Sharon Hernández Coto

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El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y su equipo gerencial, se reunió con el personal de la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón y de las Fiscalías de Buenos Aires y Osa, en una gira al sur del país que contempló, además, su participación en el Consejo Ampliado del Poder Judicial y en la Comisión Permanente de Dirección Funcional.

Este último encuentro se realizó el viernes 12 de abril con integrantes del Organismo de Investigación Judicial, incluyendo al subdirector de esa policía, Michael Soto, así como jefaturas de la Fuerza Pública y otras autoridades locales.

Durante la mesa de trabajo, el jerarca del Ministerio Público resaltó la labor de las personas funcionarias de dicho Circuito Judicial, tanto por su nivel de gestión, como por la forma en la que se organizan para ejecutar las tareas que les corresponde, para combatir la criminalidad que afecta a la zona sur del país. El fiscal general Díaz ofreció respaldo al equipo de trabajo de esa región, para la mejora constante del servicio que se brinda a la población.

En esta ocasión, se realizó un análisis del trabajo que desarrolla cada uno de los despachos de la zona sur, así como la coordinación que existe con los diferentes cuerpos policiales que intervienen en las diferentes situaciones que se presentan en esa zona del país.

"En esta comisión se establecen estrategias de investigación y objetivos de persecución, lo que nos permite tomar decisiones sobre los métodos de persecución a nivel local. Hacemos un trabajo preventivo y represivo, lo que nos ha dado buenos resultados", señaló el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez.

Consejo Ampliado. La visita del fiscal general a la zona sur se enmarcó dentro del Consejo Ampliado organizado en la zona sur durante el 11 y 12 de abril. Ese tipo de encuentros son espacios de interacción y diálogo entre el personal judicial y la ciudadanía, para escuchar opiniones y recibir sugerencias sobre el quehacer institucional.

En esta oportunidad, las jefaturas del Poder Judicial se acercaron a las personas usuarias para conocer de primera mano sus necesidades y requerimientos y se les contestó las inquietudes que externaron.

Ante las diferentes denuncias que involucran el decomiso o el rescate de animales silvestres, en operativos policiales y judiciales, autoridades costarricenses participaron en un taller, donde se les brindó capacitación técnica sobre el manejo adecuado de estos animales.

Este taller forma parte del proyecto “Mejora de la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre”, coordinado por la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, financiado con fondos de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), del gobierno de los Estados Unidos de América, que es administrado por Humane Society International (HSI).

Según datos de la Sección Especializada contra Delitos Medioambientales del OIJ, entre el 2022 y el 2023, se realizaron 534 decomisos de animales silvestres. Por otro lado, los datos del Sistema de Trámite y Denuncias Ambientales, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), señalan que, en el 2023, se realizó el decomiso de 188 animales silvestres en Costa Rica.

Los representantes de las autoridades nacionales que participaron en el taller en el primer trimestre del año, abordaron temas como: recomendaciones para la manipulación de animales silvestres decomisados o rescatados; la protección humana durante su manejo; y la alimentación y el transporte de los animales silvestres. También conocieron de primera mano la aplicación web: Guía para el Manejo de Animales Silvestres Decomisados / Rescatados.

“Para el Ministerio Público, la capacitación continua, junto con la coordinación interinstitucional, son la clave para una aplicación correcta y uniforme del derecho penal ambiental, como nos corresponde por ley. En el caso de estos talleres, conocer la adecuada disposición de los animales silvestres decomisados, sus productos y subproductos, es la mejor forma de garantizar, primero, la protección de esos bienes de dominio público y, segundo, la adecuada sanción para las personas dedicadas a su cacería, tráfico, comercio y trasiego”, señaló José Pablo González, Fiscal Adjunto Ambiental y coordinador de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental.

Por su parte, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía, indicó que, “Como país líder en materia ambiental, estemos desarrollando este tipo de talleres, ya que la fauna silvestre es un bien de dominio público, cuando un animal silvestre es decomisado o rescatado, debe ser manejado de la mejor manera para que se pueda devolver a su medio natural, esa es la mejor forma de reducir un poco el daño ambiental provocado con su extracción de los ecosistemas. Por lo que desde el momento que están bajo la tutela de las autoridades, su manejo debe ser técnico y adecuado para que la aplicación de la normativa promueva no solo la recuperación del bien de dominio público, sino que se promueva conservación del bien tutelado; en este caso la fauna silvestre y los servicios ecológicos que brinda.”

