UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) presentó los resultados de las labores ejecutadas durante el 2023, las cuales son desarrolladas por las áreas que conforman dicho despacho.

El informe se expuso a través de una mesa diálogo, la cual convocó, el 17 de mayo, a representantes de instituciones públicas y privadas, así como a personal del MP y del Poder Judicial.

La apertura de la actividad la realizó el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien hizo una reflexión sobre la relevancia de rendir cuentas y el compromiso de la institución de transparentar la labor de cada oficina del MP.

Asimismo, se refirió al trabajo que desarrolla la UCS, como eje transversal encargado de fortalecer y actualizar los conocimientos en el personal, y la importancia de formar a las personas profesionales que emprenderán a futuro la labor fiscal.

El jerarca también presentó las estadísticas del Área de Descongestionamiento y resaltó el impacto positivo que ha tenido el proyecto, en la resolución de expedientes en rezago y con archivos fiscales, en las distintas fiscalías que han abordado. Según Díaz, este trabajo coadyuvó a bajar el circulante y logró una tutela judicial efectiva.

La mesa de diálogo estuvo compuesta por el personal fiscal Iván Solís Huertas, encargado de referirse al Área de Capacitación; Omar Jiménez Madrigal, quien respondió al Área de Reclutamiento; Mayela Pérez Delgado, responsable del Área de Supervisión; y Andrina Guillén Acuña, coordinadora del Área de Descongestionamiento.

Estas personas, a través de presentaciones interactivas, respondieron a las preguntas realizadas de acuerdo a cada una de sus funciones.

Para reforzar los aportes en las presentaciones interactivas, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que la labor expuesta por cada uno de los intervinientes es producto del esfuerzo de la Unidad en el último año. “Trabajo en equipo que se refleja en cada uno de los procesos ejecutados”, señaló.

Valverde explicó cómo cada área desarrolla su trabajo para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas establecidas. De esa manera, explicó, se abordan las necesidades que presenta el personal del MP, en el ámbito académico, y las fiscalías, en la resolución de los casos.

Durante el evento, se contó con una presentación de la actriz y profesora de teatro, Daniela Valenciano Campos, quien, a través de una dinámica disruptiva, ejemplificó con una analogía artística la función sustantiva de la UCS.

Durante la presentación del informe, las personas invitadas comentaron experiencias que han tenido con la UCS, el aporte en el ámbito académico y la formación con el nuevo personal fiscal.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) coordinó el curso “Estrategias para la entrevista forense con víctimas de violencia sexual y violencia doméstica penalizada, uso de Cámaras de Gesell”, el cual estuvo dirigido a personal fiscal y profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) de Buenos Aires, Pérez Zeledón, Osa, Corredores y Golfito.

En la capacitación se abordaron temas relacionados con la materia, como el marco normativo internacional y nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, el Código de la Niñez y Adolescencia, las Reglas de Brasilia, Protocolos de actuación, abordaje de víctimas y recomendaciones generales, elementos jurídicos y procedimentales de la entrevista forense, elementos prácticos de la entrevista forense en Cámaras de Gesell, características de la personas menores de edad, desarrollo evolutivo y habilidades cognitivas del niño y la niña,  entre otros.

El propósito de la formación fue capacitar al personal convocado en las mejores técnicas de actuación en la atención de víctimas de delitos sexuales, violencia doméstica, penalización y atención de las personas menores de edad, así como en la implementación de los nuevos modelos de trabajo utilizados en el Poder Judicial.

Lo anterior, teniendo como base el marco normativo especial y específico que tutela los derechos de las víctimas de violencia sexual y doméstica penalizada.

El curso fue facilitado por Debby Garay Boza, fiscala adjunta de Género, y Vanessa Villalobos Montero, subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial.

Según Garay, la capacitación sobre entrevista forense y uso de la Cámara de Gesell se convierte en una herramienta de suma utilidad para que el personal que brinda servicios a víctimas o personas en situación de vulnerabilidad, pueda atenderla en un contexto de privacidad, con pautas para brindar una atención de calidad en que el sistema se adecua a la forma en que esa persona se puede expresar, garantizando con ello el entendimiento recíproco y procurando reducir su revictimización.

“La oportunidad de brindar este tipo de capacitaciones en oficinas fuera de la GAM, tal como sucedió en el presente taller impartido en Osa, genera un impacto positivo en la institución, pues facilitó la participación del personal destacado en zona sur en una dinámica práctica que permitió compartir experiencias”, recalcó.

