- MP, OIJ, Minae y MSP atendieron, en conjunto, más de 10.000 incidentes.
- 90 por ciento de los asuntos se relacionan con pérdida de biodiversidad por actividades humanas.
11 de marzo del 2025. Con el combate al crimen organizado como principal eje, la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), coordinada por la Fiscalía Adjunta Ambiental, presentó los resultados de la labor realizada en el 2024 y el plan de trabajo del período 2025.
Este órgano está integrado por el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y, desde el 2016, se basa en la cooperación interinstitucional para dar un abordaje integral y especializado a la delincuencia ambiental.
Esto se vuelve determinante si se toma en cuenta que las causas tramitadas por Fiscalía Adjunta Ambiental el año pasado ascendieron a 2.340 denuncias, el grueso de estas por delitos como tala, invasión a áreas de protección, pesca ilegal y tráfico de vida silvestre.
Precisamente, los casos de infracción a la Ley Forestal, la primera de estas problemáticas, representaron 1.384 denuncias, un número notoriamente mayor que las 241 causas por delitos establecidos en el Código de Minería y 239 por infracción la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Avances. José Pablo González, fiscal adjunto Ambiental, resaltó que los avances del año pasado incluyeron, entre otras iniciativas, la realización de tres talleres respecto al manejo adecuado de animales silvestres decomisados y rescatados, en el que participaron personas funcionarias del MP, Senasa, Seguridad Pública, OIJ y Minae.
Así como lo donación de 27 kits para el manejo de animales para las últimas tres instituciones y el desarrollo de una aplicación web para apoyar el cumplimiento de la ley sobre el manejo de fauna silvestre decomisada o rescatada.
González subrayó que los esfuerzos en la persecución de los delitos ambientales no se deben ver únicamente como iniciativas para la conservación de especies, sino como algo “fundamental para nuestra calidad de vida y para nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes”.
En la actividad también se reveló parte del trabajo conjunto con la Sección Especializada Contra los Delitos Ambientales del OIJ, el cual dejó como resultado 52 allanamientos realizados, la detención de 13 personas y el decomiso de 243 animales silvestres.
La Fuerza Pública, por su parte, concretó 631 aprehensiones o decomisos, de las cuales 268 se relacionaron con materia de minería, 174 con biodiversidad y vida silvestre y 189 con el tema forestal.
Hoja de ruta. En la actividad también se presentó el plan de trabajo para el 2025, dentro del que se mantienen las iniciativas de capacitación como una de las principales estrategias para procurar una mejor atención de los casos.
Asimismo, reforzar el rol de la CNSA en el apoyo y seguimiento a los casos prioritarios y complejos a nivel nacional, con un enfoque en actividades ilegales en ámbitos como minería, vida silvestre y cibercrimen. Además del desarrollo de una campaña para prevenir delitos ambientales, dirigida a turistas que ingresen por medio de aeropuertos y fronteras terrestres, entre otros proyectos.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) realizó una gira de trabajo al territorio indígena de Coto Brus, específicamente a La Casona y Copey Abajo, con el fin de acercar los servicios del Ministerio Público.
La visita estuvo a cargo de la fiscal Cinthya Elena Cárdenas Camareno, quien atendió a las personas en la Escuela Jönkruhorä, el 3 de marzo.
Durante la actividad, la FAI impartió una charla sobre temas referentes relaciones impropias, Justicia Penal Juvenil y Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres. Asimismo, se evacuaron dudas de las personas asistente.
Se aprovechó para informar que, en los próximos días, se realizarán otras visitas al territorio indígena, con la finalidad de realizar diligencias y brindar capacitación en temas que resulten de interés, para las personas indígenas habitantes del territorio.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas reafirmó el compromiso de trabajar de manera eficiente y eficaz para garantizar que los derechos de las personas indígenas que habitan el territorio nacional les sean respetados y no se le vulneren, para tal efecto, se realizan campañas de sensibilización dirigidas al personal del Ministerio Público para que se brinde un servicio público de calidad y humano a las personas de población indígena.
Con el propósito de mejorar la atención y tramitación de los hechos delictivos cometidos en perjuicio de personas menores de edad, la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y adolescentes (FANNA), y la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público visitaron las Fiscalías de San Ramón y Grecia.
El propósito de la gira fue fortalecer la comunicación entre el equipo de FANNA y el personal fiscal de esas oficinas, con el fin de optimizar los recursos y realizar investigaciones más efectivas, cuando se trata de la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante el encuentro, se abordó la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar que las víctimas menores de edad reciban la atención adecuada y sus casos sean tratados con la seriedad y celeridad que requieren.
