Dos grupos de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV) del Ministerio Público recibieron la charla virtual "Fuga de información por parte de personas funcionarias judiciales". El primer grupo se capacitó el 05 de agosto y el segundo el 19 de agosto anterior.

La fiscala adjunta de la ODCV, Ana Daisy Quirós Barrantes, indicó que “el taller permite al equipo de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas diferenciar, con la normativa nacional e internacional, el Derecho a la Información y el Derecho a la Intimidad (imagen, nombre, seudónimos, domicilio, honor, reputación, derechos patrimoniales), así como concientizar sobre la privacidad de actuaciones regulada en el ordinal 295 del Código Procesal Penal, el Secreto Profesional normado en el numeral 41 del Código de Ética del Profesional en Derecho, y el acceso Constitucional a la información. Se agradece a los facilitadores y personas funcionarias de la Unidad de Capacitación por toda la colaboración suministrada”.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, “con esta actividad académica se busca la toma de conciencia sobre la responsabilidad de manejar información sensible en razón del cargo y, como un manejo inadecuado de la información produce daños irreparables en las partes involucradas en los procesos. Es importante el reforzar los valores del Ministerio Público, en especial, el deber de probidad para garantizar un servicio de calidad a personas usuarias".

Por otro lado, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Carlos Meléndez Sequeira, señaló que el espacio formativo busca brindar conocimientos al personal de la ODCV sobre los derechos fundamentales y cómo estos deben garantizase, en cuanto la información privada, sensible, reservada y la pública, que se obtiene en razón del ejercicio de nuestras funciones y las posibles consecuencias a nivel de responsabilidades por infringir deberes legales, éticos y otros.

La comunicadora de la FAPTA, Mónica Álvarez Pérez, explicó que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso y la comprensión de la información pública, sin mayor limitación que la expresamente establecida en la Ley. "Para un mejor manejo sobre el derecho de informar, el personal deberá de conocer la legislación costarricense, directrices institucionales e instrumentos internacionales que nos evoca a brindar un servicio que garantice el respeto hacia la ciudadanía y medios de comunicación en acceder a la información pública", enfatizó la funcionaria.

Por su parte, la socióloga de la FAPTA, Andrea Bermúdez Castillo, mencionó que considera que el aporte a la ODCV en el proceso formativo facilita otras perspectivas complementarias a la jurídica, para comprender el derecho de acceso a la información, su importancia dentro del Estado de derecho y para cumplimiento del deber de probidad que debemos observar todas las personas funcionarias públicas.

Como facilitadores encargados de esta capacitación, se contó con la colaboración del fiscal adjunto Carlos Meléndez Sequeira, así como las profesionales Mónica Álvarez Pérez y Andrea Bermúdez Castillo, todos de destacados en la FAPTA.

Con el fin de fortalecer el área axiológica del personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), así como en cumplimiento de los planes institucionales, la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial impartió de manera presencial el taller "Formación 1.0 Ética: Ejercita tus Valores". La actividad que se desarrolló en el gimnasio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el 10 y 12 de agosto anterior. 

El eje central de este espacio permitió plantear la ética como un camino vital para el cuidado de los proyectos de vida, instando al personal a que, en todas sus facetas cotidianas, es fundamental cuidar cada acto.

El taller se desarrolló por medio de actividades dinámicas y participativas, que permitieron reforzar los valores individuales e institucionales. En estos últimos están la iniciativa, compromiso, responsabilidad, integridad, honradez y excelencia. Asimismo, se realizó un repaso general del Código de Ética Judicial. 

El próximos 14 y 16 de setiembre se continuará con las actividades.

Con la participación de fiscalas y fiscales, personas técnicas judiciales, abogadas y abogados, así como profesionales en Trabajo Social y Psicología de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) se realizó la charla “Condiciones de vulnerabilidad de las víctimas de delitos sexuales, violencia penalizada y trata de personas”. 