“La mayoría de los animales silvestres que son decomisados o rescatados en operativos policiales y judiciales han vivido situaciones de cautiverio, estrés, e incluso maltrato. Es por ello que en HSI buscamos apoyar a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley para que puedan manejarlos de una forma humanitaria y segura, pensando tanto en los animales involucrados como en las personas”, señaló Andrea Borel, directora ejecutiva de HSI Latinoamérica. 

En los talleres participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (por medio de la Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas, Policía de Frontera y Servicio de Vigilancia Aérea); del Ministerio de Ambiente y Energía por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC),  la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA),  del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público.

UCS. En cumplimiento al Programa de Formación en Habilidades Blandas, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) impartió el curso “Humanismo y conciencia social-atención a la persona usuaria”, dirigido a personas colaboradoras de distintos despachos de la institución. La actividad se desarrolló de manera virtual, el 21 de marzo.

Esta acción formativa pretendía que los participantes cuenten con los insumos que les permita ofrecer un servicio humanizado y con conciencia social, el cual genere confianza en la población y garantice la no discriminación en la institución.

Las exposiciones estuvieron a cargo del fiscal de la UCS, Edgar Barquero Ramírez, y de la jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Melissa Benavides Víquez; quienes, desde su experticia, abordaron los temas y reforzando los conceptos en el personal inscrito.

Durante el espacio formativo, Barquero señaló que el humanismo es una actitud de vida que potencia los valores integrales de las personas y la difusión del conocimiento, mediante una interpretación crítica de la realidad para identificar oportunidades de mejora en la sociedad y desde el desarrollo de la conciencia social, es posible empatizar con los demás, para mejorar la comunicación y una interacción pacífica. 

“Es indispensable que el personal del Ministerio Público mantenga una actitud altruista en la atención de personas usuarias, primordialmente con poblaciones en condición de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, por lo que la actividad académica brindó herramientas para comprender ambos conceptos, desde su perspectiva histórica, para identificarlos en la práctica diaria de las fiscalías y oficinas del país, mediante acciones afirmativas concretas que mejoren la calidad del servicio público brindado a nuestros semejantes", señaló.

La abogada de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Emilia Hernández Agüero, fue participante del curso y resaltó que el humanismo, en el ejercicio de la función judicial, implica reconocer la dignidad inherente de cada individuo, así como entender que, detrás de cada caso, hay una persona con sueños, temores, esperanzas y derechos que deben ser protegidos y respetados.

“En el contexto del Poder Judicial de Costa Rica, la atención a la persona usuaria debe ser el centro de nuestra labor. Debemos escuchar con atención, comprender sus necesidades y trabajar diligentemente para resolver sus problemas de manera justa y eficiente”, señaló.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, detalló que hay que seguir concientizando al personal en implementar prácticas que coadyuven en brindar un servicio público que permita un trato respetuoso y digno, además de motivarlo en seguir capacitándose en temas que desarrollen la empatía y una conciencia social.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ejecutó el curso “Estrategias de Investigación en delitos medio ambientales”, con la participación de 23 personas.

Esta actividad buscaba fortalecer las coordinaciones interinstitucionales y permitió que las personas participantes pudieran ampliar sus conocimientos y habilidades referentes a la solicitud de medidas cautelares en materia ambiental, cadena de custodia y elementos de prueba, así como las competencias y funciones del SINAC.

El director de la Dirección Regional ACLAP-SINAC, Ronald Chan Fonseca, manifestó que la capacitación generó un profundo conocimiento sobre los diferentes temas analizados y señaló que, además, permitió generar un diálogo constructivo y una comunicación eficiente entre las partes, facilitando una cooperación más efectiva en casos de interés mutuo.

“Nos ha fortalecido la capacidad para abordar los desafíos actuales en la lucha contra la incidencia y atención del delito ambiental”, dijo.

Por su parte, el fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Edgar Ramírez Villalobos, indicó que, en el marco de la Comisión Permanente de Dirección Funcional, la Fiscalía Adjunta y el Ministerio de Ambiente y Energía, desde el 2000, han desarrollado múltiples reuniones en aras de optimizar las investigaciones en materia de delitos ambientales, lo que permite un mejor abordaje de los casos penales.

En esta oportunidad, la formación se enfocó en el desarrollo de temas relacionados con la dirección funcional, aspectos técnicos de valoración ambiental, medidas cautelares, entre otros, todo esto con el fin de cumplir con la Política de Persecución Penal en Delitos Ambientales emanada por la Fiscalía General de la República.

