UCS. Con charlas dialogadas, reproducción de videos y juego de roles, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló la formación “Primeros Auxilios Psicológicos y Autocuidado”, la cual estaba dirigida a profesionales en derecho y criminología de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). La actividad se realizó el 30 de junio anterior.

Durante el taller se contó con las intervenciones de médicos del Servicio de Medicina del Poder Judicial y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Además, participó la facilitadora de la UCS, Priscila Elizondo Hernández.

Durante la capacitación se abordaron los temas qué significa una crisis, abordaje general de los síntomas físicos, tipos de crisis, qué son los primeros auxilios psicológicos, recomendaciones de autocuidado, entre otros.

La capacitación tuvo como finalidad describir los componentes de los primeros auxilios psicológicos y su ámbito de aplicación, con el objetivo de que el personal capacitado pueda atender a las víctimas, testigos y demás intervinientes, para restablecer su estado emocional en los diferentes contextos en los que participe.

Para la facilitadora de la UCS, la capacitación pretendía que el profesional de la OAPVD, que brinda asistencia a la persona usuaria, logre identificar rápidamente la conmoción y aplique los conocimientos adquiridos de forma responsable, conforme a los primeros auxilios psicológicos. De igual manera, pueda ayudar a reestablecer la estabilidad emocional y facilitar la expresión de emociones que conlleven a posibles soluciones.

Por su parte, la abogada de la OAPVD, Alexa Gómez Herrera, resaltó que el espacio le permitió conocer sobre cómo brindar primeros auxilios psicológicos a las víctimas que atienden la Oficina, ya que, en muchos casos, producto de las secuelas del delito, se encuentran afectadas a nivel emocional.

“Muy importante este aprendizaje, sobre todo para quienes no tenemos formación profesional en psicología. Asimismo, el tema del autocuidado es necesario porque, para brindar un buen servicio, debemos estar bien quienes trabajamos en la Oficina. Estoy muy agradecida con la UCS y complacida por lo aprendido en ese día, que sin duda fue muy provechoso” acotó la participante.

La Fiscala Adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló que este tipo de acciones formativas muestran la diversidad de aspectos que se relacionan con la función del personal del Ministerio Público y que deben ser considerados para brindar las herramientas necesarias para la mejor atención de la persona usuaria.

El taller se llevó a cabo de manera presencial y convocó a un total de 36 personas participantes.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) rindió un informe sobre las labores realizadas durante el 2022. A la actividad asistió personal de ese despacho y de otras oficinas del Ministerio Público (MP), personas ciudadanas, así como integrantes de diversas instituciones.

El evento se realizó el 05 de julio anterior, en el Colegio de Abogados y Abogadas, en Zapote, y estuvo presente el Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien resaltó la importancia del trabajo que realiza la OAPVD con la atención de las víctimas y el proceso penal en general.

Asimismo, durante la actividad se proyectó un video con el testimonio de una persona usuaria de los servicios de la Oficina, quien señaló lo positivo que ha sido para ella contar con el apoyo del personal de la OAPVD.

“Me siento muy complacido de haber cumplido con el mandato constitucional de rendición de cuentas de esta Oficina y, a la vez, muy honrado de ser parte de este gran equipo de trabajo. Estoy muy orgulloso de ver los resultados obtenidos en el 2022, los cuales reflejan el esfuerzo y compromiso del personal para brindar atención y protección a las víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”, manifestó el fiscal adjunto de la OAPVD, José Ángel Peñaranda Chaverri.

En el acto también intervino el jefe de la Unidad de Protección a Víctimas, Eduardo Mora López, quien tuvo un espacio para presentar el informe de labores del 2022 del despacho a su cargo.

UCS. Un grupo de fiscalas y fiscales de todo el país inició el curso “Los delitos contra la propiedad y sus formas de investigación”, el cual se realizó mediante la plataforma de Microsoft Teams, el 23 y 30 de junio anterior. La capacitación fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).

La capacitación busca que las competencias necesarias para que las personas participantes puedan investigar correctamente casos de esta naturaleza, haciéndolo con mayor eficiencia y analizando cada caso desde un enfoque jurídico y procesal, e implementando técnicas idóneas para el manejo probatorio del caso.

La fiscal adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló que “esta acción formativa refuerza el conocimiento para un adecuado manejo jurídico, procesal y probatorio de los casos por delitos contra la propiedad más comunes, conocimiento que junto a la experiencia acumulada le permite un abordaje más técnico del caso, lo que le facilita su preparación y discusión en las distintas etapas del proceso”.