Esta actividad formativa fue facilitada por la trabajadora social Déborah Rivera Romero y el psicólogo Alexander Araya Tijerino, profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, quienes expusieron, sobre las condiciones o variables de análisis en los casos de víctimas de trata de personas, mitos sobre las víctimas de este ilícito, factores vulnerabilizantes, condiciones de vulnerabilidad de las víctimas durante la toma de denuncias e interrogatorios, ambiente ideal para recibir la denuncia a una persona víctima del delito de trata de personas o abusos sexuales, así como las habilidades de las personas menores de edad para relatar eventos acaecidos, entre otros temas. 

La profesional en Trabajo Social señaló que, en relación con las condiciones o variables de análisis en casos de víctimas de trata de personas, “se debe explorar las condiciones previas al reclutamiento o captación tales como, desempleo y/o inestabilidad laboral, adicciones, baja escolaridad, falta de respuesta social e institucional, tácticas utilizadas por las persona tratantes para generar y fortalecer la dependencia y la sumisión de las presuntas víctimas de trata (intimidación, engaño, amenazas, agresiones de todo tipo, entre otros), medio o forma de captación, y el objetivo final de la trata (sexual, laboral mendicidad, venta de drogas u otros), las consecuencias y/o el impacto del delito de trata en la persona en ámbito familiar y social”. 

Por otra parte, Araya Tijerino destacó la importancia del ambiente o condiciones idóneas que deben prevalecer al momento de recibir la denuncia a una persona víctima de trata de personas o de abuso sexual. 

“Debe desarrollarse (la denuncia), idealmente, en Cámara de Gesell, por cuanto es un recinto que permite controlar variables de privacidad, mitigar ruidos del ambiente y reducir numerosas interrupciones que sitúen en riesgo el desarrollo y reconstrucción mnésica de los episodios de violencia, que requieren reportarse por parte de las personas víctimas, lo cual es un acto fundamental para el progreso satisfactorio del proceso legal “. 

La fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, dijo que “la acción formativa busca reforzar los derechos de las personas víctimas de delito de trata y sobre la importancia de la utilización de la Cámara de Gessell, para preservar los derechos de las víctimas”. 

Un total de 60 fiscalas y fiscales especializados en materia penal juvenil se encuentra participando de las "Jornadas de Derecho Penal Juvenil para Personal Fiscal Especializado", actividad organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). La acción formativa se desarrollará por cuatro semanas.

El propósito de estas jornadas es cumplir con cuatro objetivos específicos, como la actualización del personal fiscal y técnico para abordar los casos en todas las fases de proceso penal, promover actualización de las labores para garantizar la legalidad de la prueba y el cumplimiento jurídico, así como de circulares y memorándums. 

De igual manera, se busca emplear las distintas estrategias que permitan mejorar la atención de las personas en condición de vulnerabilidad o vulnerabilizadas y que requieren de los servicios de las Fiscalías Penales Juveniles. Asimismo, se plantea mejorar los enlaces de comunicación entre el personal y las jefaturas.

La fiscala adjunta de Penal Juvenil, Debby Garay Boza, señaló que "la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y la UCS han organizado las Jornadas de Derecho Penal Juvenil 2022, con la finalidad de abordar temas de actualidad que se constituyan en herramientas de apoyo para el personal que tramita la materia especializada",

La funcionaria mencionó que, entre los temas a tratar, está la comprensión del desarrollo del comportamiento contrario a las disposiciones de las normas sociales y jurídicas; sensibilización para atender personas usuarias en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas; delitos vinculados con el uso de tecnología, la sanción penal juvenil y postura de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil ante votos de interés dictados por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sala de Casación Penal. 

Con esta actividad, se pretende dotar de insumos al personal fiscal y técnico de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil a nivel nacional, generando conciencia activa en la identificación de situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes que acuden a las fiscalías penales juveniles, para realizar un abordaje integral en procura de su resguardo.

El pasado martes 09 de agosto, inició el curso virtual “Modulo II: Introducción a la Justicia Restaurativa”, del Programa de Formación Especializada en Justicia Restaurativa de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).  