La gira de trabajo se realizó el 12 de febrero, donde el fiscal adjunto de esos despachos, Fernando Arguedas Rojas, atendió las sugerencias de FANNA, como fiscalía especializada y rectora en materia de niñez y adolescencia, para el mejoramiento de la atención de casos.
La Fiscala Adjunta de FANNA, Rocío De La O Díaz dijo que “es crucial que el personal fiscal en San Ramón y Grecia cuente con la asesoría del personal de la fiscalía especializada, al momento de conocer o investigar hechos en perjuicio de las personas menores de edad que han sufrido violencia. La comunicación es esencial para aplicar los mecanismos de respuesta de forma oportuna y eficiente”.
Por su parte, la fiscala Floribeth Rodríguez Picado destacó la relevancia de la capacitación continua del personal. “La formación y el acompañamiento son herramientas vitales para que el personal fiscal se sienta preparado para enfrentar la complejidad de los casos que manejan a diario”.
El fiscal adjunto de San Ramón y Grecia expresó su agradecimiento por la presencia de FANNA y señaló que, “el compromiso de las fiscalías a mi cargo, está dirigido a asegurar que las víctimas más vulnerables de los procesos penales reciban un servicio de calidad, el cual se logra con la asesoría oportuna de fiscalías especializadas como FANNA y la respuesta adecuada y efectiva del personal fiscal territorial.”
Esta coordinación constituye un importante compromiso que permite trabajar en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes del país, así como fortalecer el servicio que se presta desde el Ministerio Público.
- Una de las víctimas falleció días después de los hechos.
10 de marzo del 2025. Un hombre de apellidos Mora Solano fue sentenciado a 40 años de prisión, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores demostrara que es responsable de cometer un asesinato y un delito de tentativa de homicidio. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de la localidad, el 6 de marzo.
Los hechos demostrados ocurrieron en Belén de Heredia, cuando, el 19 de setiembre del 2017, el imputado, junto a otra persona aún no identificada, se presentó a la casa de dos hermanos, haciéndoles creer que compartirían de una parrillada.
Según evidenció el Ministerio Público, en un momento determinado, los imputados iniciaron una discusión con una de las víctimas, a quien le reclamaron por dinero. Minutos después, los hombres sacaron un arma de fuego y amenazaron a los ofendidos.
Estas personas trasladaron a los hermanos a una habitación, donde los golpearon en diversas ocasiones, luego huyeron del lugar. Producto de la agresión, Thomas Fisher González falleció días después, tras haber sufrido un trauma en el cráneo.
Mientras la sentencia queda en firme, Mora cumplirá prisión preventiva.
La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público (OAPVD) impartió la segunda sesión de una serie de charlas dirigidas a fortalecer la elaboración de informes técnicos que deben realizarse desde ese despacho.
La capacitación se realizó este 5 de marzo, con la participación del personal profesional de la sede central, así como de Cartago, Alajuela, Delincuencia Organizada, San Ramón, Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) Pavas y II Circuito Judicial de San José.
Este tipo de capacitaciones busca mejorar los procesos internos y optimizar la atención y protección a las víctimas, procurando que los informes técnicos cumplan con los más altos estándares de precisión y claridad.
La charla fue desarrollada por el fiscal adjunto de la OAPVD, José Ángel Peñaranda Chaverri, quien lidera esta iniciativa, como parte de las diversas acciones para mejorar la calidad del trabajo técnico del equipo.
"La calidad y el profesionalismo son dos de mis principales objetivos, desde que asumí el liderazgo de esta Oficina. Nuestro propósito es garantizar que cada informe refleje el rigor técnico y la sensibilidad que ameritan los casos que atendemos", destacó el funcionario.
Las personas participantes destacaron la importancia de esta sesión formativa para su labor diaria.
"Esta charla ha sido sumamente enriquecedora. Nos brinda herramientas clave para mejorar la elaboración de informes técnicos, para que realicemos un trabajo más preciso. Agradezco el compromiso de la jefatura con nuestra formación profesional", destacó la psicóloga de la OAPVD, especializada en Delincuencia Organizada, Nohemy Acuña.
La OAPVD reafirma su compromiso con la actualización constante de su equipo, con el fin de brindar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía.
UCS. Un grupo de 34 fiscalas y fiscales de todo el país participaron de la actividad académica “Planificación de la Investigación y Dirección Funcional”, la cual fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP). Esta se realizó el 21 y 28 de febrero.
