UCS. Un grupo de 23 fiscalas y fiscales de todo el país participaron de la actividad académica “Fundamentos de la Prueba Penal y Prueba Indiciaria”, la cual fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).
Esta actividad tuvo como propósito desarrollar las competencias necesarias para realizar un correcto análisis y valoración, tanto de la prueba en general como de la prueba indiciaria, para permitir que sea incorporada legalmente al proceso siendo útil, pertinente y necesaria para respaldar la teoría del caso.
Los fiscales adjuntos de Liberia y Pococí, Elvis López Matarrita y José Francisco Mena Castro, respectivamente, fueron los encargados de presentar los contenidos.
El primero indicó que el ejercicio de la acción penal y la correcta aplicación de la ley es una de las tareas más importantes sobre las que descansa cualquier sistema de administración de justicia convirtiéndose, además, en un eje central dentro de un estado de derecho al constituir una de sus bases legitimadoras.
“En el caso de Costa Rica, dicho ejercicio recae sobre el Ministerio Público, quien tiene sobre sus espaldas la delicada misión de investigar los delitos de manera objetiva y diligente, determinar su existencia y llevar ante la ley a sus responsables en la búsqueda de la justicia y resarcimiento para las víctimas”, señaló.
El fiscal adjunto de Liberia mencionó que esa función genera, a lo interno de la fiscalía, el deber de que el personal fiscal, junto con otros socios estratégicos (profesionales de la oficina de atención y protección, de la defensa civil, etc.), tengan un manejo sólido de los aspectos relacionados con la teoría del delito, de los principios procesales y especialmente de la teoría de la prueba, la cual se erige como la piedra angular para la toma de la decisión judicial.
“Conscientes de este valor, la UCS desarrolló el curso, en el cual se creó un ambiente de camaradería y, a partir de sus experiencias, del análisis teórico y jurisprudencial. El grupo docente y alumnado enriquecieron y ampliaron conocimientos a través de cuatro jornadas y además de refrescar conceptos, se enalteció la importancia de la labor de la fiscalía en la lucha contra la delincuencia y la protección de los derechos de los más desprotegidos”, destacó.
Por su parte, el docente Mena recalcó que la actividad académica permitió profundizar en la importancia de este medio probatorio dentro del proceso penal, especialmente en un contexto donde la prueba directa resulta cada vez más difícil de obtener.
“Durante la capacitación se presentó una nueva estructura analítica para su correcta aplicación, basada en la identificación del hecho indicador o conocido, la formulación de la regla de experiencia, la construcción de una inferencia lógica y la proyección hacia el hecho indicado o desconocido. Esta metodología brindó a las personas participantes herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer la argumentación jurídica con base en indicios, respetando los principios de racionalidad y debido proceso”.
La capacitación se realizó en cuatro sesiones de trabajo, durante los días 14, 21 y 31 de marzo, y 10 de abril, en modalidad presencial y virtual, por medio de la plataforma Microsoft Teams.
Entre el 21 y 22 de abril se realizó la actividad académica “Actividad Procesal Defectuosa”, la cual fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público.
La capacitación se desarrolló en dos grupos de trabajo, con la participación de 30 y 20 fiscalas y fiscales de todo el país.
Esta actividad tuvo como finalidad desarrollar las competencias necesarias para plantear de manera correcta y oportuna la actividad procesal defectuosa, brindar una respuesta adecuada ante la eventual protesta por otras partes procesales. Lo anterior, en aplicación de los conceptos principales, los requisitos de admisibilidad, así como la normativa, jurisprudencia y los principios que la rigen.
La persona encargada de presentar los contenidos fue la fiscala de la Gestión Jurídica del Programa de Rezago y Apoyo a la Reducción de Circulante de la UCS, Grettel Rosales Hidalgo, quien señaló que es fundamental que el personal conozca a fondo las garantías y principios que informan el proceso penal.
“Esto con el fin de que en la práctica profesional identifiquen, prevengan, y en su caso, puedan sanear de forma oportuna, los actos procesales realizados en contravención de estos principios y lograr así casos con un adecuado sustento probatorio”, destacó.
