El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, tuvo un encuentro con el equipo anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

La visita se realizó en las instalaciones de la Fiscalía General, este 14 de agosto, con la coordinación de la fiscala adjunta de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales, Laura Monge Cantero.

Durante la actividad, la delegación hizo entrega de una invitación al jerarca, para que forme parte del evento protocolario en el que se premiará a Costa Rica por su lucha en contra de la corrupción.

Dicha invitación fue externada por el Promotor especial regional contra la corrupción de UNODC, Ali Bin Fetais Al Marri, quien asistió con el embajador del Estado de Qatar en Costa Rica, Mohamed Abdulrahman Aldossari; el asesor del Presidente del Consejo  de Administración del Centro del Estado de Derecho y Corrupción, Firas Algadithi; el asesor especial, Rashid Salem R A AL-MArri; y la oficial de Prevención del Delito, de la Subdivisión de Luchas contra la Corrupción y los Delitos Económicos de UNODC, Andrea Murillo Fallas.

“Esto es un apoyo directo a Costa Rica, de que la gente tenga la confianza en que se lucha contra la corrupción, y que los inversionistas y los que puedan hacer proyectos en este país se acerquen”, señaló el Promotor.

Por su parte, el jerarca del Ministerio Público subrayó la importancia de que las comunidades internacionales reconozcan el trabajo que hace la Fiscalía y el país en general en la lucha contra la corrupción.

Como parte de la reunión, el fiscal general describió los principales fenómenos criminales que atacan a Costa Rica y cómo el Ministerio Público trabaja en combatirlos.

Las Fiscalías de Penal Juvenil, Género, Asuntos Indígenas, Ejecución de la Pena y la de Atención de Hechos de Violencias en perjuicio de la Niñez y la Adolescencia (FANNA), las cuales conforman la Columna de Fiscalías de Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas expusieron su informe de rendición de cuentas, sobre las tareas realizadas durante el 2023.

La actividad se realizó el 09 de agosto, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, con la participación de personal del Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones.

Durante el evento, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, estuvo a cargo de desarrollar el informe estadístico de los despachos.

En el caso de la materia de indígenas, el jerarca explicó que, en el caso de materia de indígenas, fue necesario realizar una reestructura de labores, para mejorar la atención de las personas usuarias del despacho.

Para ello, determinó que dos fiscales, que se encontraban destacados en San José, se trasladarán a la zona de Bribrí y Buenos Aires, donde existe un mayor requerimiento por parte de esa población.

El fiscal general también destacó que, con el fin de tener un mejor contexto de la situación que enfrentan las personas indígenas y conocer sus necesidades, bajo el liderazgo de la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables, Mayra Campos, la Fiscalía ha realizado mesas de trabajo con las contralorías de servicios de las distintas sedes del Poder Judicial, para conocer de primera mano los fallos y quejas, para mejorarlo.

Por otro lado, Díaz señaló que los delitos sexuales ocupan el segundo lugar de casos con mayor incidencia que ingresan al Ministerio Público, lo cual requiere de destinar mayor recurso para la atención de estos.

De esa manera, se explicó en la actividad que, desde las jefaturas de los despachos, se han girado las instrucciones correspondientes, para que el personal atienda oportunamente a las víctimas de estos ilícitos sin dilatar los tiempos de espera en la aplicación de diligencias y otros protocolos.

En cuanto a FANNA, se detalló la participación activa del despacho en charlas para personas adultas y personas menores de edad, para minimizar la incidencia criminal y la violencia en diferentes ambientes, en perjuicio de la última población mencionada, ya que, solo el año anterior, se registraron 7.000 casos a nivel nacional, sin incluir delitos sexuales.

En el caso de la Fiscalía Penal Juvenil, se resaltó que, a pesar del aumento de casos ingresados en el 2023, se finalizaron más causas de las recibidas, siendo que el año concluyó con 3.000 acusaciones

Para finalizar la actividad, las fiscalas adjuntas de Penal Juvenil, FANNA, FAI y Género; Gabriela Alfaro, Rocío De La O y Debby Garay; y el fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlos Montenegro.

UCS. El personal fiscal y técnico de las Fiscalías de Puntarenas, Cóbano y Quepos y Parrita participaron, el 12 de julio, en la acción formativa Procedimiento práctico para el ejercicio de la acción civil resarcitoria delegada en el Ministerio Público.

La actividad fue desarrollada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Oficina de Defensa Civil y de la Víctima (ODCV).

La capacitación fue impartida por la fiscala adjunta de la ODCV, Ana Daysi Quirós Barrantes, quien abordó temas que les permitieron a las personas desarrollar competencias para atender la representación civil de las víctimas del delito, en procura del resarcimiento económico para el daño que produce la acción delictiva.

