UCS. Con el objetivo de formar personas profesionales en derecho para que puedan asumir nombramientos interinos en puestos de fiscala y fiscal auxiliar, el 15 de mayo inició la tercera fase del proceso de selección. El curso de inducción se extenderá hasta el próximo 2 de junio.  


Este proceso de formación es realizado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público y cuenta con 25 participantes, quienes previamente aprobaron la primera fase de examinación y pruebas técnicas selectivas de psico-laboral, sociolaboral y una investigación de antecedentes, trabajo que se realizó con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. 


Durante el curso se abordará el derecho constitucional, penal sustantivo y derecho procesal penal. También procedimientos especiales, ejecución de la pena, apelación, entre otros. 

El curso permitirá promover la práctica de las actuaciones del personal fiscal en todas las etapas del proceso penal y construir las competencias necesarias para investigar y tramitar de manera adecuada las causas, conforme los principios de celeridad y desformalización. Se transmitirá técnicas de litigación para un correcto abordaje de los diferentes delitos y un verdadero acceso a la justicia. 


En esta actividad el equipo de personas facilitadores dio la bienvenida al segundo grupo de personas oferentes mediante un acto de apertura, en el que compartieron las expectativas del curso y se discutió sobre la relevancia de desarrollar las competencias necesarias para ejecutar la función fiscal desde una perspectiva humanista, con conciencia social y responsabilidad ciudadana.   


El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez reflexionó sobre la importancia de Mantener el ámbito de capacitarse y aspirar siempre a la excelencia, ya que la función del Ministerio Público contribuye a construir una mejor sociedad.  


Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta recordó el valor que tiene el estudio constante, pues dentro de la visión y misión institucional, es indispensable brindar un servicio público de calidad y garantizar una sana administración de justicia.  


“Las fiscalas y fiscales debemos ser siempre objetivos y esa objetividad se basa en el conocimiento técnico. El curso de inducción brindado por la UCS facilita las herramientas para mejorar ese conocimiento.”  


El espacio académico es facilitado por un equipo fiscal conformado por Arlena Abarca Villalobos, Omar Jiménez Madrigal y Edgar Barquero Ramírez, así como con colaboración de personal experimentado en diversas materias, como derecho indígena, justicia juvenil restaurativa, ejecución de la pena, probidad, penal juvenil, la Oficina de la Defensa Civil de la Victima y la Oficina de Atención y Protección de la Victima, entre otros.  

UCS. Fiscalas y fiscales de distintos despachos del país se capacitaron en el tema “Entrevista forense y uso de la cámara de Gesell”, en una formación impartida por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS).

Esta pretende facultar al personal encargado de la atención de víctimas de delitos sexuales, delitos relacionados con violencia doméstica y especialmente en los delitos de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, en mejorar las técnicas de actuación en la atención de las personas, en la investigación de los delitos y en la implementación de los nuevos modelos de trabajo utilizados en el Poder Judicial. 

Según Debby Garay Boza, fiscala adjunta de Género y Violencia Domestica y facilitadora del curso, la actividad académica es una oportunidad para que el personal del Ministerio Público cuente con herramientas actualizadas para la práctica oportuna de entrevistas a personas en situación de vulnerabilidad. “A través del conocimiento de normativa nacional e internacional sobre los derechos de las víctimas y testigos, de ejercicios prácticos sobre la atención de denuncias y técnicas para el desarrollo de la entrevista forense, el personal explorará y desarrollará las competencias para comprender las necesidades de las personas usuarias, de modo que el abordaje se realice en un contexto empático, humanizado y bajo la premisa de brindar un servicio público de calidad”, dijo.

