Personal del Ministerio Público destacado en los distintos despachos especializados en la atención de población vulnerable y vulnerabilizada se reunió el 19 de enero, con la finalidad de socializar sus planes de trabajo para el 2023, los cuales están orientados a la disminución del rezago de expedientes y la organización interna para el mejoramiento en la atención y tramitación de los casos para reducir la revictimización.
Durante la actividad se contó con la participación de Mayra Campos Zúñiga, fiscala adjunta 2 y directora de la columna que atiende población vulnerable y vulnerabilizada, quien enfatizó su ruta de trabajo, vinculada a un ambiente laboral saludable, atención del rezago, control administrativo (evidencia) y aportes a la política de persecución penal de la Fiscalía General de la República en las materias especializadas.
Este espacio permitió desarrollar varios ejercicios, uno de ellos a cargo de Elena González Salazar, psicóloga de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, quien, a través de una actividad motivacional, resaltó la importancia de aplicar los valores para el éxito en las funciones que se desempeñan.
Por otra parte, Ana María Franceschi, fiscala auxiliar de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, impartió una charla de actualización sobre control y manejo de evidencias.
Las fiscalas y los fiscales adjuntos de Penal Juvenil, Ejecución de la Pena, Género y Delitos Sexuales, Asuntos Indígenas y de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, presentaron sus planes de labores para este año, conforme a la ruta de trabajo definida por la fiscala adjunta de la columna.
UCS. Personal fiscal, administrativo y técnico participó en una conferencia virtual el pasado 19 de enero, denominada “Igualdad Jurídica de las Personas en Situación de Discapacidad, con énfasis en la Ley de Autonomía Personal, Ley 9379”; el espacio fue coordinado por la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS).
Ericka Álvarez Ramírez, especialista en Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, fue la encargada de facilitar diversos contenidos, entre estos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la importancia de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y la figura de la persona garante para la igualdad jurídica.
La especialista afirmó que el derecho a la autonomía personal implica que las personas en situación de discapacidad puedan desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones y se les respete sus derechos en todas sus áreas.
Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, indicó que estos espacios tienen como objetivo una capacitación constante en el personal del Ministerio Público, como parte de un compromiso institucional de ofrecer un servicio público de calidad a la persona usuaria.
La fiscala Patricia Oconitrillo Gamboa, quien participó de la conferencia, indicó que “…es de utilidad para mi quehacer diario, profesional y laboral respetar a todas las personas con discapacidad, ya que gozan de igualdad, reconocimiento y capacidad jurídica, para el legítimo ejercicio de todos sus derechos y la atención de sus propios intereses…”.
Por su parte, Johnny Quirós Moreno, profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima-JEDO, manifestó que la charla es importante para comprender que la igualdad jurídica es para todas las personas, sin diferencias, y que los derechos humanos son intrínsecos para el disfrute de la vida con toda plenitud.
La conferencia se realizó mediante la herramienta Microsoft Teams.
Mónica Álvarez Pérez
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Desde el 2020, la Fiscalía General de la República empezó a implementar el “Proyecto Descongestionamiento, Atención y Resolución de Rezago y Archivos Fiscales”, el cual, pretende desarrollar mecanismos de gestión que permitan aumentar la celeridad en la resolución de causas en rezago, es decir, con más de dos años en trámite, y además revisar los expedientes en archivos fiscales.
Para este año, el proyecto será desarrollado por un grupo de 19 fiscalas y fiscales, el cual se encargará de analizar los reportes estadísticos a nivel nacional, con información suministrada por la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías. De acuerdo con este análisis, el personal fiscal abordará aquellas oficinas con los índices más altos en rezago. La labor, a cargo de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS), hasta el momento ha tramitado 11.961 expedientes, correspondientes a 18 fiscalías: Puriscal, Cartago, La Unión, Turrialba, Tarrazú, Desamparados, Alajuela, Puntarenas, Pococí, Pavas, I Circuito Judicial de San José, Fraudes y Cibercrimen, II Circuito Judicial de San José, Cóbano, Quepos y Parrita, Heredia, Sarapiquí y Grecia.
De acuerdo con Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, este proyecto se encuentra dentro de los temas estratégicos institucionales y compete al órgano fiscal, asimismo, se cuenta con la resolución oportuna del conflicto, derivado de la disposición constitucional de tutela judicial efectiva y célere. Por esa razón, destaca la funcionaria, desde la Fiscalía General se estructuró el proyecto de rezago, para reducir significativamente esta situación en fiscalías territoriales seleccionadas.
Parte de los objetivos planteados en esta iniciativa es generar un banco de buenas prácticas y realizar una retroalimentación, para que las fiscalías abordadas puedan controlar y manejar adecuadamente el número de las causas en investigación en sus despachos.
