Personal fiscal y de investigación participó el pasado 02 de octubre en un curso que buscaba dotarles de herramientas para el abordaje del fenómeno del narcomenudeo y las actividades delictivas que suelen darse de forma paralela. 

La formación, organizada en coordinación por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, se desarrolló en el Hotel Radisson, con el apoyo económico de la embajada de Estados Unidos y su Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés). 

El objetivo de la actividad fue reunir a personal que, por sus funciones, le corresponde investigar hechos relacionados con el comercio de drogas a pequeña escala, una problemática que impacta directamente a las comunidades por ocurrir en el seno de sus territorios. 

Dentro del contenido, se abordaron temas como las diferentes diligencias de investigación a las que se recurre en el trámite de estos casos, el análisis de jurisprudencia, modelos de requerimientos fiscales y experiencias aplicables, entre otros. 

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, participó del curso y destacó el apoyo de la Embajada como un socio estratégico en la lucha contra el narcomenudeo, además de la importancia de mantener al personal actualizado en esta materia. 

“Estamos en una época de mucha violencia y gran parte de esta es provocada por el tráfico de drogas, por eso consideramos importante capacitar al personal respecto a cómo atender estos casos de manera ágil y eficaz, para obtener los resultados positivos que se buscan”, indicó. 

Díaz agregó que una de las metas es que exista uniformidad entre la manera en que trabaja la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y la labor fiscal en los despachos territoriales. 

La Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) sostuvo una reunión con la presidencia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), con el objetivo de tomar acciones conjuntas en beneficio de la niñez y la adolescencia.

Al encuentro asistieron la fiscala adjunta y la fiscala coordinadora de FANNA, Rocío De la O Díaz Y Floribeth Rodríguez Picado, respectivamente; así como la jerarca del Patronato, Kennly Garza, y Noelia Castillo, funcionaria de la presidencia de la entidad.

El acercamiento permitió abordar temas relacionados con las personas menores de edad víctimas de delitos, además, se acordó dar continuidad a la confección del lineamiento conjunto entre el Ministerio Público y el PANI para coordinar de manera oportuna cuando ocurran casos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.   

Además, se analizaron las acciones de mejora en relación con las desapariciones de esta población, tentativa de homicidios, sustracciones e incumplimiento de la patria potestad.

La fiscala adjunta De la O expresó que el acercamiento “permitirá mejorar el servicio público que se ofrece a esta población vulnerable”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del PANI indicó que “la coordinación interinstitucional que realiza el Patronato Nacional de la Infancia con FANNA resulta vital, para que las personas menores de edad que son víctimas de delitos reciban de forma diligente la debida representación, acompañamiento y protección especial de forma integral".

La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS), en conjunto con la Fiscalía Ambiental y la organización Humane Society International (HSI), efectuaron el Curso de Especialización en Derecho Penal Ambiental, en el cual participaron 17 personas.

La formación se realizó como parte de un proyecto financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América (INL, por sus siglas en inglés) y administrado por HSI Latinoamérica, con el propósito de mejorar la capacidad de Costa Rica para combatir el tráfico de vida silvestre.

 Esta actividad buscaba que las personas participantes pudieran investigar los casos de delitos ambientales según la normativa local e internacional relacionada con la materia, con un manejo sistemático de los hechos, las pruebas y el derecho.

 El fiscal adjunto Ambiental, José Pablo González Montero, mencionó que la única forma de luchar contra la impunidad en los delitos ambientales, así como contra la criminalidad organizada en este ámbito, es que existan personas funcionarias debidamente capacitadas para manejar las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento de los casos.

 Esta es la tercera vez que se imparte el curso, el cual fue diseñado con técnicas didácticas novedosas y contenidos actualizados, incluyendo ejercicios prácticos de realidad virtual que fortalecen el aprendizaje.

 Además de las personas fiscales, se extendió la invitación a personas juzgadoras, y personal del Organismo de Investigación Judicial, MINAE, SINAC, Servicio Nacional de Guardacostas y de otras instituciones que trabajan de la mano con el Ministerio Público en este tema.

 La directora ejecutiva de HSI Latinoamérica, Andrea Borel, mencionó que el tráfico de vida silvestre se ha convertido en una grave amenaza para especies de todo el mundo, incluidas aquellas en peligro de extinción, ya que no solo se trafican como especímenes vivos, sino también sus partes y derivados son comercializados ilegalmente.

 Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, señaló la importancia de estas acciones formativas por la especialización de la materia, la diversidad de delitos en perjuicio del ambiente y las particularidades probatorias, que requieren actuaciones articuladas con los diferentes actores, para desarrollar procesos penales en pro de una atención adecuada.

 La capacitación se desarrolló en las instalaciones de la UCS y contó con dos giras de campo en Puntarenas y la Fortuna de San Carlos, respectivamente.

UCS. Fiscalas, fiscales y profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, participaron en el taller denominado “Aplicación del procedimiento abreviado”.

El propósito de esta acción formativa es brindar a las personas participantes herramientas para la correcta aplicación del procedimiento abreviado, así como reconocer prácticas inadecuadas en la tramitación de este procedimiento especial, considerando también la correcta fundamentación de la pena a imponer.

El taller fue facilitado por Andrea Severino Mora, fiscala de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena; la fiscala Adela Guerrero Quesada, de la Oficina de Justicia Restaurativa del Ministerio Público; así como Luis Diego Quesada Canales y Carlos Meléndez Lugo, ambos fiscales de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones; además de Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta 2 de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS).

En el taller se abordaron temas como el concepto del procedimiento abreviado, origen y evolución histórica, aspectos a considerar en la fundamentación de la pena, requisitos legales para la aplicación del procedimiento especial, aplicación del procedimiento abreviado en Justicia Restaurativa. Asimismo, se analizaron los lineamientos establecidos en la Circular 05-ADM-2023, sobre el procedimiento abreviado, emitida por la Fiscalía General de la República.

Se enfatizó sobre la necesidad de verificar que las sentencias derivadas de un procedimiento abreviado tengan la correcta fundamentación y cuando se impongan penas no privativas de libertad, se indiquen claramente las condiciones de cumplimiento, entre otros.

La expositora Valverde Chaves manifestó la importancia de actualizar conocimientos sobre los diversos institutos procesales ante cambios normativos y para una interpretación armónica del ordenamiento jurídico.  Objetivo que se cumplió, mediante la intervención de personas facilitadores y participantes. 

Por su parte, el fiscal Brandon Vásquez Zúñiga, refirió “…Los conocimientos adquiridos en el taller son de gran aporte para el desarrollo de la carrera profesional…Es un tema que todos los días se vive en la práctica judicial y aunque todos los casos son diferentes”

La primera sesión se realizó el 22 de setiembre, por medio de la plataforma Teams, y el día 29 de setiembre se desarrolló en modalidad presencial en las instalaciones de la UCS.

Un total de 24 personas profesionales y técnicas, de las cinco Fiscalías que integran la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, participaron del “Taller de Ambientes Laborales Saludables”. El encuentro se realizó el 26 de setiembre anterior, en el Salón de Servidoras, Servidores, Exservidoras y Exservidores Judiciales.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, participó de la actividad y destacó que el taller forma parte de uno de los ejes de su gestión. Asimismo, reiteró la necesidad de que las personas funcionarias participen de ese tipo de eventos, los cuales buscan mejorar el ambiente laboral del Ministerio Público (MP).

Con una metodología participativa e interactiva, se desarrollaron los temas de ambientes laborales saludables, implicaciones sistémicas de los ambientes laborales saludables e implicaciones personales en la construcción de los ambientes laborales saludables.

El taller fue desarrollado por las funcionarias de la Dirección de Gestión Humana, Victoria Oviedo Soto y Karla Sanabria Rojas. Ambas destacaron que la actividad buscaba sensibilizar y capacitar a las personas trabajadoras judiciales sobre los beneficios que pueden obtener si se genera, mantiene y defiende un ambiente laboral sano en los diferentes espacios de trabajo.

Para la jefatura de la Columna de Atención a Poblaciones Vulnerables y Vulnerabilizadas, Mayra Campos Zúñiga, este tipo de actividades no solo permite mejorar la condición personal de cada una de las personas participantes, sino que, al existir un ambiente de trabajo saludable, esa condición repercute directamente en el modo de atención de las personas usuarias, por su condición de vulnerabilidad.

