La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) inició con el curso virtual sobre acoso sexual callejero, el cual está dirigido a 18 personas funcionarias del Ministerio Público, tanto personal fiscal como de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD).
La UCS señaló que el acoso sexual se ha convertido en una de las formas de violencia que sufren las personas, pues hoy en día persisten prácticas sociales indeseables que se manifiestan de múltiples formas y en diferentes niveles de intensidad, que van desde silbidos, expresiones vulgares, insultos o inclusive tocamientos corporales con marcados fines libidinosos.
Ante tal situación y con la promulgación de la Ley 9877 contra el Acoso Sexual Callejero, se determinó impartir la capacitación, la cual tiene como objetivo que las personas participantes conozcan detalladamente los tipos penales contenidos en esa Ley, su ámbito de aplicación y las posibles penas a aplicar, así como que generar conciencia de la gravedad de la problemática, de manera que se pueda asumir una condición de agentes de cambio en la sociedad y en las competencias funcionales.
La fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, señaló la importancia de la capacitación ante la promulgación la Ley 9877.
“Este tipo violencia de género, que se manifiesta en los espacios públicos, debe ser erradicado con un cambio cultural, proceso dentro del cual la capacitación juega un papel importante. El conocimiento de la ley, su alcance y su finalidad social facilita ese cambio cultural, bajo la regla del respeto hacia la otra persona”, recalcó la funcionaria.
La capacitación se desarrolla por medio de la plataforma Moodle del Ministerio Público, es auto formativa y tiene una duración de tres semanas.
Un total de 10 personas funcionarias de la Fiscalía de Limón, Batán y Bribrí participaron de la charla "Servicios que brinda la Oficina de Atención y Protección la Víctima del Delito". La actividad se realizó el 29 de marzo anterior.
La charla tuvo como propósito principal describir los servicios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito (OAPVD), desde sus programas de Atención y Protección, a fin de que el personal profesional conozca los alcances de los mismos y haga un uso efectivo de estos, en búsqueda del bienestar de las personas usuarias del sistema.
La psicóloga y profesional en Métodos de Enseñanza de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) Elena González Salazar, mencionó que la charla permite reforzar los conocimientos de las personas participantes sobre los alcances y limitaciones de la OAPVD, permitiendo que las personas usuarias del sistema tengan acceso a los servicios de manera eficiente y oportuna.
“Se lograría el objetivo de la Ley 8720, el cual es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal”, señaló.
Durante la actividad, las personas funcionarias manifestaron que conocían, de manera general, los servicios que brinda la OAPVD, pero agradecieron el compromiso de la UCS en actualizarles de manera detallada sobre la funcionalidad de la Oficina, ya que va de la mano con el trabajo que realizan las Fiscalías de todo el país.
El espacio de aprendizaje logra fortalecer los conocimientos indispensables, y con ello generar motivación y mayor compromiso para ejercer de manera excelente sus funciones.
El fiscal de la Fiscalía Adjunta de Limón, Daniel Castro Gutiérrez, indico que “la charla realizada sobre los servicios de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito fue una actividad muy provechosa y de refrescamiento necesario para nuestras labores cotidianas, haciendo ver la importancia del trabajo en equipo y del papel protagónico que tiene la víctima, desde el momento en que inicia la investigación”.
Por su parte, la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, recalcó que esta acción formativa es un medio para reforzar el tema de acceso a la justicia, ya que el conocer el funcionamiento y servicio de la Oficina de Atención a la Víctima permite dar información correcta y la articulación de acciones.
La Unidad de Capacitación y Supervisión realizó el taller virtual “Fortalecimiento del ambiente laboral en el Ministerio Público”, en el que participaron 18 personas funcionarias de despachos como Fiscalía General, Unidad Administrativa, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y Fiscalía de Heredia.
El objetivo del taller fue que las personas participantes conocieran los aspectos básicos y diferentes tipos de ambiente laboral, como una herramienta de aplicación, para fortalecer un óptimo clima en el trabajo.
La actividad pretendía informar al personal sobre la importancia del fortalecimiento del ambiente laboral, para el desarrollo saludable de las relaciones interpersonales, con el equipo de trabajo. Asimismo, se abordaron estrategias de mejoramiento, con el fin de fortalecer el ambiente laboral en los equipos de trabajo del Ministerio Público.
Las personas participantes desarrollaron actividades con ejemplos concretos, para el respectivo análisis de situaciones y así mejorar el ambiente laboral.
