Con la participación de 30 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se realizó la primera sesión del curso básico en materia de ciberdelincuencia. La actividad inició el pasado 30 de mayo y finalizó el próximo 19 de junio.
El objetivo general del curso es que las personas participantes desarrollen competencias básicas de conocimiento sobre este fenómeno criminal, así como el conocimiento en relación con la evidencia digital. Lo permitirá mejorar el abordaje normativo de los casos en las distintas etapas del proceso penal y una resolución de los asuntos conforme a las reglas del Estado de Derecho.
La profesional en informática del OIJ, Margoth Solano Ávila, es la docente del curso y señaló que, dada su naturaleza anónima y facilidad para realizar transacciones, sin importar la localización de los emisores y receptores, las criptomonedas cada vez han tenido una mayor acogida entre las organizaciones delictivas, como medio de pago de venta de productos o servicios ilícitos, pago de rescates, lavado de dinero y otros.
“Es importante que los funcionarios de administración de justicia conozcan los conceptos básicos del funcionamiento de las criptomonedas, así como las modalidades delictivas donde se están utilizando con mayor fuerza en los últimos años, con el fin de mejorar el proceso de investigación”, recalcó.
El fiscal de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, manifestó que “esta capacitación reviste vital importancia en la labor que desempeñan investigadores judiciales y fiscales del Ministerio Público, por cuanto permite mantener actualizadas las técnicas de investigación de delitos de índole informático, los cuales, de la mano de las tecnologías y los recursos de los criminales, se mantienen en constante evolución.”
El fiscal adjunto de San Carlos, Héctor Bodan Flores, mencionó que “Costa Rica, como sociedad globalizada e integrada a la red de la internet, se ha visto inmersa en un acelerado crecimiento de delitos informáticos, que requieren una oportuna respuesta del Ministerio Público, a fin de evitar la impunidad; de ahí que las Fiscalas y Fiscales, debemos capacitarnos para entender el ambiente donde se desarrolla este tipo de criminalidad, a fin de dirección acertadamente nuestras investigaciones y lograr un efectivo enjuiciamiento de los delincuentes informáticos”.
Por otra parte, el participante Joel Sevilla Mena, investigador del OIJ, indicó que el curso juega un papel importante en el desarrollo de sus funciones, dado que, pese que recién se ha iniciado con las sesiona, se ha obtenido información relevante sobre este tipo de delitos, lo que le permitirá tramitar los casos con mayor profesionalismo en la investigación y recolección de indicios de esa materia.
Un total de 23 fiscalas y fiscales del Ministerio Público participan de la quinta edición del curso de especialización sobre “Abordaje de causas penales con intervinientes indígenas”. La actividad académica inició el pasado 02 de junio y está programado que finalice el 04 de agosto.
Con dicho curso se plantea desarrollar las competencias necesarias para el abordaje especializado, célere y desformalizado de los procesos penales, de manera que, la atención y tramitación de los casos, donde haya personas intervinientes indígenas, sea con enfoque intercultural y acorde con la normativa de derechos humanos, así como con las disposiciones internas para el efectivo acceso a la justicia.
Para la apertura de dicho curso, se desarrolló el foro abierto “Derechos indígenas y el acceso a la justicia penal”, en el cual participaron aproximadamente 50 personas. De parte del Ministerio Público, estuvieron como expositoras las fiscalas adjuntas Mayra Campos Zúñiga y Ariana Céspedes López, de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, respectivamente.
También participó la magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, Damaris Vargas Vásquez, y como invitada internacional, estuvo la consultora de las Naciones Unidas, Samantha Colli Sulú.
La fiscala Céspedes expuso acerca de las experiencias del Ministerio Público en el desarrollo de acciones, cuya construcción ha implicado la participación activa de las personas y comunidades indígenas, mediante diálogos interculturales auténticos, que permitan que las personas funcionarias conozcan aspectos relacionados con la cosmovisión de los pueblos indígenas y las personas indígenas puedan comprenden los alcances del proceso penal.
