- Fiscalías del I, II y III Circuito Judicial presentaron sus resultados 2024 en acto público dirigido a la población.
La coordinación y relación estrecha de diversos cuerpos policiales con las fiscalías adjuntas del I, II y III Circuito Judicial de San José permitió la persecución de personas y organizaciones criminales que hicieron incrementar la incidencia delictiva en importantes sectores del Área Metropolitana, como el cantón central de San José, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, Curridabat, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Hatillo y San Sebastián.
En la primera rendición de cuentas del año, realizada el 10 de abril en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, los tres despachos dieron cuenta sobre cómo el trabajo conjunto y la capacitación ofrecida a las distintas policías hicieron que se identificaran los fenómenos delictivos que más daño estaban causando a la población, para fijar objetivos de persecución penal y fortalecer los casos en investigación.
De acuerdo con el fiscal jefe de la Fiscalía de Pavas, David Padilla, la coordinación con las policías permitió la detección temprana de delitos como el narcomenudeo y el uso de armas en delitos violentos, para tomar decisiones que permitieran la detención de los sospechosos.
En el cantón central de San José, se logró reducir considerablemente los delitos de estafa que afectaban a transeúntes que pasaban a diario por la capital, quienes fueron presa de diversos timos para despojarles de sus bienes. Así lo confirmó el fiscal adjunto del primer circuito judicial, Álvaro Montoya.
Por su parte, Dixiela Madrigal, fiscal adjunta del tercer circuito, a quien le corresponde la atención de decenas de barrios violentos del sur de la capital, afirmó que en su jurisdicción la delincuencia que se presenta es homogénea, siendo los delitos contra la propiedad los que se presentan con mayor incidencia.
De acuerdo con Montoya, en la fiscalía a su cargo, los distritos Hospital, Merced y Catedral suman el 25%, 22% y 20%, respectivamente, de la totalidad de los delitos presentados, sin embargo, es en Hospital y en Uruca en donde se registran casos de mayor violencia, principalmente homicidios.
En el acto de rendición de cuentas estuvo presente el fiscal general, Carlo Díaz, quien expuso a los asistentes información estadística sobre los resultados del Ministerio Público, particularmente los del las fiscalías que expusieron sus resultados correspondientes al 2024.
Como parte del compromiso interinstitucional para la atención de delitos ambientales, el pasado 3 de abril, se llevó a cabo la reunión oficial que permitió la creación de la Comisión Regional de Seguridad Ambiental, en la zona sur del país.
En esta participaron miembros del Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y otros grupos activos.
El fiscal adjunto de la Fiscalía Ambiental, José Pablo González, explicó que, desde el 2016, la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental ha trabajado en la persecución, investigación y coordinación conjunta, para el combate de los delitos ambientales, con énfasis en delincuencia organizada.
“Sabemos que no es suficiente abarcar todo el país, por lo que empezamos a crear comisiones regionales en las zonas del país donde contamos con personal fiscal ambiental. Tenemos grupos en Guanacaste, en Limón y ahora en la zona sur, específicamente en Osa”, señaló.
González señaló que, durante esta primera mesa de trabajo, se discutieron temas importantes y urgentes que afectan la zona, para trazar una ruta.
Durante el encuentro, se realizaron charlas sobre la estructura del MINAE, las políticas de persecución en delitos ambientales, pérdida de biodiversidad, tráfico de vida silvestre, WebApp para la atención de fauna rescatada o decomisadas, y mapeo de problemas de esta materia.
El fiscal adjunto de la Columna de Probidad y Transparencia, Miguel Ramírez, estuvo presente en la actividad y señaló la importancia de cubrir con comisiones regionales aquellas zonas que se ven más afectadas por la criminalidad que afecta el ambiente.
“Hemos visto un incremento en los delitos ambientales, por lo que debemos unirnos para continuar abordando esta problemática de la manera más rápida, no solo desde nuestro campo represivo, sino con estrategias preventivas”, destacó.
El funcionario enfatizó en que Costa Rica se ha mostrado al mundo como un país verde, ecológico, con variedad de flora y fauna. “Por eso no podemos dejar que esta delincuencia se adueñe de nuestra biodiversidad”, mencionó.
UCS. Dentro de los procesos de formación que imparte la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), se encuentra el Programa en habilidades blandas, el cual pretende fortalecer y resaltar las destrezas con las que cuenta el personal de la institución, para desarrollar una eficiente y proactiva labor.