Por su parte, Vanessa Villalobos Montero, subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, indicó que “con esta capacitación se pretende brindar herramientas que contribuyan en la ejecución de entrevistas a personas menores de edad o mujeres víctimas de violencia y delitos sexuales, fomentando una intervención que respete el enfoque de derechos y la menor revictimización al momento de la toma de denuncia, u otros momentos del proceso judicial, es contribuir a que él o la fiscal reconozca y comprenda la condición de la víctima”, precisó.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, esta capacitación pretende que el personal adquiera y fortalezca las destrezas relacionadas en el abordaje de las víctimas de delitos sexuales y violencia penalizada, tanto en personas adultas como personas menores de edad.

El espacio formativo está programado para desarrollarse los días 05, 12, 19 y 26 de mayo del 2023 y se imparte de manera presencial.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) desarrolló, el 8 de mayo anterior, una capacitación en materia de ciberdelincuencia y evidencia digital, dirigida a personal técnico, fiscal y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La sesión formativa busca desarrollar conocimiento sobre el fenómeno criminal de ciberdelincuencia, lo cual permitirá mejorar el abordaje de los casos en las distintas etapas del proceso penal y una resolución de los asuntos conforme a las reglas del Estado de Derecho.

Francisco Fonseca Ramos, fiscal adjunto del III Circuito Judicial de San José, manifestó que el curso es de gran actualidad y logra un enfoque menos académico pero más orientado a facilitar el conocimiento práctico y aplicable en las investigaciones y procesos penales, lo que constituye verdaderas herramientas para las personas fiscales y, además, se articula de manera adecuada con otros actores de los procesos, como secciones especializadas del OIJ que ofrecen sus conocimientos y permiten lograr mejores resultados en los casos, al trabajar de manera articulada y en equipo.

Asimismo, Michael Carmona Pérez, técnico judicial, indicó que la actividad fue de aprovechamiento, dado que puede obtener una mejor y mayor perspectiva de los delitos cibernéticos o también denominados delitos no convencionales.

“Nos aportaron herramientas con las que podemos contar dentro de la institución a la hora de investigar delitos no convencionales y así poder analizar mejor los datos obtenidos por medio de los informes emitidos por la Sección de Ciberdelincuencia y la información que suministren otras entidades”, destacó.

Según Esteban Aguilar Vargas, fiscal coordinador de la Fiscalía de Cibercrimen, la formación incrementó el conocimiento y capacidades de las personas funcionarias de las diferentes fiscalías y las oficinas de la policía judicial, destacando la importancia de comprender las validez que tiene la evidencia digital en los procesos penales, en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en hechos criminales, así como el abordaje necesario de los fenómenos más relevantes, como las estafas informáticas.

Por su parte, Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, expresó que la importancia de este tipo de acciones formativas sobre el adecuado abordaje de fenómenos criminales modernos y diversos, radica en mejorar la persecución penal mediante la capacitación del talento humano.

La formación convocó a 34 personas y se impartió por medio de las plataformas de Teams y Moodle.

UCS. Personal fiscal, profesional y técnico de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) participó en el taller “Teorías del Aprendizaje”, que se realizó de manera presencial, el 05 de mayo.

Este espacio fue coordinado por el Área de Metodología de la Enseñanza de la Unidad y tuvo como objetivo aplicar los conocimientos y herramientas sobre las teorías de aprendizaje para contribuir en la construcción y ejecución de las acciones formativas que realiza la UCS.

Las funcionarias Priscilla Elizondo Hernández y Evelyn Chavarría Brenes, fueron las encargadas del desarrollo de los contenidos presentados.

De acuerdo con Chavarría, el desarrollo de competencias profesionales requiere de una capacitación especializada en el enfoque constructivista social, lo que hace indispensable que las personas gestoras y facilitadoras de la UCS cuenten con el conocimiento adecuado y actualizado.

Según Elizondo, la educación a lo largo de la historia ha evolucionado dando respuesta a la necesidad de las personas docentes y alumnos, por ello es importante el conocimiento de las teorías del aprendizaje, que permita mejorar, optimizar estos procesos, innovar y ajustar sus capacidades.