Para la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, este tipo de cursos son de mucha importancia para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que la protección del ambiente implica actividades de prevención, capacitación, así como personal competente para investigar acciones que lesionan o ponen en peligro el bien jurídico tutelado.

La acción formativa se desarrolló en el puesto operativo Pittier, en el Parque Internacional La Amistad, en San Vito de Coto Brus.

En este espacio se contó con la participación del personal de las Fiscalías de Pérez Zeledón, Golfito y Corredores, y personal del SINAC.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena, desarrolló la charla “Elementos para la implementación del Protocolo MEDAI y SIRCAIVI”. La actividad se hizo de manera presencial, el 05 de abril anterior.

La MEDAI es una Mesa de Diálogo y Actuación Intersectorial, la cual funge como un órgano de cooperación integrado por todas las instituciones u organizaciones que tienen competencias en materia de violencia institucional carcelaria. 

En cuanto al SIRCAIVI, este es el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria.

Ambos buscan la protección de los derechos de la población privada de libertad, procurar la mejora en el acceso a la información, asesoramiento jurídico, entre otros aspectos.

Esta actividad se impartió al personal fiscal y técnico de la Fiscalía de Ejecución de la Pena, y se desarrolló con el objetivo de brindar las herramientas elementales, para la aplicación de la metodología SIRCAIVI, reconocida por el Poder Judicial a través de la Defensa Pública de Costa Rica, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333 y sus reformas.

El fiscal Felipe Ortega Monge fue el facilitador y manifestó que la capacitación da a conocer los alcances del convenio y del protocolo, lo cual permite establecer el papel que debe cumplir el MP en el abordaje y seguimiento de los casos SIRCAIVI.

“Mediante el convenio firmado en la ciudad de San José, el día 15 de noviembre del 2022, la Fiscalía General acordó formar parte de la mesa de diálogo y actuación Intersectorial, en el marco de dicho sistema. Ante esta circunstancia, resulta imperante la formación al personal que tramita la materia de ejecución penal”, recalcó.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que, ante la situación actual que presentan los centros penales del país, es importante que las personas funcionarias del MP estén capacitadas para prevenir, detectar e investigar posibles casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las prisiones, pues esto permitirá velar por el respeto a los derechos humanos de la población privada de libertad.

La acción formativa se desarrolló en el marco de la reunión anual de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena y participaron 27 personas funcionarias de ese despacho.

Las Fiscalías que conforman la Columna de Atención de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas participaron de su reunión bimensual, con el fin de trazar el plan de trabajo que pondrán en marcha con las plazas extraordinarias asignadas, como parte del Proyecto de Descongestionamiento del Ministerio Público (MP). El evento se realizó el pasado 19 de marzo, en el tercer piso de la Corte Suprema de Justicia.

En la actividad participaron las jefaturas de las Fiscalías Adjuntas que tramitan las materias de penal juvenil, género, niñez y adolescencia, asuntos indígenas y que trabajan con personas privadas de libertad. Asimismo, asistieron sus fiscalas y fiscales coordinadores, y personal técnico de esos despachos.

Durante el encuentro, se desarrolló una actividad de integración, a cargo de la psicóloga y abogada de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Priscilla Elizondo Hernández.

La funcionaria realizó una dinámica de identificación de actividades o circunstancias vividas por cada una de las personas participantes relacionadas con una vida saludable.

De esa manera, se destacó la importancia de la alimentación sana y hacer ejercicio físico. Asimismo, se habló sobre la importancia de tener controles médicos, sueño reparador, relaciones sanas y controlar el estrés, para tener una vida saludable tanto física como emocional.

Por su parte, la socióloga de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Andrea Bermúdez Castillo, tuvo una intervención, la cual pretendía brindar insumos que permitieran mejorar la rendición de cuentas que realizará la Columna este 2024.

En ese espacio se realizaron consultas a las personas participantes sobre los aspectos positivos y las áreas de mejora en esta actividad, en comparación con el informe de labores del año anterior.

Para el cierre de la reunión, la jefatura de la Columna, Mayra Campos Zúñiga; y las Fiscalas Adjuntas Debby Garay, María Gabriela Alfaro, Rocío de la O; y el Fiscal Adjunto Carlos Montenegro expusieron sus planes de trabajo, con las acciones concretas, seguimientos y metas por alcanzar con los recursos otorgados por la Fiscalía General y el Consejo Superior, en pro de mejorar el servicio que brinda cada oficina.

