Todo el personal fiscal especializado en materia penal juvenil participó de la reunión que se realiza cada año con todo el equipo que atiende hechos relacionados con esta población, para fortalecer conocimientos. La actividad se realizó el viernes 17 de noviembre anterior, en el Auditorio de Medicina Legal, en San Joaquín de Flores.

En esta ocasión, se trataron distintos temas, como poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, microtráfico y narcomenudeo, así como la comisión de delitos facilitados por drogas y alcohol.

Las personas expositoras de la reunión fueron la psicóloga del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Paula Chacón Faeth; el fiscal coordinador de Narcotráfico y Delitos Conexos, Gustavo Nájera Picado; el doctor de la Sección de Toxicología del Organismo de Investigación Judicial, Daniel Ureña Varela; y la fiscala adjunta Penal Juvenil, María Gabriela Alfaro Zúñiga.

“La reunión anual es la oportunidad para fortalecer el conocimiento del personal fiscal de Penal Juvenil, para lograr la retroalimentación del equipo con las diversas realidades, de las diferentes zonas del país, y   unificar criterios, mediante el establecimiento de líneas de acción  siempre en busca de la calidad del servicio que se brinda y el respeto a los principios rectores de esta materia especializada, además de robustecer la cohesión del equipo de trabajo”, señaló la jefa de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil.

Tras la actividad, la fiscala Fabiola Solano Portuguez agradeció por la actividad e indicó que las exposiciones fueron interesantes y enriquecedoras.

Asimismo, el fiscal Marco Montoya Castillo, destacado en el despacho de Quepos, indicó que “las charlas estuvieron excelentes, con temas de mucha actualidad y por la actividad final, la cual estuvo muy entretenida e integradora”.

La Columna de Fiscalías para la Atención de Poblaciones Vulnerables, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) concluyeron las jornadas de inducción dirigidas a personas facilitadores judiciales de distintas partes del país, las cuales tenían como objetivo exponer las funciones y servicios que brinda el Ministerio Público (MP).

Las charlas iniciaron el 17 de mayo, y se desarrollaron durante junio, julio, agosto, setiembre, octubre, hasta culminar el 15 de noviembre.

El propósito de las jornadas fue apoyar a estas personas, como líderes y lideresas que son en sus comunidades y actúan promoviendo el acceso a la justicia. En promedio se tuvo una participación de 65 personas facilitadoras en cada actividad.

Los temas abordados fueron la función y estructura del Ministerio Público, política de persecución penal, acceso a la justicia, Ley Penal Juvenil y Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, atención a población vulnerable y vulnerabilizada, Justicia Restaurativa, Justicia Alternativa, el enfoque diferenciado en materia de asuntos indígenas, la protección de víctimas y testigos, rol de la Oficina de Defensa Civil y la importancia de la participación ciudadana.

El equipo de personas expositoras estuvo integrado por las fiscalas y fiscales Melissa Quirós Rodríguez, Edgar Barquero Ramírez, Omar Jiménez Madrigal, Debby Garay Boza, Sara Arce Moya y Ana Daisy Quirós. Asimismo, estuvieron las profesionales Priscilla Elizondo, Sara Mayorga y Andrea Bermúdez, quienes transmitieron sus conocimientos y aclararon dudas en cada una de las sesiones.

En el acto de clausura participaron la Directora de CONAMAJ, Sara Castillo, y la Fiscala Adjunta de la Columna de Fiscalías para la Atención de Poblaciones Vulnerables, Mayra Campos.

Según indicó Campos, “las jornadas fueron un éxito, ya que no solo se brindó información de calidad, sino que se logró que las personas facilitadoras comprendieran el rol del Ministerio Público y, sobre todo, reconocieran que es un órgano con altos estándares que brinda sus servicios con calidad humana”. 

El pasado 07 de noviembre, el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, recibió la visita de Carlos Arias Núñez y Francisco Dall'Anese Ruiz, dos personas que ocuparon el cargo de máximo jerarca de la institución, el primero entre 1996 y 2003, y el segundo en el período del 2003 al 2010.

En el encuentro también participaron Juan Carlos Cubillo Miranda, subjefe del Ministerio Público (MP), y Mauricio Boraschi Hernández, fiscal adjunto de la Fiscalía General.

Los exfuncionarios afirmaron que el objetivo de la visita era manifestar su apoyo a la labor del jerarca, compartir experiencias que acumularon en su paso por el puesto y promover la unión de distintos actores como una respuesta a la situación criminal que vive el país.

