La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) se encuentra desarrollando un curso virtual sobre acoso sexual callejero, el cual está dirigido a 17 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) 

Según informó la UCS, el acoso sexual es otra forma de la violencia que sufren las personas en su transitar por las calles, parques, transporte público y en otro tipo de localidades de acceso público como estadios y centros comerciales, entre otros.  

Este fenómeno lesiona la integridad física, psicológica y sexual de las personas víctimas que se sienten invadidas por las palabras, gestos, tocamientos e incluso intentos de violación o abuso sexual. El impacto de estas conductas es variado y va desde la incomodidad hasta el miedo, causando inclusive lesiones en algunos casos. 

En el 2020, se promulgó la ley 9877, la cual establece como delitos el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas; la persecución o acorralamiento, así como la producción de material audiovisual con connotación sexual de otra persona sin su consentimiento.  

Esta capacitación tiene como objetivo que las personas participantes conozcan detalladamente los tipos penales contenidos en la ley, su ámbito de aplicación y las posibles penas a aplicar, así como que generar conciencia de la gravedad de la problemática de manera que, puedan asumir una condición de agentes de cambio en la sociedad y en las competencias funcionales. 

La capacitación es desarrollada por medio de la plataforma Moodle del MP, es auto formativa y tiene una duración de tres semanas. 

Un total de 35 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participan en el curso virtual “Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Discapacidad”, el cual se desarrolla entre el 29 de julio y el 12 de agosto. La actividad se realiza mediante la Plataforma Moodle, con la coordinación de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). 

El equipo gestor de la UCS señaló que “con esta acción formativa, se busca brindar a las personas participantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la aplicación correcta de la normativa internacional y nacional, así como las Políticas de Persecución Penal en esta materia, aprobadas por la Fiscalía General de la República, para que, de esta manera, puedan darle una tramitación eficiente y eficaz a los procesos en donde interviene una persona con discapacidad”.  

Con el curso se pretende sensibilizar al personal, a través de las políticas de persecución penal e institucionales que permitan brindar un verdadero trato preferencial a las personas con discapacidad cuando se presenten a ejercer el derecho constitucional de acceso a la justicia. 

Según la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, “esta actividad es un esfuerzo más de la institución para garantizar los derechos humanos de la población vulnerable o vulnerabilizada, de ahí, la importancia de la capacitación a las personas funcionarias del Ministerio Público”. 

Como coordinadores y gestores de esta actividad académica, se tiene la colaboración de Edicson Alfaro Mora, Abogado Gestor de Capacitación, y Priscilla Elizondo Hernández, Psicóloga y Metodóloga, ambos de la UCS. 

Un total de 34 personas participaron en la primera conferencia del Programa de Formación en Habilidades Blandas denominada “Ética y Transparencia”, la cual es organizada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). La actividad se desarrolló este 03 de agosto, por medio de la plataforma Microsoft Teams. 

En la conferencia participaron fiscalas y fiscales de la Fiscalías contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Impugnaciones, Turno Extraordinario, Fraudes y Cibercrimen. Asimismo, se sumó personal de los despachos de Heredia, Osa, Puntarenas, Pérez Zeledón, Cartago, Upala, Hatillo, Desamparados, entre otros.

El objetivo de este Programa es que el personal, que desempeña la función fiscal, cuente con las competencias genéricas y específicas relacionadas con ciertas habilidades gerenciales, como ética y transparencia, aspectos administrativos de la gestión (PAO, PEI y PAI), comunicación efectiva, trabajo en equipo, asertividad en el ámbito laboral y así como una organización y planificación adecuada de su entorno laboral. 

La persona facilitadora, en esta ocasión fue el profesional en Métodos de Enseñanza de la UCS, Luis Humberto Villalobos Oviedo, quien recalcó sobre la importancia de que todas las actuaciones estén cimentadas en decisiones tomadas a la luz de los valores que poseemos.  “En el caso de decisiones que estén relacionadas con nuestro actuar como funcionarias y funcionarios, deben considerarse los valores compartidos, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público”, enfatizó. 