Las personas facilitadoras fueron las licenciadas Nancy Solano Salazar y Rebeca Ruíz Sandí, quienes indicaron que la importancia de este tipo de capacitaciones es poder adquirir conocimientos básicos sobre ambiente laboral e identificar las herramientas que fortalecen dicho ambiente y el aporte de cada persona colaboradora para lograr la satisfacción y rendimiento del equipo de trabajo.
Según explicó la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, “dentro de una institución lo más importante es el talento humano, de ahí que actividades como estas permiten reforzar uno de los aspectos más relevantes para lograr que el talento humano se desarrolle y, ese es, el ambiente laboral”.
La jefa de la Unidad señaló que un ambiente laboral sano es reflejo de personas felices y comprometidas con su labor.
Seis personas especialistas de la Fiscalía, Guardia Civil y Policía Nacional de España visitaron el Ministerio Público de Costa Rica, como parte del proyecto fortalecimiento de las capacidades humanas y de coordinación en temas de legitimación de capitales, anticorrupción y cibercrimen.
Durante la semana de visitas, entre el 21 al 25 de marzo de 2022, las personas especialistas sostuvieron reuniones y entrevistas con despachos del Ministerio Público, diversas secciones especializadas del Organismo de Investigación Judicial, Instituto Costarricense sobre Drogas, Procuraduría General de la República y Banco Nacional de Costa Rica.
Lo anterior, con la finalidad de conocer el abordaje de los hechos relacionados con la cibercriminalidad, anticorrupción y legitimación de capitales, así como las acciones desarrolladas y principales nudos críticos.
Con esta visita, se busca contribuir en el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en temas prioritarios que permitan mejorar la respuesta institucional ante nuevos fenómenos delictivos que se están presentando actualmente en Costa Rica y que demandan un abordaje con conocimiento especializado.
Durante las actividades, la misión internacional estuvo acompañado por fiscalas y fiscales de los despachos especializados vinculados a los temas de interés para el proyecto.
Entre los resultados principales con este encuentro se encuentran la revisión de normativa costarricense, las directrices y otros instrumentos de interés para el fortalecimiento del modelo de abordaje de casos en los despachos
El jueves 24 de marzo, se reunieron con la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, Mayra Campos Zúñiga, con quien compartieron impresiones preliminares acerca de los temas en común, algunas diferencias en torno al desarrollo de las investigaciones y desafíos a nivel de investigaciones.
La jefa de la UCS manifestó que este proyecto es esencial, ya que permite un intercambio de conocimiento y experiencias entre ambos países, con el fin de mejorar la persecución penal en áreas específicas como la legitimación de capitales, estafas y cibercrimen y anticorrupción.
Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora - Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
El Ministerio Público de Costa Rica participó en el sexto encuentro de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AI AMP). Los ejes temáticos de la actividad era exponer y analizar los avances que se han logrado desde la Red
El fiscal adjunto de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Carlos Meléndez Sequeira, asistió al evento y participó como facilitador del tema “Beneficiarios Finales y Personas Políticamente Expuestas, una aproximación final al trabajo de la Red de Fiscales contra la Corrupción”. Con esta exposición, el funcionario dio aportes de relevancia, desde la perspectiva nacional.
El encuentro permitió abordar los desafíos para el futuro y realizar un intercambio, para favorecer el trabajo tanto dentro de la Red, como en su relación con otros actores. Asimismo, se dio abordaje a los contenidos de corrupción y género, estrategias anticorrupción, tanto en el ámbito de la extorsión, como de la corrupción facilitadora.
Otras temáticas que se desarrollaron fueron el impacto diferenciado de la corrupción en mujeres y niñas de América Latina, retos para el combate a la sextorsión y otros.
La actividad se realizó en Argentina, durante los días 21, 22 y 23 de marzo del 2022.
Mónica Álvarez Pérez
Comunicadora
Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
El Área de Transparencia (ATRA) de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ) y el Observatorio Ciudadano Municipal, y con la participación de la Defensoría de los Habitantes (DH), inició con una serie de capacitaciones virtuales, las cuales buscan ofrecer un panorama de las funciones y el rol de esta última institución, así como la importancia en la defensa en los derechos de las personas que habitan en Costa Rica.
La primera capacitación, la cual se realizó el pasado miércoles 23 de marzo, estuvo a cargo de la socióloga de ATRA, Andrea Bermúdez Castillo, quien abrió la actividad resaltando que estos espacios permiten dotar a los participantes de mayores herramientas para fortalecer la participación ciudadana, la cual debe estar informada, vigilante y conocedora de sus derechos, para convertirse en una aliada del combate contra la corrupción.
