Con el propósito de atender a la población de los territorios indígenas de la Zona Sur del país, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) realizó una gira a ese sector, específicamente a Altos de San Antonio, Abrojo Montezuma, Alto Conte, Alto Laguna y La Casona. La visita se realizó del 26 al 29 de abril anterior. 

La actividad se realizó en compañía de personal del Organismo de Investigación Judicial de Corredores y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. 

Las reuniones, las cuales se realizaron en comunidades abiertas y en un salón comunal de la localidad, permitieron un encuentro con padres de familia de la escuela de la comunidad. Asimismo, en La Casona se hizo una visita a la comunidad estudiantil del colegio del lugar, ubicado en el centro, donde se compartió con la comunidad de undécimo año.  

Se abordaron temas de importancia para la comunidad como lo son los delitos ambientales, incumplimiento de medidas, agresiones, violencia domestica e infantil, robo, hurtos, amenaza y delitos sexuales. 

Uno de los estudiantes del colegio de La Casona expresó que este tipo de acercamientos son importantes porque se informaron y pudieron conocer sobre sus deberes y derechos como personas menores de edad. También señaló que aprendieron sobre qué información se podría necesitar, en caso de estar involucrado en un asunto judicial. 

Por otra parte, Elida Castañón Bejarano, de Abrojo Montezuma, indicó que “estos acercamientos son importantes porque demuestran que la ley es para todos que no todo puede ser solo beneficio de las mujeres, que los hombres también tienen derecho y que también se deben respetar los pueblos indígenas”. 

Un grupo de personas fiscalas forma parte de la capacitación “Fundamentación de la prueba en materia penal”. Este curso es organizado por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y dio inicio el 09 de mayo del 2022. 

La actividad tiene una duración de cuatro fechas, finalizando el lunes 30 de mayo. Durante el curso se desarrollarán temas como los distintos medios de prueba, presentación de la prueba en las diferentes etapas del procesales, entro otros.  

Mediante esta actividad formativa, la UCS promueve el desarrollo destrezas, para aplicar y argumentar correctamente los temas fundamentales de la prueba en las investigaciones, dentro del proceso penal por parte de las personas fiscales. De esta manera, se busca aplicar una mejor obtención y análisis de la prueba que, posteriormente, deberá reproducirse en una eventual etapa de juicio.  

Durante la capacitación, la facilitadora del curso, la fiscala adjunta de Asuntos Indígenas, Ariana Céspedes López, solicitó a las personas participantes reflexionar acerca de la ética y los valores institucionales, y como estos confluyen en el abordaje y análisis de la prueba. 

El fiscal Ovidio González Cruz, participante del curso, manifestó que el tema resulta de mucha importancia, ya que, mediante el correcto abordaje de la prueba, se evitan errores que puedan afectar en etapa de juicio. 

Por otra parte, la fiscala Ileana Orozco Herrera, también participante del curso, señaló que la prueba permite demostrar la teoría del caso por lo que en su análisis la aplicación de los valores institucionales y la ética son fundamentales. 

Además de la fiscala Céspedes López, también es facilitador el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Glen Calvo Céspedes. 

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) inició con los Programas de Especialización Competencial en Delincuencia Organizada, en el que participarán 40 personas de diferentes Fiscalías, así como persona de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD). 

Según la UCS, el propósito del programa es desarrollar las competencias que permitan a las personas participantes adquirir conocimientos, fortalecer habilidades y poner en práctica las actitudes para enfrentar el fenómeno de crimen organizado de acuerdo con las disposiciones de la ley. 

Asimismo, se busca brindar elementos importantes que le permita al personal guiar su trabajo en apego al marco ético profesional propio de la práctica jurídica, la cual debe responder a las normas de conducta de los valores del Ministerio Público, para garantizar la probidad y un servicio público de calidad. 

Uno de los docentes de la actividad formativa, es el fiscal y especialista en contenido de la UCS, Juan Carlos Carrillo Mora, quien indicó que, a la luz de la aprobación de la ley 9481 sobre la Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica; y la 9767 sobre el Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, en las cuales se dispuso la creación y desarrollo de una nueva fiscalía adjunta especializada en delincuencia organizada, se hizo necesario e indispensable que la institución inicie un programa de capacitación especializado de sus funcionarias y funcionarios. 

De acuerdo con Carrillo Mora, se respetarán los diferentes perfiles competenciales de puestos, con el propósito de lograr el éxito de los objetivos propuestos con la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada. 