Por otro lado, el fiscal coordinador de San Carlos, Héctor Bodan Flores, como especialista en contenido de esta capacitación, indicó que “la constante y permanente capacitación de las fiscalas y fiscales permitirá adquirir nuevos conocimientos, refrescar los ya adquiridos, se expresarán en el desempeño personal-profesional y aumentará la eficiencia y eficacia en las investigaciones de los delitos contra la propiedad”.

“Permitirá, además, un mayor grado de compromiso en el desempeño de nuestras funciones y actividades en el Ministerio Público”, enfatizó.  

Un total de 30 personas funcionarias del I y II Circuito Judicial de la Zona Atlántica recibieron la charla virtual “Protocolo de 72 horas y estereotipos de género”. La actividad se realizó el 28 de junio anterior, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

Dicho evento fue organizado por la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, con el apoyo de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, con el propósito de sensibilizar a la población judicial sobre el deber de una atención digna y acorde a los lineamientos normativos y administrativos que, en su conjunto, permiten garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas víctimas de delitos sexuales.

Durante la charla, la fiscal Edith Morera Rodríguez explicó que el procedimiento para la aplicación del protocolo de las 72 horas y la importancia de atender de manera diligente a la persona víctima de violación, así como evitar la revictimización.

Por su parte, la profesional Xinia Fernández Vargas, de la Secretaría Técnica de Género, expuso sobre la forma en la que los estereotipos de género socavan el acceso a la justicia y dijo que, por esa razón, es necesario su abordaje y concientización para evitar acciones que conlleven a obstaculizar cualquier proceso de esta naturaleza por falsas creencias.

La especialista además enfatizó que, según la normativa internacional, es deber respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de menoscabo.

La fiscala adjunta de la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Adjunta Mayra Campos, recalcó que la actividad busca generar en las personas participantes sensibilización y conciencia sobre la importancia de atender a las personas víctimas del delito de violación, buscando su bienestar personal, pese a lo difícil de la situación, y sin prejuicios que generen una mayor revictimización.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó el taller “Fundamentación de la pena”, con el objetivo de brindar al personal fiscal las herramientas necesarias para desarrollar las habilidades, conocimientos y destrezas requeridas para la adecuada fundamentación de la pena, así como su sustanciación y el proceso para la solicitud de esta en juicio. Durante la activad, la cual se realizó el 20 y 27 de junio, se abordó el tema de la complejidad e importancia de atender de manera integral los casos penales.

El taller fue facilitado por la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves; la fiscal de Ejecución de la Pena, Andrea Severino Mora; y el fiscal líder del proyecto para desarrollar el modelo de atención de personas en condición de vulnerabilidad, Edgar Barquero Ramírez.

Las personas especialistas abordaron temas como el concepto y las teorías de la pena, tipos, el fin rehabilitador de la pena y el respeto de los derechos humanos en la ejecución de la pena, entre otros.

La expositora Valverde Chaves dijo que, de acuerdo con el modelo de responsabilidad penal costarricense, para la fundamentación de la solicitud de la pena, la persona fiscal debe cumplir con la necesaria demostración de la culpabilidad y pondere razonablemente, entre los supuestos del numeral 71 del Código Penal. Asimismo, señaló que no puede dejar de lado su finalidad resocializadora y de protección de bienes jurídicos necesarios para la normal convivencia social.

La fiscala Adriana Chaves Redondo, participante en la actividad, manifestó que “los insumos brindados por expositores de tan vasta experiencia, enriquecen sin duda  mi conocimiento sobre dicho tema, en el tanto me permitió un refrescamiento al respecto, como también un aprendizaje sobre lo novedoso, ello en atención a las nuevas penas no solo contenidas en el Código Penal, sino en Leyes Especiales, y su correcta aplicación, de cara a los fines de la pena , a la protección de los bienes jurídicos que con la delincuencia resulten lesionados, al efectivo cumplimiento de la pena, así como al justo, necesario y proporcional tipo y quantum de ésta”. 

La participante recalcó que la capacitación incide en su desempeño como fiscal de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones, ya que, constantemente, debe pronunciarme de manera escrita u oral, respecto a los recursos de apelación de sentencia y de casación, así como de otros procedimientos.

La fiscala  Gloriana Gamboa Castillo también participó del proceso de formación y señaló que “el curso de Fundamentación de la pena ha sido de mucho enriquecimiento para la función que desempeñamos como fiscales, ya que se generaron herramientas valiosas para el análisis, no solo de quantum si no de particularidades y requisitos de los distintos tipos de pena que se debe analizar en nuestra función, en una etapa tan importante como la del juicio, e inclusive esa previsión que debe hacerse de manera previa, para contar con todo lo necesario en esta etapa”.  

