Las 16 sedes de la Oficina de Defensa Civil de las Víctima (ODCV) recibieron la acreditación y reacreditación del Sello de Gestión Documental, el cual permite mayor control, organización, seguridad y custodia de los documentos que genera la entidad.

La incorporación de los procesos establecidos para llevar a cabo las diligencias fue gracias al compromiso y el trabajo desarrollado por el personal de la ODCV.

Estas acreditaciones permiten estandarizar la gestión judicial, técnica y administrativa, así como agilizar la ubicación, trámite y preservación de los documentos. De esa manera, se prevé la mejora continua del servicio que brinda del despacho.

UCS. La organización no gubernamental Humane Society International (HSI), con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América y la colaboración de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), desarrolló el curso “Entrenamiento avanzado en el abordaje de peleas de animales” a 15 personas fiscales.

El curso abordó temas relacionados con el vínculo entre crueldad animal y violencia en los seres humanos, la conexión de las peleas de animales con actividades violentas, mitos, parafernalia, montajes típicos, defensas y excusas comunes, tanto en las peleas organizadas de perros, como de gallos, entre otros.

El espacio académico procuró sensibilizar a las personas participantes con el tema de las peleas entre animales, específicamente perros y gallos, con el fin de brindar, además, herramientas que apoyen la investigación, la protocolización y el abordaje de estos casos en Costa Rica.

Natalia López Vindas, fiscal auxiliar de Heredia, destacada en el equipo de Descongestionamiento del rezago, indicó que, “el aporte de los facilitadores estadounidenses  nos brindó un mayor conocimiento sobre el abordaje, manejo de escenas, cadena de custodia, incautación de dinero producto de apuestas, así como, la ubicación de los animales, su adecuado manejo y rehabilitación, esto definitivamente amplía nuestro conocimiento para el momento en que tengamos que tramitar un caso en grande, como los expuestos. El tema es sensible, más para quienes tenemos amor por los animales, pero es una realidad que se debe combatir”.

El fiscal auxiliar Kenneth Picado Cedeño afirmó que “el curso fue muy interesante, mostró las técnicas utilizadas por grupos criminales, para el planeamiento y ejecución de las peleas de animales organizadas, evadiendo el control de las autoridades, en países como México y Estados Unidos, se acotaron diferentes argumentos utilizados por la defensa de las personas involucradas en estos ilícitos, aludiendo características biológicas o excusas culturales y religiosas, lo cual sin duda alguna, constituye insumos muy importantes que, como fiscales, podemos adaptar a nuestro ordenamiento jurídico, para enfrentar este tipo de delincuencia”.

La coordinación entre el MP y la organización HSI fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien indicó que estos espacios de capacitación son muy valiosos, pues generan que las personas funcionarias no sólo adquieran herramientas que les permita tener un mejor manejo de las investigaciones y las acusaciones en casos relacionados con esta materia, sino, además, mantenerse actualizadas sobre técnicas de abordaje e investigación novedosas, desarrolladas en otros países de la región.

Esta actividad se llevó el 20 y 21 de noviembre, en el Hotel Bougainvillea, en Santo Domingo de Heredia.

UCS. El 27 de noviembre, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público realizó la conferencia “Igualdad Jurídica de las Personas con Discapacidad”, a cargo del psicólogo Federico Monge Aguilar, profesional del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes.

Esta acción formativa se impartió, de manera presencial, en el Auditorio de la UCS a personal fiscal, técnico judicial y profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del delito (OAPVD).

El expositor se refirió sobre los conceptos de igualdad, discapacidad, vulnerabilidad, poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas, acciones afirmativas, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Monge afirmó que es importante comprender que, desde una perspectiva de Derechos Humanos, la igualdad no significa una ausencia de diferencias.

“Somos diferentes, y para que el trato desde la ley sea justo y equitativo, requiere el reconocimiento de diferentes condiciones que producen tratos diferenciados en la práctica. Aunque hay características o condiciones que vienen con la persona, hay aspectos más socio-culturales que les dan un significado e interpretación a dichas condiciones, lo cual tienen como resultado actos de discriminación o trato diferenciado, que sería distinto si se viviera en otra cultura o momento histórico”, señaló.

