UCS. Personas funcionarias, de distintas Fiscalías del país, se encuentran recibiendo el curso “Especialización en Asuntos Indígenas”. La actividad formativa es organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público y consta de cinco charlas dialogadas.
La capacitación busca desarrollar las competencias necesarias para el abordaje especializado, célere y desformalizado de los procesos penales, por parte del personal fiscal y técnico judicial. Lo anterior, para que la atención y la tramitación de los casos con intervinientes de población indígena sea con enfoque intercultural y acorde con la normativa de los Derechos Humanos, así como con las disposiciones internas para el efectivo acceso a la justicia.
Las charlas permiten abordar temas como aspectos generales de las condiciones de vulnerabilidad de la población indígena, disposiciones administrativas, pueblos y territorios, normas jurídicas, principales factores de vulnerabilidad, teoría del caso y acto conclusivo, delitos ambientales y justicia restaurativa, entre otros.
La apertura del curso la realizó la fiscala adjunta de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, Rocío de La O Díaz, quien resaltó que “la formación es de suma importancia para el personal del Ministerio Público porque, de esta forma, logran conocer y comprender la cosmovisión de la población indígena y, a su vez, mejorar la sensibilización para dar una atención especial a las personas usuarias que son parte de este grupo étnico. Con ello, se pretende brindar un verdadero Acceso a la Justicia de forma eficiente y eficaz y dar cumplimiento a las responsabilidades que tiene el país con esta población”.
La fiscala adjunta de la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga, señaló que “la capacitación especializada permite fortalecer el conocimiento, las habilidades y competencias en nuestra labor, sin embargo, lo más trascendente es que constituye un espacio de reflexión sobre la función que tenemos cada persona funcionaria del Ministerio Público, y como esa función aporta acciones positivas en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas indígenas usuarias del sistema judicial; acciones que se abonan a las realizadas por el Poder Judicial y el Estado”.
De igual manera, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, resaltó el trabajo articulado entre las oficinas del MP para brindar herramientas amigables y útiles para el aprendizaje del talento humano, para la mejora del servicio público brindado a las personas usuarias pertenecientes a poblaciones indígenas.
Esta capacitación se realiza de forma virtual e inició el 27 de octubre, desarrollándose también los días 03, 10, 17 y 24 de noviembre.
La UCS insta a todo el personal a participar en las acciones formativas que se brindan, para así ofrecer un servicio público de calidad y desarrollar competencias para la ejecución efectiva en el desempeño de sus funciones.
El equipo de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de la Niñez y Adolescencia (FANNA) se trasladó a la comunidad de Garabito, para impartir una serie de charlas sobre temas de interés que involucran a personas menores de edad.
En la actividad participaron 611 personas, entre ellas, estudiantes y personal del Colegio Técnico Profesional de Garabito, Colegio La Salle y Centro de Atención Temprana (programa del Patronato Nacional de la Infancia). De igual manera, estuvieron presentes miembros de la sociedad civil, entre otros.
Durante el encuentro, las personas participantes recibieron información sobre la Política de Persecución Penal establecida por la Fiscalía General, para la atención de los casos en los que existen personas menores de edad como intervinientes (víctimas o investigadas).
Por un lado, la charla dirigida a personas menores de edad procuró brindar conocimiento y sensibilización sobre el uso de las redes sociales, juegos en línea y del peligro que se puede generar a través de su uso. Por otra parte, la reunión con personas adultas procuró sensibilizar sobre la importancia del deber de denuncia y los tipos de delito. Lo anterior, con el fin de denunciar todas aquellas conductas que pueden constituir delito en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes.
Se capacitó sobre las distintas tipologías penales que se pueden identificar en las escuelas, colegios y la comunidad , así como aspectos que deben tomar en cuenta para interponer la denuncia y evitar la revictimización de las personas menores de edad víctimas de delito.
“Una de las acciones preventivas que se realizan desde FANNA, es precisamente la de interactuar personalmente con niñas, niños y adolescentes de diferentes grupos etarios, tanto de centros de enseñanza públicas como privadas, a fin de informarles sobre los riesgos a los que están expuestos con el uso del internet, así como las diversas tipologías existentes en la ley penal, que podrían sufrir como víctimas o realizarlas como victimarios. Esto es necesario, en aras de llegar antes de tenerlos como personas usuarias del sistema judicial, en cualquiera de esas dos formas. Lo anterior es de suma importancia porque se minimiza la posibilidad de que se les violenten sus derechos o que sean vinculados a la comisión de delitos, a tan temprana edad, precisamente por la falta de conocimiento de las consecuencias que ello conlleva”, señaló Rocío De La O Díaz, fiscala adjunta de FANNA.
Durante una gira de trabajo, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, visitó la Fiscalía Adjunta de San Carlos, el viernes 20 de octubre.