Durante la exposición, Rosales recalcó que este tipo de capacitación es de sumo interés para contar con personal capacitado en este tema, que logre identificar la existencia de un acto ineficaz dentro del proceso, que utilice un vocabulario técnico correcto para la interposición de la protesta, y además contar con una respuesta apta al caso concreto, ya sea buscando su saneamiento o convalidación.
La capacitación se llevó a cabo en el Auditorio de la UCS.
UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, impartió la conferencia “Procedimiento de Apatridia”.
La actividad se desarrolló el 22 de abril y convocó a personal del MP, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Migración de la Dirección General de Migración y Extranjería.
El fiscal de la UCS, Edgar Barquero Ramírez, dijo que es importante recordar que el concepto de apatridia significa sin patria y sin nacionalidad. Esta condición deja a muchas personas sin documentos de identidad y dificulta su acceso a los servicios de justicia.
“Es importante que el MP, el OIJ y la Policía de Migración compartan estos espacios de conocimiento y, de la mano de personas especialistas, establezcan enlaces y fomenten el trabajo conjunto interinstitucional, en beneficio de la población usuaria”, mencionó.
Con la capacitación, las personas participantes adquirieron conocimientos sobre el procedimiento de apatridia en Costa Rica, convenios, planes de acción, reformas y reglamentos de naturalizaciones, decretos y principios; instrumentos internacionales, legislación nacional, derechos a la nacionalidad, entre otros.
Para el desarrollo de los contenidos, se contó con las facilitadoras Denisse Powell Elizondo, Hellen López Mena, Xiomara Jiménez Morales, funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como con María del Mar González Villar, de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según la psicóloga de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Irene Martínez Jiménez, “la capacitación fue de suma importancia, tras conocer el procedimiento que se realiza por parte del estado costarricense para atender la situación en la que podrían encontrarse muchas personas que viven en nuestro país, con tantas condiciones de vulnerabilidad. Agradezco a la Unidad de Capacitación por tomarnos en cuenta”.
La conferencia se realizó en el Auditorio de la UCS.
Un grupo de la Fiscalía de Asuntos de Indígenas (FAI) visitó el territorio indígena de Salitre y atendió 31 personas del pueblo Bribrí, en el Liceo Rural de la localidad, el cual se encuentra a media hora de Buenos Aires.
Durante la gira de trabajo, el personal de la FAI y la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito impartieron un taller sobre qué es un delito, las funciones de esos despachos, las reglas para facilitar el acceso a la justiciar a las poblaciones indígenas, medios de denuncia, derechos y deberes de las víctimas.
Para la fiscal de Asuntos Indígenas, Ana Jiménez Prendas, esta actividad representó una gran oportunidad para acercar los servicios del Ministerio Público a la población joven, para que conozcan de los servicios y las funciones que realiza la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Buenos Aires.
El docente Omar Elizondo Ortiz señaló que “es importante, desde tempranas edades, conocer cómo actuar en situaciones de riesgo. La información es importante, ya que llega también a los hogares”.
“Además, considero que toda la sociedad debe ser parte de la solución en la disminución de actos de actos delictivos. Agradezco la actividad compartida entre los estudiantes y considero que fue de mucho provecho”, indicó.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI), sede Coto Brus, realizó una gira de trabajo al territorio indígena de San Rafael Norte, Bajo Los Indios, y se reunió con 50 personas del pueblo Ngäbe.
El encuentro se realizó el 21 de abril, en la Escuela y Colegio de la localidad, el cual queda a unos 30 minutos del centro de Ciudad Neily.
En la visita, el personal de la FAI, junto a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, impartieron charlas sobre los servicios que brindan esos despacho, se informó acerca de los alcances de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Relaciones Impropias.
La fiscal de la FAI, Cinthya Cárdenas Camareno, señaló que la actividad fue una gran oportunidad para acercarse a la población joven del territorio indígena de Bajo Los Indios.
“Para nosotros es importante que conozcan nuestros servicios, así como dar a conocer los alcances de las leyes expuestas en las charlas”, señaló.
Por su parte, el director del centro educativo, Óscar Jiménez, señaló que la visita fue de mucho provecho.
“Les agradecemos la disposición, compromiso y excelencia mostrado desde el primer momento que ingresaron al centro educativo, durante el desarrollo de la exposición y al evacuar las consultas”, enfatizó.
