Mónica Álvarez Pérez

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En el marco del taller “Combate al tráfico de vida silvestre en Costa Rica”, fiscales de la Fiscalía Adjunta Ambiental participaron como expositores en temas que coadyuvan a fortalecer las capacidades para una detección y lucha efectiva en el comercio ilegal de especies naturales.

El espacio formativo permitió que los fiscales Alejandro Alpízar Arrones, Luis Diego Hernández Araya, y el fiscal adjunto, José Pablo González Montero, expusieran contenidos como los tipos de procedimientos establecidos en la Ley de Vida Silvestre, los delitos y contravenciones incluidas en esa legislación, así como la investigación de los ilícitos; también se abordaron las políticas de persecución penal enfocadas en esa ley.

De acuerdo con el fiscal adjunto y coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, Latinoamérica es una región con una gran diversidad de especies, y, en particular, Costa Rica es “mega diversa”, lo que genera un foco de atención hacia las especies silvestres, que se convierten en un recurso sometido a presión por diversas acciones humanas.

“El tráfico de vida silvestre en esta región es uno de los flagelos que más amenaza a nuestra biodiversidad”, acotó.

En el taller participaron 60 representantes de autoridades nacionales del Ministerio de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Frontera, Ministerio de Ambiente y Energía, Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, Servicio Nacional de Salud Animal, Organismo de Investigación Judicial y Laboratorio de Ciencias Forenses.

La formación es parte del proyecto “Mejora de la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre”, financiado con fondos de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, del gobierno de los Estados Unidos y administrado por Humane Society International, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental de Costa Rica. Esta capacitación fue organizada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal.

La actividad de realizó en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía en Pococí, del 20 al 24 de marzo.

Mónica Álvarez Pérez

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“Nociones Básicas sobre el Acto Administrativo” fue el contenido central del espacio formativo dirigido a las jefaturas del Ministerio Público (MP) e impartido por la Dirección Jurídica del Poder Judicial, el jueves anterior.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, participó en la capacitación y fue el encargado de abrir la misma. El espacio pretendió facilitar al personal convocado de conocimientos y herramientas básicas en derecho administrativo, con la finalidad de que las apliquen en sus labores diarias y en la toma de decisiones competentes en esta materia.

Rodrigo Campos Hidalgo, director jurídico, desarrolló los temas con respecto a la conducta administrativa formal; tipología de actos administrativos; así como la validez y la eficacia del acto administrativo y su responsabilidad.

La actividad se realizó en el salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia y participaron 20 personas, entre jefaturas, personal fiscal y técnico.

En un segundo encuentro de trabajo, personal de las fiscalías adjuntas de la columna de Atención de Población Vulnerable y Vulnerabilizada evaluó los avances del plan de trabajo, referente al rezago de cada despacho.

Los contenidos se centraron, precisamente, en los esfuerzos realizados en el abordaje del rezago de expedientes, la celeridad procesal y la atención de las personas víctimas.

Rebeca Ruiz Sandí, trabajadora social del Área de Valoración Psico-sociolaboral, formó parte del inicio de la reunión por medio de una actividad de integración; posteriormente, el fiscal Omar Jiménez Madrigal presentó el tema: Generalidades para el planteamiento correcto de solicitudes periciales.

En su exposición, Jiménez resaltó la existencia de dos herramientas de trabajo esenciales en el desempeño fiscal, los cuales son: el Manual Homologado de Servicios DVF-DML-SIORI y el Manual de Ciencias Forenses para el personal fiscal.

Por su parte, la fiscala adjunta, Mayra Campos Zúñiga, indicó que la sesión de trabajo permitió reconocer el esfuerzo realizado por el personal de cada fiscalía y representa una oportunidad para renovar el compromiso en la mejora de la atención de las distintas poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas.

Para el cierre de la actividad, cada fiscala adjunta y fiscal adjunto participante de las fiscalías Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Género y Delitos Sexuales, Asuntos Indígenas y de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso acerca del cumplimiento de la ruta de trabajo de los primeros tres meses del presente año, los avances logrados y los obstáculos detectados.

Este encuentro se realizó el 21 de marzo, en el salón del Buen Servidor Judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Mónica Álvarez Pérez

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Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, realizó una exposición en la que explicó las funciones y operatividad del Ministerio Público a una delegación compuesta de 34 juristas provenientes de Israel.