Durante su participación, la señora Samantha Colli señaló que “la falta de acceso a la justicia es una problemática altamente compleja que requiere un abordaje igualmente complejo”. La consultora resaltó las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función del personal fiscal, mediante las cuales se promueve la eficacia, imparcialidad y equidad del órgano.
Por su parte, la magistrada Vargas expuso sobre el compromiso institucional que representa el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena, lo cual se refleja en la construcción de la Política para Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la participación activa de los 24 territorios.
Asimismo, la fiscala adjunta de la UCS, comentó sobre los esfuerzos que se han realizado para contar con una capacitación con planteamiento didáctico y metodológico, con enfoque intercultural y acorde con la normativa de derechos humanos, así como con las disposiciones internas para el efectivo acceso a la justicia, además del desarrollo de materiales de apoyo que coadyuven en la labor del Ministerio Público, los procesos de capacitación en temática indígena se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP, inició el curso “Los delitos contra la vida y sus formas de investigación”, el cual está dirigido a fiscalas y fiscales de todo el país.
Según la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, el objetivo de la capacitación es desarrollar las competencias necesarias que permitan a las personas participantes investigar casos por delitos contra la vida, uno de los delitos más graves, ya que afecta el bien jurídico vida e integridad física, contemplando cada uno de los elementos necesarios para demostrar la existencia del delito, las personas autoras o partícipes, así como las consecuencias del daño causado.
“Al finalizar este curso, las personas participantes estarán en capacidad de desempeñarse con eficiencia en la investigación de delitos contra la vida, analizando cada caso desde un enfoque dogmático y, procesal e implementando técnicas idóneas para el manejo probatorio del caso”, señaló la jefa de la UCS.
Por su parte, la fiscala de la Fiscalía Adjunta de San José, Tara Castillo Salazar, docente de esta actividad académica, señaló que, “sin duda alguna, la experiencia más importante de este tipo de capacitaciones es poder dar a conocer aspectos prácticos y cotidianos de como investigar los delitos contra la vida, y generar herramientas utilizables en el día a día de las causas que tramitamos, haciendo énfasis en los recursos que nos brinda la institución, para poder potenciarlos al máximo”.
La actividad formativa se realiza los viernes 27 de mayo y 03 de junio del 2022, mediante la plataforma Microsoft Teams.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló la videoconferencia “Abordaje y Planificación de la Investigación Penal”, la cual estaba dirigida a 26 fiscalas y fiscales de todo el país. La actividad se llevó a cabo el pasado 26 de mayo, mediante la plataforma de Microsoft Teams.
La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, afirmó que esta capacitación pretende reforzar las competencias y destrezas de las personas participantes, con el fin de lograr que las investigaciones sean realizadas con altos estándares de calidad, acordes con los principios de objetividad, legalidad, celeridad y calidad en el servicio.
La fiscala facilitadora del curso, Cindy Patricia Carpio Obando, especializada en contenidos de la UCS, señaló que “se tiene plena conciencia de las limitaciones que enfrenta el personal fiscal al momento de abordar los casos penales. Por esta razón, se pretende desarrollar competencias y destrezas que permitan a las personas participantes realizar investigaciones de calidad en el desempeño de sus funciones”.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por las siglas en inglés), en colaboración con la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), llevó a cabo el taller “Persecución Penal de Delitos que Involucran Tecnologías Digitales: Aproximación a los Activos Virtuales y Otras Tendencias Emergentes”. En la actividad participó personal judicial de Costa Rica, El Salvador y Panamá.
La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, participó en el acto inaugural e indicó que esta capacitación demanda un nuevo reto y un cambio de paradigma en la investigación de los delitos que involucran tecnologías digitales.