Para Vanessa Villalobos, este curso está diseñado no solo para instar el uso de la Cámaras de Gesell, sino que también busca dotar al equipo fiscal de herramientas que puedan incorporar en sus entrevistas, ya que brinda la posibilidad de que, cada vez que se atienda una persona menor de edad o una persona usuaria víctima, sean tomadas en cuenta sus capacidades cognitivas, etapa de desarrollo, situaciones sociales, educativas, familiares, entre otras circunstancias  que inciden en forma en como esa persona nos brinda una declaración, en la medida en que se les atienda tomando en cuenta sus realidades y condiciones, es poner práctica una accesibilidad de la justicia con una visión más comprensiva de la humanidad.

De acuerdo con Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, esta acción formativa tiene como finalidad brindar elementos teóricos y ejercicios prácticos que faciliten y potencien el uso de técnicas de entrevista tendientes a la disminución de la victimización secundaria, haciendo uso del equipo de grabación instalado en los Circuitos Judiciales del Poder Judicial.

La actividad se desarrolló en la Sala 2 del edificio de los Tribunales de Osa.

UCS. La provincia de Limón fue el escenario del primer encuentro entre representantes del Ministerio Público (MP) y fuerzas policiales, el cual tuvo como objetivo planificar una estrategia operativa y coordinar las acciones de respuesta a situaciones de tráfico ilícito de personas migrantes. La actividad que se realizó el 15 y 16 de mayo.

En el espacio se abordaron temas relacionados con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Ley General de Migración y Extranjería, aspectos jurídicos y prácticos del delito de tráfico ilícito de personas migrantes, experiencias de investigaciones de este fenómeno, flujos migratorios irregulares en la región y este tipo penal en contextos de crimen organizado.

La fiscal adjunta de la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, Eugenia Salazar Elizondo, explicó que el delito de tráfico ilícito de personas migrantes es de naturaleza transnacional, que implica el cruce de fronteras entre dos o más naciones, desde el país de origen hasta el país de destino, pasando por el o los estados de tránsito.

“Es un delito con manifestaciones de delincuencia organizada; de ahí la importancia que reviste la asistencia jurídica internacional”, señaló.

Por su parte, Henry Meza Mata, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Limón, destacó la importancia de realizar esfuerzos y articular acciones para la investigación de este delito.

En el encuentro participaron fiscalas y fiscales, personal profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, personas investigadoras del Organismo de Investigación Judicial de Limón y San José; la Policía Profesional de Migración, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, así como la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Esta actividad se realizó gracias al apoyo técnico y financiero de las agencias de Naciones Unidas, es decir, la Organización Internacional para las Migraciones, ONU Mujeres y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.

Se tiene programado que los próximos encuentros se realicen en las zonas de Corredores y Liberia. 

Sharon Hernández C.

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Personal de las fiscalías de Heredia y de San Joaquín de Flores, y de la oficina del Organismo de Investigación Judicial de esas zonas, participaron en un taller de sensibilización sobre temas de género. La sesión se desarrolló en el auditorio de Medicina Legal, en el Complejo de Ciencias Forenses, el pasado 20 de mayo.

 La acción formativa fue impartida por la fiscala adjunta de Género, y participaron el fiscal adjunto de Heredia, Arturo Figueroa, y la fiscala coordinadora de San Joaquín de Flores, Melissa Román.

 El objetivo del encuentro fue mantener la capacitación del personal que atiende temas relacionados con la materia, tanto en tiempo ordinario, como en el rol de disponibilidad. De acuerdo con Román, esto permite determinar los nudos críticos de las investigaciones y mejorar la dirección funcional con perspectiva de género, en aplicación de los compromisos asumidos por el país en este tema.

 La fiscala adjunta de Género, expuso las estadísticas del 2022 y 2023, y abordó temas sobre discriminación positiva en materia de género, Equipos de Respuesta Rápida, reformas de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y se estudiaron los protocolos existentes para el trámite de casos relacionados con la desaparición de mujeres y personas menores de edad.

 Incluso, ante los dos casos más recientes de femicidio en la provincia de Heredia, se dio un especial énfasis al Protocolo Conjunto Homologado para la Investigación de Mujeres Mayores de Edad Desaparecidas, profundizándose en las etapas establecidas en el documento. Al finalizar, las personas participantes realizaron una exposición, en la que mencionaron cuáles aspectos se podrían mejorar en las actuaciones.

 El 03 de junio próximo se desarrollará una segunda sesión del taller.