La fiscal Naomy Fernández Peralta manifestó “el curso que recibí abordó contenidos importantes, pero resalto, en cuanto aclaraciones sobre cómo podemos desenvolvernos en una audiencia o en un debate, en donde tengamos que fijar las costas, sacar los cálculos de honorarios y hacer mención de lo que es daño físico, moral, entre otros. Fue un espacio de mucho aprendizaje”.

Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que el espacio formativo permitió reforzar conocimientos con respecto a la intervención de la parte actora civil, dentro de las diferentes etapas procesales y en procura de brindar un servicio público de calidad.

Este curso se encuentra dentro del programa de capacitación en sedes regionales, por lo que la réplica de la formación se realizará en otros despachos del MP.

UCS. Como parte de los procesos de formación que desarrolla la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) se encuentra el programa en habilidades blandas, el cual pretende fortalecer y resaltar las destrezas con las que cuenta el personal, para desarrollar un eficiente y proactivo trabajo en equipo.

En virtud de lo anterior, el 27 y 28 de junio, las fiscalías de Upala y Guatuso, y el 15 de julio la Fiscalía Adjunta de Fraudes, recibieron el curso Gestión del Tiempo.

Estos espacios se realizaron con el objetivo iidentificar los elementos que influyen en la gestión del tiempo y brindar herramientas a las personas participantes sobre la forma de administrar eficazmente su lapso en la labor diaria.

En la formación participó la fiscal de Guatuso, Mónica Salas Villalobos, quien dijo “considero que es importante recibir capacitaciones o charlas sobre cómo gestionar de manera efectiva el tiempo, debido a que es un elemento vital para el éxito en nuestra función, tomando en cuenta el ajetreo de las labores diarias que nos ocupan. Los instrumentos expuestos nos enseñan a priorizar tareas, utilizar métodos que se deben de convertir en buenas prácticas para implementar en nuestro día a día, logrando así que sea más factible el cumplimiento de los objetivos o metas trazadas, en un periodo determinado”.

Asimismo, el fiscal de Upala, Miguel Sandí Mendoza, resaltó que el curso le permitió conocer de herramientas para mejorar la eficiencia y productividad, tanto personal como profesional.

“En la acción académica aprendimos a priorizar tareas, establecer metas claras y conocimos técnicas como la de pomodoro, la cual procura un manejo adecuado del tiempo. En un entorno de trabajo demandante como en el que nos desenvolvemos, adquirir este tipo de habilidades marca una gran diferencia para el alcance de las metas”, señaló.

De acuerdo con lo manifestado por la fiscal de fraudes, Ariana Céspedes López, “fue muy enriquecedora la actividad formativa, ya que nos proporciona técnicas y herramientas para realizar una adecuada gestión del tiempo, en las diversas funciones que se tienen en el quehacer diario de la fiscalía, lo cual nos permite mejorar en el desempeño de nuestra función”.

Estos espacios de formación fueron impartidos por la gestora de la UCS, Priscila Elizondo Hernández, bajo la modalidad presencial, capacitaciones que se desarrollaron en la Fiscalía de Upala, para un grupo, y en el salón del Servidor Judicial para otro.

Cinco despachos del Ministerio Público rindieron un informe sobre el trabajo realizado durante el 2023. Se trató de las fiscalías adjuntas Anticorrupción; Delitos Económicos; Legitimación de Capitales y Fraudes, así como la Unidad de Cibercrimen.

El jueves 1 de agosto, en el auditorio Eduardo Ortíz, del Colegio de Abogados, decenas de personas asistieron a la presentación de los resultados, que se expusieron mediante tres bloques en los que se analizó el fenómeno criminal, se conoció el trabajo articulado con distintos cuerpos policiales y se enfatizó en las áreas de mejora que implementa cada oficina para mejorar el servicio público.

Durante el espacio, el fiscal general, Carlo Díaz, expuso una serie de estadísticas sobre el desempeño de cada oficina, en la que mostró los casos ingresados, las acusaciones realizadas y la tasa de resolución.

En la actividad, la fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción, Natalia Villalta, recalcó la necesidad de que la población no normalice los delitos de corrupción, y señaló que la oficina ha realizado importantes esfuerzos para cumplir con los lineamientos de la Convención para Combatir el Cohecho, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Por su parte, la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Criss González, informó que los ilícitos con mayor incidencia son el contrabando de cigarrillos, las defraudaciones fiscales y los fraudes a la Hacienda Pública. Como parte del trabajo realizado, la funcionaria destacó la acusación de dos casos de fraude, como lo son los expedientes conocidos mediáticamente como "Yanber" y "Aldesa".