Este tipo de actividades es una muestra del compromiso de la Dirección de Gestión Humana, a través del Subproceso de Ambiente Laboral, de apoyar las acciones del MP, y continuar con el proceso de mejoramiento de los ambientes de trabajo e incrementar el bienestar integral de las personas trabajadoras judicial, por medio de la promoción de buenas prácticas en sus despachos.

Lo anterior, con el fin de fortalecer y mantener la convivencia sana a través del respeto y la cooperación como un principio básico para el trabajo en conjunto.

Personal fiscal y técnico judicial de distintos despachos de San José recibieron el taller práctico sobre la Gestión Procesal y Administrativa en la Gestión de Vehículos Decomisados. La actividad fue coordinada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (USC) del Ministerio Público (MP) y se desarrolló bajo la modalidad virtual, los días 12 y 19 de setiembre. 

La acción formativa pretende describir los procedimientos administrativos y la normativa costarricense sobre la disposición de vehículos decomisados, a fin de que el personal resuelva de forma célere y oportuna la tramitación pertinente, así como el destino de estos bienes en los procesos penales. 

En esta ocasión, se contó con las intervenciones de la fiscala Clarita Picado Pomart; el coordinador judicial, Oscar Smith González; y el encargado de vehículos del Poder Judicial, Víctor Lacayo Castillo.  

Ellos desarrollaron los contenidos de qué es un decomiso, controles administrativos de vehículos decomisados, repaso de las circulares y protocolos más importantes referente a las evidencias, programa de descongestionamiento vehicular, entre otros. 

De acuerdo con lo manifestado por el fiscal Carlos Castro Sojo, el taller fue muy provechoso para repasar y/o actualizar conocimientos, específicamente en relación con la normativa procesal, disposiciones administrativas y directrices del Ministerio Público, relacionadas con el decomiso y depósito de vehículos, originados como parte de los actos de investigación. 

“Así podemos conocer y tener claro qué tipo de pericias puede llevar a cabo la Sección de Pericias Físicas, en relación con dichos vehículos y de acuerdo con la hipótesis que corresponda demostrar”, enfatizó. 

Por su parte, la facilitadora Picado Pomart indicó que la UCS ha desarrollado capacitaciones en distintos sitios del país, referente a la gestión jurídica, procesal y administrativa de los vehículos decomisados.  

“Se ha abarcado fiscalías en zonas lejanas, por medio de la aplicación Microsoft Teams, con la finalidad de ampliar conocimientos en el personal, para que realicen una gestión oportuna, en apego a los controles institucionales”, puntualizó. 

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, resaltó la importancia de este tipo de acciones formativas, las cuales, señaló, van más allá de la atención jurídico-procesal de un caso, para brindar herramientas para hacer viable la ejecución de las disposiciones fiscales e incluso las decisiones jurisdiccionales, a través de posiciones sustentadas por parte del Ministerio Público, además, que se facilita el trabajo de las oficinas judiciales, con un mejor aprovechamiento de los recursos. 

En el desarrollo del taller se utilizaron las técnicas didácticas de charlas dialogadas, presentaciones, lluvia de ideas y video foros. 

Un grupo de personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participó en el taller de vocería institucional, el cual fue organizado e impartido por la Oficina de Prensa de la institución, en colaboración con la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS).

A solicitud del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, este es el segundo taller que se realiza en el año, dada la importancia que tiene para la institución el tema de la transparencia. Por esta razón, este grupo es el segundo en recibir el entrenamiento para la atención de prensa.

Para el MP es fundamental contar con personal capacitado en esta área, ya que los casos que son tramitados en la institución requieren de un manejo adecuado de la información, el cual busca proteger los procesos y equilibrar el derecho a la información que posee la ciudadanía.

En esta ocasión, las personas encargadas de las capacitaciones fueron el comunicador y locutor, Ernesto Romero, así como el periodista del medio Semanario Universidad, Álvaro Murillo, quien también es corresponsal de El País España y de la Agencia de Noticias Reuters.

Asimismo, estuvieron como expositores los periodistas de la Oficina de Prensa, Tatiana Vargas y Daniel Quesada.

“Este taller nos permitió darles a las personas funcionarias herramientas y técnicas útiles para ejercer una vocería clara y efectiva, puesto que, en el rol que ejercen, es sumamente importante responder a las solicitudes de los medios de comunicación garantizando la transparencia y el acceso a la información, que son principios con los que el Ministerio Público está comprometido”, mencionó el jefe a.i. de la Oficina de Prensa, Daniel Quesada.

