UCS. Más de 50 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participaron en la conferencia “Prevención al Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral”, el 8 de marzo.
El espacio formativo fue organizado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público y tuvo como objetivo sensibilizar y concientizar al personal sobre las consecuencias que acarrea el hostigamiento sexual, en procura de mantener condiciones que fomenten el respeto tanto en los públicos internos como externos, y que garantice un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y libre de este tipo de conductas.
La facilitadora Nancy Solano Salazar, psicóloga del Área de Valoración Psicosociolaboral, resaltó que el hostigamiento sexual en el trabajo es un problema arraigado, y suele minimizarse o ignorarse; por esta razón, llevar este tipo de capacitaciones al personal judicial significa facilitar los procesos de sensibilización que son necesarios a la hora de atacar esta problemática.
De acuerdo con Solano, la información de herramientas y de acciones que la institución pone a disposición, pueden fortalecer la confianza, brindar habilidades y estrategias útiles para diferentes situaciones que se puedan presentar.
Por su parte, el fiscal Iván Solís Huertas, destacó que el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y educativo es un problema de vieja data que debe ser erradicado por completo.
“Estos espacios permiten brindar información a las personas participantes sobre cómo identificar una situación de hostigamiento sexual y las consecuencias que estas conductas generan, buscando con ello generar conciencia sobre este fenómeno” acotó.
Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS indicó que, este tipo de acciones formativas ponen de manifiesto el interés institucional por el cumplimiento efectivo de sus valores rectores, brindando herramientas a su personal para la sensibilización con respecto al tema, la toma de decisiones y la ejecución de acciones contra el hostigamiento sexual.
La conferencia se desarrolló de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.
Mónica Álvarez Pérez
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En un acto de rendición de cuentas, este lunes, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, presentó ante la Corte Plena los resultados de las acciones desarrolladas por el Ministerio Público durante el año 2022.
En el inicio de su intervención, el jerarca resaltó lo que denominó como los cinco ejes fundamentales en los que la institución ha sustentado su forma de trabajar: el modelo gerencial, el talento humano, la toma de decisiones, las políticas de persecución penal y los movimientos de trabajo.
El fiscal manifestó que la estabilidad del talento humano es fundamental en el buen desempeño de la institución, ya que, mitiga el efecto de “fuga de talento”, que en la actualidad desestabiliza el ambiente laboral y las condiciones del empleo de muchos de los puestos en el Ministerio Público.
Otro de los puntos que enfatizó el fiscal Díaz Sánchez fue el trabajo que realizan las fiscalías territoriales, las cuales están enfocadas en la implementación de planes de descongestionamiento y gestión del rezago, que tienen el objetivo de disminuir los tiempos de resolución de los casos.
Con respecto a las cargas de trabajo en comparación con el período 2021, el jerarca informó que se presentó un incremento de 16.284 en los casos ingresados, no obstante, gracias a los esfuerzos del personal fiscal, se logró también un aumento en la cantidad de casos resueltos, de 19.380 expedientes más en comparación con el año 2021. Asimismo, resaltó que se registró un incremento del 16.5% en las sentencias condenatorias y procesos abreviados en comparación con el año 2021.
Al final de la intervención, las personas integrantes de la Corte plantearon consultas y ofrecieron retroalimentación al Fiscal General en temas como personas indígenas, carrera fiscal y justicia abierta, entre otros.
Acceda al informe completo a través del link https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas-2022/
UCS. Describir los diferentes tipos de personalidad, los factores que generan motivación y estrés y promover la armonía laboral con estrategias de relaciones interpersonales
positivas, formaron parte del objetivo que desarrolló el taller “Patrones de la Personalidad en los Equipos de Trabajo”, dirigido al personal profesional y de apoyo del Ministerio Público.
La formación fue impartida por la facilitadora Irene Chacón Madrigal, psicóloga de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, quien a través de actividades interactivas dio a conocer las distintas personalidades que se caracterizan dentro del ámbito laboral como lo son: la motivadora, emprendedora, analítica y conciliadora.
En el taller participó el fiscal Rogelio Vargas Baldares, quien manifestó que el espacio formativo le permitió conocer y comprender conflictos y situaciones que se presentan a diario en la oficina y con las personas usuarias.
“La capacitación nos enseñó a detectar los problemas internos tanto los nuestros como los de las personas que son parte de la cotidianidad. Distinguir los diferentes perfiles de personalidad y de cómo los enfrentamos, evitamos y comprendemos, para así crear un ambiente positivo, libre de conflictos”, manifestó.