Un Consejo Fiscal ampliado en el que participaron fiscalas adjuntas y fiscales adjuntos, personal de la Oficina de Prensa del Ministerio Público (MP) y del Departamento de Ciencias Forenses, se celebró el lunes 13 de mayo en la Finca La Soledad, ubicada San Joaquín de Flores, Heredia.

 Se trató de una jornada en la que se incentivó el trabajo en equipo para el logro de objetivos, mediante dinámicas dirigidas por el personal del Área de Valoración Psicosociolaboral (AVAL) para fortalecer el liderazgo, la comunicación asertiva, la competitividad, la cultura organizacional, los valores institucionales y el ambiente laboral, entre otros temas abordados.

 “El trabajo que lideran las jefaturas del Ministerio Público es muy relevante, porque tienen que tomar decisiones constantes, correctas y apegadas a la ley, junto a sus equipos de trabajo, para procurar la justicia, sometiendo a procesos penales a personas sospechosas de infringir la ley.

 Por eso es importante fomentar y fortalecer estas habilidades, para que las distintas oficinas trabajen enfocadas en los objetivos adoptados; sin duda esto incidirá de manera positiva en la mejora del ambiente laboral y consecuentemente en el servicio público que brindamos”, afirmó el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.

De la mano de funcionarios de la Secretaría General del Organismo de Investigación Judicial, el personal se dividió en equipos para desarrollar metodologías con estrategias de meta-acción, así como un juego de paintball, los cuales son recomendados por expertos para mejorar el trabajo en equipo, ayudar en la salud física y mental y a desarrollar el pensamiento estratégico, pues, sin táctica, lo más probable es que el juego se pierda. 

 El encuentro se llevó a cabo gracias a la coordinación entre el Equipo Interdisciplinario de la Fiscalía General de la República y el Programa de Apoyo e Integración al Trabajo en equipo (PAINT).

 Debby Garay Boza, fiscala adjunta de Género, mencionó que “la actividad del Paint organizada por la Fiscalía General con apoyo de AVAL, sin duda resultó innovadora al generar un ambiente de pertenencia y cohesión.  Fue la oportunidad para reforzar la importancia del trabajo en equipo, a través de actividades que generaron sonrisas, lo que deja verdaderas marcas en nuestras memorias”.

 “Dentro del Programa de Apoyo e integración al trabajo en equipo se implementan herramientas que logran transformar conceptos teóricos como la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo, entre otras habilidades, a través de experiencias de aprendizaje multisensoriales, que profundizan en la obtención del conocimiento a través de las emociones y  logran fortalecer la labor que se desarrolla en todas las fiscalías del país, lo cual incide directamente a tanto en el funcionamiento interno como en el servicio público que se brinda”, destacó el equipo de AVAL conformado por Irene Chacón Madrigal, Graciela Valerio Ramírez, Nancy Solano Salazar y Andrea Tristán Guido.

UCS. Del 01 al 22 de abril, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló el curso autoformativo “Facilitación por competencias”, el cual convocó a 12 personas funcionarias de la institución. Este se impartió mediante la plataforma virtual Moodle.

El propósito del curso fue aproximar a las personas que se desempeñarán como facilitadoras en UCS, en la aplicación de un enfoque con competencias y en la mediación pedagógica que contribuya con un desempeño de calidad en los procesos formativos.

De acuerdo con Evelyn Chavarría Brenes, metodóloga de la UCS, esta actividad presentó una oportunidad para fortalecer las competencias didácticas de las personas inscritas, la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y promover una formación competencial para todo el MP.

Asimismo, Cindy Carpio Obando, quien participó de la capacitación, resaltó que la formación amplía los conocimientos en el tema y en lo relevante que es aplicarlo a las actividades académicas que realizan en la labor docente.

Para la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la formación brinda las herramientas para enseñar y transmitir de manera clara los diversos contenidos de una capacitación, la cual procura con ello el logro de un aprendizaje significativo y el desarrollo de destrezas y actitudes en las personas participantes. 

Un grupo de fiscalas y fiscales de 14 países visitó Costa Rica, para participar en el II Congreso de la Federación Latinoamericana de Fiscales, con el propósito de analizar los temas más relevantes en la lucha en contra del crimen y la participación de cada Ministerio Público (MP) en el proceso.

Tras el inicio de la actividad, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, dio la bienvenida a las personas participantes y destacó la importancia de mantener contacto con fiscalas y fiscales de otros países, en virtud de que la delincuencia no reconoce fronteras. El jerarca señaló que, de esa manera, pueden ejercer una mejor lucha contra el crimen a nivel internacional.