El 14 de marzo, las Fiscalías de San Ramón y Grecia recibieron la charla “Fortaleciendo nuestras habilidades blandas”, la cual estuvo a cargo de la psicóloga de la UCS, Priscila Elizondo Hernández.
La funcionaria expuso temas relacionados con el trabajo en equipo, la importancia de destacar las capacidades del personal a través de la motivación y tener una actitud positiva para realizar el trabajo.
El espacio permitió que el personal asistente participara activamente de la acción formativa, por medio de actividades que motivaron a los participantes a comunicarse y a buscar estrategias en grupo para lograr cumplir con los objetivos de los diferentes juegos.
De acuerdo con el fiscal adjunto de San Ramón, Fernando Arguedas Rojas, la formación constante del personal del MP debe abarcar no solo el conocimiento jurídico requerido para el nuestro desempeño de la función judicial, sino también es necesario que se incluya la capacidad de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos.
“Esto nos permite lograr una resolución eficiente y creativa de problemas y así reconocernos y manejarnos mejor a nivel emocional, plantearnos objetivos y planificar para conseguirlos. En este contexto, los funcionarios de estas Fiscalías recibimos fuera de las oficinas en las que desarrollamos nuestro trabajo y fue un espacio muy provechoso para aprender sobre estas habilidades y cómo el ponerlas en práctica nos beneficia no solo a nosotros mismos en lo personal, sino también a nuestros usuarios, al generar un servicio público más eficiente y empático en los casos que tenemos a nuestro cargo”, señaló.
Por su parte, la fiscala Milena Paniagua Mejías, resaltó que “la actividad de fortalecimiento de las habilidades blandas fue una experiencia muy enriquecedora, ya que nos permitió retomar detalles importantes de nuestro diario vivir en la convivencia con nuestros compañeros, para valorar las habilidades de todos en conjunto y como un equipo de trabajo, lo cual implica, comprender, tener empatía y solidaridad con los demás, pues no somos solo trabajadores y trabajadoras, sino, también somos personas, con historias de vida que debemos respetar y muchas veces comprender en nuestro trato diario”.
La capacitación se realizó en una finca ubicada en San Isidro de Grecia, Alajuela.
Un total de 70 personas facilitadoras judiciales participaron de la segunda
Jornada Informativa del Ministerio Público (MP). La actividad se realizó el 26 de marzo, mediante la plataforma de Microsoft Teams de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
El objetivo de esta era ampliar el conocimiento de estas personas sobre las funciones y servicios de la institución. Para ello, como expositor, se contó con la participación del fiscal de la Fiscalía General, Freddy Fallas Barrantes.
Asimismo, estuvo la fiscala adjunta de la Columna de Fiscalías de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga; y con la profesional del Área de Justicia Abierta y Participación Ciudadana del MP, Rosibel Barboza Elizondo.
Durante la participación de Fallas, este recalcó la importancia de que las personas facilitadoras judiciales conozcan os delitos que se comenten con mayor regularidad, así como las oficinas que recibieron más denuncias a nivel nacional.
El funcionario además aprovechó el espacio para explicar algunos de los procedimientos que son utilizados por los delincuentes para atraer a sus víctimas.
Por su parte, Campos dijo que esta segunda jornada es una buena oportunidad para dar a conocer la visión general de la labor que tiene el MP, la cual se hace con objetividad y transparencia.
La fiscala adjunta agradeció la participación y a la persona especialista por su apoyo a estas jornadas de inducción, la cual se realiza gracias a la colaboración de la Comisión Nacional del Mejoramiento de Acceso a la Justicia (CONAMAJ), la Fiscalía General y la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables.
Durante el evento de capacitación, las personas facilitadoras judiciales se refirieron a situaciones que se dan en sus comunidades e interactuaron con el fiscal Fallas, como canales entre el MP y sus comunidades.
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) recibió la calificación de sobresaliente por su gestión en la continuidad del servicio durante el periodo 2024. Incluso se señaló que, a la fecha, el despacho se mantiene como única oficina con esa evaluación.
La noticia fue confirmada a la Oficina por el jefe del Subproceso de Gestión de la Continuidad de Servicio del Poder Judicial, Melvin Obando, en un oficio remitido a ese despacho del Ministerio Público.
“Se buscó verificar el cumplimiento por parte de las oficinas y despachos, en cuanto a su responsabilidad que las acciones implementadas para la gestión de continuidad de servicio. En cuanto al resultado, es de nuestro agrado informarle que su oficina se identifica, a la fecha, como la única clasificada en condición de sobresalientes”, señaló Obando a la OAPVD.