En este grupo se está capacitando a 22 fiscalas, fiscales y personal profesional del MP. El curso se realiza por medio de las herramientas tecnológicas de Microsoft Teams y Moodle, y finalizará el próximo 30 de agosto.  

Para el equipo profesional de la UCS, encargado de desarrollar este programa, la Justicia Restaurativa viene a evidenciar un cambio de paradigma, afirmando que el delito no es únicamente la infracción a la ley, sino que va más allá, es un acto que causa daño a las personas involucradas y a la comunidad, de ahí la importancia de dar respuesta al conflicto de manera integral, tomando en consideración los derechos, intereses y necesidades de todas las partes involucradas en el mismo. 

“El conflicto está compuesto por una serie de etapas o por una o varias situaciones en las que participan individuos o colectividades.  Como todo conflicto tiene sus particularidades, así de particular será la búsqueda de la solución, por lo que esta capacitación tiene como propósito generar en las personas participantes una visión más humanizada del conflicto y por ende, generar conciencia y responsabilidad activa en el ejercicio de las funciones encomendadas al personal profesional del Ministerio Público”, señaló la UCS. 

Para la Fiscala Adjunta de la Oficina de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa, Sara Arce Moya, este tipo de iniciativas pretende que las personas participantes tengan un acercamiento a las nociones básicas de la Justicia Restaurativa y se familiaricen con este procedimiento, el cual, se diferencia de otros, precisamente por su enfoque restaurativo. 

“Se busca fomentar el diálogo, el respeto, la escucha y la responsabilidad activa, así como la comunicación asertiva entre las partes, convirtiéndose en una respuesta más humana, de resolución de conflictos, permitiéndoles realizar una derivación fluida y sostenida de las causas penales donde es posible aplicar el procedimiento restaurativo, en apego al respeto de los derechos que se reconoce a las partes en la ley 9582”, señaló la funcionaria. 

Para la Fiscala Adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, esta acción formativa pretende alcanzar los objetivos propuestos por la Ley, no solo reconociendo los derechos de las personas víctimas a la reparación sino a la reinserción social de la persona imputada en la comunidad. “De ese modo contribuir con la solución integral del conflicto social planteado”, recalcó. 

El equipo profesional de la UCS encargado de desarrollar este programa está conformado por Ana María Franceschi Segura, Priscila Elizondo Hernández y Sharon Rodríguez Segura.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 09 de agosto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Unidad de Capacitación y Supervisión, desarrolló el “Taller Nacional de Personas Indígenas Intérpretes”. 

La actividad reunió a 13 personas intérpretes judiciales de los idiomas bribri, cabécar, malecu y ngöbe, además de personal fiscal de los despachos de Bribri, Limón, Buenos Aires, Batán y Penal Juvenil.  

El objetivo del encuentro se centró en mejorar el servicio que se brinda a las partes intervinientes en el proceso penal, por medio de un espacio de conocimiento sobre aspectos culturales y jurídicos que son relevantes en la labor de la persona intérprete indígena.  

Cada año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) elige un tema en torno al cual invita a los Estados a reflexionar y determinar el grado de cumplimiento y las brechas existentes para el pleno disfrute de derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas; para el 2022 el tema fue: El papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. 

A partir de ello y coincidiendo con el inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la ONU, el Ministerio Público buscó generar un espacio de reflexión sobre el rol de las personas intérpretes en los procesos judiciales, cuya función constituye una herramienta fundamental para avanzar en torno a garantizar el acceso a la justicia con enfoque intercultural, ya que su rol trasciende la traducción literal de las palabras y abarca el ilustrar a las personas funcionarias judiciales acerca del contexto cultural.  

En el taller también se presentó a las personas asistentes la guía didáctica “ABC para la atención a las personas indígenas usarías de los servicios que brinda el servicio público”, la cual fue desarrollada por la funcionaria Sara Mayorga Villanueva, mujer indígena cabécar del territorio de Ujarrás. 

