Sharon Hernández C.
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Un equipo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) fue capacitado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), con el fin de que este pueda conocer a profundidad el funcionamiento de esa institución. El encuentro se llevó a cabo el miércoles 08 de febrero.
En la capacitación estuvieron presente el fiscal adjunto y la fiscala coordinadora de la FAPTA, Miguel Ramírez y María Natalia Villalta, así como seis personas fiscales más y dos técnicas judiciales de ese despacho.
Según indicó la Fiscalía, este acercamiento contribuirá en el trabajo investigativo que realiza, en aquellos expedientes en los que se indagan delitos relacionados con temas de infraestructura vial. De esa manera, el equipo fiscal podrá comprender de mejor manera los informes técnicos que rinde el LANAMME y, consecuentemente, obtener mejores elementos de prueba.
Durante la capacitación se abordaron temas sobre las funciones del Laboratorio, aspectos técnicos relacionados con los estudios, ensayos y el conocimiento científico de sus informes. También se expuso sobre la posibilidad de la capacitación continua y conjunta entre ambas instituciones, así como la oportunidad de realizar acciones preventivas para evitar delitos de esta naturaleza.
Las exposiciones estuvieron a cargo del Director General de LANAMME, Rolando Castillo; la coordinara de la Auditoría Técnica, Wendy Sequeira Rojas; y la coordinadora general del Programa de Infraestructura de Transportes, Ana Luisa Elizondo Salas.
La FAPTA señaló que esta capacitación beneficiará en la obtención de mejores elementos de prueba y señaló que ahora se cuenta con un mejor bagaje, para la solicitud adecuada de la rendición de informes.
En ese sentido, el personal fiscal, el cual cuenta con formación específica en derecho, ahora pueda conocer, de manera general, los conceptos técnicos relacionados con la ingeniería e infraestructura vial.
Las cinco fiscalías especializadas que conforman la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas tuvieron la primera reunión del 2024, con el fin de desarrollar el plan de trabajo que ejecutarán durante este año. El encuentro se realizó con la participación de 16 personas funcionarias judiciales, el 16 de enero anterior, en el Salón de Personas Servidoras y Exservidoras Judiciales.
En el encuentro estuvo el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien resaltó el trabajo del personal fiscal y destacó la importancia de realizar ese tipo de actividades. El jerarca del Ministerio Público (MP) reiteró el compromiso institucional de continuar mejorando el servicio y atención de la población vulnerable, desde las posibilidades presupuestarias.
En la reunión se trataron diversos temas, por medio de exposiciones y actividades integradoras, como el de la importancia de construir bases sólidas para mejorar la calidad de vida.
La fiscala adjunta de la Columna, Mayra Campos Zúñiga, expuso sobre la importancia de ese despacho en el engranaje de la Fiscalía General y explicó la forma en la que las Fiscalía trabajarán en el 2024, reiterando la importancia del trabajo en equipo y la comunicación asertiva, dentro de un ambiente de trabajo sano y saludable.
En el desarrollo del evento, cada fiscala adjunta y fiscal adjunto integrante de la Columna expuso sus metas y objetivos para el 2024 y dieron énfasis al porcentaje proyectado en la disminución de rezago.
Conforme a la agenda, las personas que expusieron su ruta de trabajo fueron las fiscalas adjuntas María Gabriela Alfaro, Rocío de la O; el fiscal adjunto Carlos Eduardo Montenegro y la fiscala coordinadora Edith Morera Rodríguez.
La mesa de trabajo permitió que las personas participantes compartieran un desayuno.
Sharon Hernández C.
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Un equipo profesional de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito (OAPVD) participó como facilitador en la actividad académica “Elementos teóricos y operativos de la legislación que regula la atención y protección de las personas víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal”.
La capacitación estuvo dirigida a 12 personas funcionarias de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y se realizó entre el 15 y 19 de enero anterior, en la Escuela Judicial.
La actividad buscaba brindar a las personas agentes de protección los conocimientos jurídicos básicos y operativos, para que desempeñen sus funciones de la mejor manera, reconociendo los derechos y deberes de las personas usuarias.
