Sharon Hernández Coto

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25 de marzo del 2022. Con el objetivo de reforzar los canales de comunicación ​y coordinación entre la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y las delegaciones de Fuerza Pública en la región de San José, el pasado 23 de marzo se realizó una reunión entre ambas instituciones.  

En la actividad, ​llevada a cabo en las oficinas del Ministerio de Seguridad Pública, participó la fiscala adjunta Penal Juvenil, Debby Garay Boza, y la fiscala de ese despacho, Suhelen Brenes García, ​así como personal asesor legal y las jefaturas distritales de Fuerza Pública.

Durante el encuentro, la Fiscalía enfatizó el deber de denuncia que existe en la función pública ​y en la importancia de ejecutar una estrategia conjunta para enfrentar la violencia en los centros educativos. 

“Trabajamos en la importancia de recordar y replicar al personal de la Fuerza Pública, a cargo de las jefaturas presentes, la obligación de denunciar las situaciones que podrían constituir delito o contravención, en perjuicio de cualquier persona, niña, niño o adolescente; para que se replique la información al personal de la Fuerza Pública”, señaló la Fiscala Adjunta. 

Por otra parte, la jefa del despacho mencionó que también se asumió el compromiso de brindar la capacitación que requieren los cuerpos policiales, para poder continuar con la labor preventiva y la intervención de los centros educativos, como atención prioritaria al incremento de la violencia en estos. 

De acuerdo con la Fiscalía especializada, la reunión permitió avanzar en la identificación de centros educativos que constituyen una prioridad para el abordaje de charlas socioeducativas, tanto para estudiantes, como ​para el personal docente y administrativo. 

El Fiscal General a.i., Warner Molina Ruiz, afirmó que las acciones operativas del Ministerio Público (MP) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el 2021, no se vieron estancadas por aspectos relacionados con la pandemia y sus restricciones, y, por el contrario, se logró desarrollar trabajos de alto impacto para atacar la criminalidad. Así consta en el informe de labores que presentó ayer ante la Corte Plena, correspondiente a ese año.  

“En ese sentido, destacan las labores de la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Corrupción (FAPTA), en cinco grandes casos de impacto nacional, los que por su trascendencia acapararon la atención de la opinión pública, provocando reacción en distintos sectores de la sociedad”. El jerarca mencionó que esos casos corresponden a los conocidos popularmente como “Turesky”, “Pancho Villa”, “Cochinilla”, “Azteca” y “Diamante”. 

Molina también destacó las labores realizadas por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, despacho en el que, indicó, se ha intervenido en casos de gran impacto, como el operativizado el mes anterior en diligencias concentradas en Pérez Zeledón, con el denominado "caso Fénix".  

En la exposición, el funcionario también destacó temas relacionados con la Política de Persecución Penal, ciberdelincuencia y otras materias de poblaciones vulnerables, como hechos de violencia en perjuicio de personas menores de edad, asuntos indígenas, violencia de género y atención a víctimas y testigos. Además, destacó el trabajo realizado en materias ambiental, civil resarcitoria, cooperación internacional, formación fiscal, académica y de capacitación, política informativa y gestiones generales del despacho de la Fiscalía General.  

En la intervención virtual, que se extendió durante ​parte de ​ambas audiencias, el Fiscal General a.i. informó que, tras su designación en el cargo, el 29 de junio del 2021, se fijó dos objetivos específicos inmediatos, como lo fueron “mantener en marcha y en pleno funcionamiento la institución, evitando la parálisis institucional” y armonizar el ambiente laboral interno para generar confianza en la población acerca del trabajo que realiza la institución.   

“Al concluir el año de labores del 2021, se puede indicar que el modelo de gestión del Ministerio Público logró mantenerse en términos similares al 2020. A pesar de que, en el 2021 continuaron las restricciones sanitarias, debido a las nuevas variantes del COVID-19, todas las fiscalías y los demás despachos que forman parte de la estructura organizativa del Ministerio Público, lograron mantener los esquemas de trabajo formulados y aprobados durante ​la gestión de la jerarca anterior, sin cambios importantes”, manifestó el funcionario.   