El fiscal general Díaz agradeció la visita y destacó la importancia de conocer, de primera mano, las experiencias de quienes ocuparon el cargo y se enfrentaron a distintos contextos sociales desde esa posición.

Dall'Anese señaló que la reunión sirvió “para manifestarle nuestro apoyo como ex fiscales generales a don Carlo Díaz; a los dos nos tocaron situaciones difíciles, pero en épocas muy distintas”.

“El país reclama la solidaridad de todos los costarricenses, sobre todo de los fiscales en torno al Fiscal General de la República, que es el que tiene que definir la política de persecución penal y, si no estamos con él, de alguna manera estamos favoreciendo el desarrollo del crimen y la lesividad a los bienes jurídicos del país”, concluyó.

Por su parte, el exfiscal Arias afirmó que “hoy la situación es sumamente grave y lo que más se necesita, si se pretende actuar contra el crimen organizado, es que se organicen quienes tienen esa tarea; creo que se requiere la unidad”. 

Una delegación de la Misión de diagnóstico sobre desafíos y repuestas en materia de armas de fuego ilícitas en Costa Rica, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se reunió con el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, para conocer acerca de ese fenómeno criminal y la persecución de ese delito, el pasado 8 de noviembre.  

Simonetta Grassi, jefa de la Sección de lucha contra el tráfico de armas de fuego de la UNODC, explicó que el objetivo de la visita a nuestro país fue realizar un diagnóstico del contexto actual en materia de armas de fuego, incluyendo el marco legislativo, e identificar las áreas de asistencia conforme a las necesidades y prioridades actuales del gobierno, con miras a desarrollar conjuntamente una hoja de ruta que permita hacer frente a las amenazas de las armas, su tráfico y uso criminal en el país.  

El jefe del Ministerio Público externó que el tráfico de armas es un tema sumamente grave e importante, porque, en la actualidad, de la evidencia recolectada en los homicidios, se desprende que esos delitos son cometidos, en su mayoría, con armas que son de uso prohibido en el país.  

El jerarca también destacó que esa delincuencia tiene relación directa con el tráfico de drogas.  

Grassi se interesó en conocer si había alguna oficina especializada en criminalidad organizada, a lo que el fiscal general confirmó la existencia de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, que pueden tramitar asuntos de esa naturaleza.  

En un comunicado, la funcionaria destacó que las armas que han sido objeto del tráfico ilícito suelen ser un denominador común y catalizadores que agravan el impacto y el daño producidos por otros delitos, como la delincuencia organizada, el tráfico de drogas o incluso terrorismo. 

“Los vínculos entre sí de estas amenazas para la seguridad ciudadana y el desarrollo acentúan el carácter transversal que tiene el uso ilícito de armas de fuego y la importancia de abordar este problema de manera integral”, dijo.  

Como líder de misión, Grassi fue acompañada por Roberto Rodríguez Codesal, oficial de prevención del delito y de justicia penal y por Lucía Gomez Consoli, coordinadora regional del Programa Mundial sobre Armas de Fuego, ambos de la UNODC, así como Christopher Sánchez Morales, oficial del Departamento de desarme, terrorismo y crimen organizado de la Cancillería, y Marcela Zamora Ovares, Jefe DTCO de esa misma institución.

• Encuentro también alcanzó tópicos como la herramienta informática “Decisor” y la mejora del servicio público a partir de reportes de la Contraloría de Servicios.  

El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, reunió a su órgano asesor, el viernes 10 de noviembre, para profundizar en el Instructivo 02-IG-2023: “Implementación de medidas para reforzar el cumplimiento de la función del Ministerio Público”, el cual fue comunicado a todo el personal a inicios de noviembre.  

Según el jerarca, ante la grave realidad que vive el país por el aumento de la violencia y de la criminalidad, desde la Fiscalía General de la República tomamos con la máxima seriedad estos hechos, y estamos comprometidos a abordar este desafío de manera decisiva, considerando que la seguridad de nuestros ciudadanos es una prioridad fundamental”. 

El instructivo indica que se implementarán medidas concretas para redoblar esfuerzos “en miras de cumplir con la misión del Ministerio Público (MP), que se resume en requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria”.