En el encuentro se abordaron temas como inteligencia artificial, lucha y prevención de la corrupción, participación de la mujer en el MP, cibercrimen, cooperación judicial internacional, lucha contra el crimen organizado y seguridad de los fiscales. Los paneles estuvieron a cargo de profesionales de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Uruguay, Brasil, República Dominicana y Guatemala.

Para el cierre del evento, se firmó el Protocolo para la declaración de una política de protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerio Públicos de América Latina de la Federación Latinoamericana de Fiscales.

De igual manera, se hizo la Declaración de San José, Costa Rica, sobre la promoción de la perspectiva de género en las políticas institucionales de los Ministerios Públicos.

La actividad se desarrolló entre el 25 y 28 de abril anterior, en las instalaciones del Colegio de Abogados de Costa Rica, en San José.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) impartió el curso “Cadena de custodia y manejo de evidencias” a personal fiscal y técnico de distintos despachos del país. La actividad formativa se realizó durante los días 09 y 16 de abril, en la modalidad virtual.

Dicha capacitación permitió que las personas inscritas analizaran el protocolo de cadena de custodia y la normativa interna, en el desarrollo de sus objetivos y principales procedimientos entorno al control y manejo de evidencias.

Asimismo, se profundizó en los lineamientos institucionales para la correcta disposición y remisión de armas al Arsenal Nacional, y se ahondó en la aplicación de normas y buenas prácticas de control y manejo de evidencias, para su uso en cada oficina del MP.

Para el técnico judicial Bryan Bolívar Zúñiga, la capacitación le permitió conocer información especializada relevante, la cual reforzó sus conocimientos a través del curso. En el 2022 empezó a laborar en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción Sede Cartago, donde se le asignó ser el encargado de custodiar las evidencias.

“Motivo a los compañeros de otras fiscalías a llevar esta formación debido a que es una función muy importante y es necesario conocer el manejo de las evidencias”.

Por su parte, el fiscal y facilitador de la capacitación, Iván Solís Huertas, mencionó que la capacitación en cadena de custodia es crucial porque asegura la integridad y la autenticidad de la evidencia en procesos penales.

También ayuda a garantizar que las pruebas recopiladas sean válidas y admisibles en un tribunal, lo que fortalece la confianza en el sistema de justicia. Además, una capacitación sólida y continua en cadena de custodia reduce el riesgo de contaminación, pérdida o alteración de pruebas, lo que puede tener graves consecuencias para las investigaciones.

La fiscala adjunta Karen Valverde Chaves manifestó que el curso busca concientizar al personal en la importancia de la correcta aplicación y cumplimiento eficaz y eficiente de la normativa institucional, con respecto al manejo de las evidencias y el tratamiento adecuado de la cadena de custodia en una investigación.

El coordinador judicial Javier Solís Castillo, Didier Moncada Mata, funcionario de la Dirección del Arsenal Nacional, así como Marlon Núñez Méndez y Esteban Matamoros Aguilar, ambos técnicos judiciales, fueron parte del grupo de facilitadores encargados de desarrollar los contenidos del curso.

UCS. En el marco del Día de la Persona Indígena Costarricense, el 19 de abril, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) realizó la apertura del curso de Especialización en Asuntos Indígenas 2024.

La actividad convocó a personas expertas en la materia, a personal fiscal y técnico, así como a profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La capacitación es bimodal y tiene como finalidad desarrollar las competencias necesarias para el abordaje especializado de los procesos penales de casos con personas intervinientes indígenas, para brindar una atención con enfoque intercultural.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la formación en materia indígena es un tema que se transversaliza en los contenidos académicos del MP, para que las personas que adquieran estos conocimientos y puedan compartirlos en sus despachos y mejorar así la tramitación de casos.

“Brindamos un servicio público de calidad encaminado a garantizar los derechos fundamentales de la población usuaria. La acción penal debe ejercerse con objetividad para brindar una tutela judicial efectiva y usar las herramientas que nos proporcionen el conocimiento, por ejemplo, la capacitación constante. Se debe ofrecer un trato apegado a la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos”, destacó.

La Fiscala Adjunta de Asuntos Indígenas, Rocío De la O Díaz, resaltó que “la materia especializada en asuntos indígenas es de grandes retos y desafíos. Esta población espera que, en el momento de acercarse a la institución, se le respeten sus derechos y para eso hay que conocer su cultura, su cosmovisión, idioma y costumbres. La exigencia de nosotros como funcionarios es formarnos en la materia, para que así puedan recibir un trato oportuno y la atención que ellos requieren”.