En el informe, el Fiscal General a.i. señaló que, durante la etapa de transición, se ha cumplido de manera satisfactoria con los esquemas de trabajo habitual y con las medidas extraordinarias. "Se ha llevado a buen término los planes de trabajo especiales, el teletrabajo, la readecuación de horarios, la maximización de la tecnología y otras acciones, lo que ha permitido asegurar el adecuado funcionamiento de la gestión jurídica, administrativa y talento humano a nivel institucional, esenciales desde el punto de vista de la función sustantiva y el servicio público, que el Ministerio Público brinda a las personas usuarias", dijo.  

Además, informó que la atención de las causas en rezago fue uno de los grandes objetivos del 2021.   

MP en datos 

Los siguientes son algunos de los datos incluidos en el informe de labores rendido ayer por el Fiscal General a.i.   

• El MP recibió 194.752 casos nuevos en el 2021, con un circulante acumulado del periodo anterior que suma un total de 280.380 expedientes penales (adicionando casos reentrados y testimonios de piezas).   

• Se emitieron 21 circulares por parte de la Fiscalía General, con el objetivo de fijar los criterios necesarios para un mejor ejercicio de la acción penal, estableciéndose lineamientos e instrucciones generales, para el abordaje y la investigación de los hechos delictivos.  

• Al despacho de la Fiscalía General ingresaron 111 causas nuevas, de las cuales, 75 corresponden a expedientes en contra de miembros de los Supremos Poderes y se contestaron consultas formuladas por la Asamblea Legislativa sobre 24 Proyectos de Ley.  

• De julio a diciembre de 2021, el mismo despacho revisó y autorizó 279 solicitudes de intervención de las comunicaciones.  

• La Oficina de Atención a la Víctima del Delito atendió 18.068 casos, incluyendo los asuntos nuevos y los reentrados. El 69% corresponde al programa de Atención, mientras que el 31% al programa de Protección.  
  
   
• La Fiscalía de Asuntos Indígenas presentó 29 acusaciones (20 en la sede San José y 9 en la sede Buenos Aires), lo que representa un 70,7% de casos resueltos.  
  
   
• La Oficina de Defensa Civil de la Víctima formuló, al 31 de octubre del 2021, 1244 acciones civiles resarcitorias, 3 salvaguardias, 8 sucesiones y 49 ejecuciones de sentencia. Además, recaudó en acciones civiles resarcitorias a favor de las víctimas un total de ₡852.869.467, y, en la etapa de ejecución de sentencia, logró un total de₡106 665 682. 
    
• La Fiscalía de Género, sede central, formuló 200 acusaciones, que representa el 13,35% del total de asuntos concluidos. Como parte del Plan de descongestionamiento, la sede central dio apoyo a las diferentes unidades de Género de las fiscalías que operan en el país, resolviendo y alcanzando 243 acusaciones adicionales. 
  
   
• En la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, se concluyeron 1.872 expedientes, lo que contempla los casos para revisión y las denuncias directas que ingresan a ese despacho. En los primeros nueve meses se formularon 41 acusaciones.  
  
   
• La Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales registró 156 asistencias penales internacionales y 25 nuevas solicitudes de extradición. 
  
   
• La Fiscalía Agrario Ambiental acusó 30 causas, al 30 de setiembre de 2021.
  
   
• La Unidad de Capacitación y Supervisión realizó un total de 200 actividades de capacitación.  
  
   
• Se incrementó la cantidad de casos que concluyeron con la aplicación de una medida alterna al proceso, pasando de 5.684 asuntos en el 2020 a 6.535 asuntos en el 2021.  
  
   
• De enero a noviembre de 2021, las fiscalías territoriales y especializadas lograron alcanzar un 61,83% de la reducción del rezago “tramitable” durante el plazo del ejercicio, al resolver 6.306 sumarias de un total de 12.112 de expedientes (2.587 ausentes y rebeldes, más 9.525 en trámite) que estaban en condición de rezago al 31 de diciembre de 2020. 
  
