UCS. Personal técnico judicial y fiscal recibió la capacitación “Gestión Administrativa de Dineros Decomisados”, espacio formativo que se realizó el 14 de noviembre, bajo la modalidad virtual, tras la coordinación de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público.

Como equipo facilitador se contó con las exposiciones de los funcionarios Oscar Smith González y Clarita Picado Pomart, ambos de la UCS, quienes brindaron conocimientos actualizados a los participantes sobre el correcto uso de los controles, manuales, protocolos relacionados con la gestión del manejo de evidencias y dineros decomisados.

Durante su intervención, Smith González destacó que el control administrativo es fundamental en el procedimiento de los dineros decomisados, ya que da seguimiento a las etapas del proceso desde su decomiso hasta el momento de su trazabilidad y disposición de este indicio, el cual permite visualizar mediante la utilización de diferentes instrumentos de control (sistemas electrónicos), la cantidad decomisadas, facilitando obtener datos estadísticos, tales como cantidades depositadas, persona que realizó el depósito, entre otros.    

Por su parte, el técnico de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Ricardo Ríos Mata, indicó que, “el curso sobre dineros decomisados es importante, sobre todo el uso del sistema SDJ, ya que esta herramienta es de gran ayuda para los despachos judiciales a la hora de generar estadística y para un mejor control sobre los dineros decomisados”.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, resaltó que este tema resulta relevante dentro de una investigación eficiente, además, del cumplimiento de los controles adecuados para la transparencia y probidad en la función encomendada. “De ahí la importancia de las acciones formativas generadas desde la UCS”, destacó.

La formación desarrolló contenidos relevantes como las normas vigentes y directrices institucionales, libros de control, manejo adecuado de cajas fuertes, libros físicos de depósitos bancarios, entre otros temas.

• Visita permitió informar a la comunidad sobre los servicios que brinda la institución.

UCS. Con el propósito de informar a la población del cantón de Río Cuarto de Alajuela, sobre los servicios del Ministerio Público y de la Defensa Pública, se realizó una gira de trabajo a esa zona.

La actividad se llevó a cabo el 30 de noviembre anterior, con la participación de la fiscala subrogante, Karen Valverde Chaves, y el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

La fiscala Valverde indicó que, de acuerdo con el mandato constitucional, la ciudadanía tiene el derecho de recibir tutela judicial efectiva, por lo que el Ministerio Público (MP) debe cumplir con la función que se le encomienda para ese cometido y facilitar al cantón los servicios dentro de sus competencias.

La funcionaria manifestó que, para garantizar el acceso a la justicia en el cantón, es necesario que la población esté informada de cómo proceder, por lo que el primer y tercer viernes de cada mes, como un paso inicial, el personal fiscal recibirá denuncias, por lo que las personas que consideran ser víctimas de un delito, pueden recurrir a interponer su denuncia para que se proceda con una investigación.

El fiscal adjunto de San Carlos, Luis Quesada Brenes, se refirió sobre los espacios de acceso y acercamiento de la justicia a la comunidad y recalcó la relevancia de que la Fiscalía preste los servicios para recibir denuncias y orientar sobre los procedimientos que competen en la labor que ejecuta la institución.

El alcalde del cantón, José Miguel Jiménez Araya, agradeció el acercamiento y ofreció unir esfuerzos para que la población pueda acceder a los servicios que presta el Poder Judicial.

Tanto el MP como la Defensa Pública adquirieron un compromiso con la comunidad, por lo que darán continuidad con los procesos que permitirán cumplir con el derecho de acercar a la población a una justicia pronta y cumplida.

UCS. El personal del Ministerio Público fortaleció sus conocimientos a través del curso “Introductorio para el Abordaje y Persecución de Diversas Defraudaciones”, el cual fue impulsado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). Este se desarrolló durante los días 03, 10, 17, 24 y 30 de noviembre.

La formación pretendía dotar a las personas participantes de las herramientas y normativas, que les permitan el eficiente abordaje de los procesos de investigación, relacionados con las distintas defraudaciones. Lo anterior, con el propósito de gestionar el trámite de manera ágil y oportuna.

Las personas capacitadoras fueron las fiscalas y fiscales de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, Melissa Lara Rodríguez, Alejandro Solano Ujueta, Carlos Meléndez Sequeira y Esteban Aguilar Vargas.

Para el fiscal adjunto de ese despacho, Meléndez Sequeira, el curso brindó los instrumentos necesarios para dirigir casos con resultados positivos, a través de las mejores prácticas ejecutadas por las personas integrantes de la fiscalía, con base en sus experiencias, todo por medio de una metodología pragmática de construcción del conocimiento participativo, basada en investigaciones reales aportadas por las personas que recibieron la capacitación y facilitadores.