La actividad académica se realizó de manera bimodal, por lo que la primera sesión se llevó a cabo por medio de la plataforma de Microsoft Teams, mientras que la segunda se desarrolló en las instalaciones de la UCS. 

UCS. Con el objetivo de formar personas profesionales en derecho que puedan asumir nombramientos interinos en puestos de fiscala y fiscal auxiliar, entre el 19 de junio y el 7 de julio se imparte la tercera fase del proceso de selección.

Esta formación es desarrollada por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) y cuenta con 30 personas oferentes, quienes previamente aprobaron la primera fase de examinación y pruebas técnicas selectivas de psico-laboral, sociolaboral y una investigación de antecedentes, la cual contó con el apoyo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

El curso permitirá promover la práctica de las actuaciones del personal fiscal en todas las etapas del proceso penal y construir las competencias necesarias para investigar y tramitar de manera adecuada las causas, conforme a los principios de celeridad y desformalización. En la acción formativa se transmitirán técnicas de litigación para un correcto abordaje de los diferentes delitos y un verdadero acceso a la justicia.

Parte de los contenidos es el abordaje del derecho constitucional, penal sustantivo, derecho procesal penal y penal juvenil. También procedimientos especiales, ejecución de la pena, apelación, aplicación de la justicia restaurativa entre otros.

En esta actividad, el equipo encargado dio la bienvenida al tercer grupo de personas oferentes mediante un acto de apertura, en el que compartieron las expectativas del curso y se discutió sobre la importancia de desarrollar las competencias necesarias para ejecutar la función fiscal desde una perspectiva humanista, con conciencia social y responsabilidad ciudadana.  

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la institución ante la criminalidad organizada en sus distintas manifestaciones, los avances tecnológicos y el avance de la corrupción entre otros.  Recalcó sobre la necesidad del personal fiscal de estudiar constantemente y mantenerse actualizados para enfrentar adecuadamente esos desafíos con entrega y valentía.

Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, recordó que el estudio y conocimiento es la base de la objetividad.

“La importancia de conocer la gestión técnico-jurídica de los casos requiere un proceso de aprendizaje constante y el respeto a los ejes transversales y valores de la institución, sin perder de vista las necesidades de personas en condición de vulnerabilidad o vulnerabilizadas en todas las fases del proceso penal. Dentro de la visión y misión institucional es indispensable brindar un servicio público de calidad para fortalecer la democracia costarricense”, dijo Valverde.

La actividad académica es facilitada por un equipo fiscal conformado por Arlena Abarca Villalobos, Omar Jiménez Madrigal y Edgar Barquero Ramírez, bajo la coordinación de Mayela Pérez Delgado, el apoyo metodológico de Evelyn Chavarría Brenes y la asistencia técnica de Alejandro Rodríguez Morera, quienes motivaron a las personas participantes para aprovechar la experiencia académica.

Mónica Álvarez Pérez

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Personal fiscal destacado en la Fiscalía Adjunta de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO), junto con el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, y el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi Hernández, conocieron la herramienta informática DECISOR.

Esta herramienta fue desarrollada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para conocer el estado, avance y diligencias de las organizaciones criminales. Decisor es alimentado por personal investigador que labora en los despachos dedicados a la lucha contra la delincuencia organizada.

La formación fue impartida el lunes 12 de junio, por María del Carmen Vargas Quesada, funcionaria de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ.

Javier Valerio Vásquez, fiscal adjunto de la JEDO, indicó que esta herramienta permitirá en el personal de la Fiscalía tener un mayor control y seguimiento en el desarrollo y diligencias que se ejecutan en cada una de las investigaciones que tramita el despacho.

“DECISOR no solo permite registrar las investigaciones, sino también indicará el estado, alertará el avance de la causa y trabajará de manera remota con la Policía de Control de Drogas (PCD), ya que el sistema notificará si una persona o grupo organizado viene siendo objeto de investigación por parte de la PCD o del Ministerio Público, por lo que impedirá que dos cuerpos policiales estén realizando la misma investigación y evitar la duplicidad de funciones en ambos despachos”.

Actualmente Decisor está en la etapa de construcción y programación. Con el apoyo de Randall Zúñiga López, director a.i del OIJ, se elabora una segunda parte acoplada a las necesidades de la Fiscalía, para que la JEDO pueda llevar alertas y controles de cómo avanza la investigación dentro de la oficina, como por ejemplo prisiones preventivas, solicitudes de allanamientos, entre otros, los cuales permitirán determinar cuándo se presente una gestión por parte de la policía, cuánto tiempo se lleva, si no ha salido la gestión o el fiscal no la ha realizado, alertando al personal coordinador sobre esos aspectos que son de vital importancia.