Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora – Área de Transparencia
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) concluyó con la segunda parte del taller “Formación 1.0 Ética: Ejercita tus valores”, espacio formativo impartido por la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial. Dicho taller permitió que el personal participante recordara los valores institucionales y su aplicación en la labor diaria.
Para la FAPTA, fortalecer el área axiológica en el personal permite que este realice sus funciones de manera eficaz y eficiente, promoviendo un ambiente laboral sano y un adecuado trato con la persona usuaria.
Este espacio fue fundamental para plantear a las personas participantes la ética como un camino vital para el cuidado de sus proyectos de vida, de tal manera que estas descubran, en todas sus facetas cotidianas, el deber fundamental será el cuido de sus actos.
Los valores desarrollados fueron la iniciativa, compromiso, responsabilidad, integridad y excelencia. La actividad se realizó el 14 y 16 de setiembre del 2022, en el gimnasio del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Por medio la plataforma virtual de Microsoft Teams, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló la charla “Generalidades de la Ley de Armas y Explosivos”, la cual estuvo dirigida a 57 personas técnicas judiciales de las diferentes Fiscalías del Ministerio Público. La actividad se realizó el 30 de setiembre del 2022.
El objetivo de esta capacitación buscaba lograr que las personas participantes puedan estar en capacidad de identificar, de manera uniforme, los diferentes elementos de las armas prohibidas y las no prohibidas, y los requisitos para que un particular pueda portar un arma o utilizar un explosivo contenidos en la Ley de Armas y Explosivos, así como las Circulares referentes a la remisión al Arsenal Nacional.
Según Edicson Alfaro Mora, docente de esta acción formativa y Abogado Gestor de Capacitación de la UCS, “debido a la especialidad que conlleva al manejo de las armas e interpretación de esta ley, es tarea de la UCS trasmitir al personal del país los conocimientos en esta materia, para que puedan utilizarla como una herramienta de trabajo y de esta forma identificar de manera uniforme, los diferentes elementos de las armas prohibidas y las no prohibidas, y los requisitos para que un particular pueda portar un arma o utilizar un explosivo”.
Por otra parte, la fiscala adjunta de la Unidad, Mayra Campos Zúñiga, señaló que “esta acción formativa de refrescamiento de conocimiento permite a las personas fiscales revisar conceptos, alcance y practicas relacionadas con la aplicación de la Ley de Armas y Explosivos, con la finalidad de mejorar su aplicación durante la tramitación de los casos particulares”.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) llevó a cabo el curso sobre Delincuencia Organizada para personal de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). En la actividad participaron 20 personas funcionarias de ese despacho.
Durante el curso, se abordaron los aspectos generales y novedosos de la normativa que regulará el procedimiento de delincuencia organizada ante la Jurisdicción Especializada. De esta manera, se busca fortalecer las habilidades y conocimientos de las personas participantes. para que puedan ponerlas en práctica a la hora de conocer los casos vinculados al crimen organizado.
El abogado de la OAPVD, Roy Vargas Naranjo, mencionó que, al contar con un conocimiento integral sobre la delincuencia organizada y las distintas estructuras que la conforman, se les permite crear un perfil sobre el comportamiento de las mismas, lo cual, dentro del abordaje y valoraciones de riesgo de las personas víctimas, permitirá a los equipos técnicos evaluadores contar con herramientas para la toma de decisiones y con esto extraer elementos de riesgo propios de este tipo de delincuencia.
El funcionario señaló que, a su vez, se puede traducir en el dictamen de medidas extraprocesales de protección, las cuales son necesarias para resguardar la vida e integridad física de las víctimas de este tipo de delincuencia.
De acuerdo con Vargas, la Oficina de Protección a la Víctima de Delitos ha brindado la atención en casos relacionados con delincuencia organizada. “No hay duda que el cúmulo de experiencias recabadas durante todos estos años serán necesarios para generar un valioso aporte a la nueva jurisdicción”, señaló.
Por su parte, el fiscal y facilitador Juan Carlos Carrillo Mora, refirió que, ante la aprobación de las leyes 9481 y 9769, por su orden, Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, se hace necesario e indispensable que el Ministerio Público capacite a su personal, respetando los diferentes perfiles competenciales de puestos, en aras de alcanzar los objetivos propuestos con la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
“La capacitación constante y a consciencia nos permitirá desarrollar las labores que se nos ha encomendado de manera eficiente y eficaz, lo que abona en beneficio del servicio público que ofrecemos”, enfatizó.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) coadyuvó para que se realizara una actividad de formación, dirigida a más de 50 personas funcionarias de Fiscalías Especializadas y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sobre la guía “Abordaje a personas menores de edad en procesos judiciales guía para personas funcionarias judiciales”.
De esta manera, el MP colabora con la ejecución de la resolución 2019015639, emitida por la Sala Constitucional.
De acuerdo con la UCS, las personas participantes estarán en capacidad de atender a las personas menores de edad que se encuentren involucradas en los procesos judiciales, para fomentar una respuesta efectiva a sus necesidades jurídicas y al ejercicio de sus derechos, todo conforme a las pautas de la guía práctica para evitar la revictimización.
El despacho explicó que el interés superior de la persona menor de edad debe ser prioritario y en estricto apego a los derechos de esta población, por lo que, tanto la Fiscalía Adjunta de Género como el Departamento de Trabajo Social y Psicología, han trabajado para coordinar la capacitación.