Para Iván Solís Huertas, participante del taller, es importante que las actividades de capacitación deben enmarcarse en una estrategia que permita el desarrollo de competencias de las personas convocadas, para impactar en el servicio público. 

Por su parte, Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, manifestó que se busca generar espacios de mejora en las capacitaciones en beneficio de la persona usuaria interna, lo que conlleva una mejor atención de la externa. Se pretende que la formación del talento humano del MP se enfoque en la función encomendada dentro de la justicia penal. 

La acción formativa es parte del programa de capacitación para el personal de la UCS y se tiene planeado desarrollar otra actividad durante el segundo semestre del año.

Mónica Álvarez Pérez

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El pasado 23 de abril, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, visitó el territorio indígena de Zapatón, en Puriscal, con la finalidad de participar en la construcción de la “Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, impulsada por el Poder Judicial.

Este instrumento se construye de manera integral con los 24 territorios indígenas de los ocho pueblos existentes a nivel nacional. El proceso implica la visita a cada una de las comunidades, para compilar la información que se integrará en una etapa de diagnóstico que se ejecutará en todo el país.

Según Steven Picado Gamboa, líder del proyecto de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, la participación de la Fiscalía es relevante, considerando que existe un despacho especializado en la materia y por lo tanto genera un acercamiento con los territorios indígenas.

“El involucramiento del jerarca del Ministerio Público crea un impacto en estas poblaciones, asimismo, permite que el Fiscal General escuche de primera mano sus necesidades y logre abordarlas”, dijo.

En la visita también participaron la magistrada Damaris Vargas Vásquez, así como representantes del Organismo de Investigación Judicial y la Contraloría de Servicios del Poder Judicial.

 

Capacitación a docentes

Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAAI) y la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito, visitaron la escuela de Zapatón, el 04 de mayo, con el objetivo de capacitar al personal docente acerca de los servicios que brindan ambos despachos, el acceso a la justicia, la atención oportuna y los esfuerzos por ofrecer una adecuada respuesta ante las necesidades de las personas usuarias, además, desarrollaron la ponencia “Violencia y delitos que se derivan de ella”.

Rafael Parra Hernández, persona indígena Huetar y docente de dicha escuela, participó en el encuentro y manifestó que la visita representó una oportunidad para conocer temas que, pese a ser educador, desconocía e instó a continuar con estas prácticas formativas.

Por su parte, Fernando Serrano Mena, director del centro educativo, afirmó que el encuentro permitió abrir una puerta para que las personas docentes conozcan de los servicios que ofrecen ambas oficinas del Ministerio Público.

La FAAI continuará con las visitas a los territorios indígenas del país, lo cual les permite difundir información necesaria de los servicios que se brindan y acercar la justicia a estas poblaciones.

La Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, en conjunto con la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS), se reunió con 15 niñas y niños de segundo ciclo de la escuela del territorio indígena Zapatón, el pasado 4 de mayo.
Esta actividad se enmarcó en un proyecto impulsado por varios despachos, con el objetivo de implementar un plan piloto con perspectiva intercultural. Se busca informar a esta población acerca de sus derechos, así como de las instancias existentes para brindar ayuda e información en caso de requerirse.
El encuentro inició con un preámbulo acerca de los principios y derechos de la niñez; posteriormente, se desarrolló un juego de mesa en el que las personas participantes se organizaron en equipos para aplicar su conocimiento acerca de sus derechos y reconocer situaciones cotidianas, en las que debían determinar el cumplimiento o incumplimiento de sus derechos.
Evelyn Chavarría Brenes, metodóloga de la UCS, y Sara Mayorga Villanueva, abogada de la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, se encargaron de dirigir la actividad.