De acuerdo con Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de UCS, estas acciones instructivas van encaminadas a brindar herramientas al talento humano que conforma la institución, para desarrollar relaciones personales de forma positiva, situación que redunda en el bienestar propio y de los demás, así como en el trabajo diario.
El taller se realizó el 3 de marzo y se efectuó bajo la modalidad presencial.
Cómo se comporta la criminalidad en delitos como robos y hurtos en los cantones de San Ramón, Grecia, Naranjo, Palmares, Sarchí y Zarcero, fue el tema de la última mesa de trabajo realizada por personal fiscal, oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública de la zona de Occidente.
En la reunión, llevada a cabo el 2 de marzo, en la delegación de la Fuerza Pública de Palmares, se analizaron datos que permitieron visualizar una baja en la incidencia delictiva de los delitos contra la propiedad, en los cantones que pertenecen a la jurisdicción de la Fiscalía Adjunta de San Ramón.
Fernando Arguedas Rojas, fiscal adjunto de la zona, confirmó que hubo una disminución de 64 casos, equivalente al 8%, entre los registrados en los dos primeros meses del año, con respecto al mismo período del 2022. Además, señaló que en las mesas de trabajo se analizan los objetivos policiales que hay que procesar o detener.
“Esta modalidad de trabajo permite que cada mes se revisen los datos estadísticos cantón por cantón y analizar los factores que permitieron el aumento o los descensos, por lo que estos espacios son clave para buscar soluciones, combatir los delitos contra la propiedad y continuar con los esfuerzos para que esta tendencia continúe a la baja”, acotó.
De acuerdo con el funcionario, la coordinación institucional les permite crear una ruta de trabajo para lograr disminuir los delitos y articular esfuerzos en la búsqueda de soluciones.
Mónica Álvarez Pérez
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Desde la creación del Ministerio Público, las mujeres han ocupado espacios que les ha permitido destacarse desde sus distintas áreas de trabajo. Algunas se desempeñan como profesionales, otras en puestos administrativos, pero todas comparten el objetivo de laborar para una institución que vela por la protección de los derechos de la población.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con 1.349 plazas que se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. En esta distribución del talento humano según sexo, el 59% corresponde a plazas ocupadas por mujeres.
Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, le contaremos algunas experiencias de funcionarias desde su ámbito laboral.
Mónica Álvarez Pérez
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El derecho que tiene la ciudadanía de acceso a la justicia ha sido para la Fiscalía de Nicoya un eje fundamental para acercar los servicios que ofrece la institución a las poblaciones distantes del centro del cantón.
Desde el 2009, los distritos de Lepanto y Paquera se han beneficiado de una buena práctica implementada por la Fiscalía, mediante la cual, a través de un rol, un fiscal o fiscala con una persona técnica judicial se trasladan a más de 50 kilómetros un día a la semana a los Tribunales de Jicaral. El objetivo: que las personas accedan a servicios como la interposición de denuncias, la toma de declaración de testigos, indagatorias, entre otros.
De acuerdo con la Fiscalía, las visitas periódicas han conseguido que las poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas sean atendidas sin que tengan que desplazarse por largas distancias. En ocasiones, destacó el despacho, se han abordado a personas menores de edad víctimas de delitos sexuales; en estos casos, se realizan las coordinaciones competentes con equipos interdisciplinarios especializados en la atención de estos procesos.
Fiorella Maffio Castillo, fiscala de Nicoya, señaló que esta iniciativa demuestra mística y vocación de servicio del personal del Ministerio Público hacia las personas usuarias.
“En relación con la atención de personas usuarias en la localidad de Jicaral, considero que se trata de una necesidad que presentan los lugareños, toda vez que, a la hora de ser atendidos, muchos externan la imposibilidad de trasladarse hasta Nicoya, por falta de recursos económicos, la distancia, el transporte, entre otros factores”, explicó.
En los primeros años de ejecución de esta iniciativa, la Fiscalía atendía a las personas usuarias en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de Jicaral, pero con la creación de los Tribunales, se asignó un espacio al Ministerio Público para que pueda desarrollar su labor y ejercer su función de aplicar la ley mediante el ejercicio de la acción penal.
UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público llevó a cabo un curso denominado “Interrogatorio y contrainterrogatorio”, con el objetivo de concientizar sobre la relevancia y trascendencia del rol que cumplen las personas peritas judiciales dentro del proceso penal, especialmente en la actividad probatoria, referente con la búsqueda de los elementos necesarios, dirigidos a formar la convicción de la persona juzgadora.