La actividad buscaba desarrollar las competencias y destrezas que permitan al personal fiscal realizar investigaciones de calidad en el desempeño de sus funciones, acordes con los principios de objetividad, legalidad y eficiencia en el servicio.
De esa manera, se pretendía que el personal tenga claridad sobre las políticas administrativas y circulares internas que rigen las pautas de la dirección funcional, para obtener mejores resultados en los casos que se abordan en conjunto.
Mediante esta actividad formativa se realizó un repaso de conceptos básicos para el trámite de expedientes y la atención de escena del suceso, resaltando la importancia de la labor fiscal.
Las personas encargadas de presentar los contenidos fueron la fiscala del Programa de Rezago y Descongestionamiento del MP, Cindy Carpio Obando, y el jefe de la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial, Dowglas Rodríguez Badilla.
“El correcto abordaje y planificación de la investigación penal es vital para poder llevar a cabo la labor que día a día desempeñamos como fiscalas y fiscales, tener un papel activo y velar por que se cumplan con los principios de objetividad y legalidad es la clave del éxito de los casos”, señaló Carpio.
Por su parte, Rodríguez agradeció el espacio e indicó que esperaba que fuera una herramienta más para continuar con las buenas relaciones que hay entre ambas instituciones. “No debemos dejar de lado que el MP, como ente encargado de la investigación, debe trabajar de la mano con nosotros, guiando las investigaciones desde el ámbito legal, siendo que la policía judicial es el encargado de la labor operativa”, destacó.
El investigador jefe agregó que este tipo de capacitaciones fortalece el vínculo que debe de existir entre fiscales y la policía, por lo que se espera que se ejecuten más espacios como estos para seguir trabajando de la mano por el bien de la nación.
El espacio académico se desarrolló en modalidad virtual, por medio de la plataforma Microsoft Teams.
UCS. Como parte del programa de capacitación en temas generales para personas funcionarias del Ministerio Público, el 20 de febrero, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló la conferencia Primeros Auxilios Psicológicos y Autocuidado.
La formación fue impartida por la psicóloga de la UCS, Priscila Elizondo Hernández, a personal de las fiscalías de Heredia, Alajuela y San Ramón, el cual aprendió a identificar los componentes de los primeros auxilios psicológicos y su ámbito de aplicación, con la finalidad de ayudar a la persona usuaria a restablecer su estado emocional.
Asimismo, se pudo definir qué es autocuidado y sus beneficios en la promoción de la salud física y mental, para fomentar el bienestar desde un punto de vista integral.
Según manifestó la fiscal Laura Méndez Porras, “muchas veces, en nuestro trabajo, no nos detenemos a pensar en cómo nos puede afectar las emociones a las que estamos expuestas y en cómo podemos atender a un usuario en un momento de crisis, reflexión que nos permitiría brindar un mejor servicio. La capacitación recibida, resulta muy provechosa para justamente hacer esa valoración con mayor cuidado y empatía, dándonos herramientas para lograr de forma más efectiva la atención adecuada de las personas usuarias en momentos de crisis”.
Por su parte, la coordinadora judicial, Dinia López Oliverio, resaltó la importancia de capacitarse en el soporte de los primeros auxilios psicológicos, ya que es un tema constante en las fiscalías y el personal es el encargado en abordar los problemas de los usuarios en crisis.
La conferencia se realizó en la Sala de Proyecciones de la Universidad Nacional, Heredia.
UCS. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la conferencia “Investigación de desapariciones y muertes violentas de mujeres por razones de género (enfoque diferenciado)”. La actividad se desarrolló el 24 de febrero.
La capacitación tuvo como objetivo principal generar conciencia activa sobre la importancia de humanizar el proceso penal y darle voz a las víctimas directas e indirectas de los delitos de violencia contra las mujeres.
Esta actividad se impartió bajo la modalidad virtual y fue facilitada por la fiscal adjunta de Género, Debby Garay Boza, quien se refirió que, en este caso, conmemorar es “concientizar y visibilizar que, a la fecha, sigue siendo necesario generar protocolos de investigación para la investigación de delitos en perjuicio de las mujeres”.
La fiscal especializada agregó que, actualmente, dos terceras partes de ellas continúan en una condición de analfabetismo, siendo las mujeres, niñas y niños quienes reportan mayores índices de pobreza, por lo que presentan situaciones de desventajas a nivel laboral y sufren de discriminación en las contrataciones, en el tanto se asocia un menor desempeño, rendimiento laboral.