   

La Fiscalía Adjunta de Impugnaciones contestó 482 recursos de apelación interpuestos por la Defensa Pública o particular; atendió 200 audiencias orales e interpuso 50 recursos de casación, en los primeros nueve meses del año. En el mismo período, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia notificó la admisibilidad de 52 recursos de casación, de los cuales, cinco fueron declarados inadmisibles y los restantes 47 admitidos para estudio, lo que significa una eficiencia del 90,4% de admisibilidad.

El pasado 09 de marzo, personas funcionarias de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) visitó el territorio indígena de Ujarrás, para atender a la población cabécar. Específicamente, se trasladaron a la escuela de Santa María, la cual queda a 30 minutos del centro de Buenos Aires de Puntarenas. 

Como parte de la gira, el equipo de la FAI y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) explicaron cuáles son los servicios que brindan estos despachos y desarrollaron el taller “Tipos de Violencia”. 

Según Faustino Vargas Fernández, una de las 12 personas indígenas que participó en la reunión, “la visita significó una gran ayuda porque no conocemos dónde poder denunciar lo que pasa en la comunidad”. 

Por su parte, la fiscala de la FAI, Sandy Pérez Ugalde, la actividad representó una gran oportunidad de acercamiento con las comunidades más alejadas de los territorios, lo que permitió que las personas participantes conocieran los servicios que brinda la institución. 

Para el desarrollo de la actividad, tanto el personal de la FAI y de la OAPVD, velaron por el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud. De tal manera que se cumplió con el respectivo lavado de manos y el distanciamiento entre cada representante de las familias presentes. 

Un total de 25 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) y Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran participando del curso básico "Cibercrimen: Un fenómeno tecnológico". La actividad se realiza entre el 07 y 27 de marzo. 

El curso tiene como propósito dotar a las fiscalas, fiscales y personal del OIJ de las competencias básicas de conocimiento sobre el fenómeno criminal de ciberdelincuencia y de la evidencia digital.  

De esta manera, se busca mejorar el abordaje normativo de los casos en las distintas etapas del proceso penal y la resolución de los asuntos conforme a las reglas del Estado de Derecho. 

El fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, Sergio Castillo Quesada, quien estuvo como docente de la actividad, mencionó que “la iniciativa de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del MP, de crear espacios para la discusión sobre cibercriminalidad, representa un esfuerzo institucional importante por visualizar un fenómeno cada vez más presente en nuestra realidad como sociedad”. 

Por su parte, la fiscala de la UCS, Sharon Rodríguez Segura, dijo que “el curso básico de Cibercrimen está construido de manera que las personas participantes se acerquen al mundo del internet, que conozcan cuáles son los alcances de las legislaciones que tenemos vigentes, las modalidades delictivas y las diligencias a ordenar en cada causa. La funcionaria señaló que también se podrá conocer la forma en la que se puede obtener información que se encuentra en extranjero. 

“Esto permite entregar herramientas útiles a las fiscalas y fiscales para un eficiente y eficaz tratamiento de las causas”, señaló Rodríguez. 

La participante del curso, Cinthia Quirós Sanabria, funcionaria del OIJ, mencionó, “El Curso Básico Cibercrimen: Un fenómeno Tecnológico nos brindará herramientas útiles y conocimientos fundamentales que nos permitirán la identificación clara y precisa de aquellos delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.  

La funcionaria señaló que estas capacitaciones son de alto nivel y que la Policía Judicial necesita, para avanzar en el conocimiento de la información y reducir la brecha digital, que, además, impide el manejo inadecuado de la tecnología. 

“Este esfuerzo institucional busca que el personal fiscal y del OIJ esté capacitado para enfrentar los retos que nos presenta el delito con el uso de la tecnología o través de esta. De ahí, la importancia de ofertas de cursos que permitan la actualización del conocimiento”, concluyó la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga.