El fiscal especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Luis Gustavo Nájera Picado, participó en el taller y señaló que “es una capacitación que debería recibir todo el personal del Poder Judicial, ya que en definitiva se abordaron temas de mucho interés y actualidad, como lo es la ética, buenas costumbres y, sobre todo, la parte de la sinergia que debemos tener como población perteneciente a una institución tan importante como el Poder Judicial”. 

La Fiscala Adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, explicó que este tipo de acciones formativas permite que las personas funcionarias tomen conciencia que cada uno y cada una es un ser integral, que las acciones reflejan esos valores e intereses personales y, que repercuten directamente en nuestro quehacer dentro de la institución.  

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló el taller “Funciones del Ministerio Público: un enfoque hacia la persona usuaria”. En la actividad participaron 39 personas funcionarias de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, a nivel nacional. 

El taller surgió como respuesta a la necesidad, detectada por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, de gestionar capacitaciones, a través de las diferentes Unidades de Capacitación Institucionales, al reconocer que el aprendizaje es un proceso mediante el cual las personas trabajadoras adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo encomendado. 

De esta manera, la actividad permitió desarrollar las competencias necesarias, así como brindar herramientas útiles, para que el personal pueda realizar un abordaje correcto de los casos y así una orientación más integral a las personas usuarias que se presentan a la Contraloría de Servicios con consultas sobre los procesos tramitados en el Ministerio Público. 

La subcontralora de Servicios del I Circuito Judicial de San José, Ericka Chavarría Astorga, señaló que” este tipo de capacitaciones resultan ser un insumo muy valioso para la oficina, ya que no solo permiten ampliar conocimientos, sino también evidenciar la importancia de la existencia de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, quienes tienen claridad del cómo deben ser los procesos de capacitación y, que a su vez, realizan esfuerzos importantes y cuentan con el compromiso de replicarlos a lo interno de esa dependencia, reconociendo que la prestación del servicio debe ser brindado de forma integral, tanto desde el trato que se brinda como desde el trámite propio de la denuncia según la normativa que rige su actuar”. 

Para el desarrollo de estos talleres, se contó con la participación de la psicóloga Elena González Salazar, así como de las fiscalas Cindy Carpio Obando y Ana María Franceschi Segura, especialistas en contenido de la UCS, quienes abordaron la temática de funciones del MP y las generalidades de la atención a la persona usuaria, desde el punto de vista psicológico y legal. 

Mónica Álvarez Pérez  

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Conocer técnicas especiales de investigación y el intercambio de experiencias en el abordaje de casos contra la corrupción, fueron los principales alcances tras la visita a Costa Rica de dos fiscales del Ministerio Público de Perú, especializados en delitos de corrupción.  

Este encuentro permitió que los funcionarios del país suramericano, Elmer Chirre Castillo y Marco Antonio Carrasco Campos, asistieran a una serie de reuniones organizadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en las que compartieron con distintos despachos e intercambiaron buenas prácticas en la lucha contra este tipo de criminalidad y sus derivados.  

Entre los despachos que pudieron nutrirse de estos intercambios se encuentran la Fiscalía General de la República, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda, el Departamento de Ciencias Forenses, la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen y las sedes regionales de la FAPTA de San Carlos, Cartago, Heredia y Alajuela.  

Anteriormente, en el mes de junio, dos fiscales de Anticorrupción de Costa Rica realizaron un ejercicio similar en suelo peruano; en ambos casos, con el objetivo de ampliar conocimientos y fortalecer la especialización en materia de lucha contra la corrupción.  

Para la FAPTA, estas alianzas con otras fiscalías especializadas de la región son de gran trascendencia, puesto que permiten unir esfuerzos y estrategias en la búsqueda de soluciones para combatir las manifestaciones de la corrupción, que tienen graves consecuencias en países de Latinoamérica.   

La visita de los dos funcionarios del Ministerio Público peruano se realizó durante la semana del 18 al 22 de julio.  

