San José, 10.11.2022 - Las mujeres tienen un papel crucial que desempeñar en las respuestas eficaces de la justicia penal a la ciberdelincuencia, afirmaron los participantes en la Conferencia Internacional sobre la promoción del papel de las mujeres en la prevención, investigación y persecución de los ciberdelitos organizada por el Consejo de Europa en cooperación con la Asamblea Legislativa y el Ministerio Público de Costa Rica en San José los días 10 y 11 de noviembre. 

Sin embargo, es necesario tomar más medidas para reforzar la participación de las mujeres como responsables de la formulación de políticas y que existan esfuerzos de legisladores que desarrollen y adopten la legislación sobre ciberdelincuencia, además de procurar la correcta y eficiente aplicación de la ley. También se requieren esfuerzos concertados para mejorar la respuesta de la justicia penal a los ciberdelitos que tienen como objetivo a las mujeres, para garantizar que estas puedan acceder a la justicia cuando se conviertan en víctimas de la ciberdelincuencia. 

Al inaugurar la Conferencia Internacional, Gloria Navas Montero, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, dijo: 

“Como mujer, profesional dedicada toda la vida al Derecho Penal, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico, me siento honrada de participar en nombre del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), para hablar del tema de la ciberdelincuencia, pues falta mucho por hacer, no solo en la parte investigación y la persecución penal, también se deben hacer esfuerzos e inversión en materia preventiva, capacitando desde las escuelas y colegios a nuestros niños y jóvenes para que desarrollen buenos hábitos digitales y por una cultura de uso correcto en las redes sociales”. 

Eugenia Salazar Elizondo, Fiscala Adjunta II del Ministerio Público de Costa Rica, afirmó: 

“La violencia contra las mujeres es un fenómeno histórico, cultural y estructural, que además afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Los ciberdelitos como manifestación de esa violencia requieren que las mujeres que tienen responsabilidades en los ámbitos legislativos, de aplicación de la ley y persecución penal, deben asumir el compromiso de revisar el marco jurídico a fin de revisar si la legislación penal vigente regula de manera apropiada conductas como el “ciber acoso, ciber hostigamiento”, entre otros, a fin de garantizar y proteger el derecho humano de todas las mujeres a una vida libre de violencia”. 

Esta conferencia es un espacio de estudio y análisis para determinar no solo la participación de las mujeres en puestos de decisión, sino también de revisar si existen los recursos legales para aquellas mujeres que son víctimas de violencia en el contexto de las nuevas tecnologías”. 

Cristina Schulman, Presidenta del Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia (T-CY) del Consejo de Europa, dijo: 

“El Convenio sobre la Ciberdelincuencia proporciona un marco sólido de disposiciones sustantivas, procesales y de cooperación internacional para permitir la investigación, el enjuiciamiento y la adjudicación eficaces de los ciberdelitos contra las mujeres. Estas facultades se ven reforzadas por el Segundo Protocolo Adicional al Convenio. 

A través de los proyectos de asistencia técnica ejecutados por la Oficina de Programa sobre la Ciberdelincuencia, el Consejo de Europa está dispuesto a apoyar a los países de todo el mundo para que refuercen sus marcos jurídicos, desarrollen su capacidad nacional y se comprometan con la cooperación internacional necesaria para combatir eficazmente los ciberdelitos contra las mujeres, y construir así un ciberespacio seguro para todos.” 

La conferencia internacional reúne a unos 190 participantes de 50 países de América, el Caribe, Europa, África, Asia y el Pacífico para compartir experiencias sobre el desarrollo de la capacidad de las mujeres para participar activamente en la respuesta de la justicia penal a la ciberdelincuencia y sobre el fortalecimiento de la investigación, el enjuiciamiento y la adjudicación de los ciberdelitos contra las mujeres.

Sharon Hernández Coto

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Con la participación de 44 personas funcionarias de todo el país, el pasado viernes 04 de noviembre, se llevó a cabo la reunión anual de Penal Juvenil. En el encuentro convocó a personal fiscal y de apoyo de todas las Fiscalías del país que atienden dicha materia especializada.

Esta actividad permitió tener un acercamiento con el personal especializado, para tratar temas de relevancia y actuales en el ámbito de penal juvenil. 

De igual manera, se reiteró que uno de los ejes fundamentales de la Fiscalía Penal Juvenil debe ser el trabajo en equipo, por lo que se hizo un llamado para que este se continúe implementando en las labores diarias de cada despacho.

La actividad se hizo en las instalaciones del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, en Zapote.

Sharon Hernández C. 

