UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló, el 19 de mayo, la actividad formativa “Prisión Preventiva y Medidas Cautelares”, con la participación de 24 personas funcionarias de todo el país. La actividad se realizó bajo modalidad presencial, en el Auditorio Memorial de la UCS.

Este espacio brindó a las personas participantes herramientas para la aplicación efectiva de la prisión preventiva y de las medidas cautelares, con la finalidad del aseguramiento procesal y la aplicación de la ley.
El equipo facilitador estuvo conformado por la fiscal adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, y el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, Pablo Jiménez Trejos.

El fiscal señaló que “este tipo de actividades permiten el intercambio de experiencias y de establecer líneas uniformes por parte de los representantes del Ministerio Público, en las peticiones de medidas cautelares ante las autoridades jurisdiccionales. Además, de generar conciencia en el respeto de los derechos fundamentales de las partes del proceso penal, basados en los principios de objetividad y legalidad”.

Por su parte, la jefa de la UCS recalcó que, “como fiscales del Ministerio Público, estamos en la obligación, apegados al principio de objetividad, a determinar la necesidad o no, de solicitar medidas cautelares en contra de las personas imputadas dentro de un proceso penal, para garantizar de alguna manera las resultas del proceso, realizando un análisis crítico y lógico de los presupuestos exigibles por nuestra normativa y de las condiciones propias de las partes involucradas. De este modo, nos aseguramos de que el proceso logre continuar hasta su fin, y que las partes tengan una respuesta efectiva por parte del Estado”.

UCS. Un total de 13 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participó de la actividad académica presencial “Estrategias para la entrevista forense con víctimas de violencia sexual y violencia doméstica penalizada, uso de Cámaras de Gesell”, la cual fue coordinada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). Esta se realizó en los Tribunales de Justicia de Puntarenas, del 12 al 14 de mayo.

La capacitación tuvo como propósito dotar al personal profesional y fiscal del MP, encargado de la atención de víctimas de delitos sexuales, violencia doméstica y especialmente en los incluidos en la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres, de las mejores técnicas de actuación en la atención de las personas menores y mayores de edad, investigación de los delitos, así como, la implementación de los nuevos modelos de trabajo utilizados en el Poder Judicial.

El equipo facilitador estuvo conformado por la fiscala Adjunta de Género, Debby Garay Boza, y la jefa a.i. de la Sección de Psicología del Poder Judicial, Anneth Arroyo Sánchez.

“Este espacio permitió a profesionales del Ministerio Público, de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y del Departamento de Trabajo Social y Psicología, fortalecer sus competencias para la atención de personas víctimas, garantizando entrevistas empáticas y ajustadas al protocolo de entrevista de NICHD (entrevistas forenses para niños víctimas de abuso sexual y entrevistas para la investigación general)”, destacó la jefatura de la Fiscalía de Género.

Garay manifestó que la formación abordó temas sobre la importancia del uso adecuado de la Cámara de Gesell como herramienta clave para proteger la integridad de las personas entrevistadas y asegurar la validez del testimonio en el ámbito penal, así como otros usos en distintas diligencias judiciales, en atención al compromiso institucional con la formación del personal en temas del respeto a los derechos humanos.

Arroyo, por su parte, recalcó que el curso buscaba fortalecer las habilidades de las personas profesionales en la atención de víctimas de violencia sexual y violencia doméstica penalizada, brindando herramientas especializadas para la correcta realización de entrevistas forenses, con énfasis en el uso de cámaras de Gesell, un recurso clave para garantizar un entorno seguro y evitar la revictimización de las personas afectadas.

“La participación en este curso reafirma el compromiso del personal judicial con la formación de profesionales altamente capacitados en la defensa de los derechos de las víctimas y la implementación de prácticas que garanticen justicia y protección”, enfatizó.

Para el desarrollo de la capacitación, se brindó a las personas participantes elementos teóricos y ejercicios prácticos a las personas participantes, para que faciliten y potencien el uso de técnicas de entrevista tendientes a la disminución de la victimización secundaria, haciendo uso del equipo de grabación instalado en los Circuitos Judiciales del Poder Judicial.

La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV) presentó, el 30 de mayo, un informe sobre el resultado de sus labores en el 2024. La actividad tuvo lugar en el Salón Memorial del Ministerio Público (MP), ubicado en la Unidad de Capacitación y Supervisión, San José. 

El evento convocó a representantes de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, jefaturas del MP, a personal profesional y administrativo de dicha oficina, así como personas ciudadanas.

La fiscala adjunta de la ODCVD, Ana Daisy Quirós Barrantes, expuso los resultados estadísticos, donde destacó la cantidad de 2.424 casos terminados; 3.836 señalamientos atendidos a nivel naciones, así como la presentación de 1.532 acciones civiles y ocho sucesiones.

“Acercándose a la comunidad, mediante un acto de transparencia, expusimos el resultado de las labores realizadas durante el período 2024.  Se hizo énfasis en la empatía al momento de representar a las personas víctimas que procuran una compensación económica producto del daño y secuelas que les ocasiona el delito, además del compromiso en la búsqueda del efectivo resarcimiento” afirmó.

Por su parte, el abogado coordinador de la Unidad de Ejecución de la Sentencia Civil, Andrés Villavicencio Arroyo, detalló que se contabilizaron 72 demandas de ejecución, en representación de las personas víctimas actoras civiles.

El funcionario destacó la importancia de informar, justificar y responsabilizar a la oficina de la gestión que realiza, lo que le permite mejorar diariamente.

La coordinadora de la Unidad de Gestión Financiera y Administrativa, María Isabel Argüello Carvajal, se refirió a los resultados económicos, tanto en procesos ordinarios como en ejecución de sentencia civil, además, sobre la ejecución presupuestaria de la Oficina.

“La rendición de cuentas es un acto que permite generar una relación cercana y de confianza con funcionarios y funcionarias de instituciones públicas o privadas, así como la ciudadanía en general. Es grato para la Unidad de Gestión Financiera y Administrativa, informar los resultados económicos de interés público período a período con transparencia y alto compromiso”, destacó.

Otros datos. Durante el 2024, la ODCV logró, por liquidación, en compensación al daño en la etapa penal para las personas actoras civiles, un total de ¢4,618,593,514.41, de los cuales ¢1,741.601.140.25 fueron efectivamente recibidos por estas.

Además, por los procesos en etapa de ejecución de sentencia civil, las personas actoras recibieron un total de ¢45,853,277.03.

La jefatura de la ODCV, recalcó las acciones realizadas durante el año, para mejorar el servicio que brinda la oficina, como las capacitaciones, divulgación de servicios, atención de poblaciones en vulnerabilidad, y la promoción de reformas legales en el artículo 40 del Código Procesal Penal y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para la protección de los derechos de la persona usuaria.

Para mayor detalle de los contenidos expuestos, puede ingresar al Informe Anual 2024 de la ODCV, por medio de la siguiente dirección: https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/