Por su parte, Jennifer Valverde García, técnica judicial de la UCS, indicó que, la capacitación continua es una herramienta crucial, refuerza el compromiso en el desempeño del trabajo.

“Invito al personal judicial a recibir el curso, con el fin de incrementar las habilidades, conocimientos, y analizar un poco más el comportamiento de las distintas modalidades en defraudaciones”, indicó.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, manifestó que, contar con personal fiscal especializado, con amplio conocimiento y experiencia, como facilitadores, enriquece los procesos de formación dirigidos a compañeros y compañeras que laboran en otras oficinas.

Los contenidos expuestos fueron presentados bajo la modalidad bimodal.

La UCS fomenta el crecimiento profesional, por lo que insta a continuar fortaleciendo sus conocimientos, a través de las diversas formaciones que imparte dicha unidad.

UCS. Un grupo de fiscalas y fiscales de distintas partes del país recibió la capacitación “Aspectos prácticos en la Atención de Asuntos Penal Juvenil en Disponibilidad”. El taller fue coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y se realizó los días 09, 16 y 23 de noviembre, bajo la modalidad virtual.

Las facilitadoras del espacio fueron la fiscala adjunta de Penal Juvenil, María Gabriela Alfaro Zúñiga, y las fiscalas Suhelen Brenes García y Grace Marín Solís. Por medio de los contenidos expuestos, ellas procuraron desarrollar habilidades y destrezas en el personal fiscal, las cuales les permitan una atención especializada en la materia y una ejecución eficiente en el servicio brindado.

En la formación participó la fiscala Mónica Salas Villalobos, quien se refirió al curso como una herramienta de mucha utilidad para los fiscales y las fiscalas que atienden disponibilidad en Penal Juvenil, ya que, dijo, sirve como una guía en la toma decisiones y se logra finalizar los casos de manera exitosa.

De acuerdo con la facilitadora Brenes, las personas menores de edad son parte de una de las poblaciones vulnerables y, aún más, las personas menores de edad en conflicto con la Ley de Justicia Penal Juvenil.

La funcionaria señaló que de ahí surge la importancia en cuanto a la capacitación del personal fiscal en general y con mayor razón del personal no especializado, que por las jurisdicciones que atienden, deben conocer casos en disponibilidad de la materia penal juvenil, por ello y siendo que se requiere un conocimiento especializado y mayor sensibilización en la atención de esta materia, así como un conocimiento específico y práctico en cuanto a los fines sociales y procesales previstos para las personas menores de edad en la Ley de Justicia Penal Juvenil.

“Resulta de gran relevancia que, todo el personal fiscal, este debidamente capacitado en los aspectos prácticos de la atención de dicha población a fin de que se respeten de manera adecuada sus derechos y garantías, así como una tutela judicial adecuada a todas las partes del proceso, como el cumplimiento de la normativa nacional e internacional”, resaltó.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, manifestó que, aportar conocimiento especializado en materia de poblaciones vulnerabilizadas al personal fiscal que las atiende en disponibilidad, se convierte en una obligación para garantizar la tutela judicial efectiva. 

• Mesa de diálogo y presentación de resultados incluyó datos, en conjunto, de 11 fiscalías.

En una actividad pública que reunió a 93 personas participantes, las Fiscalías Adjuntas del I, II y III Circuito Judicial de San José expusieron los resultados del trabajo realizado durante el 2022, período en el que destaca que este grupo de oficinas logró resolver 56.200 casos, lo cual representa 4.908 expedientes más que los ingresados (51.292).

Esta es la quinta mesa de diálogo de este año, en la que las fiscalías rinden cuentas de su trabajo; los tres despachos, conocidos respectivamente como las fiscalías de San José, Goicoechea y Desamparados, agrupan en su conjunto 11 oficinas, localizadas en la zona central de la ciudad capital, a excepción de la Fiscalía de Puriscal.

En esta oportunidad, las personas asistentes pudieron conocer de primera mano información acerca de los fenómenos criminales que más afectaron a las comunidades, estrategias que se tradujeron en casos exitosos y áreas de mejora detectadas, datos expuestos por las jefaturas de San José, Álvaro Montoya Martínez; Goicoechea, Natalia Sarkis Fernández; y de Desamparados, Dixiela Madrigal Mora.

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, fue el encargado de abrir el encuentro, con una exposición de datos estadísticos respecto al rendimiento y el trabajo de los 11 despachos.