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El nuevo fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, visitó, este martes 08 de noviembre, la Fiscalía ​Adjunta de Desamparados, con el propósito de conversar con el personal y ponerse a disposición de dicho equipo de trabajo.  

Como parte del encuentro, el jerarca hizo una breve exposición de los nuevos objetivos que regirán en su gestión, con el fin de que las personas los conozcan y puedan implementarlos en las labores que desempeñan en sus puestos. 

De igual manera, el Fiscal General aprovechó el espacio para motivar a las personas funcionarias e hizo un llamado para que continúen trabajando de manera ardua y dedicada, en beneficio de la institución y de las personas usuarias. 

Esta es la primera visita que Díaz Sánchez realiza ​a las distintas fiscalías y oficinas del país, sin embargo, señaló que planea continuar con los recorridos por otros despachos del Ministerio Público. 

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó la charla virtual "Contratos de Leasing (arrendamiento financiero con opción de compra)", el cual estuvo dirigido a 40 personas funcionarias de la Oficina de la Defensa Civil de la Victima del MP. La actividad se realizó el pasado 28 de octubre, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

El Asesor de la Gerencia General del Banco de Costa Rica, Acuña Muñoz, quien estuvo como expositor de esta acción formativa, dijo que “el leasing es sinónimo de innovación, eficiencia y modernidad, y todo esto es la clave del éxito de los usuarios. El tradicionalismo financiero genera obsolescencia y afecta el desarrollo de las sociedades, por lo que las nuevas ideas que impulsen la modernidad y la renovación permiten que los procesos sean más eficientes y, por ende, más rentables. De esta manera, es de gran importancia los procesos de capacitación, pues garantizan el desarrollo del conocimiento y nos preparan para afrontar los nuevos retos”.

La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, explicó que este tipo de actividades formativas permite al personal de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima actualizar sus conocimientos para el desempeño de sus funciones.

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló el taller "Intervención del Ministerio Público en los Procesos Contenciosos en Casos de Capitales Emergentes", el cual estuvo dirigido a 21 personas funcionarias de la institución.

Según el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Olger Calvo Calderón, señaló que "con esta acción formativa, se pretende analizar la acción patrimonial del Ministerio Público, mediante la figura de Capitales Emergentes, fuera del proceso penal".

Por otra parte, de acuerdo con la Fiscala Adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, "este tipo de actividades son de vital importancia para el personal fiscal de la institución, ya que constituye uno de los retos más importantes para abordar aquellas situaciones de capitales emergentes, reto que no solo se centra en la persecución en sí misma sino en el accionar ante instancias no penales, en el caso particular , ante la competencia contenciosa administrativa en la que rigen principios y procedimientos distintos".

La actividad se realizó el pasado 31 de octubre, por medio de la plataforma de Microsoft Teams. El facilitador la capacitación fue el fiscal adjunto Calvo Calderón.

Mónica Álvarez Pérez 

Comunicadora, Área de Transparencia 

En cumpliendo con el mandato constitucional, la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV) presentó, mediante el ejercicio de rendición de cuentas, los resultados de las labores ejecutadas en el 2021. 

La actividad convocó al personal profesional y administrativo de dicha Oficina, así como a jefaturas del Ministerio Público. 

La fiscala adjunta de la ODCV, Ana Daisy Quirós Barrantes, expuso los resultados y destacó que un total de 2.036 casos fueron terminados, mientras que el despacho atendió 4.203 señalamientos de juicio a nivel nacional. 

La funcionaria refirió que la Oficina a su cargo presentó 1.325 acciones civiles y 52 demandas de ejecución, en representación de las personas víctimas que delegaron el ejercicio de la acción civil o ejecución en el Ministerio Público. 

Resultados obtenidos en procesos. Otros de los contenidos a destacar por la Fiscala Adjunta fueron que, durante el 2021, la ODCV logró por, liquidación en compensación al daño, como resarcimiento económico en la etapa penal para las personas actoras civiles, un total de ¢5,714,394,894.31, de los cuales ¢1,843,139,602.02 fueron efectivamente recibidos por estas personas. 

Por otra parte, se obtuvo un monto de ¢157,104,953.92, referente a honorarios recibidos por la oficina. Además, por los procesos en etapa de ejecución de sentencia civil, las personas actoras civiles recibieron un total de ¢188,395,998.14, y la oficina ¢46.776.665 por honorarios.   

Asimismo, producto de la gestión de la entidad, se brindaron 155 ayudas económicas, las cuales representaron la suma de ¢7,978,156.80. 