De esa manera, el jefe del Ministerio Público (MP) sostuvo una reunión con el fiscal adjunto de la zona, Luis Enrique Quesada Brenes, con el propósito de conocer los datos estadísticos del despacho y otros temas logísticos de la Fiscalía.
El jerarca aprovechó ese espacio para conocer al personal, así como las necesidades del grupo de trabajo y, por ende, de la oficina.
Desde el inicio de su gestión, el Fiscal General ha procurado visitar a los diferentes despachos del país a efectos de conocer el trabajo que estos realizan, así como las principales necesidades, para, de esa manera, buscar soluciones en conjunto.
El encuentro se realizó en el marco de la rendición de cuentas realizada un día antes, en Santa Clara, San Carlos, donde la fiscalía de ese lugar, junto a las de Alajuela y San Ramón, presentaron a la comunidad el informe de labores 2022.
La exposición se realizó ante 150 personas aproximadamente, entre ellas, representantes de organizaciones, autoridades locales, asociaciones de desarrollo, y otras.
Sharon Hernández Coto
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31 de octubre del 2023. El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, recibió en su despacho una delegación del Ministerio Público de El Salvador, encabezada por su homólogo, Rodolfo Delgado. Durante el encuentro, ayer, los representantes de ambas instituciones conversaron sobre la problemática delictiva que afecta a cada país, así como los esfuerzos implementados para combatirla.
Como parte del acercamiento, los fiscales generales firmaron un memorando, con el fin de buscar un acercamiento entre los órganos acusadores que les permita mejorar las labores que se realizan en conjunto. De esa manera, se prevé agilizar coordinaciones, reuniones, intercambios de información, así como mejorar en temas de capacitación y otras cooperaciones que se desarrollan.
El jerarca del MP de Costa Rica señaló que siempre ha existido una buena relación entre las instituciones, por esa razón, está convencido de que con la firma del documento se podrá mejorar aún más en la ejecución de diligencias que se realicen en conjunto.
El fiscal general de El Salvador señaló estar complacido con el encuentro y el intercambio de experiencias. "Buscamos que fluya la información entre ambos Ministerio Públicos, esto nos permitirá agilizar muchos procesos", recalcó.
Por la tarde, la delegación salvadoreña y un equipo de trabajo de la Fiscalía General se reunieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez. El jerarca del Poder Judicial también agradeció la visita y señaló que ambos países tienen algunas similitudes que beneficien el trabajo en conjunto.
Uno de los intereses del Ministerio Público de El Salvador era conocer una de las fiscalías electrónicas del país, por ese motivo, como parte de la visita se realizó una exposición sobre cómo funciona el sistema informático implementado.
Horas antes, un equipo de la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José (Goicoechea), encabezado por la fiscala adjunta Natalia Sarkis Fernández, expuso a la delegación salvadoreña los detalles de cómo se tramita un expediente electrónico, incluyendo la incorporación de prueba, como informes de la policía judicial, y la declaración de testigos.
Nueve fiscalías distribuidas en los tres circuitos judiciales de la provincia alajuelense formularon, durante el 2022, un total de 3,353 acusaciones con solicitud de apertura a juicio, y, en el mismo período, de los casos conocidos en debate, en conjunto, lograron una efectividad del 87% en sentencias condenatorias. Los números fueron presentados el 19 de octubre anterior, en un encuentro con la comunidad, organizaciones civiles, autoridades locales y medios de comunicación, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de San Carlos.
Se trató de la cuarta mesa de diálogo, nuevo formato implementado para la rendición de cuentas, en la que los fiscales adjuntos de esa localidad, Luis Enrique Quesada Brenes; de San Ramón, Fernando Arguedas Rojas; y de Alajuela, Alejandro Araya Vargas, expusieron datos sobre la gestión de cada despacho, logros y áreas de mejora, ante un auditorio con más de 150 personas.
En la actividad estuvo presente el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien expuso a los asistentes las estadísticas que reflejan el trabajo realizado por la institución en la persecución del delito.
“Hemos tratado de medir qué hacen las fiscalías”, señaló el jerarca, mientras explicó que su gestión ha puesto especial atención en la disminución de los expedientes en trámite, conocidos como circulante.
“La baja en el circulante incide en que el personal fiscal pueda trabajar de mejor manera las causas penales que continúan activas. En el caso de estas tres fiscalías adjuntas se hizo un excelente trabajo, porque lograron resolver más expedientes que los que entraron”, afirmó Díaz.
El jerarca del Ministerio Público (MP) también destacó la alta resolución de casos de la Fiscalía de San Carlos en materia de flagrancia, para un total de 1,045. Este es un procedimiento especial expedito, que puede realizarse cuando la persona sospechosa de cometer un delito es detenida durante o poco después de cometer una acción ilícita. Su duración, entre el momento en que se comete el hecho y su juzgamiento, es de sólo 15 días.