El jerarca explicó que, como parte del método de trabajo del Ministerio Público, los resultados de todas las oficinas se analizan y contraponen con promedios nacionales en variables como cantidad de acusaciones, desestimaciones y sobreseimientos, entre otros, además de metas establecidas para la resolución de causas en rezago, es decir, expedientes que tienen dos o más años de tramitarse.

Díaz recalcó que cuando se detecta que alguna fiscalía se aleja de esos indicadores, se genera una alerta que lleva a tomar medidas y realizar intervenciones para corregir eventuales falencias y evitar que se afecte el servicio que se da a las personas usuarias.

Por su parte, los fiscales adjuntos de los tres circuitos revelaron que los delitos contra la propiedad son una manifestación delictiva común a las tres áreas poblacionales y representaron la mayor incidencia registrada en el 2022.

Asimismo, expusieron la forma en que la coordinación con las distintas policías como parte de la labor de dirección funcional (orientación que hace el personal fiscal a la policía para investigar causas) se convierte en la clave para lograr investigaciones que avancen con éxito y reúnan la evidencia necesaria para acreditar o descartar la comisión de un delito.

En la mesa de diálogo también se dieron a conocer casos de alto impacto social en cada uno de los tres circuitos, así como los proyectos prioritarios para subsanar áreas de mejora identificadas. Finalmente, las tres personas panelistas respondieron consultas y sugerencias planteadas por quienes asistieron a la actividad.

Este quinto ejercicio de rendición de cuentas contó con la participación, entre otros, de grupos como asociaciones de desarrollo, colectivos vecinales organizados, organizaciones no gubernamentales y representantes de municipalidades, así como personas funcionarias de distintas instituciones públicas aliadas del Ministerio Público.

Anteriormente, las fiscalías de Cartago, Pérez Zeledón, Corredores, Heredia, Pococí, Limón, Puntarenas, Liberia, Santa Cruz, San Carlos, Alajuela y San Ramón realizaron la misma actividad.

Acceda al informe de rendición de cuentas escaneando el código QR:

UCS. El personal profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) recibió la capacitación “Victimología Forense: Experiencia Costarricense”, la cual fue desarrollada el 27 de octubre y el 03 de noviembre, bajo la modalidad virtual. Dicha actividad, fue organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP).

La capacitación se realizó para brindar a las personas participantes conceptos y herramientas básicos del área de la victimología forense, los cuales son utilizados en algunos casos dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el propósito que puedan ser valorados en la práctica de su ejercicio profesional.

Este espacio académico fue desarrollado por la funcionaria Yesenia Murillo Picado, quien es psicóloga de la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense y por María José Rodríguez Cruz, socióloga de la Oficina de Planes y Operaciones, ambos despachos del OIJ.

La capacitación permitió desarrollar los temas de antecedentes generales de la victimología, diferencia entre víctima y victimología forense, conceptos básicos de victimología forense, tipos de victimización, clasificación de las personas víctimas, entre otras, fueron expuestos durante la formación.

El abogado de la OAPVD, Esteban Ureña Umaña, la conferencia resultó sumamente provechosa, tanto por el intercambio de vivencias entre las labores diarias, la actualización profesional, así como de las experiencias con víctimas en sus diferentes clases, entornos, procesos victimizadores y los retos que se tiene como institución. 

“Con respecto a la conferencia, resulta importante destacar la capacidad técnica y profesional de las exponentes que llevaron a todas las personas participantes un conocimiento relevante en dicho tema, basados en conceptos, técnicas y datos reales que como institución ayudan a las investigaciones criminales y mejorar el servicio público de calidad”, manifestó Ureña.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, esta acción formativa refleja el interés por cubrir diversos temas de conocimiento útiles para la labor de todo el personal del MP, acorde a los diferentes roles y para la mejora en la atención de las víctimas del delito.

La UCS insta al personal para que continúe fortaleciendo sus conocimientos, a través de los distintos cursos que ofrece la Unidad y así ofrecer un servicio público de calidad.

UCS. Con la participación de 67 personas funcionarias de la Fiscalía General, Unidad Administrativa y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, se impartió la charla “Política para la Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales”.

El espacio formativo fue coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y se impartió bajo la modalidad virtual.

Esta política institucional procura que las personas usuarias realicen sus trámites de manera ágil y sencilla, y que comprendan su situación y necesidades, sin que se les exija trámites innecesarios, siempre procurándose que el trato y gestión sean igual para todas las personas.

De igual manera, dicha política procura una justicia simple y accesible, una cultura institucional hacia la mejora continua de los servicios, actitudes y hábitos, además del desarrollo sostenible de la gestión judicial.

