Mónica Álvarez Pérez

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La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAAI) y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), continúan en la creación de espacios de acercamiento, en esta ocasión, la visita correspondió a los territorios indígenas de Salitre y Curré, actividades realizadas el 26 de mayo y 5 de junio, respectivamente.

Estas actividades tienen como objetivo capacitar a las personas de la comunidad en temas como derechos fundamentales y acceso a la justicia, asimismo, acercar los servicios que brinda la FAAI y la OAPVD, despachos que procuran contribuir en la atención oportuna y brindar un servicio de calidad ante las necesidades de las personas usuarias.

Ambas comunidades fueron capacitadas en el tema: “Tipos de violencia”, ponencia presentada por Jenifer Castillo Fonseca y Nayra Morales Granados, trabajadoras sociales de la OAPVD.

Para Sandy Pérez Ugalde, fiscal auxiliar de la FAAI, estas actividades representan una gran oportunidad de brindar los servicios que ofrece el Ministerio Público en estas comunidades, así como un espacio para compartir con las personas asistentes y abordar las consultas expuestas.

Según resaltó Margarito Torres Rojas, persona indígena bribri del clan duriwak, “esta visita representó el compromiso de la Fiscalía por nuestra comunidad y de mostrar sus servicios, por lo que estamos muy agradecidos”.

La FAAI continuará con estos procesos de formación, los cuales pretenden cubrir todos los territorios indígenas del país.

UCS. “Planificación de la Investigación Penal y Dirección Funcional”, fue el contenido expuesto por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público a 23 fiscales y fiscalas de distintos despachos del país, en una formación realizada el 23 de mayo, mediante la plataforma virtual Teams.

La capacitación fue impartida por la fiscala Cindy Carpio Obando, quien explicó que el tema desarrollado reviste especial importancia al ser un eje medular para que el trámite e investigación de los expedientes a cargo del personal fiscal se realice de manera eficaz y eficiente, en aras de cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida.

Para la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, estos espacios de capacitación pretenden desarrollar competencias y destrezas que permitan a las personas participantes, realizar investigaciones de calidad en el desempeño de sus funciones, ya que se tiene plena conciencia de las limitaciones que enfrenta el personal fiscal al momento de abordar los casos penales.

Mónica Álvarez Pérez

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Por medio de un espacio participativo, el 30 de mayo se desarrolló el primer taller para la creación de la estrategia de Ministerio Público Abierto, actividad que contó con la participación del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, el magistrado, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, como presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), Sara Castillo Vargas, directora ejecutiva de Conamaj, personas funcionarias judiciales, fiscalas y fiscales, así como personal profesional del Ministerio Público.

La formación estuvo a cargo de Conamaj, quienes a través de su directora y de Ingrid Bermúdez Vindas y José Pablo Vargas Cubillo, sentaron las bases conceptuales y de relacionamiento mediante el trabajo colaborativo del equipo designado por el fiscal general, con el objetivo de diseñar un Modelo de Gestión de Justicia Abierta para el Ministerio Público (MP).

Esta estrategia es un trabajo de la Fiscalía General en conjunto con Conamaj, la cual, través de Castillo, presentó una breve explicación de la Política de Justicia Abierta, herramienta que promueve una gestión basada en los principios de transparencia, participación y colaboración. Además, se expusieron buenas prácticas y experiencias de Justicia Abierta en la Defensa Pública y Juzgados Abiertos.

Durante la actividad se realizaron actividades que permitieron efectuar, en primer término, un consenso de valores para conocer los objetivos específicos de la estrategia, cómo conformar una ética de equipo que permita asumir el reto conjuntamente, generar entusiasmo y reconocimiento en las personas que integran el equipo de trabajo e identificar las fortalezas y desafíos del MP en la implementación de los principios de Justicia Abierta.

La institución continuará con estos procesos formativos, en la construcción de una estrategia que vele por la implementación del acceso a la información pública, apertura de datos, rendición de cuentas e integridad, probidad y anticorrupción.

Mónica Álvarez Pérez

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Este martes 06 de junio, la Fiscalía Ambiental participó de la presentación de una herramienta virtual que fue creada para capacitar al personal de las instituciones que trabajen en el combate del delito de pesca ilegal.

Para la creación de la herramienta, se contó con el aporte de contenido y asesoría de la Fiscalía, del Organismo de Investigación Judicial, del Servicio Nacional de Guardacostas, de la Federación Costarricense de Pesca, y de la firma Gensler, empresa encargada del diseño tecnológico.

El fiscal adjunto Ambiental, José Pablo González Montero, señaló que el instrumento fue creado para apoyar la capacitación de las personas funcionarias involucradas en la aplicación de la legislación de pesca, además, fue utilizado recientemente en un curso y se utilizará en las siguientes capacitaciones en esta materia.