Uno de los nueve puntos que destaca el documento señala que el personal fiscal adjunto de todo el país, en conjunto con las jefaturas regionales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debe fijar objetivos de persecución a partir de la incidencia criminal que se presente en cada zona y de la lesividad social causada, en los hechos que se enmarquen en las delincuencias más presentadas en la actualidad, como delitos contra la propiedad, contra la vida, sexuales, los incluidos en la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres, delitos informáticos, armas y drogas.  

“En esos casos se les dará prioridad en su trámite para procurar la resolución en el menor tiempo posible”, agregó el fiscal Díaz Sánchez.  

El jerarca explicó a su órgano asesor que, en infracciones a la ley de psicotrópicos y en los procesos que se declaren como delincuencia organizada, donde se haya utilizado armas de fuego y grave violencia sobre la víctima, el personal fiscal debe oponerse a la sustitución de la pena de prisión, en caso de que se haya aplicado una pena diferente a la solicitada no viable para la efectiva ejecución de la sanción penal.

“Por ende, deberán presentar el recurso de apelación correspondiente, expresando de forma motivada las razones por las cuales no procede la sustitución, así como el agravio causado”, sostuvo.  

En el encuentro, la fiscala adjunta de la Columna de Poblaciones Vulnerables, Mayra Campos, expuso algunos hallazgos registrados por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, sobre inconformidades de las personas usuarias, con el fin de que el personal se involucre más con ese despacho y se logre mejorar constantemente la calidad del servicio público brindado.

El mejoramiento al ambiente laboral también fue un tema abordado en el Consejo Fiscal, presentado por las encargadas del Área de Valoración Psicosociolaboral del MP, quienes expusieron el trabajo que pueden desarrollar para contribuir a mantener espacios de trabajo equilibrados.  

Durante la jornada, la fiscala subrogante y adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Karen Valverde, entregó un reconocimiento a Francisco Fonseca Ramos, fiscal adjunto del III Circuito Judicial de San José, por el cierre de su ciclo en el Ministerio Público.  

Decisor y FAEDO. Durante el encuentro, dos asesores operativos de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, Leonardo González y José Parra, presentaron a los fiscales adjuntos y fiscalas adjuntas la herramienta Decisor.

“Si bien es cierto, aunque Decisor es una herramienta que ya estaba implementada en el país desde hace varios años, al entrar en funcionamiento la nueva jurisdicción especializada en delincuencia organizada, esta fue mejorada para permitir identificar, determinar, clasificar y valorar cuáles casos verdaderamente tienen esa complejidad para poder someterlos dentro de esa jurisdicción especial”, explicó Parra, jefe de esa dependencia de la OPO.

El funcionario afirmó que anteriormente no se tenía una ruta que permitiera determinar de manera objetiva cuáles procesos penales eran complejos, y aseguró que, para lograr un funcionamiento óptimo, se requiere que el OIJ y el MP tengan una importante articulación para determinar las complejidades de las estructuras delincuenciales.

Javier Valerio, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) y Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, expusieron las funciones que ha asumido ese despacho y las colaboraciones que han ofrecido a otras oficinas, en la resolución de expedientes complejos.  

UCS. Como parte del programa de formación especializada, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló el curso “Introducción a la Justicia Restaurativa”, dirigido a personal fiscal. La actividad se llevó a cabo de manera virtual, durante los días 13,20 y 27 de octubre, así como el 03 de noviembre.

La actividad académica procuró evidenciar que la Justicia Restaurativa realiza un cambio de paradigma, pues busca dar respuesta al conflicto de manera integral, considerando los derechos, intereses y necesidades de todas las partes involucradas.

Para el fiscal de Justicia Restaurativa y facilitador del curso, Cristopher Medina Núñez, la actividad generó un acercamiento eficaz para quienes inician en la labor fiscal, ya que la resolución que ofrece la materia a las partes es integral.

“A través de este proceso sí es posible darle una respuesta al usuario que acude ante la administración de justicia, en busca de una resolución a sus problemas. La Justicia Restaurativa es una salida muy oportuna a muchos de los conflictos en los que ciudadanos de este país se ven inmersos, por lo que debemos tomar una actitud de agentes multiplicadores de la este método, para así dar por finalizados procesos”, señaló.

El experto dijo que, en el fondo, quienes participan en estos procesos desean ser escuchados y tener un lugar seguro para resolver su problema. “Con la guía de la Fiscalía General debemos seguir trabajando para hacer posible que muchos casos más puedan ser resueltos por esta vía”, enfatizó el expositor.