El abogado de la OAPVD, Fernando Castro Mora, participante del programa, dijo “agradezco a la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, ya que el curso me brindara insumos muy valiosos y, desde el ejercicio de mi profesión, podré brindar un mejor servicio para las víctimas que se atiendan. 

“El crimen organizado ha permeado a todo el país, en mi función, durante 16 años, he visto un cambio social inmerso que no va de acorde a la evolución legal. Hoy me llena de alegría saber que me capacitaré antes del inicio de la implementación de una ley que nos exigirá la especialización y un trabajo más arduo”, recalcó el funcionario. 

Por otra parte, la fiscala jefa de Pavas, Hazel Delgado Ureña, manifestó que “transcurridos 16 años desde el inicio de mi ejercicio profesional como fiscal para mi amada institución, el programa de especialización en materia de delincuencia organizada se convierte en un nuevo reto, en una motivación para aprender, formarse y actualizarse sobre un tema actual que ha azotado a nuestro país y a la región en general, como lo es la delincuencia organizada”. 

La fiscala mencionó que el estudio del fenómeno, su evolución y las estrategias para su abordaje, contribuirán en una mejora de las competencias y se traducirá en un adecuado tratamiento de los casos. “Lo que incidirá de manera relevante en el mejoramiento del servicio público, de la seguridad y la paz social que tanto deseamos para los ciudadanos de éste hermoso país”, enfatizó Delgado Ureña. 

La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, agradeció a las personas facilitadoras y a las personas que han decidido prepararse para afrontar, desde el ámbito jurídico, un grave problema social de dimensiones transnacionales.  

“No basta con leyes, es necesario conciencia de la problemática y, para ello, es indispensable el fortalecimiento de la capacitación continua y especializada de todas las personas que trabajan en el sistema penal. Capacitaciones que le permitan conocer el fenómeno, como se trasmuta, y como va permeando los estratos sociales más vulnerables de nuestra sociedad”, mencionó la directora de la UCS. 

El programa se realiza de manera bimodal, pues las personas participantes deben cumplir con asignaciones en diversas plataformas, pero también deben asistir a cursos presenciales. 

13 mujeres huetares del territorio indígena de Zapatón, en Puriscal, recibieron atención en servicios judiciales, el pasado 22 de abril. Al sitio llegó personal de la fiscalía de ese cantón, Fiscalía de Asuntos Indígenas, Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito y Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas. 

La atención se facilitó en el salón comunal de Zapatón, donde el equipo del Ministerio Público y el OIJ fue recibido por la Asociación de Mujeres Indígenas Huetares de Zapatón. En el mismo lugar se ofreció un taller sobre violencia doméstica y agresiones, en el cual se informó acerca de las distintas formas de violencia y la identificación de las conductas de esta naturaleza, así como los medios de denuncia. 

La Presidenta de la Asociación manifestó que “este tipo de actividades son importantes para visualizar nuestro derecho y poder manejar de una forma más activa la seguridad de todas las mujeres en la comunidad y no pensar solo que los problemas son del vecino, si no visualizarnos como comunidad y poder ayudar en el bienestar de otros”. 

La visita al territorio indígena se realizó en acatamiento a todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud, para evitar posibles focos de infección del coronavirus. 

Mónica Álvarez Pérez  

Comunicadora ATRA-FAPTA 

    
La Escuela de Fiscales de República Dominicana y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos desarrollaron una conferencia virtual, con el fin de tratar distintos temas de corrupción en América Latina. La actividad se realizó el 27 de abril anterior. 

Los contenidos abordados fueron estuvieron a cargo de personas encargadas de investigaciones de casos de corrupción en Latinoamérica.  
En ese sentido, el fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Carlos Meléndez Sequeira, presentó la ponencia “Contratación Pública y Corrupción en Tiempos de Pandemia”. 

El jefe de FAPTA señaló que para la Fiscalía es relevante compartir experiencias en el tema, y así prevenir y combatir eficazmente la corrupción, promoviendo la integridad y la obligación de rendir cuentas. 

“La debida gestión de los asuntos, en cuanto a la administración de los bienes públicos, es parte de la transparencia que se debe de aplicar en cada gestión”, recalcó. 

Durante la participación de Meléndez Sequeira, se abordaron temas importantes como la prevención, detección e investigación penal de la Fiscalía Anticorrupción en la contratación pública. Asimismo, expuso sobre las mejores prácticas para prevenir actos de corrupción, así como los desafíos y retos para los órganos de supervisión y fiscalización. 