Por su parte, Edgar Barquero Ramírez, gestor de la formación, indicó que las personas que laboran en el MP deben ser sumamente sensibles y empáticas con las personas usuarias indígenas y con una actitud proactiva, escuchar con atención y respeto las necesidades que se les plantean, sin intentar imponer su propia formación e ideas preconcebidas.

“El Poder Judicial y el MP han emitido políticas para garantizar el acceso a la justicia y un trato igualitario, por lo que es necesario contar con personal sensibilizado y conocedor de la cosmovisión indígena para efectuar abordajes con enfoque intercultural. En marco de este esfuerzo institucional se realiza este curso de especialización, para dotarles de las herramientas e información necesaria que permita conocer y aplicar los derechos especiales de los pueblos indígenas y el sustento normativo que brinda tal tutela jurídica”, señaló.

Para Carlos Sandoval Durán, participante del curso, la capacitación permite conocer los aspectos culturales, la cosmovisión y estructura jerárquica de los pueblos indígenas de Costa Rica, y conocer su historia y tradiciones da la apertura de brindar un servicio oportuno para así respetar sus derechos fundamentales.

“Me siento muy entusiasmado de participar en esta especialización, tengo una gran expectativa de aprendizaje para luego reproducir lo aprendido con los demás compañeros de la OAPVD y así crear un espacio de concientización al momento de atender algún asunto con una población tan importante para nuestro país, pero lamentablemente tan olvidada”, dijo.

Los contenidos iniciales del espacio formativo fueron presentados por Steven Picado Gamboa, Líder del Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; Geyner Blanco Acosta, integrante de dicho equipo; Sara Mayorga Villanueva, abogada de la OAPVD; Leila Rodríguez Soto, especialista en Antropología y Demografía; y Sandy Pérez Ugalde, fiscala de Asuntos Indígenas de Buenos Aires, Puntarenas.

Los temas expuestos abarcaron las generalidades de la población indígena costarricense, la política institucional de acceso a la justicia, la utilidad y pertinencia de la gestión del peritaje cultural antropológico y un exhaustivo análisis de la medida cautelar 321-12 de pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica. 

La Fiscalía Adjunta de atención de hechos de violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) y la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) participaron activamente en el evento oficial de la presentación de la “Política Nacional de Niñez y la Adolescencia 2024-2036”. La actividad se realizó el martes 23 de abril, en las inmediaciones de la Antigua Aduana.

Durante la presentación, tanto la FAI como la FANNA tuvieron un estand, en el que distribuyeron información valiosa y atractiva para niñas, niños y adolescentes, con pertinencia cultural.

Asimismo, se pudo compartir con personal de instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, sector académico, entre otras personas invitadas a participar en esta actividad, la cual, además, pretende generar alianzas estratégicas en la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Una de las acciones presentadas por el MP evidenció el compromiso con la niñez y adolescencia costarricense y consistió en la “Estrategia preventiva sobre los derechos humanos”, la cual fue realizada en el curso de Especialización en Asuntos Indígenas, como producto evaluativo.

De esa manera, se desarrollaron proyectos sociales, tales como el juego didáctico “¿Conozco mis derechos?” El fin de este consiste en orientar a la población menor de edad indígena para que acudan al sistema judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violentado, a fin de disminuir la incidencia criminal y contribuir a la paz social en las poblaciones indígenas.

Dichos proyectos han sido liderados por la FANNA y FAI, con la asesoría curricular de la UCS. 

En el proceso de construcción de esta nueva política, la FANNA estuvo en diversas sesiones de trabajo durante el 2023, como parte de los órganos del Poder Judicial comprometidos con la población menor de edad y con las instituciones que velan por la protección a la niñez y la adolescencia. Lo anterior, con el fin de responder de manera eficiente y oportuna en garantía de esta población.

Esta política nacional orientará las acciones del país en los próximos 12 años para promover, respetar, garantizar y cumplir los derechos humanos de las personas menores de edad. De igual manera, se busca crear y fortalecer un entorno protector integral de participación para un desarrollo efectivo interseccional.

“Todas estas acciones realizadas de manera conjunta, contribuyen a mejorar la prestación de un servicio público que debe ser siempre de calidad, conforme los principios de un verdadero acceso a la justicia. Debemos velar por el trato especial y diferenciado a la población vulnerable, brindando información fiable y oportuna, participación activa en los procesos judiciales, entre otros. Esto definitivamente permite dar una respuesta célere en los procesos penales o, en su defecto, prevenir y evitar que las personas menores de edad se conviertan en víctimas o victimarios”, indicó Rocío de la O Díaz, fiscala adjunta FANNA y FAI.