La fiscala adjunta de Justicia Restaurativa, Sara Arce Moya, resaltó que esta acción formativa, desarrollada por la UCS, resulta fundamental para la sensibilización y capacitación del personal fiscal del MP, ya que adquieren el conocimiento y las herramientas necesarias para cumplir con el mandato legal de la aplicación de la Ley 9582 (Ley de Justicia Restaurativa), respetando así los derechos de las partes procesales y cumpliendo de forma eficaz y eficiente nuestra labor.

Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, manifestó que el lema del Poder Judicial es “Reparar vale más que castigar”, por lo que estos procesos no solo dan cumplimiento a la normativa específica, sino al precepto constitucional del numeral 41 para garantizar el acceso a la justicia pronta y cumplida.

“El trabajo articulado que se ha venido realizando entre la oficina rectora a cargo de la Sala de Casación Penal, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como del Ministerio Público, ha permitido en este cambio de paradigma que significa la Justicia Restaurativa para el modelo de responsabilidad penal costarricense.  Resulta indispensable las acciones formativas para el personal del Ministerio Público y que le faciliten a la persona usuaria esta herramienta para la solución efectiva del conflicto social”, dijo la jefa de la Unidad.

Aparte de Medina, estuvieron como facilitadores Adela Guerrero Quesada, Teodoro Bermúdez Valencia y Mariela Alvarado Otárola; todos de la Oficina de Justicia Restaurativa del Ministerio Público.

UCS. Como parte de los procesos formativos coordinados por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, el 20 de setiembre anterior se desarrolló el curso virtual “Aplicación práctica de la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los despachos que atienden las poblaciones beneficiarias de Térraba y Salitre”.

La capacitación tenía como objetivo fortalecer conocimientos para la aplicación práctica de la medida cautelar, en el personal del Ministerio Público que atienden las poblaciones antes mencionadas.

De acuerdo con la fiscala participante del curso, Flor Zambrana Orozco, es importante conocer la condición de vulnerabilidad de la población indígena, por lo que son relevantes estas capacitaciones, para obtener un grado de sensibilización, concientización y compromiso cuando los mismos recurran a estrados judiciales y así brindarles un adecuado abordaje de conformidad con los derechos que les asiste.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló que con esta actividad se cumple parcialmente con una obligación dispuesta por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual es divulgar, dar a conocer y explicar la medida cautelar que impone al Estado costarricense, así como garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas de los territorios específicos.

Los contenidos se desarrollaron de manera virtual y fueron dirigidos al personal fiscal que investiga procesos en los que intervienen personas indígenas.

UCS. Las escuelas de capacitación fiscal de Honduras y El Salvador visitaron la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público de Costa Rica, con la finalidad de intercambiar experiencias sobre sus modelos de trabajo en el campo de la formación académica de su personal.

El encuentro entre las academias permitió señalar las buenas prácticas de cada escuela, para mejorar el impacto de los procesos formativos del personal fiscal.

La actividad se desarrolló mediante mesas de trabajo y reunió al coordinador de la Escuela de Formación del Ministerio Público de Honduras, Carlos Cálix Vallecillo; a la directora de la Escuela de Capacitación Fiscal de El Salvador, Elsy Amaya Ramírez; y a la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves.

Los representantes de cada despacho, compartieron la base normativa, funciones, estructura y modelo de evaluación de las unidades a su cargo.  Asimismo, hubo un espacio de retroalimentación, con los contenidos y aportes relevantes de cada expositor.

De igual manera, se contó con intervenciones del equipo de la UCS, quienes expusieron sobre el proceso de detección de necesidades de formación, proceso de actualización de mallas curriculares, modalidades de formación, tipos de evaluaciones, formación de facilitadores e intercambio sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas.

Para la jefa de la UCS, este intercambio, facilitado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ por sus siglas en alemán), permitió compartir experiencias para conseguir un objetivo común de las Fiscalías de los tres países centroamericanos, con el propósito de tener una formación sólida del talento humano y en diversos campos de conocimiento, para la ejecución eficaz de la labor encomendada.

Como parte del encuentro, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, también se sumó a la visita y se reunió con la fiscala adjunta de la UCS, para conocer algunos de los proyectos liderados por la Unidad.

El encuentro se realizó en dos actividades diferentes, las cuales se realizaron el 31 de octubre y 01 de noviembre, en las instalaciones de la UCS.