La docente, Vanessa Villalobos Montero, subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, manifestó que el curso permitió actualizar conocimientos, compartir experiencias y poner en práctica las destrezas básicas e indispensables, como es la participación en un debate oral, y poder transmitir de manera accesible los conocimientos de cada una de las áreas como auxiliares de justicia.
José Francisco Mena Castro, fiscal adjunto de Pococí y facilitador de la actividad, señaló que el contenido de la capacitación está diseñado para que los participantes adquieran conocimiento acerca de la naturaleza jurídica, fundamento, objeto y límites de la peritación, con la finalidad de desarrollar un mejor desempeño al momento del interrogatorio y contrainterrogatorio.
En esta oportunidad, se capacitaron a 25 personas peritos del Departamento de Ciencias Forenses y del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial.
El curso se efectuó del 6 al día 10 de febrero, con una duración de 40 horas, y fue impartido de manera sincrónica, asincrónica y con 2 sesiones presenciales; estas últimas para el desarrollo de simulaciones de juicio en el que los participantes debieron demostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso.
El espacio formativo cobró relevancia, por cuanto constituye un insumo ideal para la formación de competencias de las personas peritas en su desempeño en juicio, y constituye parte de los requerimientos de los sistemas de gestión de calidad basados en las normas ISO 17020 e ISO 17025 con enfoque forense.
En un espacio de interacción con la ciudadanía, el Ministerio Público participó en el taller “Participación ciudadana en tiempos de cambio: características, alcances y desafíos para las organizaciones”, dirigido a representantes de organizaciones sociales vinculadas con la labor que desempeñan distintas instancias del Poder Judicial.
Como parte de la agenda propuesta, se contempló un espacio interactivo para dialogar sobre el quehacer de oficinas estratégicas y de los espacios de colaboración con la población. La socióloga Andrea Bermúdez Castillo, a cargo de una de las charlas, facilitó información acerca de las principales funciones y servicios que se ofrece al público.
La funcionaria hizo un análisis y profundizó en los mecanismos que utiliza el Ministerio Público para vincularse con la ciudadanía, los cuales explicó por medio de tres niveles:
Informativo y de proyección comunitaria. Sobre este punto destacó el esfuerzo constante y permanente de la institución, por proyectarse hacia la comunidad mediante reuniones en las distintas comunidades en las que trabajan las fiscalías territoriales y especializadas, como los despachos especializados en materia penal juvenil, asuntos indígenas, género y delitos sexuales, así como la Oficina de Prensa y la Unidad de Capacitación y Supervisión, los cuales cuentan con programas de proyección continuos, en los que se incluyen campañas de comunicación, programas de radio, generación de materiales interactivos, actualización constante del sitio web, entre otras acciones.
Modelo de Rendición de cuentas. Bermúdez explicó que todas las fiscalías y oficinas de la institución realizan un ejercicio de rendición de cuentas anual, abierto y participativo a la ciudadanía y a los medios de comunicación locales. Como consecuencia de la pandemia y en apego a las recomendaciones del Ministerio de Salud, las actividades presenciales se suspendieron, pero serán retomadas este año. Además, en este momento se trabaja en la construcción de un modelo de Ministerio Público abierto, que integre los componentes de co-creación, participación y transparencia.
Proyectos de participación ciudadana. En este último nivel, la funcionaria explicó el trabajo desarrollado por el Área de Transparencia de la institución, cuyos antecedentes son los planes piloto de las comunidades de Liberia, San Carlos y Puerto Viejo de Limón.
“En esta línea se encuentra vigente el Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Ciudadanas para la Prevención, Detección y Denuncia de actos de corrupción en el sector público y Gobiernos Locales, que tiene por objetivo articular distintas instancias públicas que tienen un rol importante en el abordaje de la corrupción y las faltas al deber de probidad con el interés ciudadano, representado por el Observatorio Ciudadano Municipal, en procura de dotar de mayores herramientas a la ciudadanía para una incidencia y vigilancia efectiva sobre las labores que ejecutan los Gobiernos Locales”.
Bermúdez explicó que este proyecto se enfoca en un proceso de formación de capacidades por medio de capacitaciones específicas, en el que participan todas las instancias involucradas y con el cual se ha logrado llegar a más de 200 personas en los últimos dos años.
Esta actividad se realizó el 17 de febrero y fue coordinada por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.