Al finalizar la presentación, se abrió un espacio para consultas, las cuales fueron contestadas por el fiscal adjunto. 
Para repasar la conferencia, se puede ingresar al siguiente enlace: https://youtu.be/Bgwzj2nHdPw

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) participó del seminario internacional "Evolución y retos de la Procuración e Impartición de la Justicia Penal Electoral en América Latina”. La actividad se realizó el pasado 27 de abril, bajo la modalidad virtual, y reunió a panelistas de Latinoamérica, como especialistas en delitos electorales. 

Como representante de la FAPTA, estuvo el fiscal Alexander Valverde Peña, quien desarrolló la exposición "Política criminal en materia electoral y el estado de la situación actual”. Durante su participación, el funcionario realizó un análisis crítico de la realidad actual en Costa Rica, su legislación y las instituciones que intervienen en el proceso; también resaltó las normas penales aplicables para regular el derecho electoral existentes en el Código Electoral costarricense. 

El Seminario se transmitió a través del Facebook Live de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León y la Asociación Mexicana de Fiscales Electorales. 

Repase el seminario por medio del enlace https://fb.watch/cHPBsNp5PE/ 

Un grupo de 19 personas técnicas judiciales participó del taller “Gestión del despacho y gestión del caso”, el cual se realizó el pasado 28 de abril, mediante la plataforma de Microsoft Teams.  Este personal labora en las Fiscalías de San Carlos, Cañas, Osa, Siquirres, San Joaquín, entre otros despachos.  

De acuerdo con la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), Mayra Campos Zúñiga, el objetivo de esta actividad es informar al personal técnico judicial acerca de la estructura de la institución, tipos de legajos, los requisitos básicos, la tramitología y la trascendencia de la recepción de la denuncia penal.  

“En conjunto, estas acciones permiten una eficiente tramitación de las causas penales y gestión administrativa, así como el mejoramiento del servicio público que se brinda, en pro de los derechos de las partes intervinientes”, añadió la jefa de la Unidad. 

Por otra parte, la facilitadora de esta actividad, la fiscala Ana María Franceschi Segura, señaló que “es importante brindar y actualizar información al personal de apoyo de las Fiscalías, por cuanto la labor que estas desempeñan es muy importante no solo como apoyo a fiscales y fiscalas, sino que una adecuada atención y tramitación conlleva a que haya calidad en el servicio público que se realiza”. 

Durante la actividad, la facilitadora también hizo énfasis en el deber de las personas técnicas judiciales de aplicar los valores institucionales. 

La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) inició con el desarrollo del curso “Aspectos prácticos en la atención de asuntos penal juvenil en disponibilidad”, el cual está dirigido al personal fiscal del Ministerio Público (MP). La actividad se extenderá por el plazo de tres semanas. 

La actividad formativa tiene como propósito ampliar habilidades y destrezas, para dar una atención especializada a este tipo de asuntos. 

La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, dijo que la actualización en materia de justicia juvenil es esencial, ya que se tiene interacción con población vulnerable, situación que se agrava en los momentos críticos de una detención en periodos de disponibilidad.  

“Las personas funcionarias de la materia juvenil deben ser garantes de los derechos humanos y velar por su cumplimiento cuando una persona menor de edad ha violentado la ley; respeto que también debe extenderse a la protección de las víctimas”, indicó. 

Por su parte, la Fiscala Adjunta Penal Juvenil, Debby Garay Boza, mencionó que el contexto social que se enfrenta en Costa Rica, la desigualdad, el abandono, el desconocimiento, las faltas relacionadas con el ejercicio de la función parental, entre otras circunstancias, pueden marcar el entorno de las personas menores de edad y colocarlas en situaciones de riesgo, entre ellas, el vincularse con actividades delictivas.   

La funcionaria señaló que el proceso penal juvenil enfrenta esa realidad, por lo que es frecuente la atención de asuntos en los que personas menores de edad han sido denunciadas e incluso, aprehendidas, con ocasión de esos hechos.  

La fiscala adjunta señaló que, durante el curso, tanto la UCS como la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, abordarán temas prácticos sobre la materia especializada, pues corresponde al personal fiscal asumir estas denuncias en jornada ordinaria o extraordinaria. Por esa razón, el conocimiento sobre el proceso penal juvenil se convierte en una herramienta clave para brindar un servicio de calidad.  

“Precisamente, a través de este tipo de actividades académicas, es posible compartir experiencias con personal de otras fiscalías, aclarar sus inquietudes y mejorar las coordinaciones”, mencionó Garay Boza.