El fiscal general, Carlo Díaz, asisitó a una reunión que convocó a miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, con el fin de estudiar las estrategias que permitan combartir los hechos delicitivos que están afectado a las diversas comuninades del país.
El encuentro se desarrolló el 26 de febrero, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con la participación del Presidente del Poder Ejecutivo, Rodrigo Arias; el Presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre; y de la Presidenta de la Sala III, la magistrada Patricia Solano; y el Director del OIJ, Randall Zúñiga.
Durante la mesa de trabajo, el jerarca del MP señaló la necesidad de aprobar las leyes que permitan extraditar a nacionales en casos de narcotráfico, regular la ejecución de la pena, fortalecer la función contencioso administrativo en materia de capitales emergentes y una reforma al Código Penal para eliminar la restricción horaria para hacer allanamientos.
Sobre la Ley de Ejecución de la Pena, el Fiscal General se refirió como un proyecto que es una deuda histórica con la población privada de libertad, ya que esta regulará legalmente las ubicaciones de las personas en regímenes abiertos y establece un procedimiento y los plazos para las audiencias.
Asimismo, en cuanto a la reforma constitucional para la extradición de nacionales en materia de tráfico internacional de drogas y terrorismo, y afirmó Díaz que es necesario ampliarlo a otras delincuencias y al crimen organizado en general.
Sobre ese tema, el fiscal adjunto de Fiscalía General, Mauricio Boraschi, señaló que la aprobación de esta ley marcaría un hito importante sobre la forma en la que se ha trabajado.
Como parte de la reunión, también se mencionó la necesidad de realizar reformas al Código Procesal Penal, en temas de aplicación de medidas alternas, participación del imputado de manera obligatoria en la audiencia preliminar, es decir, cuando la fiscalía solicita el auto de apertura a juicio, la resolución de protestas por actividades procesales defectuosas en fase intermedia y de uicio.
De igual manera se vio la necesidad de eliminar cuellos de botella, que permitarn agilizar las aperturas de evidencia física y digital, y la posibilidad para que el OIJ interrogue a imputados con fines de investigación, cuando sea necesario, especialmente con miras a descartar su participación en los hechos.
La Fiscalía Adjunta de Puntarenas organizó una visita a la Escuela Augusto Colombari Chicoli, en Barranca, con el fin de realizar diversas actividades educativas con los estudiantes de segundo ciclo.
Con el apoyo de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y el Organismo de Investigación Judicial, se impartieron charlas sobre el uso adecuado de las redes sociales, delitos que se pueden presentar por el mal uso de estas y cómo denunciar ante las autoridades judiciales.
“Esta actividad fue muy enriquecedora porque pudimos hacer ver a las personas menores de edad que el internet es una buena herramienta de consulta, pero que debe utilizarse de la manera adecuada, para evitar ser víctimas de un delito”, señaló la fiscal adjunta de Puntarenas, Dayana Suárez.
El evento se realizó el 21 de febrero.
- Visita también se extendió al PANI, sede Cartago.
La Fiscalía Adjunta de Hechos de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS-MP) realizaron una gira de trabajo a la provincia de Cartago, el pasado 4 de febrero.
El grupo se trasladó a las Fiscalías de Cartago y Turrialba, donde tuvo una reunión con el fiscal adjunto de ese circuito, Jofrey Salas.
Durante el encuentro, se establecieron estrategias conjuntas, con las cuales se busca optimizar la respuesta de la Fiscalía ante las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas menores de edad.
Por esa razón, también se establecieron lazos entre el personal fiscal territorial y el de FANNA, para dar el acompañamiento adecuado en la atención de las investigaciones.
“La colaboración con el fiscal Jofrey Salas y su equipo es fundamental para poder ofrecer un enfoque integral en la atención a les niñez y adolescentes que han sufrido violencia. Agradecemos su disposición para trabajar juntos en beneficio de una de las poblaciones más vulnerables”, señaló la fiscal adjunta de FANNA, Rocío De La O.
Tras la visita, el fiscal coordinador de FANNA, Jorge Meckbel, destacó la importancia de la capacitación continua del personal. “La formación y el acompañamiento son herramientas esenciales para que el personal esté preparado para abordar situaciones complejas con las que se enfrentan en su labor cotidiana”, destacó.
Reunión interinstitucional. Durante esa gira de trabajo, FANNA y UCS, representada por la fiscal Floribeth Rodríguez, también coordinó una visita, para realizar una reunión con el personal del Patronato Nacional de la Infancia, sede Cartago.
Con ese encuentro se pudo establecer una colaboración efectiva en la atención y manejo de los casos que involucran a víctimas menores de edad. De esa manera, se busca garantizar que esta población reciba el apoyo y la protección que requiere en situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se discutieron diversas estrategias y protocolos que permitirán una respuesta más eficiente y sensible ante los desafíos que enfrentan estas víctimas.
Uno de los acuerdos alcanzados fue la coordinación de visitas del personal fiscal a los albergues del PANI en distintas zonas de esa provincia, con el objetivo de sensibilizar al personal del MP sobre la realidad que viven las víctimas y así mejorar la atención que ofrecen.
La fiscal adjunta señaló que es crucial trabajar de manera unida con el PANI, para asegurar un enfoque integral en la atención a las personas menores de edad. “Juntos podemos fortalecer nuestros mecanismos de respuesta y garantizar que reciba la atención adecuada”, señaló.
Un equipo de profesionales, conformado por la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS-MP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y especialistas en salud, realizaron una mesa de trabajo, con el fin de mejorar la atención y abordaje de los casos relacionados con el delito de tortura, en perjuicio de personas menores de edad, especialmente de aquellas diagnosticadas con trastorno de espectro autista.
