades educativas con temas novedosos y atractivos para el personal, por ejemplo, neurociencia, cibercrimen y delitos relacionados con estupefacientes, desde una perspectiva práctica y siempre transverzalizando los derechos y deberes de las personas menores de edad víctimas u ofensoras, sus familias y la comunidad.
Un grupo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal general, Carlo Díaz, se reunió con la Dirección Investigativa Antimafia Italiana, la cual fue acompañada por la Oficina de Coordinación de la Fuerza de Policía y un representante de la Dirección Central de la Policía General de ese país.
Este acercamiento permitió que las autoridades de ambas naciones pudieran conversar sobre los principales fenómenos que afectan a cada país e intercambiaron experiencias sobre la forma en la que se atienden esos casos.
La delegación italiana mostró especial interés en temas de corrupción, específicamente sobre la legislación que regula actuaciones irregulares en obras y contratos públicos.
El fiscal adjunto de la Columna de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Miguel Ramírez, realizó una presentación sobre la forma de trabajo y casos de impacto que resuelve la fiscalía especializada en la materia.
Horas antes, el fiscal general se reunió con la delegación europea, así como el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, y otros funcionarios judiciales.
El jerarca compartió información relacionada con los índices e incidencia delictiva del país y, entre ambos grupos de trabajo, se mencionó la posibilidad de que los fiscales costarricenses sean capacitados por los italianos, considerando la experiencia que tiene esa nación, al haber enfrentado a la mafia en la época de los 90 y en la actualidad.
El fiscal general, Carlo Díaz, participó en la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, la cual se llevó a cabo entre el Poder Judicial y la editorial española Tirant Lo Blanch SL. El evento se realizó el 17 de setiembre, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.
En el encuentro estuvieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; el magistrado de la Sala de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y la directora a.i. de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales; quienes se reunieron con el director del grupo editorial, Salvador Vives.
Como parte de la firma de este convenio, se sostuvo una reunión, en la cual se analizaron posibles líneas de acción conjuntas, para enriquecer la labor judicial.
“Agradecemos mucho esta oportunidad de trabajar con la editorial. Anteriormente tuvimos una reunión, en la que quedé complacido por los acuerdos porque pudimos establecer contactos que permitirán la colaboración de proyectos existentes en la institución, así como el apoyo de la labor de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público”, señaló el Fiscal General.
La actividad también contó con representantes del Organismo de Investigación Judicial, Dirección de Tecnología de la Información, la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.
La empresa nació en 1976 y, desde el 2014, ocupa el primer puesto como la editorial académica más prestigiosa de ese país europeo. Es especialista en ciencias sociales, humanidades y ciencias jurídicas y, hace 15 años, desarrolla bibliotecas virtuales y bases de datos de legislación y jurisprudencia para juristas.
En el 2009 se estableció en México, con lo que inicia un proceso de internacionalización, el cual se extendió a las ciudades de Bogotá, Santiago, Sao Paulo, entre otros. En el 2023 llegó a Costa Rica con la adquisición de Máster Lex.
El Presidente de la Corte señaló la importancia de buscar alianzas con organismos públicos y privados, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. “Este convenio viene a ayudar a sumar esfuerzo en búsqueda de líneas de acción que ayuden el quehacer institucional", explicó.
- En contra de tres funcionarios bancarios se pidió la suspensión del cargo y otras medidas cautelares.
20 de setiembre del 2024. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó seis meses de prisión preventiva en contra de nueve personas sospechosas de pertenecer a un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas y lavado de activos. La petición se realizó al Juzgado Penal de San Carlos, ayer.
En contra de tres funcionarios bancarios, el despacho pidió que se ordenara las medidas cautelares de suspensión del cargo, presentarse a firmar una vez al mes, impedimento de salida del país y mantener domicilio actualizado. En cuanto a estos sospechosos, ayer el Juzgado Penal ordenó que se levantara la detención, pero deben continuar asistiendo a la audiencia, por lo que hoy se presentaron a la continuación de la vista.
La banda fue desarticulada el 17 de setiembre, mediante 23 allanamientos ejecutados en San José, Coto Brus, Upala, Mora, Escazú, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Río Cuarto, Santa Rosa de Pocosol y un ámbito del Centro Penitenciario La Reforma.