El funcionario señaló que los medios de comunicación son el canal por excelente para llevarle a la ciudadanía la información, por eso es necesario que las personas voceras lo hagan con un lenguaje comprensible y sin tecnicismos.

La fiscala general en ejercicio, Karen Valverde, destacó que este taller abre la posibilidad al personal fiscal y profesional de aprender herramientas para comunicar correctamente los mensajes y noticias que genera el Ministerio Público.

“La habilidad para comunicar se va desarrollando. Es un deber informarle a la ciudadanía, a través de los medios, las razones por las que realizamos ciertas acciones. Algunas veces las personas especulan sobre lo que hacemos o no hacemos, y por eso es importante informar sobre nuestra labor, con las restricciones legales que existen. Una justicia que sea abierta es una justicia sana y nosotros somos parte de eso”, mencionó.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD) del Ministerio Público (MP) recibió una mención honorífica en la IX Edición del Concurso de Buenas Prácticas. La premiación tuvo lugar en el marco de la celebración de los 197 años de creación del Poder Judicial, este 03 de octubre.

Dicho reconocimiento fue otorgado al despacho por la ejecución de la buena práctica denominada “Hoja de respaldo de información de expedientes del Programa de Protección”, la cual coadyuva con el mejoramiento continuo y buen desempeño de la Oficina, en procura de un excelente servicio a las personas usuarias.

“Para mí es un orgullo que la labor de la Oficina se visibilice y se refleje, no solo la proactividad del equipo, sino también la búsqueda de la mejora del servicio, tanto para el usuario interno, como el externo. Esto es un reflejo del trabajo en equipo y compromiso del personal que trabaja en este despacho”, indicó el fiscal adjunto de la OAPVD, José Ángel Peñaranda.

La coordinadora del Equipo de Gestión de la Continuidad del Servicio de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito e integrante del Comité de Buenas Prácticas, Alexa Gómez Herrera, destacó que la OAPVD mantiene el compromiso con la mejora de su labor y por eso trabajan enérgicamente en fortalecer la gestión de la continuidad del servicio, ya que son acciones que impactan directamente en la atención y protección que brindan a las personas usuarias.

“La hoja de respaldo de información de expedientes del Programa de Protección es un insumo importante que nos garantiza contar con información esencial para mantener el servicio, aún en medio de un evento disruptivo, por ejemplo, un apagón tecnológico”, recalcó la funcionaria, quien agradeció al fiscal adjunto de la OAPVD por el apoyo e impulso.

Por su parte, la fiscal adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP, Karen Valverde Chaves, dijo que esta mención llena de satisfacción a la institución, ya que se reconoce el trabajo realizado por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, para la mejora del servicio.

“Para la institución es importante que el talento humano genere acciones en beneficio de la labor que se realiza, pero, también, difundir las muchas que se ejecutan a diario y que visibilizan el trabajo comprometido que hacemos”, señaló.

Este año participaron buenas prácticas presentadas por los ámbitos administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia. En este último fue en el que destacó la OAPVD. 

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) inició el curso virtual “Aplicación Práctica de la Teoría del Delito en el Proceso Penal”, dirigido a fiscalas y fiscales de las diferentes oficinas del país. La capacitación se realiza por medio de la plataforma Microsoft Teams y se desarrolla durante los días 19 y 26 de setiembre, así como 03 y 10 de octubre.

La actividad se imparte a 30 personas aproximadamente y busca desarrollar las competencias necesarias que les permitan fortalecer los conocimientos en la materia, con el fin de que sean utilizados en sus razonamientos jurídicos en las diferentes fases del proceso penal. 

“Esta actividad académica se ha organizado con el fin de que los fiscales y las fiscalas fortalezcan sus conocimientos en la teoría del delito, tanto en la parte conceptual como en la práctica, partiendo del hecho de que es un instrumento que permite identificar cuáles son las características generales que debe reunir una conducta determinada para ser calificada como hecho punible”, explicó el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Carlos Jiménez Robleto, quien es docente de esta capacitación.

Según la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, el estudio de la teoría del delito y su aplicación en el quehacer de la función fiscal es un tema esencial en todo proceso de actualización, por ello, al igual que otros años, se replica dentro de la oferta de capacitación de la Unidad.