De esa manera, se ejecutó dicha capacitación con el fin de generar conocimientos de la normativa nacional e internacional aplicable, así como los principales procesos operativos que regulan los procesos de atención y protección a las personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.
El grupo facilitador del Ministerio Público estaba conformado por el coordinador de la OAPVD, Saúl Arce Brenes; el sociólogo de esa Oficina, Danny Guzmán Esquivel; y el Jefe de la Unidad de Protección a Personal Judicial, Allan Moya Castro.
Asimismo, estuvo presente personal del Área de Trabajo Social, Psicología, Criminología y Derecho de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas.
“Esta actividad se enmarca dentro del esfuerzo conjunto emprendido por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, con el propósito de contar con personas debidamente capacitadas en la Unidad de Protección del OIJ, para cumplir de una manera eficaz, eficiente y con una vocación de servicio público, las competencias que conlleva el puesto de trabajo”, detalló Arce Brenes.
El coordinador de la OAPVD explicó que la labor del equipo de agentes de protección está predominantemente caracterizada por el desarrollo de labores policiales y de seguridad, los cuales permiten salvaguardar la vida e integridad física, la libertad y demás derechos de las personas protegidas que se encuentren en una situación de riesgo, como consecuencia de su intervención en la investigación de un hecho delictivo.
- Fiscal General reconoció esfuerzos del personal por atender situación criminal de la provincia.
Sharon Hernández Coto
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15 de enero del 2024. El jefe del Ministerio Público (MP), Carlo Díaz Sánchez, realizó una gira de trabajo a la provincia de Limón, con el propósito de darle continuidad a su estrategia de trabajo, la cual pretende fortalecer las fiscalías territoriales, con el objetivo de mejorar el servicio público.
La visita se realizó el 10 y 11 de enero, con la participación de de un equipo de la Fiscalía General, conformado por la fiscala adjunta Martha Brenes y los fiscales adjuntos Javier Valerio y Mauricio Boraschi. El grupo fue recibido en por el fiscal adjunto de Limón, Henry Meza, en las instalaciones de ese despacho.
El Fiscal General reconoció el trabajo que realiza el personal del MP en ese sector y dijo que es necesario redoblar esfuerzos para apoyar al equipo. Por eso, Díaz ofreció colaboración a la Fiscalía de Limón, para que esta continúe desarrollando su labor de la mejor manera y así garantizar una mejor seguridad ciudadana.
Para Díaz es prioridad atender la situación grave que afecta la provincia y proteger los derechos de la población, por lo que estableció que pondrá en marcha un plan de descongestionamiento para la atención de casos en rezago. De esa manera, la institución pretende dar un abordaje más oportuno a los expedientes y, por lo tanto, mejorar el trámite de las causas que ingresan diariamente a ese despacho.
De igual manera, el Fiscal General determinó que reforzará la atención de los expedientes relacionados con casos de crimen organizado, con la colaboración de personal de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO).
En ese sentido, el jerarca busca que la FAEDO apoye al grupo de trabajo de la Fiscalía de Limón, en el inicio, desarrollo y conclusión de los procesos en investigación por esa materia.
UCS. El 15 de diciembre, los líderes de ocho Proyectos Estratégicos Institucionales presentaron los resultados y avances de estos ante fiscales adjuntos y fiscalas adjuntas de las columnas que integran el Ministerio Público (MP).
En la apertura de la actividad, Karen Valverde Chaves, fiscala subrogante, resaltó la importancia del desarrollo de los proyectos para ofrecer un servicio eficiente y de calidad en la labor que realiza el MP. También hizo énfasis en el trabajo que ejecuta la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) en el control y seguimiento de los proyectos, a través de reuniones periódicas.
Proyectos presentados
Actualmente, los proyectos presentan un avance significativo y se espera que estén concluidos antes de finalizar el 2024.
Las presentaciones estuvieron a cargo de las personas líderes de cada proyecto, quienes expusieron los diseños, fases, etapas y porcentajes de los avances.