Un grupo de 20 fiscalas y fiscales del Ministerio Público (MP) participa en un taller sobre ciberdelincuencia, el cual incluye también a fiscales de Latinoamérica.  La actividad inició el 19 de marzo y finalizará el 21, y se realiza en el hotel Cariari, en Heredia.

 En la apertura del espacio, convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, señaló la importancia de que el personal profundice conocimientos en esta materia, al tener nuestro país un importante índice de ciberdelito.

 “El ciberdelito ha venido creciendo a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. En nuestro caso, del 2022 al 2023, según nuestras estadísticas, los casos superaron los 11.000 asuntos en cada año”, señaló el Fiscal General.

 En la inauguración del evento, también participó Milagro Martínez, representante de la OEA en Costa Rica, y, de manera virtual, estuvo Jorge González, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, de la División de Investigaciones Penales los Delitos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 Entre los temas tratados a lo largo de los tres días están ponencias sobre introducción a la delincuencia cibernética, esfuerzos para fomentar la cooperación internacional en los delitos cibernéticos, pruebas en poder de los proveedores de servicios y explotación de teléfonos móviles. Asimismo, se abordarán todo lo relacionado con monedas virtuales, análisis de pruebas digitales, desafíos y oportunidades de la región en materia de delincuencia cibernética.

 En el segundo día del taller, la fiscala de la Unidad de Cibercrimen del MP, Johanna Ramírez, expuso sobre el incremento del fenómeno en Costa Rica, las necesidades detectadas y la creación de dicha Unidad.

 Durante su intervención, la funcionaria mostró los principales logros de la oficina, así como los retos y las limitaciones con las que se enfrenta el equipo fiscal que tramita esos expedientes.

 Ante el aumento de esta criminalidad, el jerarca del MP hizo un llamado a la ciudadanía, para que no brinde datos bancarios ni ninguna información sensible a ninguna persona.  

En ámbito académico

UCS. La Subcomisión para la Prevención del Hostigamiento Sexual, en el ámbito académico, y la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) organizaron la videoconferencia virtual “Prevención del Hostigamiento Sexual en el ámbito académico”,en la cual participaron aproximadamente 130 servidores del Poder Judicial. La actividad se realizó el 06 de marzo anterior.

La acción formativa consistió en facilitar conocimientos en cuanto a los lineamientos generales establecidos en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral, naturaleza del fenómeno, mitos y consecuencias.

Lo anterior como parte de las funciones principales de la Subcomisión, la cual busca planificar periódicamente las acciones que se implementarán para combatir las situaciones de hostigamiento sexual a nivel del Poder Judicial.

En ese sentido se abordaron temas relacionados con definición de hostigamiento sexual, conceptos, mitos y consecuencias; así como los lineamientos generales de Ley contra el Hostigamiento y Acoso Sexual en el empleo y la docencia y sobre el Reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en el Poder Judicial.

De acuerdo con la facilitadora Nancy Solano Salazar, este tipo de acciones de parte de la institución generan en las personas sensibilización y conocimiento, con esto se pretende que se formen espacios de bienestar tanto personal como laboral y así lograr que las personas funcionarias se desarrollen de manera adecuada.

La representante de la Defensa Pública, Adriana Gómez Calderón señaló que “los espacios formativos constituyen acciones afirmativas mediante las cuales se procura que la población judicial se informe de un tema tan sensible como lo es el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Conocer sobre el tema y la normativa aplicable es fundamental a fin de identificar las conductas manifiestas de este tipo de violencia y procedimiento de investigación y sanción”.

Otro de los asistentes fue Ricardo Vega Solano, quien indicó que “el acoso u hostigamiento sexual es un comportamiento no deseado, el cual es ofensivo y en ocasiones hasta humillante para quien lo recibe, aspecto que provoca una afectación personal, que desde luego, incidirá en el desarrollo laboral; siendo de importancia, el tomar acciones preventivas, para evitar éstas situaciones; mediante capacitaciones como las recibidas, la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas ha logrado una sensibilización en el tema para todo el personal”.

“Para la UCS esta videoconferencia reafirmó el compromiso con el Poder Judicial, para promover espacios laborales y procesos de capacitación libres de hostigamiento sexual”, indicó la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves. 