La apertura de la actividad contó con la participación de la magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas; el fiscal general a.i., Warner Molina Ruiz; la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga; y el fiscal adjunto de Asuntos Indígenas, Fernando Arguedas Rojas.  

La segunda promoción de los Programas de Especialización Competencial en Delincuencia Organizada realizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público reunió a un total de 40 personas de la institución, con el fin de fortalecer los conocimientos del personal fiscal, de apoyo y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), en esta materia.

La actividad contó con la participación del Fiscal General a.i, Warner Molina Ruiz, quien destacó la importancia de la capacitación como una ruta de hacia dónde vamos y qué pretendemos, desde la función del órgano acusador, así como el trabajo del equipo del Ministerio Público, encargado de la implementación de la ley.

Esta acción formativa tiene como principal propósito desarrollar las competencias especializadas que permitan a las personas participantes adquirir los conocimientos, fortalecer las habilidades y poner en práctica las actitudes para enfrentar el fenómeno de crimen organizado de acuerdo con las disposiciones de la ley; además de brindar elementos importantes que les permitirá guiar su trabajo en apego al marco ético profesional propio de la práctica jurídica, la cual debe responder a las normas de conducta de los valores del Ministerio Público para garantizar la probidad y un servicio público de calidad.

La existencia del crimen organizado exige personal sumamente capacitado en normativa internacional, mecanismos de cooperación internacional, técnicas de investigación y un manejo apropiado de la legislación nacional, que permita tomar la batuta en los procesos penales, tener una posición firme que permita ejercer la acción penal de una manera adecuada. Se ha buscado contar con un repertorio amplio en contenidos pertinentes para lograr el fin citado. La preparación de estos programas ha conllevado gran cantidad de horas de estudio, esfuerzo y coordinaciones, esperamos que todo el trabajo realizado realmente impacte en el conocimiento que todas y todos vayan a adquirir con esta actividad formativa, indicó el facilitador Iván Solís Huertas.

El fiscal Pablo Jiménez Trejos, participante de la actividad, manifestó que, "el esfuerzo llevado por la Unidad de Capacitación y Supervisión, así como la Fiscalía General, es de admirar, tomando en cuenta que se está capacitando al personal de apoyo, personal profesional de OAPVD y personal fiscal, de una manera integral, que abarca la mayor cantidad de aristas para el funcionamiento adecuado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, desde la prevención y manejo del régimen administrativo, hasta temas de capacitación jurídica en cuanto a técnicas de investigación y abordaje a cargo del Ministerio Público. Todo esto es indispensable para el ejercicio de la acción penal, de manera, apegada a los principios institucionales y con la finalidad de contribuir a nuestro sistema de justicia ante el fenómeno criminal que se debe atacar de manera estratégica".

Uno de los docentes de la actividad formativa, fue el fiscal Juan Carlos Carrillo Mora, especialista en contenido de la UCS, quien indicó que, "a la luz de la aprobación de las leyes N° 9481, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, y N° 9767, Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, las personas participantes tienen el honor de ser pioneras y pioneros del proceso de capacitación que el Ministerio Público ofrece a su personal fiscal, personal de apoyo y personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, ya que la institución confía y guarda esperanza en este personal, y se espera un gran aprovechamiento de esta oportunidad que el Poder Judicial y el Ministerio Público, por medio de la Unidad de Capacitación y Supervisión, les brinda".

Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, señalo que, "no basta la ley, sino la conciencia de la problemática, organización y apoyo a nivel internacional y nacional, el fortalecimiento de las instituciones creadas para prevenir y reprimir el crimen organizado y sus distintas

manifestaciones y, una de las áreas que demanda ese fortalecimiento es la capacitación continua y especializada".

La jefa de la UCS recalcó que son importantes estas capacitaciones que le permita a las personas funcionarias conocer el fenómeno criminal, como se transforma, y como va permeando los estratos sociales más vulnerables de nuestra sociedad.