En materia de estafas, el fiscal adjunto, Carlos Meléndez, llamó la atención por el aumento de fraudes registrales o inmobiliarios, que se dan con la participación de notarios, así como las estafas de inversión por medio de redes sociales.

Esteban Aguilar, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, destacó que las estafas informáticas y las suplantaciones de identidad son los delitos que con mayor frecuencia ingresan a ese despacho, y afirmó que, por el tipo de delincuencia, resulta más apropiado su prevención que su represión, puesto que las pérdidas para las víctimas son cuantiosas.

En cuanto a retos para desempeñar la labor fiscal, el fiscal adjunto de legitimación de capitales, Warner Molina, mencionó que, en su caso, el desafío es enlazar el origen de la riqueza aparentemente ilícita con el delito previo que la generó. Dijo que la prueba que se recaba en este tipo de delincuencia es indirecta, de manera que requiere de un profundo análisis de parte de los jueces.

Además, Molina destacó que en su despacho se ha logrado que más de $8 millones, así como propiedades de alto valor pasen a las arcas del Estado, mediante la figura administrativa de capitales emergentes.

La actividad cerró con un bloque de preguntas del público, que fueron contestadas por los panelistas.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló el taller nacional de personas indígenas intérpretes, el 22 de julio.

En esta acción formativa participaron personas indígenas de los territorios de Guatuso, Buenos Aires, Zona Norte, Grano de Oro, Montezuma, Chirripó, Altos de San Antonio de Corredores y Valle de la Estrella.

El espacio generó diálogos y permitió una mejor comprensión de la labor que desempeñan y de las acciones que ejecuta la institución con respecto al tema.

Durante la formación se abordaron los temas de rol del MP dentro del proceso penal, trámites ante la Contraloría de Servicios, reglamento de deberes y obligaciones de las personas intérpretes y avances de la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas.

En la actividad participó la fiscala adjunta de Indígenas, Rocío De La O Díaz, quien resaltó el compromiso que tiene el Ministerio Público para trabajar de la mano con cada una de las personas intérpretes indígenas y la importancia de su labor para las investigaciones.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, manifestó que estos espacios formativos permiten fortalecer conocimientos en el personal intérprete sobre las diferentes etapas que conforma el proceso penal, el acceso a la justicia a aquellas personas que no comprenden el idioma, validando así sus derechos y respeto hacia su cultura y tradiciones.

Por su parte, la magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, indicó que el taller es una oportunidad de acercar la justicia a los territorios indígenas, ya que es una forma de intercambiar conocimientos tanto de la parte convocada como de las personas facilitadoras.

La magistrada Vargas hizo un recuento de las distintas actividades realizadas por el Poder Judicial en el marco de la creación de la Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas, experiencia que permitió tener un acercamiento con dicha población.

UCS. Durante el 17 y 18 de julio, en Liberia, Guanacaste, se realizó el tercer encuentro entre representantes del Ministerio Público (MP) y fuerzas policiales, para la planificación de una estrategia operativa y coordinar las acciones de respuesta a situaciones de tráfico ilícito de personas migrantes.

En esta ocasión participó personal fiscal, profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, del Organismo de Investigación Judicial de Liberia, Policía Profesional de Migración, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, así como de la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

En la actividad se abordaron temas relacionados con el marco normativo internacional y nacional que rige la materia, como lo son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y la Ley General de Migración y Extranjería.

Asimismo, se expuso sobre experiencias de investigaciones de delitos de trata de personas y tráfico ilícito de personas migrantes, información sobre los servicios, programas de atención y protección a la víctima de la oficina rectora en la materia, factores tendenciales del crimen organizado, tráfico ilícito de personas migrantes y trata de personas con enfoque de género y derechos humanos.

También, se presentó una propuesta de la ruta de comunicación y coordinación para atender, derivar e investigar el delito de tráfico ilícito de personas migrantes.   

La fiscala adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Eugenia Salazar Elizondo, enfatizó sobre la importancia de abordar estos delitos, desde el punto de vista jurídico, con un enfoque de género y derechos humanos.

“Es necesario brindar un enfoque diferenciado, comprender que este delito es un fenómeno que afecta los derechos fundamentales de seres humanos”.

Por su parte, el fiscal adjunto de Liberia, Elvis López Matarrita, indicó que la complejidad que representa la investigación del delito de tráfico ilícito de personas migrantes plantea nuevos retos.  En este sentido, la capacitación y los encuentros, reuniones entre el personal fiscal, personas abogadas, criminólogas, trabajadores sociales y los diferentes cuerpos policiales, son de especial importancia para establecer alianzas, y articular acciones para la investigación de este delito.