En Ciudad Colón, Mora, se detuvo al líder, un hombre de apellidos Meléndez León, que pertenece a la lista de objetivos de alto valor estratégico para la DEA y que, presuntamente, mantiene nexos criminales con carteles de la droga, como el Clan del Golfo.
Tras el registro de los inmuebles se logró el decomiso de prueba importante, como cocaína, marihuana, dinero en efectivo, joyas, vehículos, maquinaria pesada, ganado, armas de fuego y municiones.
La audiencia del caso corresponde al expediente 22-000116-1322-PE.
Lista de personas imputadas:
- Meléndez León.
- Arosemena Siles.
- Arce Salas.
- Loría Espinoza.
- Zúñiga Brenes (funcionario bancario).
- Salas Sandoval (funcionario bancario).
- Vargas Mora (funcionario bancario).
- Lara Vargas.
- Campaz Montaño.
- Barboza Pilarte (pastor evangélico).
- Araya Vargas.
- Zeledón Samudio.
UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) mantiene activa la formación continua de su personal, de acuerdo con las políticas de las fiscalías especializadas y en apego a los lineamientos de la Fiscalía General de la República.
En ese sentido, durante los días 7, 14, 21 y 28 de junio, la UCS desarrolló la capacitación “Curso introductorio para el abordaje y persecución de diversas defraudaciones”, en la que participaron personal fiscal y del Organismo de Investigación Judicial.
El curso tuvo como objetivo que las personas convocadas distinguieran los fenómenos criminales y las formas de operar en los casos asociados a las diversas defraudaciones, entender los tipos penales para ligarlos a las causas que lo requieren, con la finalidad de asegurar un abordaje exitoso del caso concreto.
Las facilitadoras fueron Ariana Céspedes López y Melissa Lara Rodríguez, fiscalas de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, quienes señalaron que, para la fiscalía, es grato compartir herramientas útiles y eficientes que faciliten el abordaje eficaz de las diversas defraudaciones a las que se enfrenta el personal en sus funciones.
“En muchos casos tratamos con criminalidad organizada, por lo que es indispensable contar con personal más preparado, que tenga la capacidad de hacerle frente a una criminalidad que, además, va en aumento”, enfatizaron las expositoras.
De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la acción formativa permitió acercar al personal asistente a los conocimientos especializados necesarios, para la atención adecuada de las causas penales en los que se investiguen distintas defraudaciones.
Esta actividad se desarrolló de manera bimodal, con tres sesiones virtuales, ejecutadas por medio de la plataforma de Microsoft Teams, y una presencial, la cual desarrollada en las instalaciones de la UCS.
Con la finalidad de cumplir con los principios de transparencia, participación y colaboración contenidos en la Política de Justicia Abierta, el Ministerio Público (MP) participó en la Feria de Servicios organizada la semana pasada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en la Antigua Aduana.
Las Fiscalías que integran la Columna de Atención de Poblaciones Vulnerables, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito, la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas y el Área de Transparencia de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, se dieron cita en el evento de tres días que reunió a cientos de personas, principalmente estudiantes, docentes, madres, padres de familia y representantes de instituciones públicas.
De acuerdo con el equipo organizador del MP, para lograr la participación de este conjunto de oficinas en la feria de servicios fue necesario hacer un trabajo previo de varios meses, para la confección de materiales y apoyos visuales para los stands, así como definir la oferta de charlas informativas, la participación de personas expositoras, la divulgación y la logística necesaria.
“Estos espacios de interacción son una oportunidad para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, asimismo conocer de primera mano las inquietudes, necesidades y expectativas de las personas usuarias y con ello, mejorar la atención que brindamos con la finalidad de reducir el impacto de la violación de sus derechos”, afirmó la fiscal adjunta Mayra Campos, a cargo de la Columna de Fiscalías para la Atención de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas.
Profesionales, personal fiscal y jefaturas de las oficinas también visitaron la feria y entregaron material informativo a las personas asistentes, así como una oferta de charlas sobre temas como la protección de la niñez, el Protocolo de las 72 horas en casos de violación sexual, Ley Penal Juvenil, el Fondo económico de ayuda a víctimas y mecanismos de protección a víctimas, testigos, denunciantes y otros intervinientes en el proceso penal.