“Su éxito radica en que posibilita la solución de ejercicios y la comprobación de los conocimientos adquiridos en el curso de una forma interactiva, y sin los inconvenientes de tener que trasladar a las personas operadoras jurídicas hasta los escenarios reales de pesca ilegal, que pueden ser complejos y peligrosos" destacó.

De acuerdo con Alejandro Alpízar Arrones, fiscal ambiental, la herramienta virtual permite dotar al personal del conocimiento en el buen manejo técnico y especializado en la escena del crimen y así recabar de manera eficiente la prueba.

Costa Rica es el primer país en implementar esta herramienta como método de capacitación y se pretende que se pueda poner a disposición de otras naciones, con los que se busca ser alianzas en la lucha contra la pesca ilegal, desde una perspectiva de actividad ordinaria o de una organización criminal.

Durante la actividad, las personas participantes pudieron ver a través de un demo virtual, la simulación de una escena de un delito de pesca ilegal y el abordaje de esta por las autoridades competentes.

La actividad se realizó en Avenida Escazú, en las instalaciones de la empresa Gensler.

Mónica Álvarez Pérez

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Uno de los compromisos adquiridos por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, es acercar la justicia a las personas que habitan en los territorios indígenas del país, por lo que, el 27 de mayo, visitó la comunidad de Telire, en el Alto Talamanca. 

El jerarca participó de la visita organizada por la magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, quien coordina varios proyectos institucionales relacionados con las poblaciones indígenas; además, asistieron representantes de la Fiscalía General, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas y el Organismo de Investigación Judicial. 

El acercamiento tuvo como propósito conocer de primera mano las situaciones que afectan a estas poblaciones vulnerables, sus necesidades y las condiciones de los servicios que les brinda el Ministerio Público (MP), así como identificar los distintos delitos que se cometen en estas comunidades. 

Para el Fiscal General, garantizar el acceso a la justicia y mejorar el servicio que se ofrece a estas poblaciones forman parte de una línea de trabajo priorizado, la cual busca que sea el MP el que llegue a brindar un servicio de calidad en protección de sus derechos y no exponer a las personas de la comunidad a traslados de varios días para poder acceder a los servicios que ofrece la institución; por ello se efectúan coordinaciones para regresar a la zona con equipos de trabajo y continuar con su atención. 

“Queremos buscar un acercamiento, ofrecer una atención prioritaria en aras de proteger sus derechos, los cuales son regulados por leyes nacionales y convenciones internacionales”, dijo el jerarca. 

Durante la visita se abrieron espacios de consultas, que permitió a las personas asistentes exponer sus necesidades, para ser abordadas por el personal del MP. 

Tatiana Vargas Vindas 

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En momentos donde los recursos públicos son limitados, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, y el jefe del Departamento de Ciencias Forenses, Mauricio Chacón Hernández, están convencidos de que les corresponde trabajar de manera articulada para que las pericias que soliciten las fiscalías correspondan a pruebas realmente imprescindibles para el proceso penal.  

Por eso, el viernes 12 de mayo, más de 20 fiscalas adjuntas y fiscales adjuntos de todo el país visitaron las instalaciones del Departamento de Ciencias Forenses, en la Ciudad Judicial, Heredia, donde conocieron los distintos tipos de evidencia que se analizan en las ocho secciones existentes, con el objetivo de que cada jefatura identificara de manera exacta cuál​ prueba es posible solicitar, si esta es necesaria y determinante para el desarrollo del caso, así como el tiempo que tarda en ser resuelta en los laboratorios y el costo que tiene cada una de estas.   

El fiscal general afirmó que la prueba científica tiene un alto valor en los procesos penales, por lo que hizo un llamado a que en los distintos despachos del Ministerio Público se valore la necesidad real de contar con la misma, o si, en virtud de la limitación presupuestaria que existe en la actualidad, es conveniente prescindir de alguna pericia que no sea determinante. 

“Lo que buscamos es maximizar los recursos existentes para aprovechar la evidencia científica en lo que verdaderamente se requiere, que se genere conciencia sobre el costo de las pericias, que sepan solicitarlas y que valoren la necesidad y proporcionalidad de hacerlo”, afirmó el jerarca, al tiempo que señaló su objetivo de que fiscales adjuntos y fiscalas adjuntas puedan transmitir el conocimiento al personal a su cargo. 

De acuerdo con datos de ese departamento del Organismo de Investigación Judicial, mientras que en el 2020 ingresaron 30,910 casos para análisis, en el 2021 fueron 33,142; y en el 2022, esa última cifra aumentó en 203 asuntos.

Las ocho secciones de ciencias forenses son Análisis y escritura de documentos dudosos; Biología forense; Bioquímica; Pericias físicas; Imagen y sonido forense; Química analítica; Toxicología e Ingeniería forense. 

“Se trata de hacer una buena coordinación y tener eficiencia en el uso de recursos, las pericias son costosas y los recursos son cada vez más limitados y poder seleccionar adecuadamente qué analizamos y para qué lo analizamos hace que reduzcamos los tiempos de respuesta, que agilicemos los procesos de investigación y que hagamos el uso más adecuado de los recursos”, explicó Chacón. 

El funcionario también indicó que el incremento de los homicidios ha impactado el trabajo y los tiempos de respuesta de las distintas secciones, puesto que algunos de esos delitos contra la vida guardan relación con temas de narcotráfico. 

El Departamento de Ciencias Forenses cuenta con 220 personas funcionarias. El 80% de las solicitudes de pericias que ingresan corresponden a las áreas acreditadas: ADN, Química analítica, Toxicología, Unidad de balística y Pericias físicas.  

(*) Valores obtenidos de informe Foresight 2020-2021, Escuela de Economía y Negocios, Universidad de West Virginia.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), en coordinación con el Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio de la Dirección Ejecutiva, realizó un simulacro sorpresa, en su sede Heredia, bajo el escenario de indisponibilidad tecnológica. Dicha actividad se llevó a cabo el pasado 26 de mayo.

La diligencia se desarrolló por un espacio de tres horas y consistió en simular un evento que podría interrumpir los procesos de la Oficina, ya sea de manera parcial o total. Lo anterior, con el objetivo de validar el funcionamiento de los procedimientos vigentes, familiarizar a las personas involucradas en el proceso y verificar la capacidad de respuesta de esa sede, ante una situación que impide el uso de la tecnología y que podría extenderse por varios días, incluso, semanas.

La abogada del Equipo de Gestión de la Continuidad del Servicio de la OAPVD, Alexa Gómez Herrera, destacó que, “desde la OAPVD mantenemos nuestro compromiso con este tema tan importante y el hacer este tipo de pruebas nos permite preparar al personal en un ambiente controlado y autoevaluarnos sobre cómo estamos preparados. En cada simulacro identificamos oportunidades de mejora. Estamos muy agradecidos con don Melvin Obando, jefe del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, y su equipo de trabajo por la orientación y acompañamiento que nos han brindado”.

En ese sentido, Obando indicó que un plan de continuidad adquiere validez, hasta que es sometido a prueba, por lo que es de vital importancia para todas las oficinas y despachos judiciales realizar este tipo de ejercicios, a fin de madurar en la implementación y gestión de la continuidad.

“Es digno de destacar el esfuerzo de la OAPVD, pues con este tipo de prácticas se posiciona en la oficina que ha logrado más avance en este tema, dando el ejemplo a todo el Poder Judicial”, señaló el jefe del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio.

Para la verificación del cumplimiento del plan de continuidad, participaron en representación de la Oficina, el fiscal adjunto, José Ángel Peñaranda; la abogada Alexa Gómez Herrera; y la trabajadora social, Graciela Valverde. Asimismo, por parte Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, aparte de la jefatura, también estuvo el profesional Walter Jiménez Picado.

Sharon Hernández Coto

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El equipo fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil impartió un total 34 charlas, en centros educativos de distintas zonas del país. Lo anterior, en el marco del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, el cual se celebró el 25 de mayo.

De esa manera, por medio de las charlas, 27 centros educativos recibieron información sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa.

Durante cada actividad, el personal fiscal especializado aportó a cada institución material impreso. Asimismo, presentó materia audiovisual sobre los temas abordados y facilitó una lista de contactos para la interposición de denuncias y/o comunicación asertiva.

De igual manera, ese mismo día, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil participó en el acto formal de la celebración, el cual se realizó en el auditorio Miguel Blanco Quirós del Organismo de Investigación Judicial.

“La Conmemoración del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, declarado así mediante decreto ejecutivo del 25 de mayo del 2021, permite celebrar la importancia de la prevención entendida como sinónimo de conocimiento y capacitación”, señaló Gabriela Alfaro Zúñiga, fiscala adjunta de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil.

“Es menester recordar esa frase célebre del filósofo y político inglés, Francis Bacon, “el conocimiento es poder”, siendo entonces que quien tiene el conocimiento tiene el poder. El poder para decidir ser una persona sana, feliz, con la posibilidad de dirigir el camino de la vida sin causar daño ni lesionar a otras personas, por el contrario, cumpliendo metas y anhelos que como seres humanos sociales vamos fijando en el rumbo de nuestra vida”, añadió.

Las actividades se realizaron de forma coordinada con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Seguridad Pública.