“Es relevante la necesidad de trabajar en pro de las víctimas de este ilícito, proteger los derechos de las poblaciones vulnerabilizadas”, apuntó.

Para la funcionaria del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Yagnna Nicolás Jiménez, “el tráfico ilícito de personas migrantes es un delito que evoluciona de forma rauda en la búsqueda de la expansión territorial de sus operaciones a escala mundial. Bajo esta noción, agrupaciones criminales dedicadas al tráfico optan por afianzar sus nexos con otros ilícitos inmersos en dinámicas de criminalidad organizada, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico, la legitimación de capitales, entre otros”.

Esta actividad se realizó gracias al apoyo técnico y financiero de las agencias de Naciones Unidas (ONU), es decir, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ONU Mujeres y el ILANUD.   

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público(MP) desarrolló la actividad académica “Argumentación Jurídica y Técnicas de Litigación Penal”, en la cual participaron 24 personas funcionarias de distintas fiscalías del país. La capacitación se realizó  el 05 y 12 de julio, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.

El objetivo de esta capacitación fue brindar al personal fiscal las herramientas que les permita el desarrollo de habilidades en el área de la argumentación jurídica y las técnicas de litigación penal, cuya aplicación en el ejercicio de sus funciones permita un mejoramiento en la exposición y en el razonamiento de la teoría del caso.

Según la fiscala adjunta de Impugnaciones y facilitadora Greysa Barrientos Núñez, el tema expuesto es esencial en la formación de todo fiscal.

“La finalidad del curso refleja la importancia de este. Conocer los errores propios y detectarlos para corregirlos, valorar las pruebas aportadas por las partes, con el fin de analizarlas correctamente y poder enfrentarlas de forma apropiada, así como detectar los errores del juez en el fallo para enfocar una debida Impugnación”.

El fiscal Allan Cortés Segura señaló que “ambas sesiones de trabajo fueron de gran valor para la labor diaria en juicio y también al momento de presentar nuestros recursos en alzada, así como también permitirá ampliar el conocimiento y experiencia en el tema”.

Por otra parte, el fiscal Christian Augusto Douglas Campbell indicó que “estas capacitaciones son muy importantes porque hay que estar actualizándose constantemente, además, nos va a permitir cultivarnos cada vez más como fiscales y fiscalas”.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, recalcó que el curso implementó un alto contenido competencial, orientado a desarrollar y fortalecer en las personas fiscales las destrezas para presentar razones lógicas y pruebas sustanciales, además de compartir buenas prácticas en cuanto a las técnicas de litigación penal, para ello se hizo énfasis en criterios jurisprudenciales y análisis de sentencias.

UCS. En el marco de la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela,  la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló la conferencia “SIRCAIVI Y MEDAI: herramientas para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad”. La actividad se realizó el 19 de julio, con la participación de 53 personas funcionarias.

La MEDAI es una mesa de diálogo y actuación intersectorial, la cual funge como un órgano de cooperación integrado por todas las instituciones u organizaciones que tienen competencias en materia de violencia institucional carcelaria.

Por su parte, el SIRCAIVI es el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria.

Ambos elementos buscan la protección de los derechos de la población privada de libertad, procurar la mejora en el acceso a la información, asesoramiento jurídico, entre otros.

El fiscal de Ejecución de la Pena, Felipe Ortega Blanco, fue el expositor del evento e indicó que el compromiso del MP con la MEDAI es el de utilizar todos los recursos que estén a su disposición, con la mayor diligencia y atención posible, para evitar, por todos los medios, la impunidad en casos de violencia institucional, ello como reflejo de la transparencia en la ejecución de la política criminal y de la igualdad.

La fiscala adjunta a.i. de Ejecución de la Pena, Isabel Ugalde Blanco, añadió que “los derechos humanos de las poblaciones vulnerables componen un tema medular y, como tal, es fundamental tener presente que las personas que se encuentran privadas de libertad, solamente han perdido el derecho al libre tránsito y deben conservar íntegros todos los demás derechos que, como persona, tienen, por ello debemos trabajar en pro de su respeto y valía”.

Según la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, la acción formativa permitirá fomentar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

“Ante la situación actual que presentan los centros penales del país, es relevante que el personal del MP se capacite para prevenir, detectar e investigar posibles casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las prisiones, por lo que estos espacios nos permiten fortalecer conocimientos en el tema”.

Esta actividad se desarrolló de manera virtual, por medio de la plataforma de Microsoft Teams.