Dicha guía, diseñada por el equipo pericial de la Sección de Trabajo Social, debe ser acompañada de un proceso de capacitación en el tema de violencia infanto juvenil, asociado al Código de Niñez y Adolescencia.
El pasado 07 de setiembre finalizó la ejecución en la Fiscalía de Puntarenas del Programa de Formación Integral para las Fiscalías, abordaje que se da por medio del Proyecto de Descongestionamiento (Capacitación In Situ). Esta está dirigido a fiscalas y fiscales auxiliares, así como personal técnico judicial del Ministerio Público.
Esta capacitación virtual tiene como propósito establecer mecanismos y buenas prácticas, desde la perspectiva jurídica y psico laboral, con el fin de mejorar el trámite y tiempo de resolución, así como el ambiente laboral dentro de las Fiscalías, para un adecuado abordaje de los casos, en aras de fortalecer la confianza en labor que realiza el Ministerio Publico.
Para la Fiscala Adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, estas actividades buscan no solo mejorar la atención de los casos, sino incentivar al personal sobre la importancia de su trabajo en pro de un servicio público de calidad.
La especialista en contenidos de la UCS, Cindy Carpio Obando, mencionó que “este espacio de capacitación, que forma parte y está íntimamente relacionado con la labor del Proyecto de Descongestionamiento, se torna valioso e importante a fin de hacer un repaso de las diligencias de investigación en los delitos que presentan mayor cantidad de rezago a nivel nacional y además poder gestionar de una mejor manera los circulantes de los diversos despachos en aras de cumplir con el deber de otorgar a las personas usuarias un servicio público de calidad”.
Este Programa se ha ejecutado de manera satisfactoria en las Fiscalías de Puriscal y Tarrazú, mediante la modalidad de curso auto formativo, por las particularidades de dichos despachos, así como en las Fiscalías de Turrialba y Alajuela, mediante la plataforma Microsoft Teams.
El abordaje integral de los crímenes por prejuicio con perspectiva de género fue la temática de una capacitación impartida de manera presencial, en el Salón Memorial del Ministerio Público.
El objetivo de esta formación consistió en sensibilizar en el tema a las personas participantes, mediante la aplicación de conceptos, herramientas jurídicas y casos reales atinentes a la materia con perspectiva de género.
En el taller se abordaron temas como los conceptos generales sobre género prejuicio y violencia por prejuicio, así como los usos y fines de este tipo de violencia; además, se realizó un análisis de la violencia por prejuicio vs. “Crimen por Prejuicio”, con la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Henry Acuña, participante en el taller, indicó que “si bien es cierto se trata de un tema que en la actualidad es objeto de constante debate, además de la resistencia social que genera, es importante tener un conocimiento básico del ámbito legal asociado, máxime si se toma en cuenta la naturaleza de las labores que realizamos el personal humano del Poder Judicial”.
Para la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Mayra Campos Zúñiga, este tipo de acercamientos con el personal a cargo de la investigación y dirección funcional es de transcendencia institucional, ya que permite tomar conciencia de que los prejuicios pueden motivar acciones delictivas y violación de derechos humanos, y que tal motivación se debe considerar al momento de la investigación del caso concreto.
Esta capacitación se impartió a 50 personas funcionarias del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.
La Corte Plena juramentó a Miguel Ramírez López como el nuevo fiscal subrogante del Ministerio Público (MP), quien asumirá el puesto por el plazo de un año, desde este lunes 12 de setiembre. Este cargo le permitirá al funcionario sustituir a la persona que ocupe el puesto de fiscal general, ya sea por ausencias temporales o inhibitorias, según lo establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del MP.
La juramentación estuvo a cargo de la Presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Patricia Solano Castro.
“Un agradecimiento por la confianza recibida, no solo por la Fiscalía General, sino también por la Corte Suprema de Justicia, por el nombramiento de fiscal subrogante, el cual asumiré con total compromiso y colaboración con las necesidades que se me exigen en el puesto, así como lo he hecho a lo largo de mis 30 años en el Ministerio Público”, indicó Ramírez López, quien, desde el 01 de julio del 2019, es el fiscal adjunto de la Fiscalía de Fraudes. El 21 de junio del 2021 fue nombrado por la Corte Plena como fiscal subrogante específicamente para un caso de presunta corrupción pública y privada, conocido mediáticamente como "Cochinilla".
Trayectoria. El Fiscal Subrogante es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Durante nueve años, también fue docente en materias de Derecho Penal, en la Universidad de San José y Universidad Santa Lucía.
Antes del 2019, el funcionario dirigió despachos como las Fiscalías de Limón, Puntarenas, San Ramón y Heredia.
En el 2020, por delegación de la Fiscalía General, lideró la creación de una Unidad de Cibercrimen, la cual se encuentra dentro de la Fiscalía a su cargo. Desde dicha Unidad, Ramírez López ha dirigido investigaciones de complejidad, contra grupos organizados que, incluso desde prisiones, se han dedicado a cometer estafas.
Desde el puesto de fiscal auxiliar y fiscal, el funcionario ha tenido a su cargo la realización de juicios, como el caso del Banco Anglo, el homicidio del comunicador Parmenio Medina, así como el segundo debate por el asesinato de Jairo Mora.