Las abogadas mostraron interés en distintos temas como el proceso penal costarricense, las medidas alternas la materia de ejecución de pena, cantidad de casos que ingresan por año a la institución y la pena de muerte.

La delegación valoró positivamente el espacio otorgado, y la disposición y anuencia del Fiscal General para contestar las consultas planteadas.

Mónica Álvarez Pérez

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Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desarrollaron una capacitación dirigida al personal   fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual busca fortalecer conocimientos sobre las generalidades del sistema de partidos políticos.

Este espacio formativo fue impartido por Hugo Picado León, magistrado suplente del TSE; Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos; Jorge Bolaños Villalobos, encargado de Revisión de liquidaciones; y David Rodríguez Mata, del Departamento de Investigaciones del TSE.

Los facilitadores desarrollaron temas que les permitió a los participantes cono cer conceptos como la deuda política, liquidación de gastos, cesión de bonos y estructuras paralelas, los cuales, podrán aplicar en las investigaciones que tramita la FAPTA en relación con partidos políticos.

Para Natalia Villalta Hidalgo, fiscala adjunta de la Fiscalía Anticorrupción, esta formación permite no solo nutrir el conocimiento respecto a un tema que en los últimos tiempos ha tomado fuerza, sino también permiten unir esfuerzos en la lucha de esta delincuencia.

La formación se realizó el 17 de marzo en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público.

UCS. Un total de 25 fiscalas y fiscales participaron en el curso “Aspectos prácticos y teóricos de los medios de impugnación de la sentencia penal”, formación realizada de manera presencial el 13 de marzo y organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público.

Este espacio formativo busca desarrollar conciencia acerca de la importancia de la utilización de los medios de impugnación, en general, y lo que corresponde a la sentencia penal, las competencias, conocimientos y habilidades, para una formulación adecuada y técnica de los recursos que se ejercen en su contra.

La facilitadora, Natalia Hidalgo Porras, señaló que se trata de un curso muy interactivo y práctico, que permite comentar casos reales, en el que se hace un repaso de conocimientos, sobre los diferentes medios de impugnación, con el que cuenta el proceso penal en las distintas etapas, sus diferencias y la forma correcta de utilizarlos.

“Con este curso, se pretende mostrar la importancia de la fase de impugnación de la sentencia, estudiar los medios de impugnación al alcance en esta etapa, los presupuestos que los diferencian, la forma correcta de argumentar jurídicamente, y de responder de manera adecuada, a los cuestionamientos que se hagan en esta etapa, por las demás partes intervinientes, con el fin de obtener buenos resultados en el proceso, conforme a la pretensión punitiva del Ministerio Público” indicó.

Para la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde chaves, este tipo de actividades formativas son una herramienta más para mejorar el desempeño de la función por parte del ente acusador en todas las etapas del proceso penal. 

Esta actividad se extenderá los días 20 y 27 de marzo y es facilitada por las fiscalas Natalia Hidalgo Porras y Greysa Barrientos Núñez; y los fiscales Edgar Barquero Ramírez y Julián Martínez Madriz.

Mónica Álvarez Pérez

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A través de una campaña que lideró personal de la Fiscalía Adjunta de Alajuela, se logró recaudar útiles escolares que beneficiaron a más de 25 estudiantes de la comunidad de Río Segundo.

La iniciativa surgió luego de que ocurriera un incendio, el 13 de febrero pasado, en el barrio Los Huevitos, Alajuela, lo que provocó que muchas familias perdieran sus bienes y que los estudiantes se quedaran sin materiales escolares.

De esta manera, el personal de la Fiscalía unió esfuerzos para recolectar cuadernos, lápices, pilots, tijeras, salveques y otros implementos esenciales para los alumnos.

María José Montero Alfaro, técnica judicial de Alajuela, indicó que el personal se solidarizó e hizo su aporte para llevar felicidad a estos niños y niñas que lo perdieron todo.

“Nos organizamos, porque vimos la necesidad de colaborar y apoyar en algo tan esencial, para que estos niños y niñas puedan continuar con sus estudios. Fue muy gratificante ver sus sonrisas al recibir los útiles escolares”, resaltó.

El 06 de marzo se hizo la donación de lo recaudado, actividad que se realizó por medio de una Iglesia Cristiana de la comunidad, la cual se encargó de entregar los paquetes escolares a los menores de la zona afectada.