“El OIJ es un líder institucional en temas de acercamiento con la ciudadanía y tener la oportunidad de compartir este espacio enriquece la manera en que el Ministerio Público se vincula con la población y proyecta su trabajo, esta experiencia permite un gran aprendizaje sobre la manera en que la transparencia activa y la interacción pueden llevarse a un nivel superior”, manifestó Andrea Bermúdez, socióloga del Área de Transparencia y enlace de coordinación de la feria de servicios.
Este espacio, que también visitó el fiscal general, Carlo Díaz, permitió mostrar a la ciudadanía parte de los servicios que ofrece el Ministerio Público, especialmente dirigidos a poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas. Además, dijo el equipo organizador, fue la ocasión idónea para reflexionar respecto a la labor de dirección funcional y la especial coordinación que existe con la policía judicial.
UCS. El personal fiscal, técnico judicial y profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) recibió el curso “Actualización en el abordaje de víctimas de delitos sexuales y con enfoque médico legal, con énfasis en el Protocolo interinstitucional de atención integral de víctimas de violación sexual”. La actividad se desarrolló el 21 de agosto.
Esta acción formativa la realizó la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Género, y con el apoyo de la Sección Clínica Médico Forense y de la OAPVD.
En este espacio se abordaron los principios en la atención de las víctimas, los cuales deben ser brindados desde un enfoque de derechos humanos, centrada en esta población vulnerable, la no revictimización; el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral de Víctimas de violación sexual, abordaje médico forense a víctimas de violación y primeros auxilios psicológicos.
La fiscala coordinadora de Género, Edith Morera Rodríguez, enfatizó en la importancia de que el abordaje y la atención sea centrada en la persona víctima.
“El correcto abordaje inicial de una víctima de violación sexual es determinante no solo para el éxito de la investigación, sino principalmente para la salud física y psicológica de la persona víctima. Evitar la revictimización, brindarle un trato digno, respetuoso, libre de prejuicios, sensibilizado a su condición o situación de vulnerabilidad, es la forma correcta de darle contenido a los principios y derechos humanos que orientaron la elaboración del Protocolo de Atención Interinstitucional para la atención de víctimas de violación sexual”, señaló.
Morera indicó que el protocolo es una herramienta de orientación para todas las personas que, desde las diversas instituciones intervinientes, deben brindar atención primaria a la víctima de violación sexual, teniendo claro que la persona víctima es el centro de esa atención y por ende todos los servicios deben girar en torno a su interés, bienestar y seguridad.
La fiscala Raquel Calvo, quien participó del curso manifestó “la capacitación ha sido valiosa, de refrescamiento y vinculación a nuestras labores diarias, creando conciencia de la importancia en el abordaje adecuado y en equipo a las personas victimas delitos sexuales menores y mayor de edad”.
Para la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, es de suma importancia que las personas fiscales, técnicas judiciales y profesionales del Ministerio Público conozcan la conformación de los equipos de respuesta rápida para activar el protocolo interinstitucional de atención integral de víctimas de violación sexual, teniendo presente que las primeras 72 horas son cruciales para la atención de estas víctimas.
El curso fue facilitado por la fiscala Edith Morera Rodríguez; Randall Zúñiga Pérez, médico de la Sección Clínica Forense; y Mónica Solano Ramírez, psicóloga de la OAPVD.
El Ministerio Público (MP) participa en la Feria de Servicios del Organismo de Investigación Judicial 2024, la cual se realiza entre el 03 y 05 de setiembre, en la Antigua Aduana, en Barrio Escalante.
Las personas que asistan pueden conocer más sobre el trabajo que realizan despachos especializados en materia de penal juvenil, niñez y adolescencia, indígenas, programas de atención y protección a víctimas, y defensa civil.
Asimismo, las personas participantes pueden asistir a charlas y talleres sobre temas de género, delitos sexuales, protección a personas menores de edad, fondo de ayudas económicas a víctimas de delitos y otros, las cuales están a cargo de personal especializado del MP.