“Como es sabido los Activos Virtuales (AV), y los servicios relacionados con estos, han revolucionado el campo financiero, pero, a su vez, constituyen un medio para la comisión de hechos delictivos, los cuales demandan herramientas y conocimiento para su adecuado abordaje, como lo ha mencionado el informe de GAFI Costa Rica, en el año 2019. Por esa razón se debe reforzar las competencias del personal fiscal, para cumplir con la función de persecución penal y devolver la confianza a las víctimas y al sistema financiero interno, ya que son hechos que no solo afectan al Estado y su estabilidad, sino el patrimonio y dejan secuelas emocionales a las víctimas”, enfatizó.
Por medio de dicho proyecto de cooperación, se tuvieron espacios para reflexionar sobre el alcance e impacto de los activos virtuales en la sociedad y economía contemporáneas, con énfasis en su vinculación con la comisión del delito. Asimismo, se abarcaron casos en los que se ha hecho uso de activos virtuales en la comisión de delitos.
En la actividad participaron expertos como Carlos Rosa, coordinador de Proyecto ciberdelito; Miguel Alfaro, técnico en análisis forense digital; Renata Delgado Schenk, coordinadora de Proyectos en América Latina; Gabriel Juárez, coordinador de proyectos en Belice, Guatemala y Honduras; María Antonieta José, especialista legal; Erick Lewis Hernández y Joaquín Morales, jefe y subjefe de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), respectivamente; y David Laínez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos, de la policía Nacional Civil de El Salvador.
Para la fiscala de Fraudes y Cibercrimen del MP de Costa Rica, Carolina Montero Salazar, esta clase de cursos son de gran importancia en la actualización de conocimientos de todos los miembros de administración de justicia, debido a que la tecnología cambia todos los días y se crean nuevas formas de desarrollo a nivel económico, político y social, lo que establece nuevas formas de criminalidad, la cual debe ser combatida de la misma forma en que se crea.
“Es decir, se deben de contar con las mismas herramientas para poder dar la respuesta adecuada para prevenir y sancionar dichas acciones delictivas a las que nos enfrentamos”, recalcó la fiscala especializada.
Por su parte, la investigadora técnica de la Unidad de Delitos Informáticos de El Salvador, Sara Victoria Flores Ruano, señaló que “para la investigación en el campo de las criptomonedas, este es un tema complejo, ya que debemos prepararnos técnica y teóricamente con las herramientas adecuadas y con el apoyo técnico, educándonos con expertos que saben de dicho tema y así podemos poner en práctica lo aprendido en los cursos, como en el que estamos actualmente con el apoyo de UNODC”.
Para el subjefe de la Sección contra el Cibercrimen del OIJ, por medio de la capacitación, se puede visualizar el alcance e impacto de los activos virtuales en la sociedad y economía de un país, así como la relación que pueden tener estas con la comisión de actividades ilícitas.
De acuerdo con Rosa Acon NG, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia en Costa Rica, la capacitación ha permitido una mejor comprensión para el abordaje de los recursos de apelación en casos de delitos que involucran activos virtuales y tecnologías digitales.
La actividad se realizó el 24 y 25 de mayo del 2022.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló el taller virtual “Instrumento para la Gestión Electrónica de las Solicitudes en telecomunicaciones con fines de Investigación Judicial (SOLITEL) y sus actualizaciones”, el cual estaba dirigido a 40 fiscalas y fiscales.
El facilitador de esta capacitación, la cual se realizó por medio de la plataforma de Microsoft Teams, fue el especialista en ingeniería informática de la Plataforma de Información Policial del OIJ, Freddy Alberto Alvarado Orozco.
La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, explicó que este instrumento se creó entre el MP y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el objetivo de cubrir la necesidad de ambas instituciones de contar con acceso a la prueba para la correcta investigación y solución de las causas penales, así como por requerirse llevar un control en las gestiones de información en materia de telecomunicaciones que se procesan en las investigaciones.