Personal fiscal y técnico judicial, así como profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) y de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV) recibieron la capacitación “Abordaje de personas víctimas y testigos en situación de discapacidad y con diagnósticos clínicos”.  

La actividad formativa se realizó el 17 de marzo anterior y estuvo a cargo de la trabajadora social Roxana Mesén Fonseca y del psicólogo Alexander Araya Tijerino. Ambas personas son profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial. 

Durante la charla virtual, se trataron temas como las formas de entender la discapacidad, los tipos de discapacidad, mayor vulnerabilidad de niñas y niños con discapacidad intelectual víctimas de abusos sexuales, secuelas psicológicas del abuso sexual en las personas con intelectual discapacidad, la nueva definición de discapacidad intelectual, entre otros. 

Sobre la capacitación, la trabajadora social de la OAPVD, Graciela Valverde Salas, señaló que “es de mucha utilidad porque, a pesar de que continuamente una se instruye en el tema, siempre hay nuevos enfoques y posicionamientos. Y desde mi espacio laboral y profesional es sumamente necesario, ya que, en ocasiones, nos corresponde realizar valoraciones de riesgo a personas con diversos tipos de discapacidad y es fundamental, tener los criterios básicos de cómo realizar una intervención de calidad, en el marco de sus derechos humanos y autonomía y un abordaje humano a la vez”. 

Por su parte, la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, Mayra Campos Zúñiga, recalcó que “en estos temas tan sensibles, la capacitación es esencial, ya que nos permite abordar adecuadamente a las personas usuarias que llegan a nuestro servicio, siempre bajo la regla del respeto a la dignidad humana”. 

Por medio de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), un total de 42 personas refuerzan sus conocimientos en materia de cadena de custodia y manejo de evidencia. La actividad formativa está dirigida a personal técnico judicial, fiscal auxiliar, así como personas peritas del Ministerio de Hacienda. 

La capacitación tiene una duración de nueve horas sincrónicas y pretende actualizar conocimientos referentes a la cadena de custodia, manejo y registro de los diferentes tipos de evidencias materiales y/o digitales. Lo anterior, con la finalidad de que el personal realice las diligencias respectivas de acuerdo con las disposiciones vigentes relacionadas a este tema.  

Las personas participantes manifestaron su interés y agradecimiento con el desarrollo de la capacitación, ya que les permite refrescar conocimientos a la vez que se les dota de herramientas para tramitar de manera más eficiente lo relacionado con las evidencias. 

La funcionaria Karla Salas Corrales, del Ministerio de Hacienda, manifestó que conocer aspectos básicos relacionados con la evidencia digital le permitirá mejorar las fiscalizaciones y aportar pruebas cuando se requiera. 

El curso se desarrolla los días 16, 23 y 30 de marzo, y las personas facilitadoras de la actividad son Roy Barrantes Jiménez, de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial; Sharon Rodríguez Segura, fiscala de la UCS-MP; y Óscar Smith González, coordinador de la oficina apoyo jurisdiccional de la Unidad Administrativa del MP. 

Con la participación de 20 fiscalas y fiscales de todo el país, inició con el curso virtual autoformativo “Justicia Restaurativa en el Proceso Expedito de Flagrancia”, el cual es parte del Programa de Formación Especializada en Justicia Restaurativa de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP). La actividad académica se desarrolla del 07 al 27 de marzo del 2022. 

La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, señaló que el curso pretende contribuir con la preparación del personal del MP en las nociones básicas de la Justicia Restaurativa, antecedentes nacionales e internacionales, principios, valores, los requisitos de admisibilidad y viabilidad.  

“La capacitación les permite, a su vez, exponer cómo el modelo de Justicia Restaurativa es una herramienta a favor de las personas usuarias de servicios del Poder Judicial y de la comunidad, para lograr soluciones más justas ante el conflicto social que se presenta”, señaló Campos Zúñiga. 