Un grupo de 50 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participaron en el taller anual de Control Interno en su edición 2022. Este se llevó a cabo el pasado 27 de octubre.
El espacio virtual estuvo a cargo de la Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías (UMGEF) y contó con la colaboración de la Oficina de Control Interno.
El objetivo de la actividad fue dar cumplimiento a la Ley General de Control Interno, que establece que se realice al menos una vez al año "las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del sistema de control interno", y que, al mismo tiempo, la institución pueda detectar cualquier desvío que la aleje del cumplimiento de sus objetivos.
Durante el espacio virtual, Minor Barquero Aguilar, encargado de la gestión de riesgos y control interno de la UMGEF, expuso sobre las mejoras al Sistema de Control Interno propuestas para y ejecutadas en el 2022, el estado de la entrega electrónica del formulario de seguimiento del PAI (que cumplía con 91.93% a cuatro días de vencer el plazo) y las propuestas de mejora para el PAI 2023. Estas últimas son realizadas por las oficinas del MP y aprobabas por la Fiscalía General.
En la apertura del taller, el subjefe del MP, Juan Carlos Cubillo Miranda, dirigió unas palabras de motivación a los asistentes y destacó que recientemente la Oficina de Control Interno hizo un estudio sobre una muestra aleatoria de oficinas de la institución. Según el funcionario, los resultados fueron satisfactorios en los ejercicios de valoración de riesgos y evaluación del Sistema de Control Interno.
En la actividad también asistieron jefa a.i. de la UMGEF, Raquel Ramírez Bonilla; y el jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, Hugo Hernández Alfaro.
Por un lado, el jefe de la Oficina de Control Interno subrayó la relación de cooperación y asistencia que mantiene su despacho con la UMGEF, la cual les permite estar informados de lo correspondiente al MP.
Asimismo, les permite mantenerse al día con los procesos y asegurar que estos contribuyen en el logro de los objetivos y metas de manera sana y sostenible en el tiempo.
A la vez, Hernández ofreció el acompañamiento y asistencia técnica de la que disponen a efecto del mejoramiento institucional.
Por su parte, la jefa a.i. de la UMGEF, agradeció a las personas asistentes el tiempo y aportes al taller. “Estamos por concluir otro año en el que todas las oficinas han cumplido en tiempo y forma con los ejercicios que se reportan a la Oficina de Control Interino, lo que evidencia que se ha consolidado una cultura de valoración de riesgos y de control interno que nos conduce al logro exitoso de los objetivos y metas por oficina y a nivel corporativo”, señaló Ramírez.
También se contó con la presencia de la jefa de Subproceso de Ambiente Laboral, Katia Saborío Soto, y la profesional Karla Sanabria Rojas, también de ese despacho. Ambas expusieron la charla “Promoción de ambientes laborales saludables”
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló el curso “Interrogatorio y contrainterrogatorio para personas peritos judiciales”, con el fin de concientizar al personal sobre la importancia y trascendencia del rol que cumplen dentro del proceso penal, particularmente, en la actividad probatoria, relacionada con la búsqueda de los elementos necesarios dirigidos a formar la convicción en la persona juzgadora.
En esta ocasión, participaron 22 personas peritos del Departamento de Ciencias Forenses y del Departamento de Medicina Legal.
El facilitador de esta actividad es el fiscal adjunto José Francisco Mena Castro, quien señaló que la capacitación está diseñada para que las personas participantes adquieran conocimiento acerca de la naturaleza jurídica, fundamento, objeto y límites de la peritación, con la finalidad de un mejor desempeño al momento del interrogatorio y contrainterrogatorio.
La participante Mayra Rodríguez Calvo, también integrante del Consejo Médico Forense, dijo que “el curso impartido es muy relevante, por cuanto permite actualizar conocimientos, compartir experiencias y poner en práctica las destrezas básicas e indispensables como es la participación en un debate oral, y poder transmitir de manera accesible los conocimientos de cada una de nuestras áreas como auxiliares de justicia”.
El curso constituye un insumo ideal para la formación de competencias de las personas peritos judiciales en cuanto a su desempeño en juicio y forma parte de los requerimientos de los sistemas de gestión de calidad basados en las normas ISO 17020 e ISO 17025 con enfoque forense.
El curso se desarrolló entre el 07 y 11 de noviembre de 2022 con una duración de 40 horas. Fue impartido de manera sincrónica, asincrónica y con dos sesiones presenciales, que permitieron el desarrollo de simulaciones de juicio en el que las personas participantes debieron demostrar la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso.