La Oficina de la Defensa, Civil de la Víctima (ODCV), formó parte de un simulacro, que le permitió probar su plan de continuidad ante un posible escenario de indisponibilidad tecnológica, conocido como “apagón tecnológico”. El ejercicio fue  impulsado por la Oficina Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, el 15 de junio anterior.

El ensayo prepara al personal para evitar un posible apagón tecnológico y así dar continuidad, ofreciendo un buen servicio público sin interrupción, y que evite suspender las labores que ejecuta la oficina.

Para Melvin Obando, jefe de la Oficina de Subproceso, estos espacios resaltan el compromiso del personal con la gestión de continuidad, ya que ejercicios como este les permiten validar sus planes, ensayarlos y reducir la incertidumbre que se podría presentar en una situación real.

Por su parte, Ana Daysi Quirós, fiscala adjunta de la ODCV, indicó que “la práctica permite experimentar en una simulación controlada el panorama ante una falla tecnológica, visualizar oportunidades de mejora y estandarizar la gestión para ubicar insumos, trámites y atender a las personas usuarias internas y externas, sin afectar en la medida de alcance el buen servicio público”.

Mónica Álvarez Pérez

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"¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?

“Sí juro”, dijeron, de manera independiente, los tres fiscales y la fiscala nombrados en propiedad, para que ejerzan sus funciones en las oficinas del Ministerio Público que representan.

El acto se realizó el lunes 19 de junio, en la Fiscalía General de la República, un mes después de que el jerarca de la institución, Carlo Díaz Sánchez, juramentara a 162 personas en el auditorio Miguel Blanco Quirós, ubicado en el Organismo de Investigación Judicial.

En esta ocasión, las personas convocadas fueron Carlos Alberto Eduarte Hernández, Marlon Poyser Watson, Melissa Román Quesada y Roy Villalobos Quirós, quienes, por atender compromisos laborales, no pudieron asistir a la primera convocatoria.

Al personal se les entregó la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Decálogo del Fiscal, reconocimiento que resume las virtudes de debe de implementar la personal que se desempeñe como fiscal.

La Constitución Política, en su artículo 194, establece el juramento que deben prestar los funcionarios y funcionarias públicas al asumir algunos cargos.

Mónica Álvarez Pérez

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En el marco de la presentación del informe de resultados de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, la Fiscalía Ambiental celebró 30 años de su creación, espacio en el que participó el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, los fiscales adjuntos José Pablo González Montero y Paula Guido Howell, así como personal fiscal de dicha oficina.

La actividad se llevó a cabo el 14 de junio, en el auditorio del Organismo de Investigación Judicial, Primer Circuito.

En 1993, durante la administración de José María Tijerino Pacheco, exfiscal general de la República, fue creada la Fiscalía Ambiental, como un despacho encargado de establecer políticas de persecución penal para investigar los delitos que violenten el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Desde sus inicios, la Fiscalía Ambiental ha sido liderada por José Pablo González Montero, fiscal adjunto, quien propuso una línea de trabajo compuesta por cinco funciones principales que aún se mantienen vigentes, las cuales son:

• La capacitación al personal del Ministerio Público e instituciones vinculadas con la materia.
• Propuesta de las políticas de persecución de los delitos ambientales para la figura del fiscal general.
• Promoción de la coordinación interinstitucional para potenciar las capacidades de la oficina y de las demás instituciones, así como la colaboración con ONGs, grupos o comunidades organizadas.
• Investigación, resolución y atención de audiencias y debates en los casos más complejos e importantes del país (en aplicación de las 205 conductas por delitos ambientales contenidos en 83 artículos de 13 leyes).
• Propuesta de nuevas leyes o reformas legales.

Para González Montero, la fiscalía ha evolucionado para dar mayor énfasis a temas como la delincuencia organizada, ente rector en el ámbito nacional, desarrollo de indicadores para la toma de decisiones, apoyo a la Fiscalía General y a otras oficinas, diseño de manuales y protocolos para apoyar la labor del personal fiscal, investigador, entre otros.

En la actualidad, la fiscalía cuenta con ocho fiscales especializados, quienes están ubicados en San José, Golfito, Guanacaste y Pococí, zonas de alta incidencia en delitos ambientales.

Sharon Hernández Coto

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La Fiscalía de Flagrancia de Limón expuso sobre los resultados durante el operativo "Los 100 días por Limón", el cual se desarrolla en conjunto con la Fuerza Pública (FP), Policía de Control de Drogas (PCD) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los datos sobre lo alcanzado por parte de las autoridades durante los primeros 24 días fueron reportados por el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi Hernández, durante una conferencia de prensa realizada el pasado viernes 16 de junio, en Limón. (Enlace: https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/303387895347631)

En dicha actividad, también estuvieron presentes el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero; el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez Steller; y el director del OIJ, Randall Zúñiga López.

Durante la conferencia, el fiscal adjunto explicó que, como parte del trabajo, el Ministerio Público ha cambiado algunas políticas, entre las que destacan la reactivación de la Fiscalía de Flagrancia, la cual trabaja de la mano con los oficiales de FP.

"Este es parte del acuerdo que tuvimos de apoyarnos mutuamente todas las autoridades de la región y de devolver este control territorial a Limón", enfatizó Boraschi, durante su intervención. 

El funcionario dijo que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, externó su agradecimiento y reconocimiento a los equipos policiales por su excelente trabajo.

Datos. Según la información aportada por el fiscal adjunto de Limón, Henry Meza Mata, desde mayo hasta el viernes 16 de junio, bajo la modalidad expedita de flagrancia, durante acciones, como retenes policiales y recorridos de seguridad, se logró el decomiso de 16 armas de fuego.

En uno de los casos, se pactó un procedimiento especial abreviado, en el que tres personas aceptaron los cargos acusados por la Fiscalía y admitieron ser responsables del delito portación ilegal de arma permitida, por lo que recibieron una pena de dos años y ocho meses de prisión. 

Asimismo, se ordenó la detención de personas involucradas con tres delitos de robo agravado en Puerto Viejo de Talamanca. Por esos hechos, cuatro permanecen en prisión preventiva a la espera de un juicio, mientras que otros dos se acogieron a un proceso especial abreviado y se les sentenció a tres años de cárcel.

De igual manera, se concretó la aprehensión de un oficial penitenciario, quien permanece en prisión preventiva como sospechoso de introducir droga al Centro de Atención Integral Marcus Garvey. Esta persona se encuentra a la espera de que se realice el debate en su contra.

Durante los operativos, se logró el decomiso de drogas, así como la detención de un sospechoso, quien, al parecer, además registra un proceso por maltrato y privación de libertad, en perjuicio de su expareja. En este caso, el OIJ lo detuvo y ahora continúa preso a la espera de un juicio.

Según informó la Fiscalía, también se detuvo a tres personas por delitos de maltrato y amenazas contra mujer. Una de estas se encuentra en prisión preventiva, mientras que otras dos cumplen medidas cautelares distintas.

Adicionalmente, durante estos primeros días de operativo, siete personas fueron detenidas, ya que, al parecer, conducían en estado de ebriedad. Asimismo, un hombre fue capturado mientras transportaba combustible sin permiso, y cuatro más fueron aprehendidas por alteraciones de características y receptación de vehículos.

En estos casos, se ha aplicado suspensiones del proceso a prueba, procedimientos permitidos por la ley, lo que implica que, como plan de reparación por el delito cometido, las personas involucradas han realizado donaciones a favor de proyectos sociales de Limón, como hogares para personas adultas mayores y personas con problemas de alcoholismo. También recibieron donaciones la Asociación de Rescate Animal Salvando Vidas Limón y se dieron útiles escolares a escuelas en comunidades de riesgo.

"La Fiscalía de Flagrancia de Limón, con mística y un alto compromiso con la comunidad limonense, se une a los esfuerzos por alcanzar un Limón más seguro para todas y todos los habitantes de esta región", señaló el fiscal adjunto, Henry Meza Mata.

Mónica Álvarez Pérez

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Construir acciones que permitan atender la delincuencia en delitos como el robo y destace de ganado, fue el eje central de la reunión en la que participó el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, y que se realizó el 9 de junio en la Cámara de Ganaderos en Liberia, Guanacaste.

El encuentro permitió que este sector expusiera ante los presentes su preocupación y malestar por los constantes hechos delictivos de los que son víctimas y solicitaron la colaboración de las autoridades en la búsqueda de soluciones para combatir esta problemática.

Como resultado de la reunión, el fiscal general adquirió un compromiso por parte del Ministerio Público, el cual dispuso la priorización en la tramitación de estos casos, asimismo, instó a crear mesas de trabajo en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y representantes de la Cámara de Ganaderos, con la finalidad de atender el fenómeno y establecer nuevas rutas de trabajo para ejecutar acciones efectivas.

En atención a este compromiso, el viernes 23 de junio se realizará la primera mesa de trabajo, en la Oficina de la Federación de Ganaderos, Liberia, la cual contará con la presencia del jerarca Díaz Sánchez, el fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada Javier Valerio Vásquez, la fiscala adjunta de Santa Cruz Aymee Caravaca Wauters, Elvis López Matarrita, fiscal adjunto de Liberia, representantes del Organismo de Investigación Judicial y Fuerza Pública.

En la reunión del 9 de junio participaron magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, diputados y diputadas de la República, jerarcas de distintos despachos del Poder Judicial e integrantes de la Cámara de Ganaderos de la provincia.

Mónica Álvarez Pérez

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Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Ambiental, participó como expositor en el foro: “Derecho Ambiental y Cambio Climático”, realizado el 05 de junio y organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su Comisión de Derecho Ambiental.

La actividad abrió un espacio para que expertos en la materia desarrollaran temas que contribuyan en la búsqueda del bienestar ambiental y, al mismo tiempo, reforzar conocimientos sobre la legislación vigente en el tema.

Hernández presentó la ponencia “Seguridad y Ambiente: Drogas Ilegales y las Políticas de Conservación”, en la que se refirió a temas como la relación entre el narcotráfico y la deforestación, asimismo, explicó sobre la detección de estructuras criminales similares a las que operan en el tráfico de drogas, la cantidad de hectáreas de bosque afectadas y montos de ganancias producto de estructuras que explotan el ambiente, entre otros.

“Estas actividades son importantes, ya que le permiten al Ministerio Público divulgar los hallazgos de nuevos fenómenos criminales que afectan el ambiente, apoyados en cifras y datos concretos”, dijo el fiscal.

El espacio también permitió que se expusieran los temas: la materia ambiental como eje transversal de la mejora regulatoria a nivel municipal, cambio climático, modelos de gobernanza, emergencia climática y derechos humanos.

La actividad se desarrolló en el Auditorio Dr. Pablo Casafont Romero, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

UCS. El 30 de mayo, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) desarrolló la formación "Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes", dirigida a 25 personas fiscales.  

La actividad tuvo como facilitador al fiscal de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Olger Calvo Calderón, quien resaltó que, en la actualidad, existe una necesidad apremiante para que el personal fiscal, indistintamente si se destaca en una fiscalía territorial o especializada, conozca los fundamentos básicos del delito de legitimación de capitales, dado que es un delito de carácter transversal a toda aquella delincuencia en la que el agente tiene un móvil económico para cometer el ilícito.

“Es importante que el funcionariado del Ministerio Público conozca en cuanto a la persecución de finanzas de origen ilícito, así como que, además de contar con la acción penal, puede también ejercer la acción patrimonial, de manera separada y sin estar supeditada a la responsabilidad penal, mediante la figura de Capitales Emergentes, de ahí la necesidad de profundizar destrezas en la investigación patrimonial como complemento de la investigación penal”, explicó el fiscal.

Para Calvo, contar con el personal capacitado es el primer eslabón requerido para obtener resultados positivos en aras de desarticular la criminalidad organizada y la común, teniendo como norte la afectación de las finanzas ilegalmente obtenidas.

Para Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, este tipo de actividades son de vital importancia para formar y actualizar al personal fiscal, ya que el Estado, en función de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, su economía y sus instituciones, le ha encomendado a las autoridades fiscalizadoras y represivas, la potestad de citar ante el juez o jueza a aquellas personas que de manera intempestiva o en condiciones de sospecha razonada se convierten en titulares, poseedores o tenedores de bienes, valores o derechos bajo esquemas, condiciones y circunstancias sumamente dudosas, para que, previo a darles el reconocimiento que otorga el sistema legal, justifiquen que los mismos son de procedencia lícita.

Tatiana Vargas Vindas

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Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la cooperación judicial internacional, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, y su homólogo de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, inauguraron el encuentro de coordinadores de redes especializadas y grupos de trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la semana anterior en el Hotel Radisson, San José.

Díaz dio la bienvenida a las delegaciones de distintas naciones que arribaron a nuestro país y a las que presenciaron el acto vía remota, y enfatizó en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos órganos acusadores, para lograr mejores resultados en las investigaciones que se desarrollen, en las que se requiera de prueba que está fuera del alcance territorial de cada país.

Durante el acto inaugural participó la directora regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch.

Los participantes señalaron la importancia de mantener un intercambio de información fluido y oportuno, de manera que se fortalezcan la coordinación y las buenas prácticas judiciales para apoyar el trabajo operativo que ejecutan los fiscales.

En dos días de labores, distintos grupos de trabajo, como las redes de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica; Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa; Cibercrimen; Corrupción; y Cooperación Penal Internacional, así como Protección Medioambientlal; Trata y Tráfico de Personas; y temas de Género, presentaron enfoques de trabajo y sus perspectivas.

En la actividad también estuvieron presentes representantes de los grupos sobre extinción de dominio y decomiso; lavado de activos; seguridad y protección; autonomía e independencia de los Ministerios Públicos, así como el de análisis criminal y persecución penal inteligente.

En el marco del encuentro, los fiscales generales de Colombia y Costa Rica se reunieron para evaluar los resultados obtenidos dentro del memorando de entendimiento que ambas instituciones suscribieron en el 2022. Ese memorando dinamiza el intercambio de información para consolidar los procesos que se siguen para impactar de manera eficaz los delitos que más afectan a ambos países.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) inició con el curso “Prueba Indiciaria”, dirigido al personal fiscal de distintos despachos a nivel nacional e impartido bajo la modalidad virtual. Este fue programado para desarrollarse durante los días 22, 29 de mayo y 05, 12 de junio.

De acuerdo con Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, el adecuado abordaje de la actividad probatoria dentro del proceso penal es una obligación esencial para la función fiscal, como ente encargado de la etapa de investigación y del ejercicio de la acción penal a lo largo de todo el proceso penal. 

“El conocimiento sobre la denominada prueba indiciara es igualmente importante, en los diferentes momentos procesales: recabar, fundamento de sus peticiones, admisibilidad y presentación para juicio, asimismo, de formar parte del razonamiento probatorio de la pretensión punitiva que se expone ante la autoridad jurisdiccional.  Obligación que debe ser objetivamente fundamentada. dijo”  

La formación está a cargo del fiscal adjunto José Francisco Mena Castro, quien manifestó que “el estudio de los indicios en el proceso penal identificado como ‘fenómeno indicio ‘, no es un concepto acabado, todo lo contrario, en la actualidad existe una tendencia a su reformulación, por lo que, mediante este tipo de actividades formativas, se pretende brindar al personal de la institución una visión actual acerca de las probanzas a nivel indiciario, que les permitirá adquirir nuevos conocimientos en relación con la interpretación de las diferentes fases de la teoría del conocimiento y su vínculo con el proceso penal”.

Según Iván Solís Huertas, fiscal participante, esta capacitación constituye una valiosa herramienta de trabajo para orientar a las fiscalas y los fiscales en su tarea de investigar y someter a proceso y a una pena a quienes cometen hechos delictivos, en especial, los delitos que presentan mayores dificultades probatorias.