Para la fiscala de Justicia Restaurativa, Mariela Alvarado Otárola, facilitadora especial invitada, estas acciones de capacitación son importantes porque se promueve el manejo adecuado de los planteamientos que podrían realizar las partes en las audiencias de procesos especiales como Justicia Restaurativa en Flagrancia. 

“Lo anterior, primordialmente porque es la persona fiscal de Flagrancia quien debe realizar las reuniones restaurativas en debate y ante la propuesta de un proceso especial abreviado y no, las fiscalas y fiscales de Justicia Restaurativa, por lo que la capacitación de este personal fiscal es fundamental para alcanzar los objetivos restaurativos y promover este procedimiento en todas las etapas y procesos especiales de nuestro proceso penal", añadió la funcionaria.  

Para el equipo profesional de la UCS encargado de desarrollar este programa, el objetivo del curso es estudiar la aplicación de Justicia Restaurativa en el procedimiento especial de Flagrancia, en sede de adultos, tanto en la vía ordinaria de Flagrancia como para la aplicación del proceso especial abreviado.  

La UCS señaló que es necesario que, tanto las fiscalas y fiscales, como el personal técnico, conozcan las particularidades del abordaje de los casos en Justicia Restaurativa, su cosmovisión, su estructura social y su funcionamiento de la mano con los intereses de las comunidades y como ello, incide en la respuesta más humana de resolución de conflictos. 

Daniel Quesada Artavia    

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09 de marzo del 2022. La Fiscalía Adjunta de Atención de hechos de violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley especial contra la violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 

El acto se llevó a cabo durante una conferencia en el Congreso, el pasado 24 de febrero, y estuvo a cargo de la fiscala adjunta de dicha Fiscalía, Rocío De la O Díaz, junto con la coordinadora judicial, Daysi Arias Alvarado. 

De la O explicó que la propuesta plantea la creación de 20 nuevos tipos penales, además, establece reformas legales a normas vigentes, las cuales se detectó que podrían generar contradicciones o interpretaciones opuestas. 

Entre los delitos formulados se encuentran incumplimiento de la responsabilidad parental, lesiones por negligencia, denegación al derecho de educación, enfrentamiento físico entre personas menores de edad, agresión psicológica calificada y administración abusiva de los bienes propiedad de las personas menores de edad. 

“Este Proyecto de Ley es de sumo interés para el Ministerio Público y para la Fiscalía Adjunta de la Niñez y la Adolescencia (como se le conoce a la FANNA), por ser un aporte más que permitirá fortalecer la protección integral de los derechos de personas menores de edad víctimas de maltrato o abuso”, destacó la Fiscala Adjunta. 

Llenar un vacío. La necesidad de crear esta iniciativa, agregó la funcionaria, se hizo evidente luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial dispusiera divulgar las observaciones finales que se desprendieron de los informes periódicos sobre la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Costa Rica. 

La finalidad de dicha Convención es prevenir y sancionar todas aquellas acciones u omisiones que violenten bienes jurídicos o derechos de la niñez y la adolescencia, basados en los principios rectores de interés superior de las personas menores de edad, autonomía progresiva, no discriminación, respeto a la vida, respeto a la opinión en todo procedimiento que le afecte, supervivencia y desarrollo. 

La creación de estos tipos penales, explicó De la O, es necesaria “ante la evolución del fenómeno criminal en Costa Rica y en el mundo; con la propuesta se está visibilizando a las personas menores de edad como seres humanos con derechos, dándole, además, mayor auge al principio de acceso a la justicia, así como al derecho a ser escuchados ante actos u omisiones que violentan sus derechos fundamentales”. 

La formulación del Proyecto de Ley estuvo a cargo de la FANNA, con el acompañamiento de un grupo consultivo integrado por las fiscalas adjuntas de las fiscalías Penal Juvenil, de Género, Trata de Personas, Impugnaciones y la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, así como la colaboración de una jueza de Familia.