UCS. Como parte del programa de formación en habilidades blandas, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló la formación “Ética y Transparencia”, la cual se impartió a personal de la institución, bajo la modalidad virtual, el 23 de febrero.

La capacitación busca que el funcionariado realice sus labores desde el conocimiento de la normativa general, con relación a la ética y valores en el Poder Judicial y los aspectos específicos que deben regir tanto para el personal fiscal como en el técnico.

El profesional en métodos de enseñanza, Luis Humberto Villalobos Oviedo, como facilitador del curso indicó que “el recordar constantemente el papel de la ética en nuestra vida (personal, social y laboral) nos permite tomar conciencia de que cada uno de nuestros actos debe ir dirigido a la búsqueda de la felicidad, entendida esta como el bien propio y de todas las personas que nos rodean. Esto, bajo la guía de los valores personales, en conjunto con los valores compartidos del Poder Judicial, que se constituyen en una guía para la toma de decisiones”.

Para el técnico en Proyecto de Descongestionamiento de la UCS, Marlon Núñez Méndez, este tipo de capacitaciones son importantes, aunque en ocasiones se considere que hay preparación o que se sabe todo sobre estos temas. “Siempre es necesario retroalimentarse en esta área, enfatizó".

De acuerdo con la fiscala del mismo ese Proyecto, Carolina Montero Salazar, el curso de Ética y Transparencia es de suma importancia para recordar la forma en que se debe de actuar en todo momento como funcionarios públicos, no solo en las labores propias del cargo, si no en todas las actividades diarias.

La fiscala adjunta Karen Valverde Chaves, expresó que los contenidos vistos en el curso son un recordatorio del deber de cada funcionario judicial en practicar los valores tanto en el ámbito laboral como personal, además de la importancia de contar con personal que transparente su labor como manera de resaltar la ética y el compromiso de ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia.

 

UCS. El personal colaborador de los procesos formativos de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) participó en la videoconferencia “Herramientas prácticas para la facilitación”, la cual se realizó el viernes 15 de febrero anterior.

Este espacio fue coordinado por el Área de Metodología de la Enseñanza de la UCS y tuvo como objetivo aplicar las herramientas básicas asociadas a la facilitación de acciones formativas en entornos presenciales y virtuales, para la mejora continua de las competencias del personal del Ministerio Público (MP).

La formación estuvo a cargo de Evelyn Chavarría Brenes y Luis Humberto Villalobos Oviedo, profesionales en métodos de enseñanza de la UCS-MP.

Sobre el desarrollo de la actividad, Chavarría manifestó que la UCS realiza un esfuerzo importante por brindar un acompañamiento metodológico y las herramientas prácticas para asegurar la formación profesional del personal del MP. 

Por su parte, Villalobos indicó que “el modelo constructivista permite generar experiencias de aprendizaje asociadas a las funciones que las personas participantes realizan en sus puestos de trabajo, lo que favorece el mejoramiento del servicio público”.

De acuerdo con Natalia Hidalgo Porras, participante del curso, “esta actividad es interesante, útil y de suma importancia para poder expresar, pero también aprender aspectos en los que se considera se puede mejorar al momento de planificar las actividades formativas de la Unidad de Capacitación. Estimo relevante el poder comprender los nuevos retos que enfrentamos, las nuevas tecnologías y formas de capacitación, para hacerlas más atractivas y que se logre el resultado que se pretende”.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló que lo que se busca con este tipo de acciones es generar espacios de mejora continua en los procesos de capacitación que realiza la Unidad, y es parte del compromiso adquirido por esa jefatura para mejorar el servicio del MP a la ciudadanía.

Este taller forma parte del programa de capacitación para el personal de la UCS-MP, y se espera desarrollar otra actividad similar durante el segundo semestre del año.

 

Un equipo conformado por personal de la Fiscalía de Siquirres y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza visitas periódicas a la comunidad de Barra Parismina y a los pueblos indígenas de Nairi Awari, Tsiobata, Bukari, Dueri, Valle Escondido y Tsinicha.

Para esas comunidades, trasladarse hasta la Fiscalía significa un recorrido de hasta una hora, incluyendo viajes en lancha, por lo que el despacho procura realizar estas visitas de trabajo, para evitar que las personas deban desplazarse hasta la sede del MP y, de esa manera, se busca acercar a esas zonas los servicios que ofrece la institución. Para realizar estas actividades, el despacho mantiene comunicación constante con la Asociación de Desarrollo Integral de Nairi Awari.

Durante las giras de trabajo, la Fiscalía desarrolla charlas sobre temas ambientales, violencia doméstica, Ley de Bienestar Animal, posibles infracciones de la Ley de Licores, entre otros temas. Los talleres son impartidos por una fiscala, quien también se encarga de recibir denuncia y, de ser necesario, el OIJ realiza las diligencias que correspondan.

Asimismo, como parte de la labor de acercamiento de justicia que realiza el despacho, el Programa de Ligas Atléticas Policiales solicitó al Ministerio Público su participación con una charla. Por esa razón, el 08 de marzo, un total de 33 jóvenes recibieron un taller sobre Justicia Penal Juvenil. Son personas entre los 11 y 19 años, quienes residen en distintos barrios de Siquirres y que están comprometidos en desarrollar destrezas en el campo deportivo.

La próxima visita está programada para el próximo 07 de junio.

6 de marzo del 2024. El fiscal general Carlo Díaz recibió al embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Louis Lempereur, como parte del primer acercamiento entre ambos entes para establecer canales de cooperación en el sector justicia.