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público desarrolló la charla virtual “Nueva Ley N°10113 del cannabis para uso medicinal y terapéutico, así como del cáñamo para uso alimentario e industrial 2022”, la cual estuvo dirigida a 42 personas funcionarias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).  La actividad se realizó el pasado 21 de julio, por medio de la plataforma Microsoft Teams. 

El fiscal adjunto contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Pablo Cedeño Selva, fue expositor de esta acción formativa y señaló que, “para esta representación, como  Fiscal Adjunto rector en materia de narcotráfico, es muy importante dar a conocer a la policía judicial los alcances jurídicos que conlleva la publicación y decreto de la Ley número 10113, norma que contiene una importante regulación de la materia en temas de requisitos para licenciamientos, permisos, certificaciones para el cultivo y procesamiento de cannabis en los términos de la ley, los cuales son necesarios conocer  a fin de garantizar el objeto y espíritu del legislador al promulgar esta ley”.  

Por su parte, el asesor jurídico de la Dirección General del OJ, Juan Gabriel Soto Herrera, mencionó que “el cambio paradigmático que representó la aprobación de la Ley N°10113, mediante la cual se quebró el modelo prohibicionista absoluto que había dominado históricamente la escena nacional, para dar paso al empotramiento de una figura que habilita la cosecha y aprovechamiento de la planta del cannabis, reivindica que el OIJ esté al tanto de las principales transformaciones que impactan nuestra labor misional.  

El funcionario enfatizó que el intercambio de experiencias y debate durante la charla significó un valioso aporte para que las áreas periciales y de investigación ahondaran no solo en el contenido de la ley, sino también referente a la visión del Ministerio Público de cara a los retos que sobrevendrán con la entrada en vigor de esta norma. “Solo queda agradecer a la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga; en especial a los profesionales Edicson Alfaro Mora y Pablo Cedeño Selva por el apoyo con esta provechosa actividad”, enfatizó. 

Para la fiscala adjunta de la UCS, este tipo de actividades permiten al personal fiscal actualizar su conocimiento ante los distintos cambios de la legislación.  

“Es importante que el personal fiscal esté preparado ante la entrada en vigencia de una normativa que implica retos, no solo operativos, sino en su interpretación jurídica, dentro del contenido esencial de la norma y en coherencia con los principios que sustentan nuestro ordenamiento jurídico”, recalcó. 

El avance de las tecnologías, además de sus numerosos beneficios, también ha sido aprovechado por los cibercriminales, que constantemente crean nuevos métodos para cometer delitos; por eso, conocer los métodos de investigación más actualizadas, es crucial para hacer frente a ese fenómeno. 

Gracias a un intercambio de experiencias entre España y Costa Rica, el 18 y 21 de julio, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló un curso sobre ciberdelincuencia, que se enfocó en brindarle al personal fiscal conocimientos acordes con la evolución de la criminalidad en medios electrónicos, para mejorar el abordaje y tramitación de estos delitos. 

En el curso, desarrollado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) a través del Programa de Cooperación Técnica, participaron fiscalas y fiscales de Cibercrimen y de las fiscalías de Cañas, Liberia, Pérez Zeledón y Pococí, entre otros despachos del Ministerio Público; además de personal de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ. 

Sergio Castillo Quesada, fiscal coordinador de Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, afirmó que “la nueva realidad convierte a la sociedad contemporánea en una ciber-sociedad, con todos los beneficios que supone la universalización del conocimiento; sin embargo, estos beneficios de comunicabilidad también son aprovechados para la comisión de hechos criminales”. 

“Costa Rica no escapa a esta realidad, la cual obliga al Ministerio Público a buscar alianzas estratégicas, de cooperación internacional, capacitación del recurso humano, adquisición de equipo informático adecuado y de software actualizado”, agregó Castillo. 