Garay señaló que, por el tema de la maternidad y porque continúan haciéndose cargo de sus familias, muchas son asesinadas por sus parejas. La fiscal enfatizó en que siguen existiendo desapariciones y asesinatos por ser mujeres.
Durante su ponencia, la funcionaria mencionó los distintos instrumentos como el Protocolo Nacional del Sistema de Alerta y Procedimiento, para la coordinación y reacción inmediata entre las instituciones públicas y privadas ante la desaparición o sustracción de personas menores de edad; el Protocolo conjunto homologado para la investigación de mujeres mayores de edad desaparecidas y no localizadas y la Guía de valoración de riesgo de muerte de mujeres.
“Se pretende con esto que las investigaciones por desapariciones de mujeres y por delitos de femicidio se realicen con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. De esta manera debe visibilizarse los roles y estereotipos que tradicionalmente han sido atribuidos a una mujer por el sexo que le fue definido, por su identidad y orientación sexual”, detalló.
“Más allá de esto, corresponde analizar los patrones sociales y culturales que inciden en que se perpetúe la violencia estructural en perjuicio de esta población. Corresponde visibilizar no solo el nombre de la persona víctima, si no el de la familia que le subsiste, comprender los roles que desempeñaban en su diario vivir, cuáles eran sus temores y sus pasatiempos, explorar el contexto en el que se desenvolvía y, a partir de esto identificar las situaciones de riesgo que podía estar enfrentando”, resaltó.
La fiscala Hannia Rodríguez Jiménez, indicó que la conferencia fue de mucha utilidad. “Aclaré y aprendí sobre los enfoques que tiene este tema y sobre casos que se pueden dar a diario y que no tenía conocimiento de cómo tramitarlos. Luego de recibir esta charla, podrá darle un enfoque de género a los casos en los cuales son niñas la parte agraviada”, destacó.
La fiscal coordinadora de Turrialba, Marisol Muñoz Prado, señaló que la información compartida en la conferencia fue de sumo interés y utilidad para el trámite diario, ya que no solo se sensibilizó sobre el tema, sino que se dotó de herramientas prácticas importantes para el abordaje de los casos.
Por su parte, el funcionario Guillermo Barquero Duarte, refirió que “la información compartida en la conferencia es de suma utilidad en nuestra función fiscal, ya que nos brinda información práctica para el correcto abordaje de las investigaciones, además nos sensibiliza y nos ayuda a comprender este fenómeno delictivo”.
La actividad académica fue organizada por la Fiscalía Adjunta de Género, en conjunto con la Unidad de Capacitación y Supervisión, y participó personal fiscal, judicial y profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Las fiscalías que componen la Columna de Poblaciones Vulnerables participaron en una feria de servicios en Upala, organizada por el Organismo de Investigación Judicial, el miércoles 26 de febrero.
La comunidad se reunió en el parque central del cantón, donde recibió información de los servicios que ofrecen las fiscalías de género, penal juvenil, niñez y adolescencia y asuntos indígenas.
Mayra Campos, fiscal adjunta de la columna, destacó que la actividad fue una oportunidad para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia abierta que impulsa el Ministerio Público (MP).
"Se trató de un acercamiento con la comunidad y las personas usuarias , que nos permitió conocer sus inquietudes y necesidades, y las oportunidades de mejorar y exponer los servicios que brinda la institución, y en especial el de las fiscalías de la Columna. Fue un espacio para dar vida a la misión del MP, protegiendo a las personas usuarias, en especial las vulnerables, y a la visión, actuando oportunamente ante las situaciones en que se han afectado sus derechos", manifestó Campos.
Durante la jornada, personal de la fiscalía impartió dos charlas sobre Derechos Humanos y Ley Penal Juvenil en la Escuela Teodoro Picado y en el Colegio Técnico de Upala. También se les brindó un taller sobre grooming, sexting y sextorsión.
De esta manera las instituciones buscar realizar encuentros comunitarios para dar a conocer los servicios a los que la ciudadanía tiene acceso.
Los encuentros comunitarios consisten en el acercamiento del Ministerio Público a la comunidad con el fin de dar a conocer los valores y funciones de la institución, promover la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en la identificación y formas de abordar el fenómeno criminal en las zonas visitadas, recomendaciones para mejorar el servicio público y finalmente, recolectar la información que va a ser procesada por las fiscalías con el fin de hacer una devolución efectiva que será expuesta en las rendiciones de cuentas.