Para la facilitadora Raquel Ramírez Bonilla, jefa de la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías, estas charlas permiten sensibilizar al personal del MP, ya que generaran conciencia sobre la necesidad de implementar cambios, fomentando el compromiso colectivo, para optimizar los procesos judiciales. Además, ofrecen la oportunidad de intercambiar ideas y perspectivas, promoviendo un diálogo constructivo para abordar los desafíos y mejorar el sistema judicial.

La participante Sandra Briceño Cortés dijo que “la charla nos permitió visualizar el resultado de los esfuerzos que la institución ha realizado en los últimos años, en procura de mejorar el servicio que se brinda a las personas usuarias, economía institucional y disminución de la huella ambiental, lo que se resume en un servicio público eficaz, eficiente y efectivo a futuro”.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que la forma de coadyuvar con la tutela judicial efectiva es garantizar la participación activa e informada de la población usuaria de la Administración de la Justicia Penal.

“En este marco, la acción formativa desarrollada se convierte en una herramienta útil para ese cometido, de manera que, el trámite procesal debe ser célere y sencillo, tal como se propugna en la capacitación”, puntualizó.

La charla contó también con las intervenciones de Randall Sancho Hernández de la Unidad Administrativa. Tanto el funcionario, como Bonilla, impartieron los contenidos durante los días 12 y 19 de octubre, mientras que Alexa Gómez Herrera, funcionaria de la OAPVD, desarrolló la acción formativa el 26 de octubre.

Para el 15 de diciembre está programada la última charla sobre la política. En esta ocasión, personal de la UCS y del Proyecto de Descongestionamiento del MP recibirán los contenidos de interés.

UCS. En cumplimiento a uno de los compromisos del Ministerio Público, el de formar al personal para que brinde un servicio público de calidad y de respeto a los derechos de las poblaciones vulnerables, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) impartió la charla Acceso a la Justicia para personas Afrodescendientes. La actividad se realizó el 19 de octubre, bajo la modalidad virtual.

La acción formativa contó con el equipo facilitador de Songhay White Curling, coordinadora de la Subcomisión para el Acceso de la Justicia de las personas Afrodescendientes del Poder Judicial, así como de Guillermo Navarro Alvarado, coordinador de la Cátedra de Estudios de África y el Caribe de la Universidad de Costa Rica.

Con su experiencia en la materia, ambos abordaron temas que permitieron a las personas participantes conocer de la historia y cultura afrodescendiente, y cómo brindar una atención adecuada a esta población.

De acuerdo con White, la Ley 10120 dispone que, durante 10 años, el país dará un trato diferenciado a la población afrodescendiente, con la finalidad de promover la justicia, la igualdad, el acceso al empleo, la educación y promover la discusión cultural que le permita a esta población el pleno gozo de sus derechos.

“La discriminación y el racismo son brechas difíciles de romper y, ante la existencia de una exclusión sistémica y obstáculos estructurales, se hace absolutamente necesario tomar este tipo de acciones para lograr igualdad y equidad”, acotó la facilitadora.

El fiscal Edgar Barquero Ramírez, quien participó de la charla, indicó que el personal del Ministerio Público debe conocer y acatar las políticas institucionales de acceso a la justicia y específicamente la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes del Poder Judicial y su Plan de Acción, y comprometerse a eliminar todo estereotipo o prejuicio basado en el miedo y la ignorancia que limitan la participación en igualdad de condiciones y genera exclusión social.

“El servicio público de las fiscalías y oficinas debe promover el respeto, la difusión de los derechos, el conocimiento y la aplicación de los instrumentos internacionales y nacionales en favor del reconocimiento y promoción de los derechos fundamentales de las poblaciones históricamente discriminadas”, resaltó.

Por último, Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS manifestó que este tipo de actividades facilitan conocimiento al personal fiscal sobre el respeto de derechos fundamentales para las personas usuarias pertenecientes a poblaciones que históricamente han sido vulnerabilizadas, por lo que para garantizar una verdadera justicia procesal requieren de una atención con enfoque diferenciado.

La UCS insta al personal de la institución a ampliar sus conocimientos con las diversas acciones formativas que brinda.

La Fiscalía Adjunta de Cartago, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y el Área de Conservación Osa (ACOSA) organizaron un conversatorio sobre el abordaje efectivo de los delitos ambientales que más aquejan las zonas que atienen las Fiscalías de Cartago, La Unión, Turrialba y Tarrazú. La actividad se realizó el 21 de noviembre anterior, en la Estación Biológica Experimental Villa Mills.