Por su parte, el participante Léster Delgado Chavarría, dijo que la charla le permitió ampliar conocimientos, creando una conciencia diferenciada en el trato y acceso a la justicia de esta población”.

De igual manera, Donald Arias Valverde, psicólogo OAPVD, indicó que “esta capacitación es sumamente innovadora, importante y fundamental, la visión empática en la cual se enfoca el facilitador, es una herramienta muy importante para poder entender a que se enfrenta las personas con discapacidad, personalmente ese momento me sirvió para poder entender que no todas las personas somos iguales ni tenemos las mismas posibilidades, de manera fundamental entender a que se enfrenta la persona con discapacidad y poder marcar diferencia en la atención que se les brinda desde una visión con mayor empatía”.

Por su parte, la fiscala de la UCS, Mayela Pérez, afirmó que es importante comprender la discapacidad y respetar los derechos humanos y fundamentales de las personas con discapacidad; de esta manera se promueve el acceso a la justicia de esta población, conforme lo dispuesto en la normativa internacional.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas coordinó para que se impartiera una charla sobre el deber de denunciar hechos delictivos, en perjuicio de la población menor de edad, como parte del compromiso que tiene ese despacho, en la atención correcta de los casos que involucra a esta población.

La actividad estaba dirigida a personal del Patronato Nacional de la Infancia, Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio de Educación Pública y jefaturas de las áreas de salud de la provincia.

La capacitación se desarrolló el 06 de diciembre y estuvo a cargo de la fiscala adjunta y la fiscala coordinadora de la Niñez y Adolescencia, Rocío De La O y Floribeth Rodríguez, respectivamente.

“Este tipo de actividades nos ayudan a reforzar la importancia de que, como personas funcionarias públicas, debemos denunciar los delitos que se comentan en perjuicio de personas menores de edad. De esa manera, se busca que estas reconozcan qué hechos deben denunciar, cuándo hacerlo y por qué es necesario que cumplan con ello”, explicó la fiscala adjunta de Puntarenas, Dayana Suárez.

La funcionaria señaló que este ejercicio permitió recordar al personal de las distintas instituciones que es una obligación del personal denunciar estos ilícitos, pues, de lo contrario, también estarían incurriendo en la comisión de un delito.

Se prevé que en el 2025 se realice una segunda capacitación. 

UCS. Como parte del programa de regionalización, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló los talleres virtuales Planificación de la Investigación Penal y Actos conclusivos e imputación.

Ambos estuvieron dirigidos al personal fiscal y técnico judicial de la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, y se realizaron el 07 y 15 de noviembre, respectivamente.

La primera actividad tuvo como eje principal desarrollar competencias y destrezas que permitan al personal fiscal realizar investigaciones de calidad en el desempeño de sus funciones, acordes con los principios de objetividad, legalidad y eficiencia en el servicio.

El taller de actos conclusivos e imputación permitió brindar herramientas para la elaboración de la acusación fiscal cumpliendo con las exigencias normativas para un adecuado ejercicio de la acción penal, así como comprender la estructura de la acusación.

Para la ejecución de estos espacios se contó con las intervenciones Cindy Carpio Obando, Geannina Gutiérrez Herrera y Omar Jiménez Madrigal, personal fiscal de la UCS.

La expositora Carpio Obando, quien tuvo a cargo la ponencia Planificación de la Acción Penal,  manifestó que "esta actividad  busca refrescar y generar conocimientos básicos acerca de la planificación de la investigación penal y la dirección funcional, los cuales, son temas de fundamental importancia en la labor diaria de todos los fiscales y las fiscalas, en aras de procurar se realicen investigaciones de calidad en apego a los principios de objetividad y legal y que además, se pueda realizar una adecuada gestión del tiempo, para poder dar una respuesta más rápida a la persona usuaria".