Como tema relevante, la Oficina mantiene políticas para las poblaciones en vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran presentar acciones civiles en casos ordinarios en un plazo no mayor a 30 días naturales y en un plazo no mayor a 60 días en asuntos declarados de trámite complejo. 

En casos relacionados con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, el despacho continúa con la presentación acciones civiles en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Cuando se trata de flagrancia, se realiza en un plazo no mayor a 24 horas.  

Este espacio de transparencia se realizó el 25 de octubre anterior, en el auditorio Eduardo Ortiz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

Sharon Hernández Coto

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31 de octubre del 2022. La Corte Plena eligió, este lunes 31 de octubre, al señor Carlo Díaz Sánchez como el nuevo Fiscal General de la República, quien ocupará ese puesto por el período 2022-2026. Esta elección fue realizada por las magistradas y los magistrados, por medio de votación pública, en una sesión que inició pasadas las 8:30 a.m.

Una vez finalizadas las votaciones, el funcionario fue juramentado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez.

Luego de la juramentación, el nuevo jerarca del Ministerio Público señaló que se compromete a trabajar en el fortalecimiento del Ministerio Público, luchando en contra de la corrupción y el crimen organizado, sin dejar de lado la criminalidad convencional.

El Fiscal General electo es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho con énfasis en materia penal. El funcionario tiene 21 años de servicio en el Poder Judicial y, a la fecha, labora como fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena.

Con la participación de 45 periodistas de medios de comunicación de cobertura nacional y regional, así como estudiantes de Periodismo y de Derecho, se desarrolló el taller virtual "Cobertura de la fuente judicial: el proceso penal desde la función del Ministerio Público", la noche del 20 de octubre. La actividad permitió exponer a las personas participantes la labor de la institución, durante cada etapa del proceso penal.

El taller fue organizado por la Oficina de Prensa del Ministerio Público (MP), con el apoyo logístico del Colegio de Periodistas y Profesionales en la Comunicación (Colper), con el fin de dar insumos que faciliten la labor de las personas que se desempeñan como comunicadoras. El expositor del evento fue el fiscal adjunto Fernando Arguedas Rojas, quien también es coautor de un manual de términos prácticos sobre el proceso penal, en lenguaje no jurídico, dirigido a periodistas y personas que no son abogadas.

"La actuación del Poder Judicial es de indiscutible interés para la ciudadanía. Por esa razón, el trabajo diario de ese poder de la República casi siempre es noticia. Se trata de un ámbito de actividad muy amplio que abarca procesos de Familia, Laborales, de Tránsito, Contencioso Administrativo, Constitucional, entre otros. Sin embargo, existe un área particularmente relevante para el público y por lo tanto para la prensa, que es la materia penal y la procesal penal", señaló el Fiscal Adjunto.

Durante el taller, Arguedas Rojas hizo una reseña histórica del proceso penal, realizó una explicación sobre el funcionamiento del MP e informó sobre otros despachos judiciales y actores procesales que intervienen en el proceso penal. Además, expuso acerca de los objetivos que persigue el proceso; los tipos de medidas cautelares y su procedencia y los procedimientos especiales.

Al abordar las etapas del proceso penal, el Fiscal Adjunto explicó que las fases preparatoria, intermedia, de impugnación y de ejecución, son de carácter privado, siendo el juicio la única etapa pública, con ciertas limitaciones legales. El funcionario también informó acerca del artículo 295 del Código Procesal Penal, sobre la privacidad de las actuaciones en las investigaciones, y dio a conocer las posibilidades para facilitar información sin afectar los casos, establecidas en la circular administrativa 04-ADM-2020, de la Fiscalía General.

Dicha circular menciona que, de ser requerido por la prensa, existen datos generales que se pueden facilitar sobre un caso, como lo son el número de expediente, el presunto delito, el estado del caso, los apellidos de las personas investigadas, el nombre de la Fiscalía que investiga, el tipo de medidas cautelares solicitadas por el despacho, y una breve descripción de los hechos, esto último, según criterio de quien dirige el caso.

Allan Chacón Soto, jefe de proyección institucional del Colper, afirmó que "reconocemos el valor de esta alianza que construimos con la Oficina de Prensa del Ministerio Público, que nos permite entregar herramientas y actualizar términos; siempre es importante mantener a las personas comunicadoras con opciones para la formación continua, que, precisamente, es de nuestros grandes objetivos. Esperamos que este sea el punto de inicio para más proyectos de valor en conjunto".

El taller llegó a las personas participantes a través de la plataforma Zoom.