El fiscal adjunto de la Oficina de Atención a la Víctima, José Ángel Peñaranda, mencionó que recibió la noticia con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso.
“Este logro no es solo un reflejo del esfuerzo y la dedicación de nuestro equipo, sino también de nuestro firme compromiso con la mejora continua y con garantizar la prestación de nuestro servicio crítico ante eventos disruptivos”, dijo.
“Agradezco al Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio por su apoyo y reconocimiento. Este es un incentivo para seguir trabajando arduamente, asegurando que nuestras prácticas no solo cumplan con los estándares establecidos, sino que también sirvan de referencia dentro de nuestra institución”, concluyó.
UCS. El personal de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y de la Fiscalía General se capacitó en el tema “Protocolo Institucional”. La actividad se realizó el 10 de marzo.
Se contó con la participación de la jefa de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Judicial, Sugey Coto Elizondo, quien abordó temas específicos sobre las normas de protocolo que se deben respetar en eventos ceremoniales y académicos, con la finalidad de ofrecer un servicio óptimo a la persona usuaria.
Entre los temas desarrollados, se explicó la posición en la que se deben colocar las banderas (de países y/o instituciones), recepción de visitas de personas miembros de los Supremos Poderes, el rol de la persona moderadora, recomendaciones de vestimenta, ubicación de personas invitadas según su cargo, entre otros temas.
“La capacitación nos permitió comprender de manera más adecuada la importancia de la formalidad, etiqueta y reglas protocolarias que se deben observar en los eventos que involucren a la institución, proyectando una imagen más profesional del MP. Agradezco profundamente a la facilitadora por compartir su conocimiento y a la UCS por la invitación, les insto a continuar con este tipo de actividades formativas”, señaló la fiscala Fabiola Luna.
Por su parte, Kevin Monelle, resaltó que la capacitación fue de suma importancia para las personas asistentes de la UCS, ya que brindó herramientas para actuar en determinados eventos que requieren la implementación del protocolo.
“Por ejemplo, en los actos oficiales o con determinado nivel de prestigio, el protocolo establece las normas de comportamiento que se requieren ejecutar durante el acto. Estas reglas favorecen el desarrollo atento y habitual de la celebración, ya sea un acto de carácter internacional, o bien, en otros ámbitos de aplicación, como eventos sociales, laborales e institucionales (actividades formativas), en los cuales se suelen aplicar muchas normas protocolares, lo que obliga a las personas anfitrionas y asistentes a estar al tanto de las principales pautas a seguir”, enfatizó.
Durante la formación, las personas participantes realizaron ejercicios de aplicación del conocimiento que les permitió poner en práctica lo aprendido.
La formación se realizó en el Auditorio de la UCS.
Con la participación de 97 personas facilitadoras judiciales, inició la actividad de Jornadas informativas del Ministerio Público (MP), cuyo objetivo es ampliar el conocimiento de este grupo sobre las funciones y servicios de la institución. Esta se realizó el 12 de marzo, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.
El acto de apertura estuvo a cargo del magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, quien también es el presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).
Alfaro manifestó su agradecimiento a las personas facilitadoras judiciales por el trabajo que realizan y la importancia de los temas que se tratarán durante siete jornadas informativas, los cuales, según señaló el magistrado, no fueron escogidos al azar, sino a solicitud de los participantes.
El presidente de CONAMAJ resaltó la necesidad de tener facilitadoras y facilitadores judiciales bien formados, que puedan certificar con un amplio conocimiento del rol del Ministerio Público.
Durante el evento, también estuvieron la fiscal adjunta de la Fiscalía General, Martha Brenes Montenegro; la Directora Ejecutiva de CONAMAJ, Sara Castillo Vargas; la fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Tatiana García Chaves; la profesional de la Comisión, Daniela Guevara Walker; y la profesional del Área de Justicia Abierta y Participación Ciudadana del MP, Rosibel Barboza Elizondo.
La fiscala adjunta Martha Brenes también agradeció a las personas facilitadoras judiciales por el apoyo que brindan y que continuarán dando, para la resolución de los diferentes conflictos, como parte del enlace que se da entre la comunidad y el sistema de justicia. La funcionaria destacó la importancia de los temas a tratar y la necesidad de hacerlos de conocimiento de la ciudadanía, para que se pueda actuar dentro del marco legal.
La fiscal coordinadora de la (FAPTA), fue la expositora de esta primera jornada, quien durante su participación desarrolló el tema "Organización, función y rol del Ministerio Público". Ella destacó la importancia de que las personas participantes adquieran el conocimiento para transmitirlo de una forma correcta a cada comunidad.
Por su parte, la Directora de CONAMAJ, manifestó su admiración hacia las personas facilitadoras judiciales por el compromiso con sus comunidades, el interés de aprender y su curiosidad por el conocimiento que los hace brindar un mejor servicio comunal.
Estas jornadas se desarrollarán entre marzo y junio.
- MP, OIJ, Minae y MSP atendieron, en conjunto, más de 10.000 incidentes.
- 90 por ciento de los asuntos se relacionan con pérdida de biodiversidad por actividades humanas.
11 de marzo del 2025. Con el combate al crimen organizado como principal eje, la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental (CNSA), coordinada por la Fiscalía Adjunta Ambiental, presentó los resultados de la labor realizada en el 2024 y el plan de trabajo del período 2025.
Este órgano está integrado por el Ministerio Público (MP), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y, desde el 2016, se basa en la cooperación interinstitucional para dar un abordaje integral y especializado a la delincuencia ambiental.
Esto se vuelve determinante si se toma en cuenta que las causas tramitadas por Fiscalía Adjunta Ambiental el año pasado ascendieron a 2.340 denuncias, el grueso de estas por delitos como tala, invasión a áreas de protección, pesca ilegal y tráfico de vida silvestre.
Precisamente, los casos de infracción a la Ley Forestal, la primera de estas problemáticas, representaron 1.384 denuncias, un número notoriamente mayor que las 241 causas por delitos establecidos en el Código de Minería y 239 por infracción la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.
Avances. José Pablo González, fiscal adjunto Ambiental, resaltó que los avances del año pasado incluyeron, entre otras iniciativas, la realización de tres talleres respecto al manejo adecuado de animales silvestres decomisados y rescatados, en el que participaron personas funcionarias del MP, Senasa, Seguridad Pública, OIJ y Minae.
Así como lo donación de 27 kits para el manejo de animales para las últimas tres instituciones y el desarrollo de una aplicación web para apoyar el cumplimiento de la ley sobre el manejo de fauna silvestre decomisada o rescatada.
González subrayó que los esfuerzos en la persecución de los delitos ambientales no se deben ver únicamente como iniciativas para la conservación de especies, sino como algo “fundamental para nuestra calidad de vida y para nuestra supervivencia y la de nuestros descendientes”.
En la actividad también se reveló parte del trabajo conjunto con la Sección Especializada Contra los Delitos Ambientales del OIJ, el cual dejó como resultado 52 allanamientos realizados, la detención de 13 personas y el decomiso de 243 animales silvestres.
La Fuerza Pública, por su parte, concretó 631 aprehensiones o decomisos, de las cuales 268 se relacionaron con materia de minería, 174 con biodiversidad y vida silvestre y 189 con el tema forestal.
Hoja de ruta. En la actividad también se presentó el plan de trabajo para el 2025, dentro del que se mantienen las iniciativas de capacitación como una de las principales estrategias para procurar una mejor atención de los casos.
Asimismo, reforzar el rol de la CNSA en el apoyo y seguimiento a los casos prioritarios y complejos a nivel nacional, con un enfoque en actividades ilegales en ámbitos como minería, vida silvestre y cibercrimen. Además del desarrollo de una campaña para prevenir delitos ambientales, dirigida a turistas que ingresen por medio de aeropuertos y fronteras terrestres, entre otros proyectos.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) realizó una gira de trabajo al territorio indígena de Coto Brus, específicamente a La Casona y Copey Abajo, con el fin de acercar los servicios del Ministerio Público.
La visita estuvo a cargo de la fiscal Cinthya Elena Cárdenas Camareno, quien atendió a las personas en la Escuela Jönkruhorä, el 3 de marzo.
Durante la actividad, la FAI impartió una charla sobre temas referentes relaciones impropias, Justicia Penal Juvenil y Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres. Asimismo, se evacuaron dudas de las personas asistente.
Se aprovechó para informar que, en los próximos días, se realizarán otras visitas al territorio indígena, con la finalidad de realizar diligencias y brindar capacitación en temas que resulten de interés, para las personas indígenas habitantes del territorio.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas reafirmó el compromiso de trabajar de manera eficiente y eficaz para garantizar que los derechos de las personas indígenas que habitan el territorio nacional les sean respetados y no se le vulneren, para tal efecto, se realizan campañas de sensibilización dirigidas al personal del Ministerio Público para que se brinde un servicio público de calidad y humano a las personas de población indígena.