Por su parte, el facilitador Omar Jiménez, responsable de la exposición Actos conclusivos e imputación, indicó que el ejercicio de la función fiscal impone la obligación de perfeccionar una serie de competencias que le permitan representar de la mejor manera tanto a la víctima del proceso penal, como al Estado mismo.

“Una de las competencias más cruciales es la de la formulación de requerimientos fiscales conclusivos, este nodo crítico del proceso define en gran medida la posibilidad que tiene el Ministerio Público de tener éxito en la representación de los intereses de la víctima y compulsar adecuadamente la Acción Penal”, señaló.

El funcionario detalló que, por esa razón, la UCS ha impulsado la acción formativa, para brindar a las personas fiscales un espacio para mejorar sus competencias, conocer buenas prácticas y determinar vicios y malas prácticas en la formulación de actos conclusivos, así como compartir los últimos criterios jurisprudenciales y doctrinarios en relación con este importante tema, todo buscando cumplir con la obligación de representar tanto a la Víctima como al Estado costarricense, de le mejor forma posible.

Para la ejecución de los cursos, se dividieron los grupos entre la primera y segunda audiencia, modalidad que permitió impartir los contenidos a todo el personal, sin afectar el servicio que brinda la fiscalía.

Como parte del acto de clausura de las “Jornadas informativas sobre la función y los servicios del Ministerio Público”, las cuales son dirigidas por la Columna de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, un total de 48 personas facilitadoras judiciales recibieron una capacitación de delitos ambientales.

La exposición estuvo a cargo del fiscal adjunto de la Fiscalía Agrario Ambiental, José Pablo González Montero. Esta tenía como objetivo ampliar el conocimiento de las personas facilitadoras judiciales, respecto a las funciones y servicios de la institución, respecto a este tipo de delitos.

Aparte del funcionario, también estuvieron la fiscala adjunta de la Columna, Mayra Campos Zúñiga, el profesional de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, Gabriel Salas Gutiérrez; y la comunicadora de la Fiscalía General, Rosibel Barboza Elizondo.

En el acto de clausura, Campos manifestó la importancia de tener un acercamiento con la comunidad, para que esta conozca la labor del Ministerio Público.

Por su parte, el fiscal ambiental hizo énfasis en la necesidad de que las personas facilitadoras judiciales sepan cuáles son las herramientas para interponer una denuncia y la necesidad de contar con pruebas para el trámite de casos.

La actividad se realizó el 13 de noviembre, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

UCS. Con dos charlas virtuales, el personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) fortaleció sus conocimientos en contenidos como liderazgo e Inteligencia emocional.

El espacio fue coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).

Las acciones formativas fueron expuestas por el psicólogo del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, Mynor Garbanzo Garita, quien, el 18 y 25 de noviembre, presentó las charlas “Liderazgo” e “Inteligencia Emocional”, respectivamente.

En relación con el tema liderazgo, la formación tuvo como finalidad desarrollar y fortalecer las habilidades, competencias y actitudes necesarias para que las personas lideren de manera efectiva, inspirando y guiando a otros hacia el logro de objetivos comunes, así como buscar preparar líderes para enfrentar desafíos, tomar decisiones estratégicas, fomentar la colaboración y promover un entorno de crecimiento tanto individual como organizacional.

La charla Inteligencia Emocional procuró desarrollar la capacidad de comprender, manejar y expresar las propias emociones de manera saludable, además de reconocer y responderlas adecuadamente buscando mejorar tanto las relaciones personales, como el desempeño profesional y el bienestar en general.

Según Mynor Garbanzo, los contenidos expuestos durante ambos días resultaron importantes e imprescindibles para el desarrollo efectivo de las funciones del personal judicial.

“Estos conocimientos fortalecen no solo el ámbito personal, sino también las competencias técnicas con herramientas prácticas que contribuyen a una gestión más eficiente, ética y alineada con los principios de justicia y equidad. Su aplicación garantiza un desempeño profesional que responde a las necesidades de cada oficina y a las exigencias del sistema judicial”, indicó.