El Ministerio Público (MP) participó en la Feria de Servicios del OIJ, la cual se desarrolló el 23 de abril, en el campo ferial de Coto Brus. La actividad se desarrolló de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El stand de la institución contó con las fiscalías de Coto Brus, Género, Penal Juvenil, Atención de la Niñez y Adolescencia, Ejecución de la Pena, Asuntos Indígenas, así como la de Pérez Zeledón y la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, sede Corredores.
De esta manera, la Fiscalía tuvo contacto con las comunidades, para conocer sus principales necesidades, con lo cual se pueden recopilar datos para analizar la problemática y ubicar posibles soluciones.
La fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas destacó la importancia de contar con estos espacios para compartir con la ciudadanía, en este caso de la población de San Vito de Coto Brus, para mostrar los servicios que ofrece el Ministerio Público, en sus diversas fiscalías.
“Así podemos proyectar el compromiso institucional con los principios de Justicia Abierta como son transparencia, participación y colaboración”, señaló.
Campos destacó que la Feria les dio la oportunidad de compartir con casi 80 niñas, niños y adolescentes a través charlas, desarrolladas por el personal fiscal de la zona, en temas de relevancia. “Buscamos que esa población pueda desarrollar habilidades para la vida”, manifestó.
En esos talleres, impartidos por el personal del MP a estudiantes de la Escuela María Auxiliadora y en el Colegio Científico de la zona, se brindó información sobre la Ley Penal Juvenil y relaciones impropias. También participaron de la película “Saber elegir, saber ganar”, producto del Instituto Costarricense sobre Drogas.
El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI), Juan Carlos Carrillo Mora, indicó que, con la participación del Ministerio Público en estas actividades, se reafirma el compromiso de trabajar de manera eficiente y eficaz en pro de la población indígena que habita en el territorio nacional.
El funcionario dijo que en estas ferias se brinda información sobre derechos y garantías de las personas indígenas, con respecto a sus costumbres y cosmovisión, con lo que se procura brindar un servicio público de calidad al usuario.
La fiscal de la FAI, sede Coto Brus, Cinthya Cárdenas Camareno, mencionó que la actividad permitió que la comunidad conociera más sobre la labor que realiza el Ministerio Público, en coordinación con el OIJ.
“Esto permite que la comunidad se sienta más segura, tanto en personas adultas como en menores de edad”, recalcó.
Durante la cuarta jornada formativa del Ministerio Público, un grupo de 73 personas facilitadoras judiciales recibieron la capacitación “Drogas y narcotráfico: acciones para su combate comunal”.
La charla fue impartida por el fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Javier Valerio Vásquez. La actividad se realizó el 23 de abril, por medio de la plataforma Microsoft Teams.
Valerio se refirió sobre la importancia del trabajo que se realiza con la estrategia denominada Plan Escudo, la cual busca impactar positivamente comunidades que sufren altos niveles de violencia ligada al tráfico local de drogas, atacando el microtráfico de sustancias no permitidas.
El funcionario explicó que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos trabaja en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas, para la atención oportuna de estos hechos.
En la actividad también estuvo presente la fiscala adjunta de la Columna de Atención de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga.
“Estas jornadas informativas han sido un valioso medio de trasmisión de información de calidad y de fortalecimiento de la de la justicia abierta, ya que con esa interacción las personas facilitadoras judiciales comprenden mejor su realidad social y cuál es el rol del Ministerio Público en el abordaje de los fenómenos delictivos con las herramientas que nos da nuestro ordenamiento jurídico y pese a las limitaciones materiales y de talento humano, pero con un gran compromiso social”, destacó.
En esa fecha se contó con la asistencia del profesional de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Acceso a la Justicia, Gabriel Salas Gutiérrez.
25 de abril del 2025. Brindar guía, acompañamiento y protección a quienes se ven afectados por un delito es una misión fundamental que, durante 25 años, ha sido el norte de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público (OAVD). Este despacho ha trabajado para ofrecer un espacio de apoyo integral, para que los afectados encuentren justicia y la asistencia necesaria para reconstruir sus vidas después del trauma sufrido.