UCS. Con la finalidad de asegurar la protección de las víctimas y evitar la revictimización, el 29 de noviembre, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) realizó la charla virtual “¿Cómo influyen los medios de comunicación en el proceso de victimización?”.
Esta acción formativa tuvo como eje principal analizar esa influencia de los medios, así como la prevención y el tratamiento de la información.
El desarrollo de la charla estuvo a cargo de Glenn Calvo Céspedes, juez penal, quien resaltó que la importancia de la capacitación radica en que es un tema poco tratado en el ámbito académico nacional y le aporta una visión novedosa al tratamiento de la víctima en el proceso penal, además de facilitar la comprensión de la posición de esta frente a los medios de comunicación.
Asimismo, la técnica judicial Michelle Elizondo Alfaro, participante de la charla, manifestó que la formación le permitió comprender a la víctima y su posición frente a los hechos noticiosos que publican los medios de comunicación.
Mientras que Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, destacó la relevancia de este tema como parte del conocimiento del personal fiscal para un mejor abordaje de la víctima del delito y para hacer del proceso penal un espacio más seguro.
Los contenidos expuestos en la capacitación incluyeron el perfil victimológico y poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas, violencia cultural y estructural, medios de comunicación, exposición de las víctimas en los medios de comunicación y estrategias de prevención y tratamiento.
UCS. Con la finalidad de reclutar a personal fiscal para optar por nombramientos interinos a nivel nacional, el 13 de diciembre, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) realizó la primera etapa del proceso de reclutamiento y selección, la cual consistió en un examen escrito que contó con la participación de 146 personas
La prueba permite evaluar conocimientos que se requieren para el ejercicio de la función fiscal, entre estos, teoría del delito, marco punitivo costarricense general y leyes especiales, proceso penal, así como conocimientos básicos de las labores del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con Omar Jiménez Madrigal, especialista en contenidos de la UCS, esta prueba corresponde a la primera serie de subprocesos de evaluación, que conforman la fase de reclutamiento y selección; las personas participantes deben aprobarla para continuar con las etapas restantes.
Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló con satisfacción el interés mostrado por las personas inscritas en el proceso. También, resaltó la importancia de elaborar procesos objetivos y de calidad para la selección del personal fiscal, debido a la importante función que se ejerce dentro de la Administración de la Justicia Penal.
Fases por completar
En caso de superar el examen escrito y las fases para alcanzar la condición de elegible para el puesto de fiscal auxiliar, las personas deberán de ejecutar la prueba oral, cumplir con el subproceso de técnicas selectivas psicolaborales, y, posteriormente, realizar el curso teórico de inducción, para finalizar con la práctica dirigida, en la que se evalúa sus competencias y aspectos de eficiencia y practicidad.
Todas las fases deben ser aprobadas con una nota mínima de 80% para poder ser elegibles.
11 de diciembre del 2023. La fiscal subrogante, Karen Valverde Chaves, participó en una reunión con la prensa para informar acerca de la gestión del Ministerio Público durante el 2023. En el encuentro, organizado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la jerarca señaló que el MP la rendición de cuentas es una parte muy importante de la defensa de un Estado de derecho, y que la institución la ejerce al informar a los medios de comunicación y a la ciudadanía.
En la reunión participaron el presidente y la vicepresidenta de la Corte, Orlando Aguirre y Damaris Vargas, así como el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, el presidente del despacho de la Presidencia, Roger Mata, y el jefe del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Hugo Vega.
“El Ministerio Público ha reforzado esa obligación que tiene de garantizar no solo la información a través de los medios de comunicación colectiva, sino también a la población a través de las rendiciones de cuentas que se han hecho en diferentes regiones del territorio nacional, pero que también se han hecho a través de ferias para ofertar servicios y para explicarle a la ciudadanía en qué consiste nuestra función, para así garantizar una participación activa e informada de todas las personas”, destacó.
Durante la presentación del informe “Avances y logros de la administración de justicia”, el 11 de diciembre, Valverde destacó el compromiso del MP en el cumplimiento efectivo de la ley. Enfatizó que, pese a las restricciones presupuestarias, la institución logró resolver 10,000 expedientes más del total ingresado en el 2023.