UCS. El Proyecto de Descongestionamiento y Disminución de Rezago, el cual se encuentra bajo la dirección de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), fue fortalecido y creció en personal con 35 plazas de fiscal auxiliar, 10 de fiscales coordinadores y 30 personas técnicas judiciales. Lo anterior, luego de cumplir con los objetivos establecidos para el 2023.

Este incremento se logró tras una solicitud planteada por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, ante el Poder Legislativo, al existir la necesidad de dotar al Ministerio Público (MP) con plazas de fiscales y fiscalas que coadyuven en la lucha contra el aumento de la criminalidad.

Las personas que van a integrar el proyecto fueron presentadas en una reunión de trabajo, en la que participaron el jerarca del MP y las fiscalas adjuntas Martha Brenes Montenegro y Karen Valverde Chaves, esta última encargada de liderar la actividad.  La actividad se realizó el 04 de marzo, en el Auditorio de la UCS

De acuerdo con el jerarca, el proyecto ha logrado cumplir las expectativas de descongestionar despachos del MP y con esto llevar una tutela efectiva, por lo que en este año se refuerza la Unidad, para continuar colaborándole a las oficinas en bajar el rezago.

“Queremos que esta Unidad continúe asistiendo a otras fiscalías, por lo que se destinan más plazas, con un incremento de más del doble en comparación con las del año anterior. Se escogió al personal con experiencia en distintas materias, que se adapten al trabajo en equipo, personas que se comprometan tanto en el ámbito laboral como en crear un ambiente sano en relaciones humanas entre sus compañeros. Les agradezco por haber aceptado unirse al proyecto”, expresó.

Durante la exposición de la fiscala adjunta de la UCS, esta explicó los objetivos y las acciones que se desarrollarán en el proyecto, así como la forma en la que van a laborar los distintos grupos. La jefa de la Unidad de Capacitación enfatizó en la importancia de la retroalimentación y del trabajo en conjunto, como una buena práctica. 

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) impartió el curso “Tramitación conjunta del expediente entre el personal fiscal y técnico del Ministerio Público (MP)”. El espacio formativo se desarrolló el día 21 bajo la modalidad virtual y el 28 de febrero forma presencial.

Esta capacitación permitió que las personas participantes adquirieran herramientas para mejorar continuamente el trabajo coordinado entre el personal técnico y fiscal de los distintos despachos del MP, en la gestión de casos penales y atención a la persona usuaria.

Para la ejecución del curso, colaboraron como facilitadores el fiscal Edgar Barquero Ramírez, el coordinador judicial Javier Solís Castillo y la socióloga Andrea Bermúdez Castillo, quienes se encargaron de presentar los contenidos y de realizar actividades atinadas a la materia.

En el curso se abordaron los contenidos de autoconocimiento e intereses de las personas participantes, destrezas comunicativas, funciones, clasificación y competencias descritas en los manuales de puestos, principios básicos para la tramitación de casos penales, entre otros.

Según Barquero, el trabajo en equipo en las oficinas y fiscalías del MP es un complejo proceso de interacciones humanas, en el que cada persona realiza un aporte muy importante para alcanzar los objetivos planeados, obtener el máximo rendimiento laboral y brindar un servicio de calidad.

“El éxito de cada tarea depende del trabajo conjunto, basado en el respeto, la empatía, la comunicación asertiva y la aplicación de los valores institucionales, por lo que este curso pretende fomentar la toma de consciencia sobre las ventajas del trabajo coordinado entre el personal técnico y profesional al momento de ejecutar actos procesales. Además, desarrolla en las personas estudiantes buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales y que la solidez del equipo de trabajo facilite la atención fluida y oportuna de los asuntos bajo su cargo”, señaló.

El técnico del Proyecto de Descongestionamiento de la UCS, Alejandro Prado Abarca, enfatizó que el curso permitió resaltar la importancia de realizar un correcto trabajo en conjunto, el cual permite una mayor celeridad en la tramitación y resolución de los expedientes. El funcionario indicó que la 

relevancia de que una buena comunicación brinda la oportunidad de comentar y analizar situaciones que pueden beneficiar al equipo de trabajo, o evitar situaciones que pueda perjudicar a ambos.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la acción formativa permitió analizar la interacción del trabajo conjunto entre el personal técnico y fiscal, desde una toma de consciencia sobre la productividad en las labores por realizar en las diferentes fiscalías y oficinas del MP, siendo uno de los principales objetivos de este curso.