Ser víctima o testigo de un delito no es una condición que alguien busque, pero a cualquiera le puede suceder, por eso es que, paralelo al proceso penal en el que se busca esclarecer los hechos y sentar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con la ley, la protección de la dignidad de quienes atraviesan estas dolorosas experiencias es su principal objetivo, brindando tanto el soporte emocional como la asistencia legal que cada caso requiere.
En un cuarto de siglo, esta oficina ha logrado consolidarse. Con presencia en 24 sedes del país, la OAPV se convirtió, el año pasado, en un pilar de apoyo para 21,113 personas que acudieron voluntariamente a los servicios que se ofrecen a través de los dos programas: atención y protección.
El personal que integra el despacho está compuesto por profesionales en derecho, trabajo social, psicología y sociología, y otras personas en puestos técnicos y administrativos. Todos juegan un papel fundamental en la escucha, orientación y ayuda a las víctimas, en cada paso del proceso judicial, asegurando que su voz sea escuchada y sus derechos respetados.
En el acto de celebración del aniversario, el 24 de abril, el fiscal general, Carlo Díaz, destacó la importancia de los servicios en favor de las víctimas, principalmente en el contexto actual que se vive en el país en materia de criminalidad.
"Ante el aumento de la cantidad de homicidios, narcotráfico y crimen organizado, muchas de las personas tienen temor de ser víctimas o testigos. Esta oficina hace un trabajo muy importante para apoyar a las víctimas de esos delitos y de otros muy importantes por su gravedad, como los que se cometen en contra de las mujeres y como las amenazas y extorsiones derivadas de los préstamos gota a gota", mencionó el jerarca.
En el acto, José Peñaranda, fiscal adjunto de la OAVD, presentó los resultados correspondientes al último año. Reveló que en el programa de atención se recibió a un total de 12,293 personas, principalmente por delitos incluidos en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres: maltrato, incumplimiento de medida de protección y ofensas a la dignidad.
Las amenazas agravadas y la violación también figuran en los ilícitos por los que se dio más atención a las víctimas.
Por otra parte, según expuso Peñaranda, en el programa de protección se incluyeron 8,820 personas. En este caso, las amenazas agravadas, la agresión con armas y la tentativa de homicidio son los delitos que llevaron a las víctimas a la oficina.
En materia de protección también figuraron como principales ilícitos dos de la Ley de Penalización: el maltrato y el incumplimiento de medidas protección.
Para obtener los servicios de esta oficina solo se requiere tener la condición de víctima o testigo de un delito y acatar las recomendaciones técnicas que el equipo interdisciplinario establezca. La permanencia en el programa es voluntaria.
A través de esta oficina, el esfuerzo por avanzar en el acompañamiento psicológico, la protección legal y el respaldo social sigue siendo una prioridad para el Ministerio Público, reafirmando su misión de garantizar el bienestar y proteger los derechos de las víctimas de delitos. 
Con el objetivo de ampliar el conocimiento de un grupo de 66 personas facilitadoras judiciales sobre las funciones y servicios del Ministerio Público (MP), el pasado 9 de abril se desarrolló la exposición “Penal Juvenil: pandillas y organizaciones de crimen organizado”.
El taller estuvo a cargo del fiscal Omar Jiménez Madrigal, quien actualmente se desempeña como especialista en contenidos de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del MP.
Durante la Capacitación, también estuvieron la fiscala Adjunta de la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga, así como un professional de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Acceso a la Justicia (CONAMAJ), Gabriel Sala Gutiérrez.
La intervención de Jiménez hizo énfasis en la importancia de que las personas menores de edad conozcan sus derechos y obligaciones, y que sean conscientes de que, en la medida justa de sus acciones, deberán responder en el modelo legal del país.
El funcionario explicó que, si una persona menor de edad actúa mal, se debe responsabilizar de sus actos, por medio del modelo que es aplicable a partir de los 12 años. El fiscal también se refirió al reclutamiento de jóvenes en las dinámicas delictivas.
Por su parte, las personas facilitadoras judiciales se refirieron a la implementación del programa de Ligas Atléticas Policiales como iniciativa que lanzó la Dirección General de la Fuerza Pública, incentivando el deporte en los jóvenes de comunidades en riesgo para alejarlos de dinámicas delictivas.
La actividad se llevó a cabo por medio de la plataforma Microsoft Teams.