Las niñas y niños participantes agradecieron el espacio y solicitaron brindar más actividades en las que puedan aprender acerca de sus derechos y sobre cómo reconocer su aplicación en su vida diaria.
Para la fiscal adjunta de esa columna, Mayra Campos Zúñiga, ese tipo de iniciativas permite reforzar el acceso a la justicia a través de la divulgación de los derechos e incorporar la cosmovisión de los pueblos indígenas en las distintas acciones de los órganos judiciales, para mejorar el servicio público que se brinda, enfatizado en las personas menores de edad.
La iniciativa "conozco mis derechos" se enmarca en la observación general n°11 emitida en el año 2009 por el Comité de los Derechos del Niño en el que se insta a los Estados a promover buenas prácticas para garantizar los derechos de la niñez indígena. Esta iniciativa es impulsada por la Fiscalía Adjunta de Atención de hechos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas y la Unidad de Capacitación y Supervisión.

UCS. Durante 10 meses, personal técnico judicial se capacitó en el “Programa de Formación Básica para Técnicos y Técnicas Judiciales del Ministerio Público”, el cual fue impartido bajo la modalidad virtual y constó de 23 acciones formativas que tuvieron que aprobar para lograr concluir con éxito el proceso formativo.

Nueve certificados fueron entregados a las personas participantes, quienes laboran en la Unidad de Trámite Rápido y en las Fiscalías Agrario Ambiental; La Unión; Probidad, Transparencia y Anticorrupción; Fraudes; I Circuito Judicial de San José; Legitimación de Capitales y Fiscalía General.

La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) ejecutó esta actividad formativa con el objetivo de brindar conocimientos y habilidades aplicados a la realización de las diferentes tareas que deben ejecutarse desde la función del personal técnico judicial, con el fin de garantizar un servicio de calidad a las personas usuarias, aplicando los principios de celeridad, utilidad, simplificación y des formalización, bajo la guía del modelo acusatorio.

Aparte de la entrega de los certificados de aprovechamiento, se realizó un reconocimiento a Xiomara Ávalos Ramos, Adriana Jiménez Mena y Roberto Arroyo Herrera, por obtener los mejores promedios de la formación.

Según Karen Chaves Valverde, fiscala adjunta de la UCS, la culminación de la capacitación para el personal técnico judicial constituye una herramienta valiosa para el trabajo diario y para brindar un mejor servicio a la persona usuaria, debido a que la labor encomendada es esencial dentro del proceso penal, tanto por la tramitación adecuada de las causas penales, como por el contacto directo con los titulares de la tutela judicial efectiva.

El acto de clausura se efectuó el 4 de mayo y la formación se desarrolló del 2 de mayo del 2022 al 16 de marzo del 2023.

UCS. Mediante la modalidad presencial, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, desarrolló el curso “Fundamentos de la Prueba Penal”, dirigido a personal fiscal, los días 27 de abril, 04 y 11 de mayo. 

La formación pretende que las personas convocadas adquieran destrezas para aplicar correctamente los temas fundamentales de la prueba en cada investigación criminal y, con ello, buscar, preservar e introducir al proceso penal, prueba útil, necesaria, pertinente y legal, al tiempo que le permita oponerse a argumentos errados de la contraparte.

El facilitador del curso, Elvis López Matarrita, fiscal adjunto de Liberia, afirmó que una de las labores trascendentales que realiza la fiscalía en el ejercicio de la acción penal pública es la obtención de prueba legal, útil y pertinente, la cual sustenta sus requerimientos ante los Juzgados y Tribunales del país en las distintas etapas del proceso penal.

“De ahí que conocer la fundamentación legal y constitucional de dicha labor, así como los resguardos, garantías y últimas tendencias doctrinales y jurisprudenciales que enfrenta la obtención e incorporación de la prueba penal será siempre una tarea valiosa e indispensables para los fiscales y fiscalas, máxime dentro del escenario que enfrenta actualmente nuestro país y los retos asignados a la Fiscalía” indicó.

Por su parte, Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, mencionó que las personas participantes podrán comprender y actualizar las nociones fundamentales sobre la actividad probatoria en sus diversos momentos: búsqueda, admisibilidad y reproducción para su valoración razonable e integral dentro del proceso penal.