Durante la sesión, cada una de las personas expertas compartió su conocimiento y experiencia sobre el impacto de la tortura en las personas menores de edad, específicamente, en las huellas emocionales y físicas que pueden persistir a lo largo del tiempo.
Se enfatizó en la necesidad de un enfoque multidisciplinario para abordar cada caso, garantizando que las intervenciones sean sensibles y adecuadas a las particularidades de cada niña o niño, especialmente cuando presentan necesidades educativas especiales.
“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de atender con seriedad y rigor los casos de tortura que afectan a las niñas y niños. Necesitamos trabajar en conjunto para identificar las mejores estrategias de intervención que podamos implementar en la atención a las víctimas menores de edad”, expresó la fiscala adjunta de la FANNA Rocío De La O Díaz.
La Fiscalía y los profesionales participantes se comprometieron a seguir colaborando en el desarrollo de herramientas y recursos que permitan optimizar la atención de las personas menores de edad en situaciones de vulnerabilidad, así como a sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de la tortura y sus efectos duraderos en la salud mental y emocional de las niñas y los niños.
La actividad se realizó el 14 de febrero y, aparte de la jefa de FANNA, estuvieron los fiscales Jorge Meckbel, Annia Rodríguez y Floribeth Rodríguez. También se contó con la participación de la Directora Ejecutiva del PANI, Kennly Garza; la neurodesarrollista del Hospital Nacional de Niños, Roselyn Valerín Ramírez; la terapeuta ocupacional, Lauren Pérez Agüero; la docente en Educación Especial y Apoyo Cognitivo, Priscila Baradín Vindas y el psiquiatra infantil, Max Figueroa Malavassi.
La Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) realizaron una mesa de trabajo, en la que acordaron fortalecer la colaboración entre ambas instituciones, en beneficio de la protección de derechos de las personas menores de edad en temas educativos.
En la reunión se realizó el 13 de febrero y estuvieron la fiscal adjunta y el fiscal coordinador de FANNA, Rocío De La O Díaz y Jorge Meckbel Guillén, respectivamente; así como la Junta Directiva del ANDE.
El encuentro se centró en la necesidad de capacitar a las personas educadoras sobre el deber que tienen de denunciar cualquier sospecha de abuso o maltrato en perjuicio de la población menor de edad. Asimismo, se conversó sobre la importancia de dotar al personal docente con las herramientas necesarias para identificar y abordar este tipo de situaciones a tiempo.
"Reconocemos la invaluable labor que realizan las personas educadoras en la formación de las niñas, niños y jóvenes. Por esa razón, nos comprometemos a brindarles el apoyo y la capacitación que necesitan a fin de fortalecer coordinaciones que permiten implementar medidas para proteger a las personas menores de edad y garantizar su bienestar desde la prevención con enfoque comunitario", señaló la fiscal adjunta de FANNA.
En ese sentido, entre los acuerdos, se estableció que el Ministerio Público ofrecerá capacitaciones en los congresos nacionales de ANDE sobre el marco legal de protección de la niñez y adolescencia, el deber de denunciar, identificación de señales de alerta de agresiones y el manejo de situaciones de crisis y la contención emocional de las víctimas.
De igual manera, se discutieron los desafíos que enfrentan las personas educadoras en zonas de riesgo, incluyendo la presencia de delincuencia organizada en los centros educativos, por lo que se acordó trabajar en conjunto para desarrollar estrategias de prevención y protección, así como para brindar apoyo al personal docente que se enfrentan a estas situaciones.
La Junta Directiva de ANDE expresó su agradecimiento por la disposición del Ministerio Público en colaborar en esta importante iniciativa y se mostraron convencidos de que, trabajando juntos, se puede crear un entorno más seguro y protector para nuestros estudiantes.
La Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas y la Defensoría de los Habitantes llevaron a cabo una reunión de trabajo, con el objetivo de fortalecer las relaciones de colaboración entre ambas instituciones, para mejorar el trámite de casos de las personas menores de edad.
El encuentro se realizó el 10 de febrero, en las instalaciones de FANNA, con la participación de la fiscala adjunta y el fiscal coordinador de ese despacho, Rocío De La O y Jorge Meckbel, respectivamente, junto con el fiscal coordinador de la FAI, Juan Carlos Carrillo. También estuvieron Laura Fernández y Mauricio Medrano, representantes de la Defensoría de los Habitantes en temas de niñez y adolescencia.
Durante la reunión se acordó que la Defensoría apoyará una propuesta para que el Poder Judicial invierta recursos y se incluya en el Departamento de Trabajo Social y Psicología, la participación de profesionales en psiquiatría infantil. De esa manera, se procura mejorar la atención de las víctimas y los dictámenes periciales.
De igual manera, los equipos de trabajo discutieron acciones conjuntas de sensibilización, dirigidas al personal del Ministerio Público, para mejorar la atención a víctimas de delitos, especialmente en el contexto de la población indígena y personas menores de edad.
Otro de los acuerdos es mantener la colaboración en capacitaciones conjuntas al personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el deber de denunciar e identificación de factores de riesgo, buscando el apoyo del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) para su divulgación y capacitación continua.
Un aspecto significativo tratado en la reunión fue la creación y capacitación del personal de la Fiscalía en el "Botiquín de la Calma", una herramienta diseñada para la debida atención de las personas menores de edad víctimas de delitos. La Defensoría se comprometió a apoyar la búsqueda de colaboradores para esta iniciativa.