En la reunión, el 29 de febrero, estuvieron presentes el fiscal adjunto de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, Alexander Valverde, y la primera consejera de la embajada, Katja de Sadeleer.

“El encuentro tuvo como objetivo iniciar contactos para cooperaciones que la Embajada de la Unión Europea con sede en Costa Rica está en capacidad de brindar al país, por medio de un programa dirigido a fortalecer la seguridad en Centroamérica”, explicó Valverde.

El espacio sirvió para que el fiscal general expusiera a Lempereur las necesidades que tiene la nación en la lucha contra la criminalidad, mientras que el diplomático obtuvo información para establecer la manera en que se puede dar la cooperación internacional.  

 

Durante giras de trabajo

 

Sharon Hernández Coto

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Un equipo de la Fiscalía Adjunta de la Niñez y Adolescencia (FANNA) y de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) desarrollaron una serie de giras de trabajo, con el propósito de realizar una revisión de casos en perjuicio de personas menores de edad y de expedientes en los que se registran personas indígenas como intervinientes.

Las visitas se llevaron a cabo del 28 de enero al 02 de febrero y del 20 al 22 de febrero, en las Fiscalías de Corredores, Coto Brus y Golfito, así como en los despachos de Limón y Bribrí. El trabajo se realizó bajo la supervisión de la fiscala adjunta de la FAI y FANNA, Rocío De la O Díaz.

También estuvieron la fiscala coordinadora y el coordinador judicial de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, Floribeth Rodríguez Picado y José Araya Cordero, respectivamente, y el fiscal coordinador de FAI, Juan Carlos Carrillo Mora.

Estas mesas de trabajo permitieron comunicar a las jefaturas de los despachos visitados, así como a todo su personal, sobre las oportunidades de mejora en el trámite de las investigaciones que tienen a cargo, conforme a los lineamientos elaborados por la Fiscalía General, FANNA y FAI.

Duranta la gira a la provincia de Limón, hubo un acercamiento con la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca – Bribri y una de las integrantes del Tribunal de Derecho Propio, en el cual se logró tomar acuerdos importantes, que se resumen en la mejora del servicio ofrecido por el Ministerio Público, así como la importancia de la evacuación de pruebas para las investigaciones penales y para la etapa de juicio.

En ese espacio, las personas que integran la Asociación expusieron la urgencia de que personal fiscal tengan mayor presencia en el territorio indígena, desde la recopilación de pruebas in situ, hasta en espacios para impartir charlas preventivas a la población menor de edad.

También se realizó una reunión con la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, sede Talamanca, con el fin de fortalecer las líneas de comunicación entre ambas instituciones. De esa manera, se busca una articulación ágil y célere en la atención de personas menores de edad, ya sean de la población indígena o no.

“El contacto presencial, del personal de las fiscalías especializadas, con las personas funcionarias del Ministerio Público de esas zonas alejadas de la capital, y con las personas usuarias de los servicios que se prestan en el Poder Judicial, es esencial para identificar a tiempo las situaciones críticas que no están permitiendo que se dé un trato especializado y oportuno (pertinencia cultural y conforme a su edad) a aquellas poblaciones vulnerables que claman vehementemente la intervención y la atención equitativa de sus casos, para que la resolución de sus conflictos tenga mayor eficacia, de ahí que la visita a todas las instancias mencionadas, fue exitosa y se torna necesario reiterarlas a futuro“, enfatizó la fiscala adjunta de FANNA y FAI, Rocío De La O Díaz.

 

La Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV) inició el proceso para obtener la acreditación del Sello de Gestión Documental, 2024, para todas sus sedes a nivel nacional. El inicio del proyecto se dio durante una reunión con los coordinadores de oficina, en conjunto con el Centro de Gestión de la Calidad (CEGECA), el pasado 23 de febrero.

El objetivo es que las 15 sedes que se ubican en todo el territorio mantengan mayor control, organización, seguridad y custodia de los documentos que generan los procesos propios de la entidad.

Con este proceso se espera estandarizar la gestión judicial, técnica y administrativa, para la ubicación, trámite y preservación de documentos, alineados con la mejora continua del servicio que se brinda a la ciudadanía.

 

El fiscal general, Carlo Díaz, participó en la 31° Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Públicos, que se realizó en Santiago de Chile, entre el 30 de enero y el 2 de febrero.


"Profundizando en la cooperación contra el crimen transnacional para fortalecer el Estado de Derecho y por una seguridad más efectiva" fue el lema de este año, sobre el cual se centralizaron las discusiones a lo largo de los tres días. 


"Esta asamblea nos permitió reflexionar y crear enlaces entre los diferentes entes acusadores Iberoamericanos sobre la lucha contra el crimen que traspasa las fronteras", afirmó Díaz.  


La AIAMP fue fundada en 1954 y actualmente está conformada por 22 países iberoamericanos: Costa Rica, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La Asociación cuenta con redes de fiscales especializados en diferentes tipos de fenómenos criminales y también grupos de trabajo, pilares fundamentales para la cooperación internacional entre las instituciones.


En la reciente asamblea, se designó como presidente al procurador general de Argentina, Eduardo Casal, quien manifestó que ese tipo de encuentros permiten a los representantes de las instituciones compartir experiencias y buenas prácticas, identificar problemas comunes y formular soluciones conjuntas, así como el desarrollo de proyectos y estrategias de cooperación y capacitación para el intercambio de conocimientos.