De acuerdo con el Asesor Operativo de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, William Odio Alfaro, a partir del presente instructivo (SOLITEL) se centralizarán las diversas gestiones y registros que con fines de investigación efectúan los miembros del del MP y el OIJ, a las diferentes operadoras en telecomunicaciones.
“De esta forma se asegurar el avance, accesibilidad, continuidad y seguimiento a los registros en telecomunicaciones solicitados”, recalcó Odio Alfaro.
Sharon Hernández Coto
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Un equipo de fiscales de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental desarrolló un conversatorio con la Sección de Delitos Medioambientales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el propósito de instruir al nuevo personal de dicho despacho sobre las leyes ambientales, así como la forma de investigar los delitos de esta naturaleza.
Durante la actividad, realizada el 24 de mayo anterior, el personal del Ministerio Público (MP) abordó temas como los delitos de minería, así como lo establecido en la Ley Forestal y Ley sobre la Vida Silvestre.
En la reunión, los fiscales especializados en materia ambiental, José Pablo González Montero, Luis Diego Hernández Araya y Alejandro Alpízar Arrones, también analizaron las normas que regulan el aprovechamiento maderable, los bosques y los sitios de manejo de vida silvestre. De igual manera, expusieron sobre la criminalidad organizada en materia ambiental y las estrategias para luchar contra ese fenómeno.
“La actividad también fue aprovechada por nosotros y el grupo de oficiales de investigación de la Sección Especializada contra los Delitos Medioambientales, para que coordináramos algunas acciones conjuntas”, señaló el fiscal ambiental, Luis Diego Hernández Araya.
El funcionario explicó que, tanto la Fiscalía como la nueva Sección del OIJ, esperan mantener esta cercanía, a través de reuniones periódicas, que permitan analizar fenómenos de criminalidad ambiental, capacitar al nuevo personal, ejercer dirección funcional especializada y, principalmente, compartir conocimientos, datos y experiencias en ambos sentidos.
“La Fiscalía, una vez más, aplaude la acertada decisión de la Dirección del OIJ para combatir decididamente el crimen ambiental, a través de una Sección especializada”, mencionó Hernández Araya.
El conversatorio se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público.
Mónica Álvarez P.
Comunicadora Área de Transparencia – FAPTA
En continuidad a los procesos de formación de la ciudadanía, el Área de Transparencia (ATRA) de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción /FAPTA), en coordinación con la Defensoría de los Habitantes, la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y el Observatorio Municipal, desarrolló la segunda capacitación del año “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. La actividad se realizó el 04 de mayo anterior.
En la capacitación participaron integrantes de Territorios Seguros, representantes de asociaciones, personas facilitadoras judiciales de todo el país y miembros del Observatorio Ciudadano Municipal.
En esta ocasión, el tema principal fue expuesto por el funcionario de la Defensoría de los Habitantes, Guillermo Bonilla, quien, explicó sobre la prioridad de la transparencia de datos en las instituciones públicas, su ejecución y acceso a la información que, según por ley, es pública.
En este encuentro, el fiscal adjunto de FAPTA, Carlos Meléndez Sequeira, agradeció la sinergia con otras instituciones que colaboran en la formación de la ciudadanía con contenidos que les permite a las personas conocer más sobre sus derechos y su aplicación.
“La fortaleza de una Fiscalía Anticorrupción gira y radica mucho en el pilar de una ciudadanía ejerciendo sus derechos, con observatorios de autorías ciudadanas, labor de una población comprometida y responsable”, recalcó el Meléndez.
Al finalizar la exposición, se abrió un espacio de consultas, las cuales, fueron contestadas por el funcionario de la Defensoría de los Habitantes. También se desarrolló un espacio de retroalimentación de variados contenidos, la cual resultó con una participación activa.
La tercera capacitación se realizará en junio próximo de 2022 y tendrá la misma temática que las anteriores, espacios virtuales por medio de la plataforma Microsoft Teams.