Las exposiciones estuvieron a cargo del personal fiscal de Cartago y de la Fiscalía Adjunta Ambiental, así como personas profesionales del Sistema Nacional de Conservación (SINAC).

En la capacitación se abordaron temas como división territorial y áreas silvestres protegidas más importantes de la zona, elementos que deben contener los informes y denuncias de delitos ambientales, aspectos de las órdenes administrativas que giran en el SINAC, medidas cautelares y restaurativas solicitadas por el MP, y aspectos estratégicos para una litigación más efectiva en los Tribunales de Justicia.

“La única forma de luchar contra la impunidad en los delitos ambientales, así como contra la criminalidad organizada en esta materia, es que existan personas funcionarias debidamente capacitadas para manejar las investigaciones, además, que sea personal que se conozca entre sí, para lograr mejores coordinaciones interinstitucionales”, señaló el fiscal adjunto de Cartago, Jofrey Salas Fuentes.

La asesora legal del Área de Conservación La Amistad-Pacífico, Martha Jiménez Madrigal, indicó que la actividad permitió desarrollar acciones en procura de la prevención de amenazas en áreas silvestres protegidas, con exposición de temas como elementos básicos para un informe policial sobre delitos ambientales.

Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, manifestó que estas actividades son cruciales para abordar los complejos desafíos que se presentan, aprovechar los recursos y promover sinergias entre las diferentes entidades. 

Durante la reunión, se incorporó al personal del Área de Conservación Central, ya que la Fiscalía Adjunta de Cartago empezará a trabajar con ese despacho, pues este asumió la competencia territorial, el cual, anteriormente, le correspondía a ACOSA.

20 de noviembre del 2023. Lejos de la dinámica diaria de las oficinas y del ajetreo de audiencias, juicios y múltiples diligencias, 196 personas se dieron cita el sábado 18 de noviembre en el Encuentro Nacional de Personal Fiscal 2023, que reunió a personas funcionarias de todos los rincones del país. 

La actividad, promovida por la Fiscalía General de la República y organizada en conjunto con la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), se ideó con el objetivo de promover la integración y el sentido de pertenencia institucional, además de repasar algunas directrices generales del Ministerio Público (MP) y su funcionamiento. 

La convocatoria abarcó a personal tanto de fiscalías territoriales como despachos especializados y contó, además, con un espacio en el que se entregaron reconocimientos a 44 personas que acumulan más de 20 años de servicio en el MP. 

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, destacó la nutrida participación en el encuentro como una muestra del compromiso del personal fiscal con su labor y, al mismo tiempo, recalcó la importancia de la actividad como una forma de estrechar lazos y procurar un ambiente laboral sano. 

“Ver a las personas conversar, reencontrarse con compañeras y compañeros a quienes quizá tenían mucho tiempo sin ver y poder saludarse, compartir un desayuno y un almuerzo, es el mejor y más valioso resultado que pudimos ver materializado”, dijo. 

Por su parte, Karen Valverde Chaves, fiscala subrogante y jefatura de la UCS, explicó que se realizaron diferentes actividades para brindar información sobre temas esenciales, así como dinámicas para el trabajo en equipo, y coincidió en que “el resultado fueron manifestaciones de agrado de parte de las personas participantes por el tiempo compartido y la atención recibida”. 

Díaz afirmó sentirse satisfecho con el desarrollo del encuentro, ya que, señaló, “también permitió agradecer personalmente al menos a una parte de quienes están día a día resolviendo casos y procuran llevar justicia a las personas usuarias para cumplir con el mandato que tiene el Ministerio Público”. 

“Me pareció una actividad muy bonita, por la motivación que nos dieron al reconocer la importancia que tiene nuestro trabajo en el combate a la delincuencia y la relevancia de dar nuestro mayor esfuerzo en la labor que tenemos; uno siente que, como personas, también le interesamos al Ministerio Público, creo que se cumplió el objetivo de integrarnos y, personalmente, la dinámica me permitió sentirme por un momento fuera de mi rol tan serio de fiscala”.  

Dayana Suárez Ríos, fiscala adjunta de Puntarenas. 

“Fue una hermosa actividad de acercamiento para sentir que el MP sigue siendo una familia fraternal. El poder ver a muchos compañeros que hace mucho tiempo no se veía, compañeros que durante el camino uno va dejando en los diferentes despachos, y sentir ese abrazo fraterno fue maravilloso. Esperemos que se repita este tipo de actividades, para acercarnos y tener la unión necesaria para enfrentar las batallas que tenemos que dar”. 

Israel Naranjo Cabalceta, fiscal de Limón.