Por su parte, la Fiscala Adjunta de la UCS, Mayra Campos Zuñiga, indicó que “estos esfuerzos de intercambio de experiencias son una forma de fortalecer no solo el conocimiento sino las competencias que exige este tipo de criminalidad; estamos convencidas que la mejor herramienta para combatir esta delincuencia es con una sólida formación y con el análisis de casos”. 

Este curso fue facilitado por Elvira Tejada de la Fuente y Diego Alejandro Palomino. 

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) desarrolló el curso "Humanismo y conciencia social", el cual está dirigido al personal profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). Dicha actividad formativa tiene como propósito crear conciencia sobre el impacto social, que conlleva la protección de la vida o integridad de las personas intervinientes en el proceso penal o familiares de estas.

De acuerdo con la UCS, se busca que la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que garanticen un servicio público humanizado y respetuoso de la diversidad social. Asimismo, se plantea reforzar la no discriminación, focalizado desde una perspectiva de los derechos humanos.

Durante la jornada de capacitación, las personas participantes conocieron acerca de la relación entre las funciones de la OAPVD y los derechos humanos. De igual manera, reflexionaron sobre los contextos actuales en la sociedad y la importancia de generar conciencia en torno a la diversidad cultural, diversidad humana, migraciones, entre otros.

El psicólogo Mario Sáenz Rojas, expositor invitado de la actividad, señaló que la empatía se encuentra interrelacionada con la conciencia social y que debe estar presente en el personal de la OAPVD, además de contar con sensibilidad social y profesional, ya que, por medio de ello, se obtendrá mejores resultados.

Por otra parte, la participante Sandra Montero Rodríguez, señaló que es relevante recibir este tipo de capacitaciones, las cuales permiten reflexionar sobre la importancia de la labor que realiza la OAPVD y le necesidad de contar información como la suministrada en la actividad.

La actividad fue facilitada por Verónica Castro Molina, Germain Prado Abarca, Danny Guzmán Esquivel y Natalia Masís Tenorio.

Un grupo de fiscalas, fiscales y personal de Secciones Especializadas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran participando en el ciclo de videoconferencias "Herramientas para la investigación de delitos de corrupción y legitimación de capitales". La actividad formativa se desarrolla entre el 19 y 27 de julio.

Según la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), el objetivo de las conferencias es promover el intercambio de experiencias, con el fin de mejorar las investigaciones de casos relacionados con la legitimación de capitales y corrupción.

De acuerdo con el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Carlos Meléndez Sequeira, esta actividad es de importancia, ya que promueven el acercamiento entre despachos como lo es en este caso, entre España y Costa Rica, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

"Este espacio permite contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público, en temas prioritarios, que permitan mejorar la respuesta institucional ante fenómenos delictivos", señaló. 

De igual manera, el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Andrés Garro Mora, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, manifestó que “nos sentimos muy complacidos por tener este tipo de iniciativas y colaboración por parte del AECID y el Poder Judicial de España, obtener un poco del conocimiento de dos fiscales de amplia experiencia en el combate contra la corrupción y el lavado de activos en España, así como entender de mejor forma cómo trabajan otros países estos temas, nos abre nuevas oportunidades de mejora no solo a nivel del Ministerio Público, sino a nivel interinstitucional, en la coordinación y comunicación que siempre debe existir en todas las agencias encargadas de este combate no solo a nivel represivo, sino también a nivel preventivo".

Por su parte, la fiscala de la FAPTA, Ileana Jiménez Parreaguirre, indicó que, “para quienes trabajamos día a día con delitos de corrupción, con un grado de complejidad que va en aumento, hace necesario recibir una mayor capacitación, siendo de gran valor compartir con fiscales Anticorrupción de España en el marco de la cooperación y recibamos herramientas y habilidades con la enfrentar el fenómeno criminal que ara una mejor respuesta en la atención de este fenómeno criminal". 

Las personas facilitadoras son Ana Cuenca y Juan Pavía, ambos de la Fiscalía Anticorrupción de España; Fernando Saénz, Inspector jefe de la policía nacional de ese país y Juan Amador, Teniente de la Guardia Civil de España.