De acuerdo con Saúl Arce Brenes, abogado de la OAPVD, “la temática impartida fue de gran relevancia para las personas participantes que fueron seleccionadas por desempeñarse como coordinadoras de los equipos de trabajo, pues hoy en día se requiere desarrollar habilidades de liderazgo siendo crucial que el talento humano de esta oficina se enfoque en diferentes áreas como, la comunicación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el manejo del tiempo. La comunicación efectiva es esencial para transmitir ideas, escuchar los -puntos de vista de los demás- y construir relaciones sólidas entre los equipos interdisciplinarios”.

Arce resaltó que, por el servicio público que brinda la OAPVD y la imperiosa necesidad de desarrollar competencias en el campo de la inteligencia emocional, permite que actividades formativas como esta, pongan el foco de atención en pro de la felicidad y el éxito, con mayor impacto en las habilidades internas e interpersonales, más que en el coeficiente intelectual de cada persona profesional de la oficina.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Adjunta Ambiental, la Conservación Internacional-Costa Rica (CI-CR) y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, ejecutó el curso “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para desincentivar la pesca ilegal y mejorar la respuesta operativa y de cumplimiento de la normativa pesquera nacional en el Golfo de Nicoya y Caribe".

En la actividad participaron 17 personas funcionarias públicas, entre ellas personal fiscal, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Guardacostas.

El curso abordó temas relacionados con la normativa internacional aplicable al contexto de la pesca y conservación de recursos marinos en el Golfo de Nicoya / Caribe, la situación actual de dichos recursos y el impacto de la pesca en el área, entre otros.

Doyle Delgado Androvetto, fiscal auxiliar de Santa Cruz, indicó que “la pesca ilegal prohibida o no permitida, ha impactado negativamente a pequeña, mediana y gran escala, los recursos marítimos y la población pesquera, sobre todo a aquellos pescadores artesanales que obtienen su sustento de forma legal gracias a esta labor y, a quienes esta delincuencia, ha venido a cercenar el acceso a dichos recursos marinos”.

“Estos cursos son muy importantes pues para la población judicial, el Servicio Nacional de Guardacostas y otros cuerpos policiales, es sumamente necesario tener conocimiento de la forma correcta de abordar estos delitos, para poder dar una respuesta más efectiva, defender los recursos pesqueros y darle un aprovechamiento correcto, a los mismos”, destacó.

La participante Lara Anderson Rana, funcionaria del SINAC, afirmó que “la capacitación sobre el manejo adecuado de situaciones relacionadas con la pesca ilegal nos brindó un valioso aprendizaje, especialmente en el perfeccionamiento de nuestros procedimientos. Para nosotros, como personas funcionarias del SINAC, esta experiencia ha sido especialmente enriquecedora, al permitirnos interactuar directamente con el personal fiscal. Este intercambio nos facilitó un análisis más profundo de los casos complejos y nos preparó mejor, para enfrentar nuevas casos”.

Finalmente, el señor José Pablo González Montero, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta Ambiental reseñó que, “una vez más, la UCS y la Fiscalía Ambiental, con el invaluable apoyo de la organización CI-CR, con quienes estamos muy agradecidos, al igual que con charlistas del Servicio Nacional de Guardacostas, logramos culminar otro curso de capacitación para distintos actores en el tema ambiental”.

El fiscal reconoció que la coordinación interinstitucional es uno de los temas más valiosos, por cuanto permite a las personas funcionarias de las distintas instituciones actuantes, el poder conocerse, comenzar nuevas alianzas y relaciones de trabajo, que facilitarán la investigación, acusación y juzgamiento de los delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura que les corresponde gestionar.

La gestoría del curso fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien señaló que estos espacios de capacitación resultan importantes, pues tienen como resultado personas funcionarias debidamente capacitadas para el manejo de las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento, de casos de alto impacto para el país, como lo son aquellos que afectan nuestros recursos marinos.

La capacitación se desarrolló el 21 y 22 de noviembre, en el Hotel Puerto Azul, en Puntarenas.