“Esa disminución del circulante (expedientes en trámite), no solo permite bajar las cargas de trabajo para el bienestar laboral, sino que permite dar prioridad a la atención de casos por delitos más graves y más complejos que afectan a la sociedad”, dijo la funcionaria.
Tanto Valverde como Zúñiga mencionaron que el trabajo articulado entre las fiscalías y la policía judicial permitió la desarticulación de importantes grupos criminales a lo largo de estos meses.
07 de diciembre del 2023. En un acto público realizado en la Corte Suprema de Justicia, cinco despachos del Ministerio Público rindieron cuentas ante más de 120 personas que asistieron a informarse sobre la gestión de cada oficina, correspondiente al 2022.
Se trató de las Fiscalías Adjuntas Penal Juvenil, Asuntos Indígenas, Género, Atención de hechos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes (FANNA), y Ejecución de la pena. La primera exposición estuvo a cargo del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, quien presentó resultados estadísticos del trabajo que realizaron esas oficinas, considerando variables como casos ingresados y salidos, los distintos tipos de resoluciones y la carga de trabajo asumida.
La fiscal adjunta de la Columna de poblaciones vulnerables, que integra las cinco fiscalías, Mayra Campos Zúñiga, también se dirigió al público para explicar la función y las responsabilidades que tiene cada oficina para brindar un servicio público de calidad.
La rendición de cuentas se presentó a los asistentes por medio de cuatro bloques. Una ronda de preguntas enmarcadas en tres temas: incidencia delictiva; aplicación de políticas y acciones para el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas; y proyecciones de mejora. En el último bloque los protagonistas fueron las personas que acompañaron el acto, quienes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los panelistas jefes de cada fiscalía.
Las fiscalas adjuntas Gabriela Alfaro (penal juvenil), Debby Garay (género); Rocío De la O (asuntos indígenas y niñez y adolescencia) y el fiscal adjunto Carlos Montenegro (ejecución de la pena), respondieron las inquietudes de los asistentes durante más de una hora.
En el caso de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil se destacaron acciones para la prevención del delito, como la realización de 221 charlas en centros educativos impartidas por fiscales de esa oficina; en el ámbito represivo, señalaron la especialización de un fiscal para abordar casos de criminalidad compleja. La Fiscalía Adjunta de Género enfatizó en el trabajo de capacitación a policías en materia de violencia de género y la agilización de mecanismos de comunicación en casos que ameritan acciones prontas, como los delitos sexuales o violencia.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas señaló la violación, las relaciones sexuales con personas menores de edad y la usurpación de tierras como los delitos con mayor incidencia en los 24 territorios indígenas del país, mientras que FANNA recalcó que en todo el país se recibieron 5,700 asuntos donde figuran como víctimas personas menores de edad, sin contabilizar ilícitos de naturaleza sexual.
En materia de ejecución de la pena, el fiscal adjunto informó que, durante el 2022, los principales incidentes planteados por personas privadas de libertad, son la libertad condicional, incidentes de enfermedad, arresto domiciliario con monitoreo electrónico y modificación de la pena.
La actividad se extendió desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
Un grupo conformado por personal de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI), el Tribunal Penal de Limón, la Defensa Pública, Trabajo Social y de la Unidad de Protección se trasladó al territorio indígena Suretka, en Talamanca, para realizar un juicio por delito sexual.
La gira de trabajo se realizó el 05 de diciembre anterior, como parte de las labores que se realizan para procurar el acceso a la justicia de la población indígena.
“Una de las acciones realizadas para hacer efectivo el acceso a la justicia es trasladarse in situ a las diligencias judiciales, con el fin de tener un acercamiento con la comunidad indígena y poder desarrollarlas con una cosmovisión coherente con sus costumbres y tradiciones”, señaló la fiscala adjunta de la FAI, Rocío De La O Díaz.
La jefa de ese despacho indicó que, de esta manera, se prevé una mejor atención para las personas intervinientes indígenas.
En esta ocasión, se contó con la colaboración de la Asociación de Desarrollo Integral de Suretka.