El asesor y director del Área de Jurídicos de la DH, Roberto del Prado Lizano, profundizó en el rol y funciones de la Defensoría de los Habitantes, como institución que resguarda los derechos e intereses de la ciudadanía.
“Parte de la labor que ejecuta la Defensoría es la defensa de las acciones u omisiones de instituciones públicas hacia los habitantes, la cual busca que el trato hacia la persona ciudadana cumpla lo estipulado por ley, además, dicha institución abre espacios formativos que promueven, educan y divulgan los derechos de las y los habitantes y así crear una población informada de los mecanismos y formas para recurrir ante la institución y formular la respectiva denuncia”, indicó el expositor.
Durante el encuentro, ambos funcionarios se encargaron de responder las consultas expuestas por las personas participantes, quienes se mostraron activas. Asimismo, se desarrolló un espacio de retroalimentación de variados contenidos.
La capacitación, la cual fue posible gracias a la sinergia entre la CONAMAJ y la Defensoría de los Habitantes, contó con la participación de personas integrantes de Territorios Seguros, representantes de asociaciones, personas facilitadoras judiciales de todo el país e integrantes del Observatorio Ciudadano Municipal.
En abril, mayo y junio del 2022 se realizarán otras actividades de capacitación, bajo esta temática.
La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) formó parte de la reunión de avance y progreso de la Red Internacional de Formadores Judiciales, en la que se abordó el tema del ciberdelito y las pruebas electrónicas. En la actividad participaron 45 integrantes de dicha Red.
En el 2009, el Consejo de Europa desarrolló un concepto para la formación en ciberdelincuencia para juezas, jueces, fiscalas y fiscales. Desde entonces, la implementación de este concepto ha sido apoyado en numerosos países, generalmente en cooperación con instituciones de formación judicial.
La participante Sharon Rodríguez Segura, fiscala de la UCS, como punto focal e instructora por Costa Rica de la Red, explicó el importante progreso en las capacitaciones realizadas a nivel mundial y nuevas tareas por realizar. La funcionaria recalcó que la ciberdelincuencia y la prueba electrónica son de importancia para Fiscalía General, en este 2022.
Durante la reunión, se contó con intervención de dos personas formadoras de la Red, entre ellas, la presidenta del Tribunal de Primera Instancia del Líbano Norta, Hania Helweh, la cual expuso sobre los resultados en la Estrategias de formación en ciberdelincuencia.
“La Red Internacional de Formadores Judiciales Nacionales ha lanzado una encuesta para evaluar el estado actual y las necesidades de los países en términos de formación judicial. Los desafíos identificados son muchos, incluidos, entre otros, el presupuesto, la experiencia y el equipo. Para enfrentar estos desafíos, los encuestados aclararon sus necesidades en términos de desarrollo de capacidades. se acordó centrarse en tres pilares principales: elaborar una guía sobre estrategias de formación judicial, establecer un grupo de trabajo sobre ciberviolencia y otro sobre la admisibilidad de la prueba electrónica”, señaló.
Por su parte, la jefatura de Operaciones de la Oficina del Programa de Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa, Virgil Spiridon, mencionó que “el Consejo de Europa tiene un enfoque coherente sobre la integración de la formación judicial y el establecimiento de la Red Internacional de Formadores Judiciales, se produjo como respuesta a la continua necesidad de formación judicial sobre ciberdelincuencia y pruebas electrónicas de los países. La Red ya ha apoyado el desarrollo de nuevos cursos de capacitación judicial sobre ciberdelincuencia y pruebas electrónicas y seguirá ayudando a los países a implementarlos en sus programas nacionales de capacitación”.
Asimismo, el subjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Cubillo Miranda, dijo “que Costa Rica, como miembro parte de la Convención contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Budapest, participa activamente brindando y coordinando la capacitación en temas de Ciberdelincuencia y Evidencia Electrónica. Desde su creación, en el año 2017, ha tenido un pronunciado avance en su ruta de trabajo para la capacitación del personal judicial que trabaja los casos y temas de Ciberdelito”.
De igual manera, la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga, se refirió sobre la actividad y recalcó que para la Unidad este tipo de capacitaciones son de suma trascendencia.
“Le permite a la UCS reforzar su oferta con temas actuales que demandan la preparación en manejo de la evidencia electrónica y del abordaje de este fenómeno delictivo, todo en pro de dotar de herramientas al personal fiscal y mejorar el servicio público que brindamos”, enfatizó.