El fiscal general informó al público sobre los principales motivos de resolución de las investigaciones que dirige el Ministerio Público, y explicó lo que significa que en un caso se solicite desestimación, sobreseimiento, se pida una acusación y se ordene un archivo fiscal.
Por otro lado, los fiscales adjuntos Quesada, Arguedas y Araya, brindaron detalles de la gestión en cada despacho, basados en cuatro temas, el primero de ellos, la incidencia delictiva. En esta área hubo similitudes en los tres circuitos judiciales, en cuanto a ilícitos incluidos en la Ley de penalización de violencia contra las mujeres, delitos sexuales y contra la propiedad, así como estafas y otros fenómenos derivados del narcotráfico.
Los siguientes temas abordados fueron dirección funcional (orientación que hace el personal fiscal a la policía para investigar causas); casos de alto impacto y proyecciones de mejora que han implementado este año. Posterior a esas intervenciones, los tres jefes de fiscalías, y también el jefe del Ministerio Público, contestaron preguntas que hicieron los asistentes.
Esta es la cuarta convocatoria a la comunidad, organizaciones y autoridades locales para informarles sobre la gestión del MP. Durante setiembre y octubre, han realizado el mismo ejercicio otros despachos, como las fiscalías de Cartago, Pérez Zeledón, Corredores, Heredia, Pococí, Limón, Puntarenas, Liberia y Santa Cruz.
Queda pendiente que otras oficinas de San José participen en este nuevo formato de rendición de cuentas, en el mes de noviembre.
UCS. A través de charlas dialogadas, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) brindó la charla “Relaciones Interpersonales”, la cual estuvo dirigida al personal de apoyo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). La actividad se desarrolló el 21 de setiembre, bajo la modalidad virtual.
La formación describió las características de las relaciones interpersonales y su importancia dentro de los entornos laborales, a fin de que el personal de la OAPVD trabaje en un ambiente libre de violencia y de sana convivencia.
Durante la presentación se abordaron los contenidos de definición de relaciones interpersonales, su implicación, estilos, desarrollo de relaciones humanas, autocontrol y empatía.
Para el técnico judicial, Francisco Arrieta Mora, contar con espacios en los que se pueda tratar regularmente el tema de las relaciones interpersonales, es de suma importancia para la retroalimentación y salud mental.
“Estas charlas incrementan de manera positiva la productividad laboral, por lo cual, es conveniente que la institución tome en cuenta el efectuar actividades que abarquen este tema, y que se puedan quizás incorporar como parte de los Planes Anuales Operativos”, señaló.
La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que procurar este tipo de acciones conlleva beneficios para el talento humano de la institución y que se reflejan en la mejora de la atención de la persona usuaria externa.
La acción formativa fue expuesta por la facilitadora Priscila Elizondo Hernández, quien resaltó que, “es importante concientizar a los equipos de trabajo sobre lo relevante de mantener y crear relaciones interpersonales satisfactorias y agradables en el entorno laboral, a fin crear un ambiente libre de violencia y de sana convivencia”.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) recorrió 177 kilómetros, desde San José, para llevar a cabo una reunión con un grupo de 12 personas indígenas del pueblo Cabécar, en el territorio China Kichá. El evento se realizó el 10 de octubre anterior, en el salón comunal de la localidad.
En este caso, la FAI fue representada por el fiscal Christian Campbell, y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) por la trabajadora social Natalia Masis. Ambos explicaron la labor de cada despacho, y evacuaron las consultas de las personas participantes.
El fiscal de FAI indicó que la actividad permitió conocer de primera mano la cosmovisión de la comunidad China Kichá. Asimismo, se logró que las personas indígenas de esa zona tuvieran un mejor acceso a la justicia.
Durante la actividad, la señora Doris Ríos señaló que la visita fue de mucha importancia, ya que pudieron conocer la función de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, y pudieron conocer mejor sus derechos.
Segunda reunión. Por otra parte, el pasado 11 de octubre, la Fiscalía de Asuntos Indígenas visitó el territorio Bajo Chirripó, donde se reunió con nueve personas del pueblo Brunca.
En esa ocasión, participó la fiscala Flor Zambrana y la trabajadora social de la OAPVD, Miryam Fajardo.
Durante el encuentro, el personal impartió el taller “Alcances y responsabilidad de los miembros de la junta directiva de la asociación de desarrollo”
La fiscala Zambrana señaló que “la actividad representó una gran oportunidad para que los miembros de la Junta Directiva conocieran de los alcances y responsabilidades del cargo que ostentan, así como los servicios que ofrece la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delitos”.